Claudio Crespo, el ex teniente coronel de Carabineros investigado por el ataque que dejó ciego a Gustavo Gatica, redobló su apuesta judicial contra la senadora Fabiola Campillai, luego de que en febrero la Corte Suprema fallara a su favor, ordenando a la parlamentaria a borrar sus publicaciones en redes sociales en las que apuntaba a los contratos que una empresa de la familia del ex funcionario tenía con el Estado. (Lea el caso de FullClean aquí).

Basándose en la sentencia del máximo tribunal, el ex carabinero -que arriesga hasta 12 años de cárcel de hallarse culpable en el crimen contra Gatica- interpuso una querella por injurias y calumnias contra la senadora Campillai, acusando que las mismas publicaciones ya borradas afectan su honra.

En el escrito, el abogado de Crespo, Maximiliano Lobos, solicita una indemnización por $600 millones. Esto, considerando daño emergente ($150 millones), lucro cesante ($200 millones) y daño moral ($250 millones, por “humillación pública, afectación a la honra, amenazas”, entre otros).

Asimismo, Crespo solicitó la pena máxima contra Campillai por calumnias, es decir 3 años de cárcel y una multa de 20 UF, e injurias, otros 3 años y una multa de 15 UF.

Sin embargo, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella, señalando que las publicaciones de la senadora se constituyeron como críticas a un representante del Estado, dada la calidad de funcionario de Carabineros. Por lo que, los derechos al honor de Crespo debían ser amparados “sólo por la vía ordinaria civil más no por el derecho penal”.

El ex carabinero apeló la sentencia del tribunal el pasado 1° de julio, pasando a la tabla de la Corte de Santiago que revisará la admisibilidad de la querella.

El pasado 13 de junio, Evelyn Matthei visitó Concepción en el marco de su campaña presidencial. Y pese a que dicha visita no tuvo mayor trascendencia a nivel nacional, un dato que pasó desapercibido es que estuvo acompañada por Claudio Eguiluz (RN), uno de los pocos políticos condenados por el caso SQM.

Aunque prefiere ser recordado como uno de los gestores de la primera campaña presidencial de Sebastián Piñera, Claudio Eguiluz es más conocido por ser condenado a 800 días de pena remitida por delitos tributarios en 2017. La sentencia fue ratificada por la Corte Suprema en 2018, confirmando que el militante RN emitió boletas falsas por más de $465 millones en favor de SQM.

Sin embargo, en Renovación Nacional y en el comando de Evelyn Matthei parecen haber optado por obviar dicha sanción. En 2019, Eguiluz volvió a RN como presidente de la tienda en el Biobío. Hoy, con la campaña lanzada, escaló hasta ser uno de los principales recolectores de firmas y promotores de la ex alcaldesa de Providencia en el partido.

Por su parte, Matthei se mantiene cercana a Eguiluz, quien no esconde sus vínculos con la candidata. Ese 13 de junio posteó en su perfil de Instagram una foto junto a la candidata: “!!! EL EQUIPO RN !!! Excelente jornada con nuestra candidata presidencial Evelyn Matthei. Tremendo apoyo y mucho cariño de la gente”. Incluso, en su cuenta de Twitter, figura con una reciente foto de perfil con Matthei.

Las Juventudes Comunistas de la Universidad Central denunciaron a través de un comunicado público que la institución "está censurando el debate de ideas e incurriendo en prácticas antidemocráticas", luego de que se negara la realización de un conversatorio con la ex ministra y actual candidata presidencial Jeannette Jara (PC) en el marco de las primarias presidenciales. 

Según detallan en el escrito, el evento estaba programado para el 10 de junio, pero fue suspendido por razones que definen como "subterfugios y argumentos profundamente pueriles", como la falta de salas disponibles.   

Por esta razón la la actividad fue reprogramada para el 24 de junio, aunque advierten que no tienen certeza de que esta se concrete ya que acusan un "patrón" por parte de la casa de estudios para evitar la realización del acto. 

También destacan en el comunicado que Jara es parte de la comunidad universitaria, ya que egresó de la carrera de Derecho en la institución y posteriormente ejerció como profesora en la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones. 

El 29 de mayo la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM) dio a conocer su nuevo directorio, encabezado por la ex constituyente Bárbara Sepúlveda Hales (PC) como presidenta.

La elección se decidió por 54 votos contra 53. La lista A, perdedora en el proceso, acudió al Primer Tribunal Electoral (TER) para reclamar la nulidad de la elección. Entre otros hechos, denuncian la exclusión de 6 socias y la inclusión de otras inhabilitadas.

“La conformación del padrón electoral no es baladí, dado que la diferencia entre una y otra lista fue de un voto y que el escrutinio aún cuando se haya hecho por una plataforma digital segura, no se realizó de forma pública”, apunta la reclamación suscrita por las candidatas Natalia Bravo Peña, Claudia Salinas y Constanza Núñez, y la presidenta saliente de ABOFEM, Andrea Bluck.

En general, las abogadas apuntan a que “la organización carece de una regulación completa y coherente”. Al respecto, el escrito asegura que en marzo la dirección ejecutiva propuso enmendar dichos vacíos, sin embargo “dicha propuesta fue cuestionada por varias socias, quienes manifestaron que no era necesario modificar el Estatuto vigente”.

Así también, denuncian que la Comisión Electoral “modificó unilateralmente el calendario electoral”, omitió “la difusión de una actividad relevante” respecto a las campañas y que actuó “como juez y parte” en la impugnación interna de la elección.

En esta línea, señalan que si bien el directorio resolvió no proclamar como ganadora a la lista de Sepúlveda, “no obstante, la proclamación se hizo de todas maneras”.

