La crisis en La Moneda por la denuncia por violación en contra de Manuel Monsalva no se detiene. Y es que ayer, durante la cautela de garantía solicitada por la defensa del ex subsecretario del Interior, el fiscal regional Centro Norte Xavier Armendáriz, reveló un detalle desconocido de la investigación:  la ex autoridad usó a la PDI para “acercarse” a la víctima; de hecho, un policía conversó con ella antes que interpusiera la denuncia en el MInisterio Público el 14 octubre.

Armendáriz remató ante el magistrado Ponciano Sallés , titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago: “(...) el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones, y lo sabemos por la declaración de una funcionaria (...) que él le pidió que se acercaran a la víctima”.

La revelación se convirtió en una bomba de racimo mediática, porque fueron “diligencias ordenadas, pedidas, sugeridas”, previas a que se iniciara la indagatoria el pasado 15 del presente.

A lo anterior, sumó lo previamente conocido: el suspendido militante del PS, usó a funcionarios de inteligencia para que revisaran  las cámaras de seguridad del restaurante peruano donde comió con la presunta víctima el pasado 22 de septiembre, como también las hotel Panamericano, donde habría ocurrido la agresión sexual la madrugada del día siguiente.

En este sentido, le explicó al magistrado que existían sospechas de un “enmascaramiento de medios de prueba” o, en otras palabras, una posible manipulación de las mismas.

La audiencia fue transmitida en vivo por el canal del Poder Judicial, por lo que llegó de inmediato a oídos de La Moneda.

En esta oportunidad el ejecutivo se desentendió del caso a través de la vocera Camila Vallejo:  “al Ejecutivo no le corresponde ya opinar ni pronunciarse sobre un proceso judicial que está en curso (...) por resguardo, obviamente, la independencia de los poderes”.

El celular

Los dichos de Armendáriz se enmarcan en una audiencia de cautela de garantías, por la incautación de un tercer celular que, a juicio del abogado defensor, Cristian Arias,  habría sido comprado de forma posterior a la renuncia que presentó Monsalve a su cargo el pasado 15 de octubre.

Básicamente Arias intentó desvirtuar la legalidad de la diligencia, que en todo caso fue previamente autorizada judicialmente y el aparato incautado el 18 de octubre del corriente.

La pesquisa ocurrió precisamente en el domicilio de Arias, donde junto a Monsavle preparaban la estrategia y teoría del caso para enfrentar la justicia. 

En este sentido, el patrocinante argumentó que el teléfono que usaba Monsalve como subsecretario, y un segundo celular habían sido entregados a la fiscalía, por lo que el tercero solo contenía información protegida por el secreto profesional de abogado y comunicaciones con familiares.

Hasta ese momento el móvil estaba en manos del tribunal, previo a la extracción de la información interna. Si bien la fiscalía arguyó que los datos eran necesarios para la investigación.

El magistrado, una vez que se desarrollaron las incidencias, resolvió que se borraran solo los mensajes de whatsapp, que ha mantenido con su familia y defensores.