-¡No iré a la cárcel!

-¡Yo no voy a ir a ninguna cárcel mientras no haya una justicia real!

El tono desafiante del general (R) Manuel Contreras dejó perplejos a los chilenos aquella noche del martes 30 de mayo de 1995. Tres horas antes se había conocido el fallo definitivo de los jueces que integraban la  Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia y que, en un sentencia unánime, ratificaba la condena que el juez Adolfo Bañados había impuesto al ex director de la DINA y a su jefe de operaciones, el brigadier Pedro Espinoza, como autores intelectuales del asesinato de Orlando Letelier, perpetrado en Washington el 29 de septiembre de 1976

Varias decenas de abogados y activistas defensores de los derechos humanos, con las gargantas apretadas y lágrimas en los ojos, cantaron el himno nacional en los pasillos del Palacio de Justicia tras escuchar la sentencia condenatoria.

Afuera de la sede del Poder Judicial, cientos de personas de todas las edades y condiciones sociales celebraban también la decisión de los jueces. Las barreras ubicadas por la policía no lograron contener la alegría de los manifestantes. Una anciana, con una bandera chilena en sus manos y una fotografía de su hijo desaparecido veinte años atrás, lloraba en silencio.

A tres cuadras de allí, en el Palacio de La Moneda, el Presidente Eduardo Frei se acomodó en su sillón y miró los rostros de los ministros del Interior, de Defensa, de la Secretaría General de la Presidencia y de Justicia, que lo acompañaban frente al televisor. Se veían serenos.

Parecía el final esperado, sin sorpresas, sin sobresaltos, pero en las horas siguientes el escenario sufriría un brusco cambio y el país empezaría a vivir la crisis más grave desde el retorno de la democracia.

El juicio se había iniciado 17 años antes, el 1º de marzo de 1978, cuando el pleno de la Corte Suprema designó al juez Marcos Libedinsky para que investigara las eventuales irregularidades en la entrega de pasaportes oficiales a dos chilenos presuntamente involucrados en el crimen de Letelier.

La batalla legal, probablemente la más ardua en la historia judicial chilena, se dió sin tregua durante casi dos décadas. Por un lado los defensores de Contreras y Espinoza, tratando de que el proceso se sobreseyera definitivamente; por el otro, los querellantes, intentando mantenerlo abierto y buscando nuevas pruebas para incriminar a los responsables.

A mediados de julio de 1991, el Pleno de la Corte Suprema, por nueve votos contra siete, acogió una petición del gobierno del Presidente Patricio Aylwin y designó a un juez de ese mismo tribunal, en calidad de ministro en visita, para que se hiciera cargo del polémico caso y llegara a una conclusión definitiva. La responsabilidad recayó en el magistrado Adolfo Bañados, quien dos semanas más tarde reabrió el proceso.

Casi 18 meses después, el 12 de noviembre de 1993, Bañados dictó sentencia y abrió el capítulo final de la historia.

En las horas siguientes, el entonces candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia, el senador Eduardo Frei, afirmó: ‘‘La justicia tarda, pero llega”.

El general Contreras, en tanto, al presentarse al tribunal para ser notificado, aseguró: ‘‘Yo no iré a la cárcel”.

Así, cuando aquella noche del martes 30 de mayo el ex jefe de la DINA apareció con lentes, vistiendo una camisa blanca a rayas y chaleco celeste ante la pantalla de televisión, reiterando con voz fuerte que no iría a la cárcel, los chilenos percibieron que la hora de la gran verdad había llegado.

En el predio maderero ‘‘Viejo Roble”, ubicado a casi mil kilómetros al sur de la capital chilena, el general Manuel Contreras se sentó en su escritorio y empezó a escribir su respuesta al fallo de la justicia. A escasos metros, los técnicos del canal de televisión de la Universidad Católica afinaban los últimos detalles del improvisado estudio desde donde el ex jefe de la DINA hablaría al país.