En enero, el alcalde de Huechuraba, Max Luksic, clausuró temporalmente las operaciones de Helipuerto Santiago SpA, por incumplimientos en las patentes municipales. El recinto es propiedad del director de Codelco, Alfredo Moreno y del ex ministro de Piñera, Félix de Vicente, y ha sido utilizado por poderosos empresarios, como la tía del edil, Paola Luksic Fontbona, así como para el combate de incendios.

La fiscalización no era baladí: se enmarca en una larga disputa judicial con los vecinos de las poblaciones adyacentes, quienes han denunciado ruidos molestos y afectaciones a su salud física y mental.

En respuesta, la empresa interpuso un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando que debido a la clausura “merma su patrimonio y su derecho a realizar actividades económicas”.

Sin embargo, a fines de abril un doble fallo de la Corte Suprema anuló la extensión del permiso de edificación provisorio otorgado por la Dirección de Obras Municipales de Huechuraba al helipuerto.

Tras el mazazo, Helipuerto Santiago SpA decidió retirar el reclamo de ilegalidad interpuesto contra la clausura decretada por Luksic, con ello cerrando otra arista del caso.

Esto sigue la línea de las declaraciones de Félix de Vicente tras el fallo de la Suprema, cuando aseguró que junto a sus socios decidieron no continuar con la operación del helipuerto.

Lee todos los artículos del caso Helipuerto VIP aquí.

A raíz del artículo publicado por Interferencia que consignó que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional no había publicado sus estados financieros desde el año 2020, esta redacción consultó a la División Jurídica del Ministerio de Justicia que fiscaliza a estas corporaciones privadas, confirmó a esta redacción que desde dicho año la asociación no ha entregado sus informes financieros al Estado. 

"Revisados los procedimientos de fiscalización en curso y consultada la unidad de registro, no se han adjuntado estados financieros parte de la ANFP desde el año 2020, fecha en que se adjuntó el último –año 2020-", afirmaron desde la entidad. 

Respecto a una posible irregularidad por parte del organismo que preside Pablo Milad indicaron que: "No existe irregularidad al respecto, en la medida que den cumplimiento a las normas estatutarias", esto en referencia a los estatutos de la ANFP. 

El presidente de Renovación Nacional y senador, Rodrigo Galilea, actualizó su Declaración de Intereses y Patrimonio para incluir una sociedad en Panamá que había omitido y que Interferencia dio a conocer a principios de marzo.

En el artículo Vientos del Sur II: la S.A. en Panamá que el senador Galilea no declaró ante Contraloría, se informó de las sociedades constituidas por la familia Galilea Vial en el país centroamericano. Si bien el senador RN declaró una sociedad llamada Vientos del Sur S.A., omitió su filial, la que preside desde septiembre de 2021.

Para dicho artículo, el equipo de abogados de Galilea aseguró a nuestro medio que la constitución de dichas sociedades corresponden a negocios inmobiliarios truncos en Panamá. “Por esta última razón, esas sociedades no tuvieron ningún movimiento, y de acuerdo a lo informado por el equipo de abogados, se encuentran actualmente en estado de disolución”. 

En esta línea, afirmaron que “dicha sociedad no fue incluida en la declaración, para añadirla este mes, aunque prontamente se encontrarán disueltas”.

Finalmente, el pasado 31 de marzo, el senador Galilea declaró ante Contraloría a la sociedad panameña. Así también admitió participar en otras S.A. en Panamá descrita en el artículo: Inversiones Galilea PM S.A. e Inmobiliaria Galilea S.A.

Hace unas tres semanas se realizó una reunión informal y confidencial entre representantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo era evaluar cuán amenazados están los programas de financiamiento, análisis y de apoyo técnico de ambas instituciones respecto de América Latina bajo el gobierno de Donald Trump.

El estado de ánimo era sombrío. “Todos sentimos que tenemos la espada de Damocles levitando sobre nuestras cabezas”, afirmó uno de los participantes a Interferencia.

Según diversas fuentes de ambos organismos, internamente se están reduciendo o eliminando los programas considerados ‘woke’; es decir, los que tienen un énfasis excesivo en temas de minorías sociales o de lenguaje inclusivo. 

Un alto funcionario del BID señala que al interior del banco internacional existe un departamento conformado por al menos 30 personas que se encarga de que cada proyecto y publicación contenga una perspectiva ‘políticamente correcta’. “Me parece muy bien tener conciencia de incorporar las sensibilidades de minorías históricamente marginadas”, afirma. 

“El problema es que en los últimos años se han vuelto más una policía moral”, remata este miembro del BID, que ha sido y es un votante histórico del Partido Demócrata de Estados Unidos.

La situación en el BID es particularmente frágil. 

A fines de enero de este año Trump nombró a Mauricio Claver-Carone como su enviado especial para América Latina. Claver-Carone fue presidente del BID entre 2020 y 2022, y fue forzado a renunciar por un supuesto romance con una subordinada en ese banco.

En una reciente conversación con el periodista Andrés Oppenheimer del Miami Herald, Claver-Carone aseguró que el BID “es un cuento”. Según él, la mayoría de los funcionarios del mayor banco regional del hemisferio trabajan ahí para beneficiarse de visas y los buenos salarios y pensiones, en vez de ayudar de verdad a la región. “¿Cuál es su impacto y qué significa ‘desarrollo’ en estos días?”, se preguntó en esa entrevista. “Tenemos que reevaluar el significado de desarrollo”, le dijo a Oppenheimer.

Con todo, hay organizaciones regionales que podrían beneficiarse de un eventual retiro de Estados Unidos. Entre éstas está el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), conocida anteriormente como la Corporación Andina de Fomento, que está conformado por 19 países de la región más España y Portugal, además de 13 bancos privados. 

