Las recientes elecciones para elegir a los convencionales que redactarán la nueva Constitución reconfiguraron el escenario político drásticamente. Entre la ex Concertación y Chile Vamos consiguieron tan sólo 62 de 155 constituyentes, es decir: las tradicionales fuerzas políticas de la posdictadura están representadas con un magro 40% en la Convención, en la que triunfaron otras fuerzas políticas y los independientes.
El análisis relativamente unánime al respecto constata que el voto castigó a estos dos tradicionales conglomerados de partidos políticos que se han turnado en el ejercicio del poder durante 30 años, principalmente al alero del sistema binominal, que en sede parlamentaria, permitió que ambas fuerzas se mantuvieran lo más posible en equilibrio.
Sin embargo, donde no se ha puesto tanto la mirada, es en una serie de organismos públicos -algunos incluso con autonomía constitucional- los cuales durante la posdictadura han ofrecido cómodos asientos y salarios para personeros de uno y otro lado.
Se trata de entidades en las cuales sus integrantes suelen ser designados por el Presidente de la República con el acuerdo del Senado, y que durante 30 años han sido designados entre la derecha y la ex Concertación como aparente muestra de amistosa rivalidad.
Ante esa realidad, la pregunta que sobreviene es: ¿Qué sentido tiene tal ejercicio de equilibrio en el escenario político actual, considerando que el estallido dejó en off side a las fuerzas políticas tradicionales hasta tal punto que, entre ambos conglomerados, representan apenas el 40% de la Convención?
¿Qué sentido tiene tal ejercicio de equilibrio en el escenario político actual, considerando que el estallido dejó en off side a las fuerzas políticas tradicionales hasta tal punto que, entre ambos conglomerados, representan apenas el 40% de la Convención?
Según el cientista político Hassan Akram, en conversación con INTERFERENCIA, la tendencia internacional es a crear servicios civiles con "funcionarios públicos, no políticos y de carrera, que no son asignados a dedo por el Presidente ni alguna autoridad política, esto es parte de lo que se conoce como modernización del Estado, puesto que hacerlo meritocrático es una tarea pendiente.en Chile", y agrega que incluso las personas que llegan a cargos por alta dirección pública han tenido muchos problemas cuando llegan a un servicio, debido a que los organismos están tan acostumbrados a cuotear estos cargos, que se encuentran con muchos obstáculos..
La repartija de estos cargos públicos -la cocina binominal, como la llaman otros- implica que "muchos funcionarios están disfrazados de planta pero en realidad son operadores políticos. Las redes clientelares de los partidos han sido muy fuertes, y estos puestos se ocupan para reforzar la base militante de los partidos”.
Según Akram, en la ex Concertación el cuoteo de cargos entre los partidos que la conformaron ayudó a mantener la coalisión unida, puesto que venían con la mala experiencia vivida en la UP, cuando las confianzas internas se habían deteriorado. En el caso de la derecha, el cuoteo de cargos fue fundamental especialmente después del 2005, cuando las reformas constitucionales de Ricardo Lagos le quitaron el rol de ser "garantes de la institucionalidad" a las Fuerzas Armadas. "La derecha ejerció su poder con esa cercanía al mundo militar en los 90, pero ya en los dos mil, luego de la reforma de Lagos, ese mundo militar fue perdiendo importancia, y ahí el cuoteo de cargos con la Concertación fue fundamental para consolidar un ejercicio civil del poder", señala Akram.
INTERFERENCIA hizo una revisión de quienes ocupan los asientos del Servicio Electoral de Chile (Servel), el Consejo para la Transparencia (CPLT), el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el canal de televisión TVN, para ver cómo se replica este “equilibrio de fuerzas” entre sectores cuyo poder hoy parece más bien un recuerdo del pasado.
El Servel
Si bien hubo organismos encargados de las elecciones populares en Chile desde 1925, el Servel como tal existe desde 1986, cuando entró en vigencia su ley orgánica constitucional, dado que es un órgano creado por la Constitución del 80. Está conformado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado.
