El debate por la Ley de Usurpaciones que aprobó el Congreso y que se encuentra en la Comisión de Seguridad del Senado por el veto presidencial presentado en 14 puntos del proyecto, sigue generando división entre las distintas filas de la política, sobre todo, por las diferencias entre la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y el senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de dicha comisión y uno de los promotores del proyecto. 

En cuanto a plazos, el Ejecutivo otorgó suma urgencia al veto presidencial por lo que el Senado tiene un plazo de 15 días para presentar el veto a la Cámara y continuar la tramitación de la iniciativa. Independientemente del resultado del veto, que podría aprobarse o rechazarse en el Congreso, la preocupación respecto a las consecuencias de la iniciativa ha sido una constante entre las comunidades mapuche, las que consideran que podría desatarse un enfrentamiento entre civiles de prosperar la 'legítima defensa privilegiada' -uno de los puntos que el Ejecutivo vetó-, aumentar la violencia o profundizar el despojo de tierras. 

En ese sentido, la diputada mapuche, Emilia Nuyado (PS), quien ha votado en contra de las 33 prórrogas de estado de Excepción para Biobío y La Araucanía, indicó a Interferencia que "la Ley de Usurpaciones es un proyecto que afecta directamente el legítimo derecho que tiene el pueblo mapuche a sus tierras ancestrales. Con esta ley se reconoce a aquellos colonos, empresas forestales y privados a los que el Estado les entregó tierras, mientras fue reduciendo cada vez más a las comunidades por medio de las diversas normativas imperantes en Chile. La ley del despojo, que fue tan cruel, aplicada a las familias y a las comunidades del pueblo mapuche y hoy día esta ley que viene a reconocer a los usurpadores del pasado otorgándoles el derecho a ellos respecto a la propiedad ancestral del pueblo mapuche y que hoy día está en manos de los privados".

"Pero más grave aún, lo que hace esta ley es generar el enfrentamiento donde el privado puede desalojar de manera violenta a todas las comunidades que hoy día se encuentran en procesos de restitución y de reivindicación territorial quienes además están a la espera de que el Estado pueda avanzar en un mecanismo más ágil que el que existe hoy día", dice Nuyado.

Asimismo, Nuyado expresa su preocupación por las consecuencias civiles que este tipo de iniciativa podría provocar en la población. "Pero más grave aún, lo que hace esta ley es generar el enfrentamiento donde el privado puede desalojar de manera violenta a todas las comunidades que hoy día se encuentran en procesos de restitución y de reivindicación territorial quienes además están a la espera de que el Estado pueda avanzar en un mecanismo más ágil que el que existe hoy día, como es el fondo de tierra a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que durante los diversos gobiernos que han pasado desde la desde el año 1994 a la fecha, no han sido capaces de poder resolver la situación de la demanda histórica del pueblo mapuche", indicó la diputada. 

En un tercer punto, la parlamentaria señala el impacto que podría generar este tipo de iniciativas en familias que se encuentran fuera del catastro de campamentos. "Es grave también para aquellas familias que viven en campamentos y que no se encuentran dentro del catastro de campamentos y que debieran tener la prioridad dentro del plan de emergencia. Sin embargo, esas familias, también podrían ser desalojadas por la fuerza de manera arbitraria", agregó. 

En la misma línea, la diputada mapuche, Ericka Ñanco (RD), afirmó este viernes en Radio Universo que "si nos ponemos a pensar en si hay una usurpación violenta, quienes más han tenido, a lo largo de la historia, una usurpación violenta de su territorio ha sido el pueblo mapuche. Principalmente, por la forma en la cual se instala el Estado de Chile después de la pacificación de la Araucanía en estos territorios que fueron tomados por el mismo Estado y fueron entregados a particulares. Y hoy día se genera este conflicto que es el que vivimos como Estado chileno con el pueblo mapuche".

Por otra parte, la legisladora apunta a la contradicción que genera la aprobación de la ley considerando la demanda ancestral de restitución de tierras por el pueblo mapuche. "Pensando en el contexto histórico, si el pueblo mapuche está reclamando las tierras que el Estado de Chile le arrebató y se le entrega luego de manera gratuita a particulares, entonces, ¿quiénes son los usurpadores?", sostuvo Ñanco. 