Un director de esa entidad asegura que, en caso de que Washington reduzca su participación en el BID y los programas de América Latina del Banco Mundial, la CAF está preparada para liderar el financiamiento de grandes proyectos estratégicos de la región. “Pasaríamos a ser un sistema latinoamericano, en vez de interamericano”, asegura esta persona.

Tras reunirse con los sindicatos de Falabella, Ripley y París, el cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, emitió un comunicado en contra la decisión del retail de abrir sus tiendas en Viernes Santo.

El cardenal pidió a las empresas involucradas reconsiderar la “decisión y mantengan sus puertas cerradas ese día, permitiendo así que miles de familias puedan vivir una bendecida Semana Santa”. En esta línea, Chomalí apuntó a que “el beneficio económico de un día será a costa de una pérdida significativa de cohesión social, de valores compartidos que son fuente de unidad y fraternidad”.

El pronunciamiento se enmarca en la nueva estrategia comunicacional del arzobispo con que busca que la Iglesia Católica vuelva a incidir en el debate y políticas públicas. Tales han sido los casos en que Chomalí se ha expresado contra el aborto, la eutanasia y la presentación del cantante nacional Dani Ride en la competencia del Festival de Viña del Mar 2025.

El pasado 22 de febrero, Elon Musk, multimillonario y alto funcionario de Gobierno de Donald Trump, arremetió por segunda vez en contra del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, por la muerte del periodista chileno-estadounidense, Gonzalo Lira. A través de un comentario en X, red social de la que es dueño, el magnate escribió que: "Zelenski no debería haber asesinado a un periodista estadounidense. Ni siquiera entendía por qué eso era malo". 

La declaración de Musk se suma a un mensaje del 19 de febrero en el que afirmó: "¡Zelenski mató a una periodista estadounidense!". Ambos pronunciamientos, además, se dan en un contexto en el que Trump ha criticado a Zelenski por la guerra en Ucrania incluso tildándolo de "dictador" y acusando a Ucrania de haber iniciado la guerra tras la anexión de Crimen en 2014. 

Lo particular de este caso vino desde la cuenta oficial de X de la Embajada Rusia en Chile que, en respuesta al mensaje de Musk, declaró: "Recordemos que el periodista Gonzalo Lira quien fue asesinado en la cárcel del servicio secreto de Ucrania era ciudadano de Chile. Con mucha valentía contaba la verdad sobre la guerra desatada contra Rusia desde el golpe de estado en Kiev el 22 de febrero de 2014".

"Fue entonces cuando Occidente instaló un régimen títere nazi que comenzó la guerra contra su propia población destruyendo la integridad territorial del país. Valdría la pena inaugurar un premio con el nombre de Gonzalo Lira - mártir de la lucha por la libertad de expresión", agregó la entidad rusa en su escrito. 

Treinta kilos de filete, comidas fuera de horario, desaparición de verdura, uso de las instalaciones para cocinar brazos de reina destinados a una pyme, es lo que contiene una investigación que supera las 200 fojas, realizada por la Fiscalía de Aviación en el Club de Oficiales Quinchamalí, perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile (FACH).

De acuerdo al expediente al que accedió Interferencia, todo comenzó con la denuncia de la chef a cargo, quien detectó cómo se perdían alimentos desde la bodega en forma recurrente.

Por esta razón, a principios de 2023, se inició una indagatoria interna por posibles delitos contra la probidad administrativa.

De los diversos testigos e inculpados que declararon ante la autoridad, se desprende que la situación era conocida hace varios años, pero como no se afectaba mayormente el stock, se cuadraban las existencias.

Dentro de los testimonios está el de un suboficial mayor a quien el fiscal de aviación le preguntó dónde trabajaba antes de llegar al Club de Oficiales. Y respondió que en la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA). Allí laboraba, dijo, como “especialista en inteligencia”.

En su declaración reconoció que en el Quinchamalí la tónica eran las “malas prácticas”; que un coronel y un comandante a cargo del recinto conocían de los robos y siempre hicieron vista gorda pese a que les informó en distintas oportunidades.

Explicó que gracias a las cámaras de seguridad se detectó una que otra situación que derivó en el despido de un civil.

El uniformado mantenía una red de contactos internos en el recinto que se le acercaban -dijo- para contarle de los robos de alimentos.

“A mí me llegan los comentarios porque las personas se sentían en confianza (...) por el área de la que yo venía, por eso me enteraba de cosas”, dijo.

Atendido a que los posibles ilícitos no tienen el carácter militar, la Fiscalía de Aviación se declaró incompetente y envió hace pocas semanas el expediente al Ministerio Público, que se hará cargo del caso. 

La empresa Natural Phone presentó su primera encuesta presidencial del año 2025, en la cual 7.427 habitantes de la Región Metropolitana indicaron a quién les gustaría ver en La Moneda para el próximo mandato.

El primer lugar, tal como se ha visto en otras mediciones, se lo llevó la representante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evelyn Matthei Fornet, con un 28,29% de las preferencias, seguida en segundo lugar por la ex presidenta Michelle Bachelet Jeria, quien obtuvo un 13,00%.

La sorpresa se dio en el tercer lugar, donde por primera vez el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen, superó al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast Rist, con un 12,79% versus un 11,51% de quien quedó en el cuarto puesto.

Otra de las novedades se dio en la centro izquierda, dado que Marco Enríquez-Ominami Gumucio, independiente, irrumpió en el quinto lugar con un 9,20%, siendo así el segundo mejor posicionado en el sector.

En relación a esto, en sexto y séptimo lugar se encuentran la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo Dowling –actualmente en prenatal– y la titular de Interior, Carolina Tohá Morales, con un 5,73%  y un 5,09%, respectivamente. 

