“Nosotros somos responsables de varias de las muertes que han habido de gente del mundo mapuche, que han sido muertos por sus congéneres por venderse al sistema productivo institucional. Eso es muy grave”, dijo el presidente del directorio de CMPC, Luis Felipe Gazitúa en el Encuentro Nacional del Agro (Enagro) de noviembre de 2020.

La frase pronunciada por la cabeza de la compañía del grupo Matte se refería a un conflicto que hay entre grupos mapuche en algunas comunas de la Provincia de Arauco, principalmente Tirúa y Cañete, situación que cobró relevancia para la opinión pública nacional el pasado 27 de marzo, día en que un equipo de prensa de TVN sufrió una emboscada en dicho sector. 

A partir de este hecho, organizaciones mapuche de perfil radical como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) o la Franja Lafkenche acusaron que el ataque era responsabilidad de grupos vinculados a comunidades que trabajan para Forestal Mininco, la filial de la CMPC en la zona, los cuales se encontrarían armados para defender los territorios que se encuentran bajo la propiedad legal de la compañía maderera. 

La semana pasada, INTERFERENCIA publicó Forestal Mininco reconoció que subcontrató a empresa de Santo Reinao, uno de los mencionados por querella de Iván Nuñez. Este medio además dio a conocer otros de los nombres vinculados a Santo Reinao (PPD); Claudio Pilquiman (UDI), Arturo Millahual y Jorge Lincopan (PPD), los tres acusados como “operadores políticos” de Mininco. 

Como contraparte de estos dirigentes mapuche, según dijeron distintas fuentes a nuestro medio, el negociador más relevante por el lado de la compañía de la familia Matte es su gerente de Asuntos Corporativos, Guillermo Turner, quien anteriormente fue director del diario La Tercera, Diario Financiero (DF), con un paso por varios otros medios de comunicación.

Turner, el negociador

De hecho, en el mismo DF  ya se ha mencionado algo al respecto. En un artículo publicado en noviembre de 2020, el diario consignó que desde 2016 que este gerente participa en reuniones relacionadas al conflicto que mantiene el pueblo mapuche con el Estado y grandes empresas. Los primeros encuentros fueron en el marco de la comisión creada por la entonces presidenta, Michelle Bachelet, y que fue liderada por el obispo de Temuco, Héctor Vargas.

Ya en 2017, según el Diario Financiero, el presidente del directorio de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, impulsó las negociaciones con los grupos que mantenían conflictos territoriales, específicamente con 12 comunidades aledañas al Lago Lleu Lleu, en las comunas de Tirúa y Cañete. Turner era el encargado de la operación y se reunía colectivamente con los mapuche en un céntrico restaurant de esta última comuna.

INTERFERENCIA conversó fuera de micrófono con personas que conversaron con Turner, pero que rechazaron llegar a acuerdos. De acuerdo a estos relatos, el ofrecimiento habría sido de 500.000 pesos mensuales por trabajador, en trabajos tales como guardias privados, becas de estudio, y asesorías para proyectos. Además, a las mujeres les habrían ofrecido trabajar en viveros nativos. Algo que califican como “engañoso”, ya que predomina la plantación de pinos y eucaliptos en relación a la plantación de bosque nativo, la cual solo corresponde a 50 hectáreas de las cerca de 7 mil que componen el Fundo Choque. Una propiedad estratégica para Mininco, porque es la “puerta de entrada” a otros territorios de interés forestal.

Las ofertas de la Forestal Mininco son “tentadoras” para muchos los habitantes de la zona, “acá hay mucha pobreza, entonces de un día para otro te puede cambiar la vida”, dice una de las fuentes mapuche que accedió a conversar  con INTERFERENCIA si es que se resguardaba su anonimato, por temor a represalias.

Nuestro medio también conversó fuera de micrófono con otra persona que participa de las comunidades, que tiene relación con Mininco, quien defendió la postura que han tomado las comunidades que han pactado con la empresa:

“Esto no lo hacemos por plata. Nunca hemos perdido la visión de trabajar nuestros propios fundos y recuperar el territorio. No queremos un comodato y Mininco ha dicho que hay fundos que se pueden entregar. No queremos un diálogo confrontacional, porque eso nos lleva a tener más problemas. Nosotros lo que esperamos es que Mininco algún día nos entregue estas tierras que pertenecieron a nuestros antepasados. Esto no es para plantar eucalipto ni pino. Sólo plantamos nativo. No tenemos nada contra las organizaciones que van más al choque, solo queremos tener nuestro derecho a buscar otra vía, pero hoy hay muchos acusados de ‘yanaconas’ que están amenazados de muerte”, dice.  

Comunidades y Fundo Choque

Durante la jornada del martes, comunidades del Lago Lleu Lleu dieron a conocer a través de un comunicado de prensa su postura respecto al vínculo con CMPC de ciertos dirigentes.

El documento firmado por 13 comunidades señala que desde 1978 comenzaron un proceso de recuperación del Fundo Choque, pero que después de “años de lucha, en un cambio de estrategia, a fines de 2018 tomamos la decisión de iniciar los primeros acercamientos con CMPC”. “En 2019 se da inicio a este proceso de recuperación territorial, resultado de la voluntad de las comunidades que han decidido avanzar juntas a través del diálogo y los acuerdos territoriales”, indica parte del comunicado (Adjunto íntegramente al final de este artículo).

Sin embargo, distintas fuentes del sector, que por seguridad reservan su identidad, indican que no son 13 comunidades, sino más bien -como dice una de estas fuentes- “gente que está trabajando para la forestal y que pertenecen a esas 13 comunidades. Son comunidades que se fueron subdividiendo”.

Justamente, la investigación Rezago, sector forestal y trampas territoriales. La provincia de Arauco -publicado en la Revista Bitácora Urbano Territorial- ahonda en la relación entre la expansión de la empresa forestal y el estancamiento en el desarrollo social.

“Prueba de ello es que las siete comunas que forman parte de la Provincia lideran las tasas de pobreza absoluta y multidimensional a nivel nacional, alimentando la pregunta por la incidencia que posee el sector forestal en este fenómeno, y por el impacto efectivo de las políticas públicas frente a la relación desigual y de permanente conflicto”, tal como recogió INTERFERENCIA en el artículo El mapa que muestra cómo la expansión forestal presiona a los mapuche en la provincia de Arauco.

El Fundo Choque es uno de los principales territorios en disputa. La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en 2015, inició un proceso de recuperación territorial en un sector a la orilla del Lago Lleu lleu, sector de Paillaco, el cual declaró en ese momento que “no será tan solo territorial, sino también cultural, espiritual y político”.

El historiador Martín Correa, en su investigación Las tierras mapuche del Lleu Lleu: Historia de la Usurpación (2010), plantea que “la actual situación territorial y judicial de las familias mapuche de Choque no es nueva. Si hoy en día las comunidades aledañas al lago Lleu Lleu se encuentran rodeadas por cordones forestales y por fuerzas policiales, ello no constituye sino nuevas formas de ocupación por parte del Estado chileno [...] representa una continuidad con un pasado no tan lejano, que se remonta a la Ocupación Militar de la Araucanía, a la llegada de los fundos particulares, al proceso de reducción y radicación, a la represión de los días posteriores al Golpe de Estado, y -más cercanamente- a la defensa que hacen los organismos del Estado desde la llegada al área de las empresas forestales”.

Nuestro medio contactó a Guillermo Turner a raíz de este artículo, sin embargo al cierre de esta edición no hubo respuesta.