Respecto al veto presidencial, Ñanco afirmó que desde su partido estaban disponibles a aprobarlo y así "poder seguir adelante en la no penalización de las demandas dignas y las demandas que son a nuestro parecer justas". 

Pese a estas últimas declaraciones el debate sobre la Ley de Usurpaciones tenía larga historia. En junio de este año, Aucan Huilcaman críiticó la aprobación de la 'legítima defensa privilegiada' contenida dentro de la Ley de Usurpaciones y que finalmente fue uno de los 14 puntos que vetó el Ejecutivo.

Huilcaman señaló que "recordemos que el pueblo mapuche fue objeto de usurpación de su territorio, sus tierras y sus recursos. Por tanto, para que el proyecto de ley tenga eficacia y se adopte bajo el principio de la igualdad normativa y resuelva el conflicto en la Macrozona Sur, requiere un carácter retroactivo, en vista que los usurpados primeramente son los mapuche".

En ese entonces, Huilcaman señaló que "recordemos que el pueblo mapuche fue objeto de usurpación de su territorio, sus tierras y sus recursos. Por tanto, para que el proyecto de ley tenga eficacia y se adopte bajo el principio de la igualdad normativa y resuelva el conflicto en la Macrozona Sur, requiere un carácter retroactivo, en vista que los usurpados primeramente son los mapuche".

"[La aprobación de la legítima defensa privilegiada] es un incentivo a la violencia armada en la Macrozona Sur o Wallmapuche y representa una abierta irresponsabilidad [de los parlamentarios que la aprobaron]", acotó Huilcaman. 

En mayo de este año, Héctor Llaitul también se refirió a la ley de usurpaciones, el vocero de la CAM, en entrevista con Doble Espacio señaló que "la actual agenda de seguridad impulsada por el gobierno de Gabriel Boric ha puesto especial énfasis a una normativa muy específica, que es la ley sobre usurpación de tierras. Al respecto nuestra organización tiene una postura clara: este cuerpo legal viene a consolidar la protección jurídica de la propiedad del gran capital a costa de la criminalización de las recuperaciones de tierras, y aún más, responde a una persecución política dirigida principalmente hacia el movimiento mapuche autonomista. En otras palabras, la ley sobre usurpaciones es la protección legal para la continuidad del despojo".

Desde una perspectiva completamente distinta, Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, valoraba la aprobación de la legítima defensa privilegiada en ese entonces. "Hay que pensar que cuando ocurren estas usurpaciones llega un número importante de personas y, normalmente, los propietarios están solos. Por lo tanto, es del todo legítimo que puedan juntar a personas, amigos, parientes, para tratar de impedir esta usurpación", sostuvo Santibáñez.

Una visión que al parecer reculó con el tiempo, pues días atrás en entrevista con Radio Futuro, Santibáñez indicó que "a pesar de la insistencia del Gobierno en el tema de la autotutela, no consideramos que sea lo más importante. Lo fundamental para nosotros es que los delitos de usurpación tengan penas de cárcel para evitar la impunidad. Respecto a la autotutela, cabe mencionar que en la práctica es poco común en esta situación. Cuando se trata de invasiones ilegales de propiedades, la comunidad afectada suele solicitar la intervención de la policía en lugar de recurrir a la autotutela. En última instancia, lo esencial es evitar la impunidad en estos delitos".

Aparejado a las protestas y marchas convocadas en Temuco para manifestarse en contra de la aprobación de la Ley de Usurpaciones, la Coordinadora Arauco Malleco compartió un comunicado en Werken Noticias en donde sostienen que "hacemos un llamado a movilizarse en contra de la ley de usurpaciones que a nuestro juicio pretende legitimar al Estado colonial y presentar una visión errada de quiénes son los verdaderos dueños de la tierra, traicionando y tergiversando la historia, y que es la razón profunda del conflicto histórico en el Wallmapu". 

Con todo, la puesta en marcha de la Ley de Usurpaciones sigue en un escenario abierto, pues según apuntó el senador Iván Flores (DC) en entrevista con Interferencia "[¿Es una posibilidad que se rechace el veto presidencial?] Sí, claro, es una posibilidad absoluta, pues para ser rechazado requiere la mayoría simple de los presentes en Sala. Otra cosa es que rechazado el veto, supongamos, se pida la insistencia de volver al proyecto antes del veto, eso requiere 2/3, y yo no estoy seguro que estén los 2/3, por lo tanto nos quedaríamos sin ley".