Al fondo figuran el ex alcalde de La Florida, Rodolfo Carter Fernández (2,36%), Franco Parisi Fernández (1,90%) y el militante del Partido Radical, José Antonio Gómez (0,40%).

En tanto, un 9,82% de los consultados señalaron no saber por quién votar.

Tuvo repercusiones el artículo publicado por Interferencia “Ex productor ejecutivo de La Red pide el embargo de La Red” el martes pasado. Un día después, la causa caratulada “Parra/Compañía Chilena de Televisión” tuvo una respuesta extemporánea por parte de la defensa del canal privado cuando el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago recibió con dos días de atraso (tenía hasta el sábado 4 de enero para argumentar el recurso de reposición presentado por el abogado del ex trabajador) la argumentación que sostiene en términos generales que es el CNTV el único ente autorizado para embargar una concesión televisiva.

El escrito presentado por el abogado Álvaro Gallegos del exclusivo bufete “Arthur, Humeres, Mejía & Toloza Abogados”, quizás el más importante en derecho laboral, y que cuenta entre sus socios a Francisco, Juan y Guillermo Arthur, este último ex ministro del Trabajo de la dictadura, también ex presidente del gremio de las AFP (1999-2014) y uno de los fundadores de la UDI.

En el sitio web del estudio jurídico destaca también al abogado Héctor Humeres Noguer, quien fue director ejecutivo del entonces canal 11 de televisión de la Universidad de Chile, también durante la dictadura militar, además de asesor de la Asociación Gremial de Administradores de Fondos de Pensiones y actual representante de la Universidad de Chile en el directorio de Azul Azul.

Abogados de la plaza estiman que los contratos como los que realiza el exclusivo bufete con La Red -con representación en decenas de litigios con ex trabajadores- que comenzó en 2023 podría estar entre los $10 y $15 millones mensuales, lo que podría equivaler, luego de dos años de contrato, en por lo menos 250 millones de pesos anuales. La pregunta que muchos ex trabajadores se hacen es: La Red dice que no tiene plata para pagarnos, ¿pero le paga millones a un bufete de abogados para no cumplir sus acuerdos laborales?

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) quedó fuera del caso de corrupción militar por la compra de un avión Cessna para el Ejército que sustancia la ministra en visita civil de la Corte Marcial, Ana María Osorio Astorga. El aparato formalmente costó nueve millones 300 mil dólares y -de acuerdo al proceso- se habrían pagado casi un millón de la moneda estadounidense como sobreprecio.

Se trata de una de las tantas aristas donde están acusados ocho ex militares por delitos de fraude al fisco y falsificación de administración militar.

Los hechos quedaron refrendados en la resolución adoptada por la magistrada este 14 de noviembre y que publica Interferencia. En el documento, se establece que el CDE no adhirió a la acusación, debido a que incumplió el plazo legal.

El documento procesal fue notificado a los abogados de los ex funcionarios castrenses el pasado 18 de octubre y -específicamente- el 22 de octubre al CDE.

En la resolución dictada por Osorio Astorga, invocó el artículo 425 del Código de Procedimiento Penal, donde se establece el “plazo fatal” para cumplir con la formalidad que el CDE incumplió.

Distintas fuentes que tuvieron acceso al dictamen explicaron que los tiempos están correctamente calculados y agrega un problema para el fisco: revocar la decisión en la Corte Marcial tiene un alto nivel de fracaso; no solo en la parte penal, sino también en la civil para recuperar dinero para el fisco. 

Lo anterior, porque en el antiguo sistema de persecución penal de los delitos, la instancia de la acusación criminal es donde se deben presentar las acciones civiles.

Distintas fuentes del CDE consultadas por este medio reconocieron que se trata de una situación “grave” en materia de tramitación de un caso de alta relevancia e indicaron que el inicio de un sumario administrativo es solo cosa de tiempo.

Los militares acusados son los siguientes: Francisco Rossi, Claudio Fuentealba, Orlando López, Iván González, Alex Guzmán,Cristian Salgado, Alberto Elías, y Luis Reyes Álvarez.

El titular del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, Paulo Orozco, rechazó una solicitud clave de la Fiscalía Centro Norte, con miras a desarticular a una organización criminal ramificada en Santiago y regiones con el allanamiento de 11 domicilios. Básicamente, el magistrado estimó que después de 6 meses de ocurrido el hecho no hacía pertinente otorgar la autorización, ya que varias identidades de los imputados aparecieron del análisis de fotografías en un funeral de alto riesgo.

La indagatoria en cuestión comenzó hace poco más de seis meses y consta de fotografías, relaciones entre imputados, tráfico de drogas y armas, de acuerdo a la información levantada por la unidad de Focos Barrios Investigados, luego de un funeral de alto riesgo.

De acuerdo al documento que Interferencia se reserva publicar, el fiscal a cargo, entre otros antecedentes, escribió: “la situación que afecta barrios pertenecientes a diversas comunas de la Región Metropolitana en las cuales se detectan altos niveles de violencia efectuada en contexto de tráfico de drogas, lo que potencia un proceso paulatino de declive urbano deteriorando la calidad de vida de sus habitantes y dificultando el desarrollo de actividades productivas y comerciales en estos sectores”.

Varios de los investigados cuentan con antecedentes por tráfico de drogas (en un caso más de un kilo de cocaína) y en las imágenes constan vehículos de alta gama, pistolas, donde un centenar de personas lanzan fuegos artificiales a discreción.

“De conceder la autorización”, dijo el fiscal,  “las especies que serán buscadas y eventualmente incautadas son: drogas y los elementos necesarios para dosificarlas y comercializarlas, dineros provenientes de la comisión de ese delito, teléfonos celulares u otros artefactos computarizados o dispositivos móviles tales como tabletas u otros, estos últimos, pues este tipo de delitos, por los miembros de la cadena de distribución por lo que su análisis es relevante para poder determinar la identidad de todas las personas que participan del ilícito investigado, armas de fuego, sus partes, piezas, dispositivo y municiones, que normalmente son utilizadas para la protección de dichas sustancias (...)”.