-Siempre he creído en la justicia, pero no en la justicia que se ha llevado a cabo en este momento. Y por eso quiero destacar las irregularidades y anormalidades de este proceso político como también denunciar en qué forma los mismos comunistas, socialistas y toda esa ralea marxista que traicionó la patria, siguen co-gobernando en este país y actúan a mansalva, fundamentalmente en busca de la destrucción de las Fuerzas Armadas y de Orden.

-¡No iré a la cárcel!

Esa frase pronunciada por Contreras fue la síntesis de la entrevista de diez minutos que le hizo en directo el periodista Pablo Honorato.

Al día siguiente, el Ejército guardó un hermético silencio. En el interior del edificio de las Fuerzas Armadas, junto a la Plaza Bulnes, a unos cien metros del Palacio Presidencial, el jefe del Comité Asesor de la Comandancia en Jefe, el general Víctor Lizárraga, sostenía breves reuniones separadas con los oficiales de la Guarnición de Santiago.

Cerca del mediodía salieron del recinto el director del Comando de Instrucción, general Hernán Núñez; y el brigadier Miguel Krasnoff Marchenko, adscrito al Estado Mayor. Ambos habían sido miembros de la DINA.

Krassnoff, ex jefe de la temida Brigada Halcón, había sido amnistiado recientemente en el proceso por la desaparición y muerte del dirigente del MIR Alfonso Chanfreau. Los periodistas sabían que con el grado de coronel, integraba el Estado Mayor de la IV División, con asiento en Valdivia, después de haber comandado durante dos años el Regimiento ‘‘Tucapel”, de Temuco.

Los dos oficiales se dirigieron con paso rápido al vehículo que los esperaba.

Una reportera trató de obtener una reacción:

-¿Coronel..........?

-Brigadier.........señorita-, fue la única respuesta de Krassnoff antes de cerrar la puerta del automóvil.

El jueves 1º de junio, 27 generales se reunieron entre las 14 y 15 horas en el mismo edificio, ante la expectación de la prensa. A la salida, uno de los pocos que hizo algún comentario fue el general Núñez.

-General ¿la institución está molesta?

-¿Qué cree usted?-, dijo, lacónico.

Otro de los que decidió opinar fue el general Sergio Espinoza Davies, jefe del Comando de Ingenieros, el arma de Contreras.

-¿Se analizó el fallo, general?

-Por supuesto. Nosotros no analizamos partidos de fútbol-, expresó.

En la tarde, entre las 16 y las 19.30 horas, los diez principales jefes de la Guarnición de Santiago, encabezados por el general Augusto Pinochet, se reunieron en el Club Militar de Lo Curro con el ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma. Al término de la cita, los oficiales abandonaron de inmediato el recinto sin hacer declaraciones.

Las cámaras se concentraron en Pérez Yoma.

-El Ejército acata el fallo-, afirmó.

-Todo el mundo está contento y cree que en definitiva no va a haber problema-, agregó.

El viernes 2, otra vez la atención se concentró en las puertas del edificio de calle Zenteno 45, donde Pinochet presidía una nueva reunión de generales. Al término, vistiendo uniforme de campaña, habló el general Eugenio Videla, comandante de la II División, la más poderosa del país, y juez militar de Santiago.

-El Ejército tiene un mandato constitucional. Y ese mandato lo vamos a respetar. Pero para ello el Ejército tiene que existir-, manifestó el oficial.

Esa tarde, Pinochet voló al norte para visitar las instalaciones del Primer Cuerpo del Ejército, con asiento en Iquique, y concurrir a un nuevo aniversario del Día de la Infantería, que se celebraría junto al morro de Arica.

Pinochet viajó solo, aunque se había anunciado que lo haría junto al ministro de Defensa. En los pasillos que circundan el gabinete de Pérez Yoma, se comentó en esos días la sorpresa que sufrió el ministro cuando el jefe del Ejército le comunicó que era mejor que no lo acompañase.

El domingo 4 de junio, el general Pinochet, entrevistado por en televisión por la periodista Blanca Bulnes, hizo una afirmación temeraria: 

-Yo le creo a Contreras. Yo siempre le he creído a Contreras.

En los tribunales, los defensores de Contreras agotaron todos los recursos legales posibles. Sólo consiguieron que a los condenados se les descontase de su pena el período que habían pasado detenidos en el Hospital Militar a fines de los años 70. 

