Sociedad
La historia incluye armas, un casino tragamonedas ilegal al amparo de un supuesto mall chino, un contacto de Whatsapp identificado como “segundo a cargo”; un celular brasileño, un hombre con acento mexicano y un paquete de ketamina que viajó por avión desde los Países Bajos.
En la indagatoria, el titular Centro Norte Xavier Armendáriz ya consiguió autorización judicial para obtener información georeferencial, mensajería de texto, entre otros, de tres teléfonos móviles de distintas compañías nacionales. El caso refiere a un plagio ocurrido en Ecuador, donde los secuestradores pedían 1 millón de dólares por no matar a la víctima.
El organismo constató irregularidades en un informe reservado. Más de 1.200 visitas al machi Celestino Cordova, lo mismo con ex agentes de la dictadura. Pérdida de sumarios. Falta de allanamientos, drogas sin cadena de custodia y abogados que ingresaron un mismo día a cárceles de distintas regiones del país.
La decisión -de tono inusual- consta en la toma de razón del organismo fiscalizador. En ella se apuntó a que la titular del ISP, Fresia Ferreccio, mantiene sociedades privadas, recordando su deber de abstención y dedicación exclusiva al cargo. La profesional, en todo caso, ya delegó en la jefatura jurídica cualquier decisión que la afecte.
Desde la institución, confirmaron a Interferencia que la afectación se generó debido a la migración de información de un sistema operativo a otro de una versión superior. Carabineros aclaró que el período de pérdida abarcó cinco meses y fuentes a las que accedió esta redacción señalan que habría comprendido los meses meses entre febrero y agosto de 2024.
Javier González Valencia está ligado, según las autoridades colombianas, al "Clan de los Úsuga" , una asociación criminal con sede en Cali, compuesta por ex guerrilleros. En Chile fue detenido por un accidente de tránsito en Antofagasta, pero se describió que lideraba un grupo delictivo de 12 connacionales, dedicados al secuestro, el narco, entre otros delitos, en la misma región del Norte Grande.
La solicitud fue enviada al organismo fiscalizador el pasado 7 de enero y firmada por el presidente de la instancia Stephan Schubert, ya que el secretario de Estado no ha concurrido a dos “invitaciones”. En todo caso, el jefe de gabinete de este último, envió a la instancia las disculpas del caso, cuyos argumentos, lejos de apagar la molestia de los parlamentarios, la encendió con más fuerza.
La empresa responsable del proyecto, Andes Iron, consideró que “lo resuelto por el Comité de Ministros violenta en forma y fondo la sentencia dictada el pasado 9 de diciembre por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, al ignorar sus directrices, además de contener vicios profundos”.
Luego de que se admitiera a trámite un recurso contra la Armada por una instalación que 'destacaba' el rol de la institución durante el Golpe, Interferencia consultó al organismo si este fue retirado y aseguraron que aquello se realizó en noviembre de 2024.
La auditoría también estableció atrasos en la entrega de estupefacientes decomisados por las policías. El Servicio de Salud solo los recibe de lunes a viernes en horario hábil y no existen fondos en el presupuesto 2025 para ampliar la recepción los fines de semana, entre otras irregularidades.
En la presentación, la compañía asegura que desde hace dos años la cartera –dirigida por Juan Carlos Muñoz– se ha negado a cancelar la acreencia. Argumenta que intentaron convocar a una mesa de negociación establecida en la ley para la “resolución de controversias”, sin éxito. La Corte acogió a tramitación el amparo y ordenó a la secretaría de Estado evacuar un informe donde explique su conducta.
Filtraciones y robo de computadores en el reactor nuclear de La Reina, una nueva causa por apremios ilegítimos en contra de Claudio Crespo, la detención y posterior libertad de una irlandesa que colaboró en la fuga del FPMR de la CAS, la responsabilidad de la embajada de EE.UU en la muerte de Gonzalo Lira y los ex DINA que cobran pensión estando prófugos, son algunos de los artículos clave fuera de los casos mediáticos de este 2024.
El magistrado de la Corte de Santiago Miguel Vásquez argumentó que alzar la reserva de los documentos, implicaba violar el secreto profesional que tiene el CDE con el fisco de Chile, al igual que un abogado con su cliente. La determinación se enmarca en la nulidad de derecho público interpuesta por el abogado de Yáñez, Jorge Martínez. La causa estuvo reservada durante cinco meses.
En estas fiestas, Interferencia republica cuatro artículos que abordan distintos aspectos de la conmemoración. Festejos alternativos, discrepancias en el nacimiento de Jesús y cómo la festividad pasó de ser una fiesta popular que se celebraba en las calles, a un evento familiar e íntimo, pero fuertemente basada en el consumo.
La destrucción del bosque nativo por los incendios, el rechazo a la creación de dos Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios (ECMPO) y el hundimiento en el Salar de Atacama donde operan las faenas de SQM y Albemarle, son algunos de los reportajes vinculados a la minería y a los océanos que marcaron la cobertura ambiental este año.