El presidente del Consejo Directivo es el ingeniero comercial de la Universidad Católica, Andrés Tagle Domínguez, el cual gana 5,2 millones brutos por esta función, según información pública en infoprobidad. Antiguo militante UDI de los tiempos de Jaime Guzmán, también fue director de Codelco durante los años correspondientes al primer mandato de Sebastián Piñera y asesor electoral de Segpres en el mismo mandato.
Entró al Servel en 2016 en reemplazo del UDI Gonzalo Molina, luego de que fuera querellado por el SII en el caso de financiamiento irregular de la política vinculado a SQM. El nombramiento de Tagle vino desde la UDI, pero también fue impulsado por la propia Nueva Mayoría en la época, cuando Nicolás Eyzaguirre -entonces ministro de Segpres de Bachelet- dijo “a nosotros como gobierno no nos parece que aquí haya habido cuoteo, sino que es un ejercicio de los balances, pesos y contrapesos”.
El resto del Consejo actual también responde a estos equilibrios de fuerzas. El consejero Patricio Santamaría Mutis fue el presidente del Consejo Directivo del Servel entre 2013 y este año, cuando Tagle asumió ese cargo. Ex militante demócratacristiano, fue vicepresidente y candidato al parlamento por ese partido sin resultar electo, y también subsecretario General de Gobierno en el mandato de Ricardo Lagos, entre 2003 y 2005.
El abogado José Miguel Bulnes Concha, socio del estudio Vial y Cia. fue designado consejero del Servel en 2013. Es militante de Renovación Nacional y cercano a Carlos Larraín. Por otro lado, la ingeniera civil de la Universidad de Chile, Juanita Gana Quiroz (PPD), fue designada en 2017 luego de haber sido subsecretaria de Telecomunicaciones en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Cierra la lista de consejeros el sociólogo y cientista político Alfredo Joignant Rondón, del Partido Socialista, figura clave en la construcción del programa del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el cual integra el Consejo desde 2013.
Consejo Nacional de Televisión
Otro organismo público que ha sido objeto de fuerte cuoteo de sus integrantes durante la posdictadura ha sido el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), órgano encargado de velar por “el correcto funcionamiento de la televisión chilena a través de políticas institucionales”, como señala su sitio institucional.
El CNTV actualmente está compuesto por once consejeros, cuyo presidente debe ser nombrado directamente por el Presidente de la República, mientras que los otros diez son también designados por el Presidente pero con acuerdo del Senado.
La actual presidenta del CNTV es la ingeniera comercial Carolina Cuevas Merino -la cual obtiene un sueldo bruto de $6,5 millones brutos por esta función- militante fundadora de Renovación Nacional y designada por Piñera como subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género el 11 de marzo de 2018, cuando Piñera asumió su mandato presidencial. Durante dos meses incluso fue ministra subrogante de esa cartera en 2020, hasta que fue designada presidenta del CNTV por Piñera en reemplazo de la Evópoli y también ex ministra de Piñera, Catalina Parot.
La filiación política del resto de consejeros da cuenta de cómo se reparte la torta.
Por la derecha -lo que hoy es Chile Vamos- está Andrés Egaña Respaldiza, consejero del CNTV desde el 2011, que fue diputado por la UDI por dos periodos entre el 2002 y el 2010. Además Gastón Gómez Bernales, abogado cercano a Piñera, ex militante de Renovación Nacional, el cual además fue el constitucionalista que redactó el requerimiento ante el Tribunal Constitucional a nombre del gobierno de Piñera para detener el retiro del 10% de fondos de pensiones en abril de este año.
También es consejero el abogado Agustín Montt, hijo del ex alcalde de La Reina y militante de RN Luis Montt Dubournais; y también Roberto Guerrero Valenzuela, abogado corporativo que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y cercano al mundo de la derecha tradicional.
A ellos se suman María de los Ángeles Covarrubias cercana al mundo eclesiástico y Carolina Dell Oro Crespo, filósofa y docente de la Universidad Católica y la de Los Andes, la cual se ha desempeñado principalmente en el mundo empresarial. Ella reemplazó en 2018 al RN Hernán Viguera Figueroa.