Las reuniones se sucedieron en los cuarteles militares y en los salones del gobierno, mientras decenas de reporteros se mantenían en las afueras del fundo de Contreras, tratando de que no se les escapara ningún detalle.

Cerca de las cuatro de la madrugada del día 13 empezaron a sonar los teléfonos de ministros, oficiales de las todas las Fuerzas Armadas y de Orden, de abogados y periodistas: Contreras había abandonado su fundo con rumbo desconocido.

La salida del fundo ‘‘Viejo Roble” había sido cuidadosamente planificada por la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, al mando del general Eugenio Covarrubias. Era lo que en jerga militar se denomina como una ‘‘operación especial de inteligencia’’.

Participaron en ella medios de los destacamentos de inteligencia de la IV y III divisiones del Ejército, con asiento en Valdivia y Concepción respectivamente, incluyendo un avión Citation, helicópteros, diversos tipos de vehículos terrestres, un agente que simuló ser Contreras y decenas de otros hombres.

Coincidente o no, a la misma hora en que el Citation llegaba al aeropuerto de Los Cerrillos, otra nave igual empleada por Carabineros lo hizo en el aeródromo de Tobalaba.

La operación se había iniciado en la tarde del día anterior, casi a la misma hora en que el ministro de Defensa aseguraba a los principales dirigentes de los partidos de la alianza gubernamental que el Ejército había garantizado el traslado de Contreras a Santiago y que ‘‘todo está controlado’’.

Durante casi seis horas, nadie en el gobierno supo con certeza qué había pasado con el general condenado. El Presidente Frei y los ministros de La Moneda pedían explicaciones a Pérez Yoma, el que no lograba articular respuesta y progresivamente se sumía en una notoria depresión.

-Tenemos informaciones contradictorias-, reconoció el ministro del Interior, Carlos Figueroa, a los periodistas que se le fueron encima al término de una ceremonia en el Edificio Diego Portales, cerca de las 10 de la mañana de aquel martes 13.

La impecable maniobra de inteligencia y la aparición de Manuel Contreras en el Hospital Naval ubicado en el puerto militar de Talcahuano, hizo temer lo peor. Los analistas insistieron en que no existían las condiciones para un golpe de Estado, pero ninguno se atrevía a predecir cuál sería la conducta que seguiría el Ejército.

Bruscamente, la ciudadanía comprobó que la transición hacia la democracia aún no concluía. Esa noche el Presidente de la República habló al país, pero su intervención no tuvo la fuerza ni la claridad que muchos esperaban.

Al editor general de uno de los principales periódicos chilenos, le pareció que el mensaje de Frei era demasiado críptico y pidió a sus reporteros que buscaran a algún ministro que pudiera explicarlo.

Y cuando aún se analizaban las razones de la conducta del Ejército y los dirigentes políticos se atrevían a esbozar alguna opinión, el propio Pinochet jugó una nueva carta concediéndole una entrevista exclusiva a la periodista María Eugenia Oyarzún, parte de la cual apareció en el diario La Tercera de la Hora  el jueves 5.

En ella, Pinochet hizo cuatro afirmaciones relevantes:

-Al general Contreras se le fabricó un tribunal ad hoc, simular al tribunal de Nuremberg, por razones políticas.

-¡Este fue un proceso que fue injusto!

-Había que sacar al general Contreras y evitarle una humillación. Estábamos con un circo armado y había que evitarlo. ¡No podemos dejar que un general de la República sea vejado!

-Lo más justo sería que se le diera un lugar de detención seguro, honorable y pacífico.

Pinochet agregó, en su peculiar estilo socarrón y ladino, que el operativo para sacar a Contreras del fundo y llevarlo al Hospital Naval había sido ‘‘así, chiquitito, sólo se trata de eficiencia”.

el_cadete_contreras.jpg

El cadete Contreras.

En el adelanto que publicó La Tercera de la Hora, prometiendo una versión completa para el domingo siguiente, Pinochet no hizo ninguna alusión a los padecimientos que afectaban a Contreras, razón principal, según se dijo, para internarlo en el Hospital Naval.