Pese a las 55 fojas explicativas del persecutor penal, el magistrado escribió hace poco más de quince días:  “(...) habiendo transcurrido casi seis meses en relación a las imágenes del denominado funeral de alto riesgo, no se advierte de que manera la larga data de esos hechos podría requerir la necesidad de una autorización judicial tan intensa, como las que se solicitan, si en entender de esta magistratura, al día de hoy el Ministerio Público, no justifica ningún delito concreto del que existan indicios de actual persecución”.

En la zona del Maule Sur se estima que la derecha tiene mayor presencia y posibilidades de ganar o mantener sus municipios. Sin embargo, hay peleas que se darán, casi como un deja vu, como ocurre en Parral. Allí, un candidato que en 2021 fue como independiente, estuvo a punto de destronar a la UDI, y hoy va por lista PPD. Rodrigo Esteban Castro Sepúlveda es médico, pero hasta ahora no ha logrado aprobar el examen que todos los facultativos en Chile deben rendir para entonces trabajar en los centros asistenciales públicos de diversa categoría. Este doctor pasó el primero por secretaría, y después no ha logrado cumplir con el estándar. Eso no ha sido obstáculo, hasta ahora, para trabajar en servicios de salud municipales de la zona.

Castro Sepúlveda es oriundo de la ciudad de Parral, en la Región del Maule. Estudió la enseñanza básica en los colegios Providencia y Pablo Neruda de esa ciudad, y terminó la media en Concepción. Posteriormente, estudió medicina en Ecuador. Allí es donde entendió "la importancia de hacer una medicina más cercana y humana”, según ha dicho en los medios locales durante esta campaña para llegar a la alcaldía de la ciudad maulina.  

El punto es que este médico, que ha trabajado en servicios de salud municipal, tanto de Parral como Linares, ha reprobado 13 veces el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, EUNACOM, que es una prueba teórico y práctica de medicina general, y que todos los egresados de las escuelas de medicina chilenas, así como los médicos titulados en el extranjero, deben rendir y aprobar si quieren ejercer en hospitales y consultorios en nuestro país. 

Castro Sepúlveda se tituló en el 2010 en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi, Ecuador, y reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 23 de agosto de 2011, según certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. 

La información oficial entregada por EUNACOM a Interferencia señala que, “de acuerdo con la normativa vigente, el título del Dr. Castro es reconocido por el Estado de Chile y le permite ejercer en el país al igual que cualquier titulado en Chile. Sin embargo, tanto los titulados en Chile como los médicos titulados en Ecuador y reconocidos por nuestro país, deben aprobar el EUNACOM para poder ser contratados en Hospitales Públicos o consultorios municipales”.

El doctor Castro “ha rendido en 12 oportunidades la sección teórica del EUNACOM, entre diciembre de 2012 y julio de 2024, reprobando en todas las ocasiones. La única ocasión en que fue aprobado lo fue por decreto ministerial en el contexto de una filtración de preguntas ocurrida en 2012. Dicho decreto le daba un plazo de un año para aprobar la sección práctica el EUNACOM, que rindió en la Universidad Finis Terrae en octubre 2013, reprobando también”, señalaron a Interferencia desde la dirección nacional de EUNACOM. 

Como se aclara desde la entidad encargada de este examen médico nacional, el ahora candidato a alcalde por Parral en 2012 tuvo la oportunidad de aprobar el examen teórico ya que, por la filtración de las respuestas, el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, decidió que se aprobara a todos los médicos por un año. Fue cuando a Rodrigo Castro tuvo que dar el examen práctico, el cual reprobó. “En suma, ha reprobado, trece veces: un examen práctico y doce teóricos”, afirman desde EUNACOM. 

En definitiva, se exige este examen para trabajar en un hospital público, en un consultorio municipal, para entrar a un programa de especialización en alguna universidad, y también para atender por FONASA. Sin aprobarlo, pueden tener consulta privada y trabajar en atenciones domiciliarias. 

Sus contratos en salud municipal

Hasta principios de 2024, Rodrigo Castro Sepúlveda aparecía contratado en el servicio de urgencias del Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) de la ciudad de Linares, también en la región del Maule, según se informa en la página de transparencia de ese municipio, donde el alcalde RN, Mario Meza (recientemente formalizado por delito de fraude al fisco) le dio trabajo a pesar de no contar con EUNACOM. Para esto se utilizó el permiso que se otorgó en el gobierno de Sebastián Piñera de contratar a médicos extranjeros o con títulos extranjeros para colaborar en la emergencia sanitaria producto de la pandemia por Covid. 

El hecho es que “se acabó el decreto de emergencia hace un tiempo y en Linares lo mantuvieron con el contrato vigente porque es cercano al alcalde RN”, señala una fuente que conoce del caso. 

Previo a ello, Castro trabajó en el Departamento de Salud Municipal de la ciudad de Parral. En el documento de Remuneraciones de ese estamento en 2015, aparece contratado como médico general, de manera indefinida y como personal de planta, con fecha de inicio el 07 de noviembre de 2011. 

También se encontró un contrato del 26 de enero 2012, ratificando su puesto cuando se permitió a los médicos trabajar un año sin EUNACOM. El doctor Castro se mantuvo trabajando en Salud Municipal de Parral hasta que fue despedido por la alcaldesa Paula Retamal, en agosto de 2018. 

