El informe especial de la Contraloría General de la República 312-2021, culminado a comienzos de este mes, da cuenta de los resultados de una indagación a partir de una denuncia de 2020 realizada por la ex diputada Cristina Girardi (PPD) y recogida por este periódico, respecto de eventuales faltas a la probidad en el caso de la prestación de servicios de escolta a vehículos de “British American Tobacco Chile Operaciones S.A” o más conocida como “Chiletabacos”, por parte de Carabineros

Las denuncias involucraban al ex jefe de Zona Santiago Este, general Enrique Bassaletti Riess, quien, según la denuncia original, habría proporcionado servicios a la empresa, recibiendo pagos por dichos servicios. 

Asimismo, en dicho momento también fue denunciado que personal de Carabineros habría implementado un servicio policial exclusivo de “escoltas de vehículos motorizados repartidores de cigarrillos”, destinando a lo menos un vehículo policial perteneciente a las distintas Secciones de Investigación Policial"

Un estudio de la Oficina de Análisis Criminal del Departamento de Operaciones de la Zona Santiago Oeste, denominado 'Reporte de robos de camiones y sus cargas', estableció que el robo de alimentos era el más recurrente, correspondiendo al 29% del total de delitos analizados por la entidad policial, mientras que el robo a vehículos repartidores de cigarrillos ascendía solo a un 3% del total de actos delictuales evaluados.

Del informe de Contraloría se desprende que tanto en las Zonas Oeste y Este, ambas de la región Metropolitana de Santiago, se realizaron efectivamente servicios de acompañamiento y/o de vigilancia relacionados con la empresa Chiletabacos. 

Distintos funcionarios policiales fueron entrevistados al respecto, y entregaron diferentes detalles sobre cómo y por qué se habría configurado este sistema de vigilancia en torno a la tabacalera. Esto, pese que, según un estudio de la Oficina de Análisis Criminal del Departamento de Operaciones de la Zona Santiago Oeste, denominado 'Reporte de robos de camiones y sus cargas', se estableció que el robo de alimentos era el más recurrente, correspondiendo al 29% del total de delitos analizados por la entidad policial, mientras que el robo a vehículos repartidores de cigarrillos ascendía solo a un 3% del total de actos delictuales evaluados. 

Algo que “resulta inconsistente con la realización del servicio de acompañamiento y/o vigilancia a los camiones repartidores de cigarrillos dispuesto por la entidad”, según consigna el informe de la Contraloría. 

Sin embargo, dicha información es contradictoria con la declaración realizada por el jefe del Departamento de Operaciones Zona Oeste de esa época, coronel Sergio Carrasco Gutiérrez, quien manifestó que se realizó un estudio estadístico sobre los delitos que acontecían en ese sector, determinándose que se concentraban en el robo y/o asalto de camiones repartidores de cigarrillos. También señaló que debido a lo anterior, se implementó el denominado Plan de Servicios N° 17, de 2020'.

Otro de los puntos conflictivos para Contraloría fue la falta de documentación de respaldo formal que acreditara la ejecución de los ya mencionados servicios de vigilancia y/o acompañamiento, lo que impidió a sus funcionarios conocer el origen de estos procedimientos policiales, las órdenes formales entregadas sobre la materia y por qué fue elegido este rubro en particular; rotulado como “camiones o vehículos repartidores de cigarrillos”. 

Otro de los puntos conflictivos para Contraloría fue la falta de documentación de respaldo formal que acreditara la ejecución de los ya mencionados servicios de vigilancia y/o acompañamiento, lo que impidió a sus funcionarios conocer el origen de estos procedimientos policiales, las órdenes formales entregadas sobre la materia y por qué fue elegido este rubro en particular; rotulado como “camiones o vehículos repartidores de cigarrillos”. 

Bassaletti sin pruebas en su contra

En la denuncia original de 2020, a la cual tuvo acceso INTERFERENCIA en su momento, se detalló que el entonces general Enrique Bassaletti “estaría prestando servicios a entidades de derecho privado, entre ellas a British American Tobacco Chile, más conocida como Chiletabacos. Empresa que habría generado pagos por sus servicios, existiendo facturas por dichos trabajos”. Situación que significa un claro conflicto de intereses dado su alto cargo en la institución y su rol de empleado público, según constata el artículo 56° de la Ley Orgánica Constitucional.

Además, la denuncia consideraba que el ex alto mando mantenía vigente tres actividades tributarias, las cuales corresponden a Consultoría de Gestión, Servicios de Seguridad Privada Prestados por Independientes y Servicios Personales de Educación. 

Contraloría verificó las denuncias contra el alto oficial, y no encontró pruebas que respalden las denuncias, las cuales fueron desestimadas.

La institución fiscalizadora afirma que, consultadas las bases de datos y/o registros a los cuales tiene acceso dicho organismo de control, no se advirtieron facturaciones entre Bassaletti y la compañía British American Tobacco Chile Operaciones S.A, como tampoco actividades referidas a seguridad privada. 

La institución fiscalizadora afirma que, consultadas las bases de datos y/o registros a los cuales tiene acceso dicho organismo de control, no se advirtieron facturaciones entre Bassaletti y la compañía British American Tobacco Chile Operaciones S.A, como tampoco actividades referidas a seguridad privada. 

Respecto a las actividades tributarias del general ahora en retiro, Contraloría confirmó que contaba con las actividades económicas aludidas por la entonces diputada Girardi en su denuncia, no obstante, éstas fueron finalizadas antes de los hechos denunciados, habiendo terminado el giro de las mismas con fecha 10 de diciembre de 2020. 

Además de lo ya expuesto, el 5 de mayo de 2021, se requirió a Bassaletti a prestar declaración en dependencias de Contraloría, oportunidad en la que manifestó, en síntesis, que “nunca emitió una facturación a la compañía en cuestión, siendo su última boleta de honorarios emitida en el año 2013 y cuyo receptor no corresponde a la empresa tabacalera”. 

El ex funcionario agregó que efectuó el término de giro de las actividades que mantenía iniciadas en el Servicio de Impuestos Internos, corroborándose por la Contraloría que éstos se encuentran finalizados en la data antes indicada.