Desde marzo que el Consejo para la Transparencia (CPLT) funciona a media máquina, con un directorio de cuatro integrantes en que sólo hay tres miembros designados.

Entre enero y junio, la entidad se arriesgó a dejar de sesionar, ya que la consejera Natalia Gónzalez fue convocada como experta constitucional por la UDI. A ello se sumó que, en marzo, el gobierno de Gabriel Boric requirió a la entonces consejera, Gloria de la Fuente (PS), como subsecretaria de Relaciones Exteriores. Con ese panorama, se restaban dos consejeros a instancias que por ley se requieren al menos tres para sesionar.

El escenario más crítico llegará en diciembre, en vista que a la plaza disponible se suma la eventual salida del consejero, Francisco Leturia, quien finaliza su periodo iniciado en 2017.

Finalmente, González tuvo que compatibilizar sus labores en la Comisión Experta con el CPLT para que la administración y dirección del Consejo no se viera interrumpida.

Así han pasado ocho meses y el reemplazo de Gloria De la Fuente aún no se materializa, entrando en la larga lista de nombramientos pendientes del gobierno, en la que figuran los ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el escenario más crítico llegará en diciembre, en vista que a la plaza disponible se suma la eventual salida del consejero y ex presidente de la entidad, Francisco Leturia, quien finaliza su periodo iniciado en 2017.

Que el Consejo quede impedido de sesionar implica que no se podrán revisar las numerosas solicitudes de información pública realizadas por ciudadanos a través de la Ley de Transparencia, ni tampoco los amparos y reclamos de los solicitantes que no quedaron conformes con las respuestas de los organismos públicos a sus consultas.

De todas formas, en caso de necesidad, Leturia podría ser renovado en sus funciones por otros tres años si es que así lo dispone el Presidente Boric, quien por ley debe proponer los candidatos al Senado, donde deben obtener dos tercios de los votos a favor, mismos que ya obtuvo el consejero saliente.

No obstante, se trata de dos plazas que dependen de un acuerdo transversal y, por lo tanto, son de lenta designación y cuoteo político. En el caso de Leturia y De la Fuente, ambos fueron propuestos por la ex presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato, cumpliendo con los cupos de izquierda y derecha en el Consejo.

Contactamos con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), encargado de coordinar las propuestas del gobierno en el Congreso, para conocer el proceso de nuevas designaciones de consejeros y la celeridad que requiere teniendo en cuenta el escenario, sin embargo, no recibimos respuesta.

Por otra parte, fuentes del Senado comentaron a nuestra redacción que aún no se vislumbra el ingreso de estas designaciones clave para su discusión.

Teniendo en cuenta la proximidad del plebiscito constitucional y debilidad política del oficialismo en el Congreso -considerando las últimas dos derrotas electorales en el plebiscito de 2022 y la elección de consejeros-, es probable la cautela del gobierno se deba a la necesidad de negociar latamente los nombres a designar en cargos clave y evitar cualquier tipo de desastre en el Senado, como fueron los dilatados nombramientos de Fiscal Nacional y Defensor de la Niñez.