Cercano a RN, pero va en lista PPD

En la comuna donde Rodrigo Castro busca ser alcalde, es de público conocimiento que es cercano a Renovación Nacional. De hecho, en las elecciones de 2021 había pedido ser candidato de esa tienda de Chile Vamos, sin embargo, en esa oportunidad se optó por apoyar a Juan Carlos Benavente para alcalde, un antiguo militante y concejal de RN durante 12 años. 

Esa negativa para ser ungido molestó a Castro y decidió ir como independiente, obteniendo 4.729 votos, muy cerca de los 5.144 que otorgaron la reelección a la alcaldesa Paula Retamal, la misma que lo despidió del servicio de salud municipal en 2018. 

Quizás debido a esa alta votación —y el susto que pasó la derecha en esta localidad— la sorpresa es que en esta elección Rodrigo Castro va por un cupo del PPD, tienda política de la otra vereda que vio en esta alianza una oportunidad para alcanzar el sillón edilicio parralino. 

Pero, más allá del resultado en las votaciones, Castro probablemente deberá aclarar por qué, entre 2022 y 2024, habría otorgado 24 licencias médicas a su cónyuge Soraya Azucena Vera Almeida, quien trabaja en el CESFAM de Parral, y “es la funcionaria histórica con más licencias médicas presentadas en el servicio, con 39 licencias presentadas en estos tres años”, denuncian desde el sector salud. De hecho, la dentista de profesión actualmente se encuentra con licencia y supuesto reposo en domicilio, pero se la ha visto haciendo campaña junto a su marido.

En junio de este año, Interferencia reveló que Francisco ‘Pancho’ Orrego (RN), candidato a gobernador por la Región Metropolitana y panelista del programa Sin Filtros, había sido contratado por $2,2 millones mensuales por la Municipalidad de La Florida para redactar informes de actualidad. Entre sus tareas, el abogado redactó al municipio de Rodolfo Carter minutas sobre Bukele en El Salvador; antecedentes judiciales de la formalización del ahora ex director de Carabineros, Ricardo Yáñez; y una biografía de Héctor Llaitul, entre otros. 

Esta redacción accedió a los informes que entregó Orrego en mayo y los publicó en un reportaje titulado Estas son las 20 páginas de informes de actualidad por las que ‘Pancho’ Orrego cobró $2,2 millones a La Florida; detectando que el contenido de estos era fácilmente accesible mediante la lectura de prensa o resúmenes legislativos. 

La contratación del candidato a gobernador RN fue denunciada ante la Contraloría General de la República, entidad que estimó que los servicios prestados por Orrego, es decir, “la elaboración de minutas de análisis de contingencia política”, no corresponden “a las finalidades del municipio”. La entidad de control, decidió oficiar al alcalde Carter, ordenando regularizar la situación en un plazo de cinco días en un documento emitido el 27 de agosto de 2024.

Al día de hoy y a un día de la elección de gobernador, Orrego aún no reintegra el dinero a las arcas municipales. Desde La Florida explicaron a Interferencia que el propio Francisco Orrego ingresó una solicitud de reposición de los fondos, la cual fue aceptada por el municipio, entidad que debió ingresar entonces una solicitud de reposición a la Contraloría General de la República para dar curso administrativo al reintegro. 

Quienes conocen el proceso en la entidad de control explicaron a esta redacción que aquella solicitud de reposición fue ingresada con documentación incompleta, por lo cual no pudo tramitarse inmediatamente. En su lugar, la CGR debió oficiar de vuelta a La Florida para que envíen todos los antecedentes correspondientes para, luego de esto, dar inicio al proceso de reposición de fondos. 

Este medio intentó tomar contacto vía WhatsApp y llamada telefónica con Francisco Orrego, sin recibir respuesta al cierre de esta edición.

En una reciente encuesta de Feedback, realizada en conjunto con el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, se consultó a 820 personas de la Región de Antofagasta entre el 20 de agosto y el 11 de septiembre sobre temas como la percepción económica, los problemas locales, la delincuencia, el temor e inseguridad, la participación ciudadana, el sistema electoral y las preferencias de cara a las próximas elecciones.

Ante la pregunta cerrada "Si la elección presidencial fuera el próximo mes, ¿por cuál de los siguientes candidatos probables votaría usted?", un 18% de los encuestados se inclinó por José Antonio Kast, un 17% por Michelle Bachelet y un 12% por Evelyn Matthei.

En cuarto lugar aparece Franco Parisi con un 6% de las preferencias, seguido por Marco Enríquez-Ominami con un 4%. Carolina Tohá, Camila Vallejo y Tomás Vodanovic obtienen cada uno un 2%, mientras que Johannes Kaiser y Rodolfo Carter cierran la lista con un 1% cada uno.

Por otro lado, un 17% de los encuestados manifestó que no votaría por ninguno de los candidatos, mientras que los votos nulos y blancos suman un 12%, y un 6% declaró no saber o no responder.

En una estrecha votación, de 10 votos contra 9, el Pleno de la Corte de Santiago resolvió no aplicar una sanción disciplinaria o a la magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carla Capello, quien fue sindicada por transeúntes en la zona de Chicureo que apropiarse de piedras -hasta ese momento- de carácter ornamental.

De acuerdo a la resolución publicada por T13  el ampliado del estimó que el comportamiento de la magistrada “no comporta una falta o infracción”. De esta manera, el caso fue archivado.

En los descargos enviados por Capello al tribunal de alzada capitalino, explicó desconocer que se trataba de piedras ligadas a la Municipalidad de Colina y que apenas se enteró del hecho, pidió las disculpas respectivas a la sede comunal.

De acuerdo al dictamen revelado por el medio, Capello explicó que recogió “unas piedras en la vía pública con el fin de construir un altar en conmemoración de su mascota recientemente fallecida, acción que realizó a plena luz del día, sin ocultamiento y que en ningún momento consideró que las referidas piedras fueran ornamentales”. En el mismo documento se asevera que devolvió las piedras.