Contreras había sufrido de hipertensión arterial en los últimos 15 años, y de bruscos aumentos de la glicemia, males que no indicó pocos días antes del fallo, cuando los expertos de Gendarmería le solicitaron que señalara sus enfermedades, en el transcurso de las entrevistas para elaborar un informe psicosocial pedido por el Corte Suprema. En el cuestionario que llenó el ex jefe de la DINA sólo reconoció que sufría de un cáncer al colon.

El ingreso al Hospital Naval de Talcahuano pareció ser sólo una parte de la cuidadosa estrategia diseñada para dilatar el cúmplase de la condena. El primer gesto ya se había hecho el miércoles 25 de enero, día en que se efectuaron los alegatos finales ante los ministros que integraron la Cuarta Sala de la Corte Suprema.         

Poco antes de iniciarse la esperada sesión que sería transmitida en directo por la televisión a todo el país, ingresaron a  la sala de plenarios cuatro brigadieres generales vestidos de civil: el auditor general, Fernando Torres Silva; el director de Operaciones, Jorge Lagos Silva; el director de Institutos Militares, Sergio Moreno Saravia; y, el comandante de la II División y juez militar de Santiago, Eugenio Videla Valdebenito. A la salida, el general Videla contó que había sido ayudante de Contreras. ‘‘Con eso lo dijo todo’’, resumió.

Al día siguiente, sin embargo, al concluir la segunda y última sesión de alegatos, Videla habló duro y golpeado:

-¿Qué opina del hecho de que hoy haya muerto Bernardo Leighton?-, le consultó un periodista.

-Bueno, es lamentable y todos lo sentimos. ¿Usted cree que nosotros no sentimos todo lo que pasó el año 73?  Nosotros, los militares, somos humanos que tenemos sensibilidad y corazón. Nosotros sentimos todo lo que pasó, lo que sí decimos es que no somos grandes responsables de lo que ocurrió el 73. Los responsables son otros.

-¿Quiénes?

-Nosotros somos los instrumentos. El Ejército fue un instrumento, los lautaristas, también, pero los responsables centrales y los grandes responsables de lo que ocurrió el año 73 no somos nosotros.

-¿Quiénes son?

-Se andan paseando algunos por ahí...

Al abandonar el edificio, con voz trémula y conteniendo la ira, afirmó:

-Vi representada en una persona la suprema cobardía y la suprema deslealtad; y nosotros, como miembros del Ejército, a los desleales y a los cobardes los despreciamos.

Horas después el ministro Pérez Yoma le presentó al general Pinochet la molestia del gobierno por las declaraciones de Videla.

¿Quién era ese general? ¿Había perdido la compostura? ¿Por qué dijo lo que dijo? 

En diciembre de 1972, cuando el entonces coronel Contreras llegó al tomar el mando de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, una de sus primeras órdenes fue que el capitán Eugenio Videla pasara a desempeñarse como su ayudante.

Oriundo de San Fernando, Eugenio Videla era el mayor de tres hermanos que optaron por la profesión militar. Eugenio escogió el arma de Ingenieros; los otros dos, la de Infantería y la de Caballería.

De modales simples, pocas palabras y sonrisa fácil, el sobrenombre de ‘‘Queno’’ y sus numerosas especialidades secundarias lo hicieron ampliamente conocido y popular en el ambiente militar y, en especial, en los regimientos de ingenieros.

En 1967, realizó el curso de Educación Física en el Ejército de Brasil. Antes -en 1966- había obtenido la piocha de paracaidista militar y la muy codiciada boina negra.

Durante 1971, debió hacer el curso de requisito para capitanes -entonces llamado Curso Avanzado para el Oficial Subalterno- en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes. En aquel año fueron memorables las discusiones del capitán Videla con el oficial del mismo grado, Arturo Venegas, entusiasta partidario de la Unidad Popular.

La diferencias entre ambos eran de origen obvio: Videla había realizado, el año anterior, el curso de “Paraskuda’’ -buzos tácticos paracaidistas- en la Canal Zone de Panamá. Los mensajes antiallendistas de sus instructores eran frecuentes. Vergara, por su parte, era hijo del gobernador de Arica -nominado por Allende- y no ocultaba su simpatía por el Partido Comunista.

