Corte Suprema
Se trata de Gastón Gómez, el abogado favorito de Sebastián Piñera en sus líos con los medios de comunicación.
A fines de mayo de aquel año en los comités regionales del PC se supo que toda la Dirección del Partido había caído. Sólo estaban a salvo Víctor Cantero e Inés Cornejo -esta última alejada de la organización por motivos de salud-. La DINA quería a Cantero, el hombre al que presumían responsable de los dineros. En la persecución, los agentes secuestraron a los hermanos Julio y Eduardo Budnik.
Al gobierno le interesa reemplazar al ministro Rodrigo Pica para volver a afirmar su frágil mayoría en el TC, mientras que el máximo tribunal buscaría premiar a uno de los suyos que está naufragando en su intento por llegar a esa misma corte. Mirando hacia el futuro, el diseño piñerista es blindarse ante posibles juicios internacionales.
A partir de hoy, INTERFERENCIA entrega a sus lectores, en una decena de capítulos, el libro que narra la biografía del fallecido general (R) Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la DINA durante la dictadura cívico militar del general Augusto Pinochet. Creemos que este es un modo de no olvidar uno de los capítulos más negros de la historia contemporánea de nuestro país.
Luis Niemann, inculpado por caso “Fragatas” y sus cartas denunciando corrupción dentro de la armada, tiene de cabeza a la institución que hoy se encuentra dividida entre quienes quieren limpiarla de malas prácticas y quienes señalan que es un “loco”.
Al revisar los que firmaron la carta en apoyo a las hermanas Struthers -cuya propiedad fue liquidada en un remate donde un abogado testaferro del magnate fue el único oferente- queda claro que los tiempos de aplaudir o tolerar a los halcones de los negocios están quedando atrás… incluso en la propia clase adinerada y empresarial.
El ministro Hernán Larraín nombrará en estos días a los 12 abogados externos que integrarán la Corte Suprema los próximos tres años. Si el pasado es un indicio, serán varios los que se repetirán el plato.
Héctor Mery Romero, actual jefe de la División Judicial del ministerio de Justicia, habría buscado su salida de la cartera con el objetivo de estar disponible para la Suprema en marzo, pero el ministro le habría impedido salir mientras él esté a cargo de la cartera.
El embargo y remate en 2019 de la casa de las hermanas Struthers -por adeudar tres cuotas de contribuciones- y el desalojo de éstas hace dos meses generó indignación entre residentes de la comuna de Zapallar. Todos se preguntaban quién había sido el comprador que, para muchos, actuó como depredador. La respuesta: León Vial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Chile por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión del juez Daniel Urrutia, quien ha criticado el actuar del Poder Judicial chileno tanto en dictadura como en el estallido social. A continuación, INTERFERENCIA reproduce la entrevista que Urrutia dio a Sputnik.
A inicios de los años 90, las AFP utilizaron los recursos de millones de trabajadores para facilitar la expansión del grupo Enersis y la creación de un monopolio en la industria eléctrica. En la operación participaron también las familias Piñera y Luksic, generándose un poder financiero capaz de revertir una sentencia del máximo tribunal de la república que casi les aguó la fiesta.
El abogado vinculado a la UDI y Fundación Jaime Guzmán se desempeña como Jefe de División Judicial del Ministerio de Justicia, cargo de gran relevancia para los nombramientos de jueces. Mery tendría el anhelo de ser ministro de la Corte Suprema, para lo cual estaría proponiendo a jueces que lo pondrían en una eventual quina a futuro. Ya nombró a Adelita Ravanales, e insistiría con Raúl Mera para una vacante posterior.
El próximo miembro corresponde al cupo de la oposición, según la ya histórica práctica del antiguo duopolio político.
Sin tocar temas específicos del currículum de la candidata del gobierno al máximo tribunal, los senadores –encabezados por Alfonso de Urresti– omitieron cualquier mención a datos específicos que cuestionan el perfil de la actual ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago.
La accidentada historia social y ambiental de este proyecto minero le ha costado cientos de millones de dólares en acuerdos extrajudiciales para deponer demandas. Aun así, la empresa canadiense vive uno de sus mejores momentos financieros y saca cuentas alegres.
Su esposo, Luis Federico Werner Medina, es militar en retiro, mientras que su hermano –con quien no se relaciona hace 20 años, según ella– es director de comunicaciones de la Corporación 11 de Septiembre y ha visitado Punta Peuco.