Sin embargo, la autoridad judicial aprovechó la oportunidad de advertir a Capello lo siguiente: A pesar del archivo de la causa, en la resolución se dejó consignado un llamado de atención para la magistrada: “Implicó una actuación de la jueza señora Capello Valle que no se condice con el modelo de conducta que se espera que desempeñe una magistrada, lo que debe ser representado”.

Ministerio Público: funcionarios rechazan invitación del fiscal nacional y acusan daño de imagen por caso audio

El Directorio de la Federación Nacional del Ministerio Público que incluye a los funcionarios, rechazaron la invitación que les formuló el fiscal nacional, Ángel Valencia, para celebrar el aniversario de la institución.

Si bien valoraron la ceremonia, apuntaron -sin mencionarlo- a hechos vinculados al caso audios, donde han aparecido fiscales en ejercicio o ex perseguidores, lo que hace inviable su participación.

De un breve comunicado -se colige-  apuntan a  una reciente revelación hecha por Valencia, quien reconoció una reunión, una vez asumido el cargo, con el abogado Luis Hermosilla y el ex titular de Interior, Andrés Chadwick.

“Como representantes de los trabajadores y trabajadoras creemos que las confianzas en las instituciones y en quienes las dirigen, es esencial para la existencia de una sana democracia, por lo que la sana aparición de irregularidades de cualquier tipo, pone en riesgo no solo la imagen de la fiscalía, sino también el acceso a la justicia para los ciudadanos”

El cuestionado proceso de licitación pública para reposición de las luminarias en distintos barrios de la comuna ascendería a casi 5 mil millones de pesos. La empresa SINEC, quien habría ganado la convocatoria, incumplió en la presentación de antecedentes técnicos claves que podrían afectar directamente en la calidad de vida y seguridad de los habitantes del sector. 

Una nueva alerta se encendió en la Municipalidad de Maipú a propósito de la reciente adjudicación del proceso licitatorio correspondiente a la reposición de alumbrado público en distintos sectores de la comuna. Esto, dado que la empresa ganadora del concurso público habría incumplido en la entrega de certificaciones. 

La empresa SINEC, adjudicante del proceso, no habría proporcionado los Ensayos de Resistencia al Impacto y Hermeticidad para los dos tipos de luminarias presentes en su oferta, lo que podría ocasionar complejos problemas en los niveles de iluminación respecto al porcentaje o cantidad de luz que cae sobre la calzada, además de eventuales desprendimientos de las luminarias, lo que afectaría a los parámetros de seguridad vial y de calidad de vida de los maipucinos.  

La oferta de SINEC asciende a la suma de $4.971.849.363, representando un 42% por sobre el presupuesto de la licitación. En tanto, las empresas que quedaron en segundo y tercer lugar, cumpliendo con las bases y requerimientos técnicos, representaban un 39% y 38% respectivamente. En el informe final de adjudicación, la Municipalidad de Maipú solo detalló que la empresa oferente ganadora fue la más económica y que los otros 5 oferentes cumplieron los requisitos, lo que daría a entender que el único criterio predominante fue el económico, dejando fuera otras variables tales como metodología, calidad técnica, consideraciones medioambientales o eficiencia energética. 

El resto de los empresas oferentes fueron Insprotel, Equans, Clever Group, Maselec y Schreder, quienes sí habrían presentado los ensayos para cada modelo de luminarias. Esta situación rememora el icónico Caso Luces LED o Caso Luminarias – en donde la empresa ITELECOM logró adjudicarse contratos irregulares en 22 municipios a lo largo del país – ocasionado, entre otros motivos, por la ausencia de orientaciones y normas desde el ministerio de Energía para regular las licitaciones del alumbrado público en Chile.

La Fiscal Regional De Valparaíso, Claudia Perivancic, solicitó a los tribunales de Talca, todos los audios de una causa por abuso sexual, en la que se investiga a su homónino Julio Contardo, por presuntos delitos de corrupción funcionaria, como también a un fiscal adjunto.

El caso se inició por una querella interpuesta por el abogado Fernando Leal, luego de supuestas irregularidades en la tramitación del caso, donde se habrían obviado evidencias obtenidas en la investigación. Pese a lo anterior, el Ministerio Público de la zona, decidió no perseverar en la indagatoria.

De acuerdo a la acción legal, el fiscal adjunto a cargo de la investigación, Pedro Salgado, no accedió a la incautación de equipos computaciones y teléfonos celulares de los investigados, pese a que la menor que sufrió violencia sexual -de acuerdo a distintas pericias-  "develó a su psicóloga tratante que su padre la hacía ver imágenes de pornografía infantil”.

Jorkenidy Torres Marchan está formalizado por el secuestro de un empresario en Rancagua y cumple prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).

Se trata de un interno de alta peligrosidad y, en ese contexto, amenazó de muerte tanto a un capitán como a un cabo de Gendarmería 

Al primero le indicó: “No le tienes amor a tu señora e hija, los voy a matar a todos en la calle”.

En la misma línea, el imputado hizo lo propio con un cabo de la misma CAS: “Te voy a mandar a matar afuera en la calle maldito mamahuevo, ya te conozco la cara”.

De acuerdo a los documentos a los que accedió Interferencia, los hechos fueron denunciados por el Servicio de Prisiones ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Este último, se declaró incompetente, debido a que el principio de ejecución

Desde al menos 2021 varios servicios de inteligencia extranjeros han observado los vínculos que algunos miembros de la comunidad palestina en Chile podrían tener con grupos palestinos más extremistas. Esto debido al aumento de la presencia de iraníes en territorio nacional, y sospechas de que miembros de Hamas habrían estado en Chile pocos meses antes del ataque a Israel el 7 de octubre de 2023.