Por la ex Concertación está Mabel Iturrieta Bascuñán, actual vicepresidenta del CNTV es consejera desde 2014. Cercana al Partido Radical, fue Seremi de Justicia por la región de Coquimbo durante el gobierno de Ricardo Lagos. Además está Genaro Arriagada Herrera, militante democratacristiano, ministro del ex presidente Frei Ruiz Tagle y jefe de campaña de Ricardo Lagos.
La lista la completan la abogada María Constanza Tobar, ex jefa de segundo piso del último gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Segura, profesor que se desempeñó como Seremi del Trabajo en el primer gobierno de Bachelet y también la actriz Esperanza Silva, fundadora de la Corporación de Actores de Chile, la cual contó con el apoyo del Partido Socialista, cuando entró en la corporación reemplazando al ex senador Jaime Gazmuri (PS).
Consejo Para la Transparencia
El CPLT, órgano autónomo creado en 2008 por la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, está encargado de “promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información”.
Está conformado por cuatro consejeros designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, los cuales también representan el equilibrio de fuerzas entre la Concertación y la derecha.
La cientista política Gloria de la Fuente es su presidenta, por cuya función percibe remuneraciones mensuales por $8,6 millones brutos. Militante del Partido Socialista, es consejera desde el 2017, y presidenta del Consejo desde octubre de 2020. En esa fecha dejó la presidencia de Fundación Chile 21, think tank ligado a la Concertación fundado en 1992 y presidido hasta el 2000 por el ex presidente Ricardo Lagos Escobar.
El mismo año que fue aprobada la designación de Gloria de la Fuente por el Senado, lo fue también la designación de Francisco Leturia Infante, ambas hechas por Michelle Bachelet. Abogado y académico de la Universidad Católica, Leturia pertenece a una familia de larga tradición UDI. Es el caso de su padre, Javier Leturia Mermod, uno de los fundadores del partido gremialista y amigo cercano de Jaime Guzmán. Además, el hermano de Francisco Leturia Infante, Cristóbal Leturia, es subsecretario de Obras Públicas en el actual gobierno de Sebastián Piñera. El entonces senador de la república, Hernán Larraín Fernández -hoy ministro de Justicia- valoró el nombramiento de ambos, tal como señala una publicación del sitio del Senado.
Los otros dos consejeros fueron nombrados recientemente, en octubre de 2020 por Sebastián Piñera. Se trata de Bernardo Navarrete, cientista político de la Usach vinculado a la Democracia Cristiana; y Natalia González (UDI), abogada de la Universidad Católica, ex asesora de Hacienda y Energía en el primer gobierno de Piñera y parte de Libertad y Desarrollo.
El nombramiento de Navarrete vino a llenar el cupo dejado por el anterior presidente del CPLT, Marcelo Drago, quien salió de la corporación entre numerosas polémicas. Sin embargo, el nombramiento de Natalia González fue el que generó mayores controversias, pues fue cuestionada por su poca expertise en materias de transparencia, además de haber trabajado para grandes empresas, lo que podría significar conflicto de intereses. Esto constó en una carta de la asociación de funcionarios del CPLT, según consigno un artículo de INTERFERENCIA. González habría sido puesta en ese cargo por intermediación de Cristian Larroulet, ideólogo de LyD y principal asesor del gobierno de Piñera.
Consejo de Defensa del Estado
El Consejo de Defensa del Estado es la institución fiscal que se encarga de defender los intereses del Estado frente a diversas situaciones legales. Su directorio está integrado por 12 abogados consejeros, designados por el presidente de la República, inamovibles en su cargo hasta cumplir los 75 años. Solo pueden ser removidos con acuerdo del Senado.
El presidente de turno, además, designa al presidente del CDE entre los 12 consejeros activos, cargo que dura tres años y que puede extenderse a 6 si se renueva. Cada consejero recibe un salario de 6 millones de pesos.
Debido a este sistema, es que finalmente la designación de cada consejero se transforma en un juego político, donde cada presidente, cuando tiene la oportunidad, trata de instalar a abogados que sean afines a sus ideas. De los 12 consejeros, el presidente y dos integrantes son más cercanos al gobierno, mientras que el resto de los 9 integrantes fueron designados durante gobiernos de la ex Concertación y la Nueva Mayoría.
