Gendarmería declaró desierta una licitación de casi $55 mil millones para actualizar el sistema de tobilleras electrónicas, aparatos utilizados para el cumplimiento de medidas alternativas a la prisión preventiva y evitar que agresores de violencia intrafamiliar se acerquen a las víctimas.

De acuerdo a la resolución a la que accedió Interferencia hubo 23 participantes, pero solo Track Group (actual administradora del sistema), Pegasus, Globe y Sonda, cumplían las exigencias de la convocatoria para la evaluación técnica y económica de los oferentes

El concurso tuvo algunas particularidades: se tramitó en forma secreta, lo que provocó molestia e incertidumbre en el mercado. La decisión de la autoridad, se explicó, dice relación con medidas de seguridad.

Lo llamativo es que ninguna de las firmas pudo conocer el contenido punto a punto en los distintos tópicos que analizó la comisión evaluadora, ni saber en qué fallaron.

Ello derivó, explican fuentes del rubro, en que las compañías no pudieron recurrir al Tribunal de Contratación Pública, ya que carecían de información para interponer una acción legal.

De hecho, al revisar el acta de la comisión evaluadora -integrada por 15 funcionarios- puede leerse en los cuadros, separados por las empresas aludidas, y sobre diversos ámbitos, apenas un “cumple” o “no cumple”.

Se especula que desde Justicia se habría preferido reutilizar el presupuesto aprobado y hacer caja para la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad, que se ubicará en el terreno aledaño que ocupa hoy la ex Penitenciaría, para albergar a miembros del crimen organizado.

Sin embargo, desde Gendarmería niegan esa posibilidad y aseguran que se están redactando las nuevas bases de licitación que debieran pasar por el control de la legalidad de la Contraloría General de la República (CGR).

Todo sigue

En Gendarmería aseveran que el sistema de tobilleras continuará funcionando sin interrupciones al alero de la empresa Track Group, que ganó la licitación anterior de 2020 por más de $30 mil millones.

Hay que recordar que esta última compañía es un gigante estadounidense del ámbito de la vigilancia, y mantiene una relación comercial con el servicio de prisiones desde 2013 y no opera con el sector privado

De acuerdo al Diario Financiero, actualmente existen más de 30 mil aparatos de los cuales apenas 4.500 se encuentran activos.

El hecho de que Track Group siga a cargo de las tobilleras electrónicas, tuvo un inicio no menos polémico.

En 2017,  la institución verde boldo escogió a la empresa Globe, pese a que estaba en el tercer lugar de las opciones. Por esta razón las firmas excluidas -Pegasus y Track Group- interpusieron recursos legales para revocar la decisión de Gendarmería. No fue una batalla corta, porque recién en 2020 la institución informó que la flamante ganadora era Track Group.

Uso

El uso del monitoreo telemático tiene varios objetivos. Uno de ellos es aminorar el hacinamiento en los penales y por extensión mejorar la reinserción social, evitando la reincidencia criminal.

Al mismo tiempo, evitar la contaminación criminógena en las cárceles que de un tiempo a esta parte se han transformado en la escuela del crimen, coinciden los especialistas.

Otro de los objetivos es proteger a las víctimas de violencia de género cuando los agresores cumplen una pena sustitutiva o bien accedieron al beneficio de la libertad, mientras se instruye la investigación.

Para lograr lo anterior, los aparatos poseen un sistema geolocalizador que es controlado en tiempo real, evitando que los agresores se acerquen a las zonas donde residen las víctimas.

De acuerdo a estadísticas internas y del mercado, en los últimos años las agresiones en materia de violencia intrafamiliar de sujetos que usan el aparato, han bajado a cero.

La primera tobillera fue usada por un imputado en 2014.