El capitán Videla había adquirido en Panamá un flamante automóvil Mercedes Benz.

Durante 1971, en circunstancias que se desplazaba en el vehículo, acompañado por su esposa, Marcela, entre Tejas Verdes y San Antonio, ofreció trasladar a dos subtenientes. En la calle Centenario del puerto se encontró con otro Mercedes Benz que circulaba en sentido contrario. Videla se apresuró a hacer dos toques de bocina a modo de saludo. El otro conductor respondió.

-Estos dueños de Mercedes son enfermos de arribistas. No veo para que se saludan-, comentó su esposa,

-Es la hermandad de los Mercedes Benz, Marcelita-, respondió el capitán Videla.

Videla llevaba poco tiempo casado con la deslumbrante Marcela del Real,  hermana de Gonzalo del Real, también miembro del arma de Ingenieros, y que ocupaba hasta hace poco la comandancia del Regimiento de Ingeniería de Puente Alto.

Después de efectuado el Curso Avanzado para el Oficial Subalterno, el capitán Videla fue destinado como oficial de planta a la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes.

En 1972 fue jefe del curso de buzos tácticos que se impartió en ese plantel y que dirigía técnicamente Dimitri Schumilov, un comerciante de Llolleo de origen ucraniano y que había combatido en la Segunda Guerra Mundial.

Videla fue especialmente duro con los futuros buceadores. El teniente Francisco Javier Labbé ha recordado que el capitán le hizo pasar ‘‘dos meses infernales’’.

En San Antonio, varias personas que hoy tienen entre 40 y 45 años, recuerdan a Videla con enorme gratitud. Se trata de ex militantes del Frente Nacionalista Patria y Libertad y del Comando Rolando Matus que, en julio de 1973, poco después del levantamiento de los blindados en Santiago, enfrentaban una turba amenazante de partidarios de la Unidad Popular en pleno centro de San Antonio.

La llegada del capitán Videla, al mando de una sección antimotines, salvó a los derechistas, a lo menos de unas  cuantas contusiones.

‘‘Mi capitán Videla ordenó armar bayoneta y cargar a la carrera en contra de los comunistas’’ recordó años más tarde ‘‘Titín’’ Moraga un comerciante de San Antonio que en aquel episodio estaba con uniforme.

En 1974, Videla cursó el primer año del Curso Regular de Estado Mayor en la Academia de Guerra, graduándose a fines de 1976.

Años después retornaría a ese instituto para dictar la codiciada cátedra de Inteligencia donde -dicen sus ex alumnos- abusaba de la retroproyectora para hacer sus clases.

También todos los oficiales que le conocen recuerdan su especial afecto por el general (R) Contreras, quien lo adiestró en muchos de los secretos de la inteligencia militar.

En 1978 fue designado secretario de estudios de la Academia de Guerra, cargo del que salió destinado como comandante del Regimiento de Ingeniería Nº 4 ‘‘Arauco’’, de Osorno. Desde 1985 fue director de la Escuela de Tejas Verdes y gobernador de San Antonio, donde recién llegado le tocó enfrentar las consecuencias del terremoto de marzo de ese año.

En 1990, ya como general de brigada, asumió la jefatura del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, hasta que en 1994 fue designado jefe de la II División.

El general Videla es, además, primo hermano de María Teresa Valdebenito Stevenson, la ex mujer de Contreras.

Por todos estos antecedentes, que lo transformaban en el general en servicio más cercano al ex jefe de la DINA, es que Pinochet le pidió que acudiera el domingo 28 de mayo, dos días antes de conocerse el fallo, al fundo ‘‘Viejo Roble’’ para darle cuenta personalmente al oficial retirado de la posición que adoptaría el Ejército tras la sentencia de la Corte Suprema.

En el alto mando del Ejército había generales que no deseaban ver a Contreras en una prisión pues el ‘‘Mamo’’, mucho más que Espinoza, era una figura emblemática de la gesta del 11 de septiembre de 1973, que a todos los comprometía por igual. 