El actual presidente del CDE es Juan Antonio Peribonio Poduje. Sebastián, por lo cual percibe remuneraciones por $11 millones. Pinera, en marzo de 2014, designó a Peribonio como consejero, cuando éste ejercía como Intendente de la Región Metropolitana. Es militante de Renovación Nacional y antes de ser consejero del CDE fue concejal de Las Condes, asesor jurídico de la Municipalidad de las Condes, director del Sernac, de 2010 a 2012, e Intendente entre 2012 y 2014. Desde 2018, realiza clases en la Universidad del Desarollo y la Universidad Católica. Fue designado por Piñera como presidente del CDE en abril del 2020.
Clara Szczaranski fue designada como consejera del CDE en 1994, y en 1996, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue nombrada presidenta de la entidad, cargo que ocupó hasta 2005. Fue militante comunista y exiliada en Italia, actualmente cercana a la ex Concertación.
Otra integrante ligada a la ex Concertación es la abogada Paulina Veloso, quien fue designada en 2005 como consejera del CDE. Militante del partido Socialista, entre 2005 y 2006 fue ministra secretaria general de la Presidencia, en el primer gobierno de Michelle Bachelet.
También del mismo sector político es el consejero del CDE, Carlos Mackenney Urzúa, quien fue subsecretario de Guerra en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle y de Marina en el gobierno de Ricardo Lagos. En octubre de 2005 Lagos lo designa consejero del CDE y el diciembre como presidente del CDE, hasta 2011.
Rodrigo Quintana Melendez, militante PS, fue designado consejero en 2006 por el gobierno de Bachelet, y entre sus antecedentes, está que en 2018 trabajó para la minera Barrick en apoyo al proyecto Pascua Lama.
María Inés Horvitz Lennon, abogada penalista independiente cercana a la ex Concertación, fue designada como consejera en 2006. Al año siguiente, Bachelet designó como consejera a Ana María Hubner Guzmán, también independiente, y en mayo del mismo año a Jaime Varela Aguirre.
El 9 de marzo de 2010, pocos días de dejar su cargo como presidenta, Bachelet designó como consejero a Daniel Martorell, abogado penalista y quien fue jefe de estudios del CDE antes de asumir como consejero. En marzo de 2017, en su segundo periodo, Bachelet nombra como consejero al académico y abogado Raúl Letelier.
En 2019 Piñera designó a Sebastián Soto Velasco, abogado constitucionalista y uno de los “discípulos” de Cristián Larroulet. Otro integrante afín al gobierno es el ex ministro de Defensa Alberto Espina, designado por Piñera en noviembre de 2020 como integrante del Consejo del CDE.
Televisión Nacional de Chile (TVN)
El directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) está compuesto por seis directores, un presidente del directorio, un representante de los trabajadores y el director ejecutivo, este último se encarga de administrar el canal. El presidente de República designa al presidente de la entidad de manera directa.
En 2019, Piñera designó como presidenta del directorio a Ana Holuigue, economista de Universidad Católica, también directora de ENAP, cercana a la derecha y quien ya integraba el directorio. Holuigue asumió tras la renuncia de Bruno Baranda como presidente, ex ministro de Desarrollo Social del primer mandato de Piñera.
El presidente designa, con aprobación del Senado, a los otros integrantes del directorio. El actual gobierno tiene en el directorio a la periodista, ex directora de La Segunda hasta 2011, Premio Nacional de Periodismo en 1993, Pilar Vergara; al abogado Gonzalo Cordero (UDI) y a Pauline Kantor (Evópoli), periodista y ex ministra del Deporte en el segundo mandato de Piñera.
Por parte de la Ex Concertación, está Adriana del Piano (PPD), quien fue ministra de Bienes Nacionales entre 1990 y 1994, Ministra Directora del Sernam entre 2000 y 2003, Intendenta Metropolitana entre 2007 y 2008, Ministra de Educación entre 2015 y 2018; y Nivia Palma, quien dirigió el Fondart, ex ministra de de Bienes Nacionales y ex directora de la Dibam, militante PS y actual jefa de campaña de Paula Narváez.
Comentarios
Buena y veraz información
Buen equilibrio de las elites
Periodismo libre e
Bien venido el periodismo
Excelente artículo ...pero
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