La ex Defensora Penal Pública logró que el titular del máximo tribunal, Ricardo Blanco, le otorgara de forma llamativa una audiencia que solo 48 horas después fue incluida en la agenda del jefe del Poder Judicial. Distintos abogados del foro reconocieron lo llamativo de la situación. Uno de ellos indicó que, a partir de ello, cualquier abogado lo puede “solicitar y que lo reciban”.
La reunión que se desarrolló este lunes por la mañana, permitió a Paula Vial que la Corte de San Miguel viera con preferencia un recurso de amparo. El encuentro que sostuvo el titular del Poder Judicial, Ricardo Blanco, no quedó en la agenda. La información fue confirmada en su totalidad por el máximo tribunal.
La información consta en el informe evacuado por la institución al recurso de protección interpuesto por la afectada en la Corte de Apelaciones de Santiago. La FACh argumentó que la mujer de carrera meteórica y altas calificaciones, no enfrentó discriminación. Sin embargo, aseguró que el acta de la junta de oficiales donde le rebajaron la nota sin expresión de causa tiene carácter secreto.
Luego de que el Ministerio Público no lograra acreditar que el infante Ricardo Seguel fuera el de los disparos que acabaron con la vida de Yordan Llempi, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete absolvió al acusado de homicidio.
Tras el cierre de la librería Escorpión Azul y la liquidación de la misma, circularon memes y mensajes que apuntaban a uno de los socios, Guido Arroyo, de haber estafado a personas del campo editorial independiente chileno: problemas en sociedades, derechos de autor impagos, publicar libros sin otorgar contratos de edición y cerrar fondos sin haberlos realizado.
Mauricio Mazza enfrenta una sanción penal de 6 años, impuesta por un tribunal del crimen y confirmada por la Suprema el 7 de noviembre de 2023. De acuerdo a un informe de la PDI, viajó al país vecino al día siguiente para evitar la orden de detención. El sujeto blanqueó capitales al traficante Fabio Ochoa Vásquez, uno de los socios de Pablo Escobar.
El ex carabinero —acusado también de cegar a G. Gatica— fue formalizado por disparar al ingeniero M.Z, quien volvía a su casa del trabajo durante el estallido social. Mediante documentos policiales, fiscalía habría establecido que Crespo estuvo en el lugar y hora del ataque, corroborando que nadie más de la cuadrilla a su mando percutó disparos.
El Ministerio Público explicó que no pudo reunir pruebas suficientes para acusar a García-Huidobro de un ataque incendiario en Carahue debido al desistimiento de un testigo. Sin embargo, hace dos meses, la propia fiscalía estuvo de acuerdo con sacarlo de prisión luego de que su defensa presentara antecedentes que demostraban su no participación en el delito.
Mangione dejó un breve escrito donde se refiere a sus razones para matar a B. Thompson, gerente de la aseguradora y prestadora de servicios de salud. “Estos [indescifrable] se han vuelto demasiado poderosos y continúan abusando de nuestro país para obtener enormes beneficios porque el público les ha permitido salirse con la suya”, explica.
La decisión fue adoptada por el fiscal oriente contra el crimen organizado, Miguel Ángel Orellana. La determinación es la resultante del informe de Contraloría revelado ayer por Interferencia que estableció el extravió de 179 ampollas del opioide y otras 79 de morfina en dependencias de la policía uniformada.
Amos Goldberg, historiador y académico israelí, publicó una carta en abril donde asegura que a esa altura de las operaciones de su país en Gaza se estaba cometiendo un genocidio en contra del pueblo palestino. En octubre, en una crítica entrevista con Le Monde, ratificó sus dichos: “Lo que pasa en Gaza es genocidio, porque Gaza ya no existe”.
Días después del encuentro entre el director Cárdenas y FR Group, Dipreca les envió cifras de un seguro complementario de salud vigente con el banco BCI, sin que exista licitación abierta o contrato con la empresa. “Exigimos cumplir con protección de datos y con procesos reglados para la contratación de seguros”, indicó la asociación de funcionarios Anfudip.
El organismo de control estableció la pérdida de 179 ampollas del opioide con que el crimen organizado transnacional produce millones de dólares a nivel mundial. Solo a modo de comparación, en dos recientes operaciones de la fiscalía, en Santiago, se incautaron 140 unidades de esta droga de alta adicción. Su consumo en Chile, de acuerdo al Ministerio Público, ha ido en aumento.
La diligencia surgió por la denuncia de una subordinada del abogado Enrique Aldunate, quien representa al diputado Daniel Manouchehri (PS) en la causa contra el abogado Luis Hermosilla. La pesquisa se enmarca dentro de una investigación por revelación de secreto.
La decisión fue adoptada por un ministro de fuero del tribunal de alzada capitalino y permitirá al jefe de la Unidad de Investigación del organismo, Andrés Montes, acceder al contenido de los teléfonos incautados. Además, alzar el secreto bancario sobre una empresa de Topelber. Todo en el marco de una investigación secreta por entrega de información falsa al mercado que inició la CMF en noviembre pasado.