El 1º de junio, en una prolongada y tensa reunión en Lo Curro, varios generales así se lo habían manifestado al ministro de Defensa. Entre los más locuaces destacaron Carlos Krumm Rojas, comandante de la Guarnición de Santiago; y, Javier Salazar Torres, director general de Movilización Nacional.

Krumm, paracaidista, profesor de la Academia de Guerra en Geopolítica e Inteligencia, subsecretario general de gobierno militar entre 1984 y 1985, agregado militar en Uruguay en 1987 y director de Televisión Nacional de Chile, en 1988, empleó un duro tono frente a Pérez Yoma.

Lo mismo hizo Salazar, uno de los oficiales más brillantes de su generación, a quien desde muy joven todos sus camaradas lo vieron con la envidiada aureola del ‘‘perfume a general”, grado al que llegó con 49 años en octubre de 1989.

Salazar pertenece al arma de Ingenieros. En 1984, recién ascendido a coronel, se transformó en asesor de los generales Santiago Sinclair y Sergio Valenzuela en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

En 1987 coordinaba a todos los asesores directos del general Pinochet y mantenía muy estrechos vínculos con el ministro  Sergio Melnick y el grupo de economistas e ingenieros que la prensa bautizó como ‘‘Los Tucanes”.

Entre 1985 y 1987, el coronel Salazar presidió los directorios de las empresas Chilmetro y de Acero Comercial, filial de la Compañía de Aceros del Pacífico, CAP. También fue vicepresidente de la empresa eléctrica Pehuenche. A fines de 1987 fue destinado como agregado militar en Londres.

De los cuatro generales que asistieron a los alegatos ante la Cuarta Sala, el de mayor antigüedad -decimosegundo en el escalafón del alto mando- era Jorge Lagos Silva- ex subdirector de la Escuela de Paracaidistas, cuando el director era el general (R) Carlos Parera, oficial que no pidió permiso al Presidente Aylwin para iniciar la Parada Militar de 1990, actitud que le costó su salida del Ejército, y que había formado parte de la DINA. Lagos, entre sus muchas destinaciones, fue director de la Escuela de Alta Montaña de Río Blanco, gobernador de Colchagua y ex jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares.

Otros de los oficiales que han mantenido un recuerdo imborrable de Contreras y que además pertenecen al arma de Ingenieros, son el comandante de Institutos Militares, Sergio Moreno; el hasta hace poco director de Fábrica y Maestranza, Luis Irazaval Lobo; y, el jefe del Comité Asesor del Comandante en Jefe del Ejército, Víctor Lizárraga Arias, oficial que estuvo en el fundo ‘‘Viejo Roble’’ la noche en que el general Contreras fue sacado hacia el Hospital Naval.

Estos generales pertenecen a las promociones de 1962, 1963 y 1964, desde donde el coronel Contreras eligió en 1973 a varios de los oficiales que ocuparon mandos medios en la DINA, como Rolf Wenderoth Pozo, Gerardo Urrich González, Gerardo Huber Olivares y Francisco Ferrer Lima, por nombrar a algunos de los más conocidos.

La mayoría de los oficiales que sirvieron en la DINA regresaron a los cuarteles al disolverse aquella organización y se encargaron de mantener vivo su recuerdo. En los últimos 15 años crearon una leyenda retocando la historia verdadera y agregándole capítulos que jamás ocurrieron.

Sorprende revisar la evolución de los ex oficiales de la DINA en los mandos del Ejército.  Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, por ejemplo, condenado a fines de junio de 1995 en Italia a 18 años de cárcel por el atentado en contra de Bernardo Leighton ocurrido en octubre de 1975, fue nombrado en 1980 comandante de la guarnición de Putre, en la Región de Tarapacá; en 1983, agregado militar en la embajada de Chile en Francia; en 1985, secretario de coordinación de la Dirección de Personal del Ejército; en 1986, comandante de la IV División, con asiento en Valdivia; y posteriormente, comandante de la VI División, con asiento en Iquique, base del poderoso Primer Cuerpo de la institución.

