La deriva populista que ha tomado el Congreso para alardear su apoyo al trabajo policial frente a la delincuencia despertó la alerta de los organismos internacionales de derechos humanos y el reparo de los académicos expertos en materia de seguridad. Unos intentan evitar que se fomente la arbitrariedad en el uso de armas letales de la policía y otros hacen notar la ineficacia de la llamada Ley Naín-Retamal para proteger a la fuerza pública.

En un informe remitido el jueves al Senado, el Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), expresa que “se ha generado la errada percepción de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no pueden emplear sus armas de servicio, encontrándose ‘de manos atadas’ en contra de la delincuencia. Lo cierto es que los protocolos de uso de la fuerza de las instituciones policiales no impiden el empleo de este tipo de armas, sino que regulan cuándo puede ser empleada”.

Ya el año pasado el estudio “Monitor del uso de Fuerza letal”, del instituto de Asuntos públicos de la Universidad de Chile, evidencia que la policía no se inhibe de percutar armas de fuego causando la muerte de civiles, cuando peligra su vida o la de terceros. Solo en 2018, antes del estallido social, fueron abatidas 18 personas en procedimientos policiales, principalmente por delito flagrante. En el año 2019 la cifra aumentó a 21.

Además de los dudosos efectos prácticos de la figura de “legítima defensa privilegiada” para el debido cuidado de la policía, el afiebrado debate parlamentario por la muerte de la Sargento Rita Olivares devino en la peor forma de rendirle homenaje: dividir a los legisladores entre amigos y enemigos de Carabineros, propiciando una burda utilización política de la institución.

La arremetida comunicacional impulsada por la oposición intenta ocultar que todos los sectores, gobierno y oposición, comparten la necesidad de mejores herramientas jurídicas y técnicas, para enfrentar al crimen organizado, junto con adoptar medidas de protección para que Carabineros combata el delito con más eficacia y sin exponer la vida de sus funcionarios. Así lo prueban los 5 proyectos de ley del Ejecutivo despachados casi por unanimidad durante la vorágine legislativa de la semana. El paquete legislativo entrega herramientas para la persecución del secuestro, el sicariato y la extorsión, refuerza las competencias de Gendarmería y agrava el delito de porte de armas en lugares públicos. La semana anterior se había aprobado otra ley para combatir el narcotráfico, facilitando la trazabilidad y el comiso efectivo del patrimonio de las bandas delictuales e incorporando medidas más intrusivas en las investigaciones.

No hay ningún estudio de opinión pública que haya soslayado la creciente desconfianza de la ciudadanía en las “figuras de autoridad” como policías, políticos, jueces, fiscales entre otros, desde fines de los años ’90 en adelante. La autoridad se debilita cuando se corrompe con desfalcos y  montajes policiales, financiamiento ilegal de la política y colusiones empresariales.

También existe un acuerdo trasversal para dotar a la policía de mayor protección y  equipamiento. El presupuesto de este año elevó en un 4,4% los recursos para seguridad y el Director General de Carabineros Ricardo Yáñez ha reiterado que su institución nunca había contado con tanto apoyo logístico.

Pero en la carrera por ostentar la estrella del sheriff o subirse al podio de los justicieros bien vale la pena eliminar la rendición de cuentas en el uso de armas letales o barrer con el principio de la proporcionalidad. Incluso aunque se conozca la experiencia comparada, que demuestra que ambas medidas han elevado las muertes, no solo de los presuntos delincuentes sino de los mismos funcionarios y de transeúntes que quedan expuestos a operativos mal ejecutados. 

La figura de legítima defensa privilegiada faculta a los policías para usar sus armas cuando “estime razonablemente” que existe una amenaza mortal o lesiva. ¿Quién juzga una estimación razonable? Cuesta encontrar una expresión más arbitrara y carente del principio de rendición de cuentas que le asiste a todo funcionario publico, máxime a los que tienen el monopolio de la fuerza.

El informe de la ONU al Senado indica que “estos espacios de discrecionalidad legal, muchas veces anteceden episodios de aplicación arbitraria o discriminatoria de la fuerza pública por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, lo que no necesariamente redunda en una persecución más eficaz del delito, sino que provoca un daño a la persona contra quien se usa la fuerza, que a la vez deteriora la credibilidad pública de las instituciones”.

No está de más preguntarse por qué algunos parlamentarios de centroizquierda estuvieron disponibles a propiciar una legislación contraria al derecho internacional, que bien saben no protege a la policía ni mejora sus procedimientos. Es más, a través de un informe encargado por la comisión de seguridad, la Biblioteca del Congreso Nacional los puso al tanto de la experiencia comparada en España, Francia y Uruguay dejando en evidencia los defectos de los artículos que estaban aprobando.

Otra mezquindad que abunda en el debate sobre la seguridad ha sido el intento de señalar al estallido social de 2019 como el culpable de la delincuencia, por su efecto en el debilitamiento del principio de autoridad. No hay ningún estudio de opinión pública que haya soslayado la creciente desconfianza de la ciudadanía en las “figuras de autoridad” como policías, políticos, jueces, fiscales entre otros, desde fines de los años ’90 en adelante. La autoridad se debilita cuando se corrompe con desfalcos y  montajes policiales, financiamiento ilegal de la política y colusiones empresariales.

En el caso específico de Carabineros, es evidente que fue su propia brutalidad durante el estallido la que causó un desplome en la confianza, que pasó desde un 40,6% en 2016 a un 20,6 en 2019, según la “Radiografía del Cambio Social en Chile 2016-2021”, un estudio longitudinal del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), que ha seguido la evolución de cerca de 4.500 chilenos y chilenas a lo largo de una década. 

Erróneamente, esta baja valoración pudo haber sido esgrimida por sectores radicales como argumento para sostener que las fuerzas policiales eran un adversario a derrotar y no una institución que se debe reformar.

Hoy, cuando el péndulo de la opinión pública ha cambiado, la menor valoración de la protesta y el movimiento social no pueden justificar regresiones autoritarias en materia policial. La represión es para los delincuentes, no para los manifestantes ni los pobladores expuestos a las balaceras. Urge un parlamento equilibrado, un debate legislativo sensato y una capacidad analítica capaz de entender que las leyes y las políticas públicas no deben responder a las convulsiones anímicas, aunque sea el dolor de la muerte de una compañera de armas.