La ministra es profesora en la Escuela de Carabineros y participa en causas donde están involucrados miembros de la fuerza policial. Ha estado en resoluciones de la principal arista del Pacogate y, en 2016, la misma Corte Suprema declaró su apartamiento en una causa de derechos humanos donde estaban procesados funcionarios en retiro.
Después que el Senado rechazara al juez Raúl Mera para integrar esa corte, el máximo tribunal completó la quina con Adelita Ravanales, descrita como una jueza conservadora y de derecha. El gobierno estaría inclinado en proponerla, ya que cuenta con poderosos padrinos al interior de la corte, entre ellos Juan Eduardo Fuentes que preside la primera sala de la Suprema.
Mientras que el Ministerio de Obras Públicas que dirige Alfredo Moreno, no realizó ninguna exigencia extra por la emergencia sanitaria a las empresas concesionarias, pudiendo hacerlo legalmente, uno de sus inspectores a cargo de fiscalizar estas cárceles dijo que no pueden hacer nada, pues dotar de elementos de protección “no sale en las bases de la licitación”.
En un nuevo revés para el ministro de Justicia, Hernán Larraín, Raúl Mera no logró los votos necesarios para integrar el máximo tribunal. Ossandón, el último díscolo del oficialismo después de que Mario Desbordes entró al gabinete, decidió vengarse por su supuesta persecución judicial, que estaría orquestada desde el propio gobierno.
Si Mera se convierte en el nuevo ministro de la Corte Suprema, los Mera Muñoz tendrán un integrante en cada uno de los tres tribunales superiores de la Región Metropolitana: Raúl en la Suprema, Juan Cristóbal en la Corte de Santiago, y Liliana en la Corte de San Miguel.
Horas atrás, la hermana de Raúl Pellegrin interpeló al senador socialista Juan Pablo Letelier. En esta entrevista ahonda por qué.
En esta misiva la hermana del líder del FPMR Raúl Pellegrin emplaza al senador socialista Juan Pablo Letelier por su supuesto apoyo a la candidatura de Raúl Mera para la Corte Suprema. El juez -quien desestimó pruebas de tortura y asesinato en el caso de Pellegrin- contaría con el voto de Letelier, a pesar de que el senador es también familiar de un ejecutado político en dictadura.
Sólo el INDH, la Defensoría Penal Pública y la Defensoría de la Niñez podían acceder. A contar del 27 de mayo del presente año, tras alegatos de Abofem, negar el acceso a cualquier abogado constituye un acto “arbitrario e ilegal” que viola las garantías constitucionales.
Mañana la tercera sala del máximo tribunal, a cargo de Sergio Muñoz, tiene que fallar si acepta la rebaja de US$80 millones a US$ 5 millones que fijó la Corte de Apelaciones. Todo indica hasta ahora que así lo harán.
Juan Cristóbal Mera fue quien redactó el fallo favorable a estos agentes, en medio de la creación de un clima que busca indultarlos por razones humanitarias. No es primera vez que este alto funcionario –cercano a Carabineros, de donde fue profesor– antepone su pensamiento contrario a los derechos humanos en su labor como juez. En el pasado falló contra una mujer trans y recientemente contra el juez que decidió la liberación de la primera línea de la protesta social.
Más de 11.300 personas fueron detenidas y 2.500 encarceladas en Chile durante el estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020, calcula el informe mensual del Instituto de Derechos Humanos de Chile (INDH). Para abogados y familiares de los presos, se trata de un instrumento de represión política.
El dirigente de Modatima, premiado a nivel internacional por su defensa del agua, comenta en extenso con INTERFERENCIA la decisión de no proteger a los líderes sociales, sindicales y de derechos humanos vigilados por Carabineros. Para Mundaca la justicia chilena "no garantiza nuestra seguridad" y evalúa acciones legales a nivel internacional.
La Corte Suprema rechazó ayer la remoción del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, asestando un duro golpe al fiscal nacional Jorge Abbott. Y también a quienes, como el ex fiscal del caso Penta, Carlos Gajardo, que valoraron las acusaciones en su momento.
El hombre de negocios, que presidio el directorio de Lan y encabezó el gremio bancario entre 2011 y 2015, cuestiona la legitimidad del timonel, por ser parte de la familia tras la empresa que se coludió para estafar a millones de consumidores. "Creo que la familia Matte no ha asumido la conducta que debiera haber asumido", dijo Awad.