En esa misma época, con el grado de teniente coronel, Cristoph Willeke Stoel, tenía bajo su mando el Regimiento de Ingenieros ‘‘Huamachuco’’; el coronel José Zara dirigía la Escuela de Fuerzas Especiales y Paracaidistas; el teniente coronel Gerardo Huber, estaba a cargo del complejo químico del Ejército en Talagante; el teniente coronel Miguel Krassnoff, comandaba el Regimiento de Infantería Nº 8 ‘‘Tucapel’’, en Temuco; y, así, estos y otros ex agentes de la DINA seguían ascendiendo en las filas.

No puede sorprender entonces que en el Ejército exista malestar e inquietud, pues sus oficiales no sólo están unidos por tradiciones y lealtades diversas, como las que se crearon en la DINA, sino también por vínculos familiares, como las tres hijas del general  Contreras, casadas con el coronel Orlando Carter Cuadra y los mayores Sergio Varela y Carlos Moller Richie.

Los altos mandos del Ejército tienen muy claro que Contreras y Espinoza saben demasiado sobre hechos, situaciones y personas que han protagonizado la historia chilena en los últimos 25 años. Por lo tanto -sostienen- el lugar donde cumplan su condena debe satisfacer las más altas exigencias de seguridad, condición que sólo los militares están en situación de garantizar.

Ese argumento comenzó a ser escuchado a fines de junio por el gobierno, abriéndose la posibilidad de una vigilancia mixta para los condenados, incluso con el concurso de militares en retiro o activos, pero encubiertos.

El otro aspecto crucial en las difíciles conversaciones fue llegar a un acuerdo para obtener un definitivo punto final en el problema de los derechos humanos. No un punto aparte, ni el término de otro capítulo, sino el epílogo, el cierre definitivo de un libro que se desea enterrar para siempre.

A fines de junio se percibían algunas coincidencias. Una era el no reabrir los casos sometidos a la Ley de Amnistía que se dictó en 1978. Es decir, al culminar el proceso por el asesinato Letelier, el único que se mantenía en sumario, se sellaba definitivamente la persecución de responsabilidades por los crímenes ocurridos entre 1973 y 1978. 

Representantes de la Iglesia Católica sugirieron que al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden se realice un nuevo esfuerzo para conseguir los datos que permitan ubicar el paradero de los cuerpos de los detenidos desaparecidos, la gran herida que sigue abierta y que impide el perdón y el olvido.

Otro de los aspectos conversados era el eventual pase a retiro en un plazo prudente y gradual de todos los oficiales vinculados a casos de violaciones a los derechos humanos.

El último de los temas relevantes era tratar de precisar qué casos deberían ser aclarados por la justicia, identificando a los culpables y dictando las penas correspondientes. Y aquí, los casos concretos están sobre la mesa.

-El secuestro y asesinato del sindicalista  Tucapel Jiménez, ocurrido en febrero de 1982.

-Los secuestros y asesinatos ocurridos en las horas siguientes al atentado en contra del general Augusto Pinochet, en septiembre de 1986, cuyas víctimas fueron José Carrasco, Abraham Muskablit, José Vidaurrázaga y Felipe Rivera

-La ‘‘Operación Albania’’, consistente en el el secuestro y asesinato de 16 personas vinculadas al Frente Patriótico Manuel Rodriguez, el 15 y 16 de junio de 1987.

-El asesinato del dirigente mirista Jéckar Neghme, perpetrado en septiembre de 1989.

En todos ellos, los antecedentes hasta ahora recopilados por la justicia apuntan hacia un equipo especial de la Central Nacional de Informaciones, la CNI, organismo que reemplazó a la DINA, y que funcionó bajo diversos directores entre 1977 y febrero de 1990.

Los abogados querellantes en cada uno de estos procesos creen que la mayoría de los responsables directos e indirectos que pertenecían a las Fuerzas Armadas y de Orden se encuentran ya en retiro, aunque no descartan que algunos pocos aún permanezcan vistiendo uniforme.

Probablemente, la condena a Contreras y a Espinoza sea el último nudo dramático de esta historia, cuyos capítulos ahora empezamos a recordar.

Continúa