A fines de 2017 una noticia preocupó al Alto Mando de la Policía de Investigaciones. En medio de los escándalos que tocaban a las otras ramas de las Fuerzas Armadas y del Orden, la entidad policial recibió las conclusiones de una auditoría de la Contraloría General de la República.

El órgano fiscalizador advirtió, mediante el Informe 396 fechado el 20 de noviembre de 2017, que durante el año 2016 se habían repartido miles de millones de pesos en beneficios que no procedían o que no estaban debidamente documentados. Por ello le entregó a la PDI un plazo de 60 días hábiles para justificar esos gastos millonarios.

Si bien la Contraloría todavía se encuentra analizando las respuestas de la entidad policial, la información fue un balde de agua fría que generó una crisis entre el Alto Mando y más de un centenar de asistentes policiales. Ello sucedió después de que les comunicaran a los policías rasos de que debían devolver los recursos por la repentina extinción de la llamada Gratificación Especial de Riesgo (ver reportaje de INTEREFRENCIA).

Pero ésta no es la única disputa. Acorde a un funcionario de la PDI, que pidió reserva de su identidad, la otra pelea tendría que ver con el beneficio de la Asignación de Casa. La Contraloría dijo que a lo largo de 2016 se habían pagado más de $5.300 millones en este estipendio, pero “sin la documentación de respaldo”.

INTERFERENCIA solicitó el listado completo de los funcionarios que gozaron de este concepto durante 2016, 2017 y 2018. La respuesta que entregó la PDI no solo mostró inconsistencias entre los números que manejan ellos y los observados por la Contraloría, sino también dejó a la vista que no existe un registro actualizado de beneficiarios, tal cual lo había concluido el órgano fiscalizador en su auditoría.

Sin documentos

La Contraloría indicó que la PDI debía solicitar a los funcionarios beneficiados con la Asignación de Casa antecedentes que acreditaran que los montos estaban siendo usados, efectivamente, en gastos de vivienda. De lo contrario, debía "obtener el reintegro por las sumas indebidamente pagadas”.

La fiscalización sobre esta partida, que equivale al 14% del sueldo que reciben los empleados de planta de la PDI, arrojó que durante 2016 fueron 6.799 los funcionarios que percibieron dineros por este concepto sin documentarlo.

La PDI, sin embargo, maneja otra cifra que dista bastante de la informada por el órgano fiscalizador. Según documentos obtenidos por INTERFERENCIA vía Ley de Transparencia, la entidad policial tiene una nómina de 5.841 servidores totales que recibieron el beneficio en 2016. Es decir, existen 958 funcionarios que habría accedido a los beneficios fiscales que, sin embargo, no figuran en la nómina entregada por la PDI.

INTERFERENCIA solicitó una entrevista con Héctor Espinosa, director general de la PDI, pero no obtuvo una respuesta positiva.