En un giro inesperado, el caso Audios-Hermosilla ha intensificado este monitoreo. Los nombres del presidente de la comunidad palestina, Maurice Khamis, y de su hijo Javier Khamis han despertado el interés de estas agencias, y no precisamente por su millonaria contribución a la última campaña presidencial de Sebastián Piñera que salió a luz en este caso.

Según fuentes del Departamento de Estado de Washington, estos y otros miembros de la comunidad chilena-palestina estarían siendo indagados por eventuales lazos financieros con grupos palestinos más extremos. Esto incluso podría llevar a revisar las actividades del Grupo Patio, que tiene una amplia cartera de proyectos e inversiones en Estados Unidos. ¿Por qué? Javier Khamis es presidente del directorio de la exclusiva cadena de ‘wellness’ Youtopia, propiedad de los ex fundadores del Grupo Patio. Khamis está casado con Claudia Lería, hijastra de Paola Luksic, hermana de Andrónico. Claudia es hija de un matrimonio anterior del magnate inmobiliario Óscar Lería, esposo de Paola Luksic. Óscar Lería fue el cerebro de la compra de las acciones de los hermanos Jalaff del Grupo Patio por la mitad de su valor. 

Según fuentes del Departamento del Tesoro norteamericano, los protagonistas del caso Hermosilla que puedan estar relacionados con actividades financieras en apoyo de grupos extremistas pro palestinos, podrían entrar en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés), dependiente de ese ministerio. Con ello, como mínimo, les serían revocadas sus visas para Estados Unidos, tal como le sucedió al ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes, a mediados de 2022. Cartes era desde 2013 socio de Andrónico Luksic en el negocio de los bebestibles en ese país. Tras las sanciones, la CCU del Grupo Luksic terminó en 2023 la relación con la firma del ex presidente.

La lista de empresarios y familias chilenas de renombre que están siendo monitoreados por Washington, que quiere establecer si se usaron o no bancos de ese país y de Chile para apoyar financieramente a grupos palestinos extremos, no solamente incluiría a palestinos chilenos, sino también a miembros de la comunidad siria y libanesa en nuestro país.

Hay que recordar que las autoridades estadounidenses han observado siempre de cerca los vínculos financieros que puedan emanar desde Chile. Un ejemplo: antes de que el fiscal argentino Alberto Nisman apareciera muerto en Buenos Aires en enero de 2015, envió a distintos países de Sudamérica un informe que superaba las 500 páginas. Uno de sus capítulos se refería a Chile, donde se estableció que algunos diplomáticos iraníes que vivían en suelo nacional, estuvieron vinculados al atentado de la AMIA, ocurrido en la capital vecina en 1994.

Seis cargos por maltrato laboral a funcionarios formuló la fiscal judicial Javiera González a la jueza civil (suplente) Paulina Valenzuela.

En el documento de 128 páginas al que accedió Interferencia, González acreditó durante la indagatoria disciplinaria, la magistrada profería “expresiones pública y repetidamente acerca de la baja calidad del trabajo de los funcionarios”

Entre algunos dichos “denigrantes”, escribió la fiscal judicial, eran: “al que no le gusta se puede ir” y “si no das el ancho”, entre otros.

Tampoco escuchaba los reclamos de los afectados y reteniendo “el despacho (de escritos) asignado (al) funcionario durante su licencia médica, provocando “un entorpecimiento laboral” de forma injustificada poniendo en peligro “el empleo” del denunciante.

Y agrega sobre la jueza: “Provocar, con cada una de estas actuaciones, menoscabo en los funcionarios componentes de la planta del 7° juzgado civil de Santiago, además de degradar el clima laboral, obstaculizando el

cumplimiento del cometido del tribunal”.

Si bien durante la indagatoria administrativa la aludida negó los hechos en su totalidad, la fiscal judicial estimó que la denuncias “han sido suficientemente probadas, encontrándose la gran mayoría de los funcionarios concordantes en sostener la existencia de tales inconductas” que la sindican “como autora de acoso y/o maltrato laboral”

La propuesta -ya sea para confirmar los cargos o bien descartarlos- será analizada este 26 de septiembre desde las 8.30, donde el abogado de la mencionada, Hernán Bosselin Correa, alegará ante el ampliado de ministros.

Seis cargos por maltrato laboral a funcionarios formuló la fiscal judicial Javiera González a la jueza civil (suplente) Paulina Valenzuela.

En el documento de 128 páginas al que accedió Interferencia, González acreditó durante la indagatoria disciplinaria, la magistrada profería “expresiones pública y repetidamente acerca de la baja calidad del trabajo de los funcionarios”

Entre algunos dichos “denigrantes”, escribió la fiscal judicial, eran: “al que no le gusta se puede ir” y “si no das el ancho”, entre otros.

Tampoco escuchaba los reclamos de los afectados y reteniendo “el despacho (de escritos) asignado (al) funcionario durante su licencia médica, provocando “un entorpecimiento laboral” de forma injustificada poniendo en peligro “el empleo” del denunciante.

Y agrega sobre la jueza: “Provocar, con cada una de estas actuaciones, menoscabo en los funcionarios componentes de la planta del 7° juzgado civil de Santiago, además de degradar el clima laboral, obstaculizando el

cumplimiento del cometido del tribunal”.

Si bien durante la indagatoria administrativa la aludida negó los hechos en su totalidad, la fiscal judicial estimó que la denuncias “han sido suficientemente probadas, encontrándose la gran mayoría de los funcionarios concordantes en sostener la existencia de tales inconductas” que la sindican “como autora de acoso y/o maltrato laboral”

La propuesta -ya sea para confirmar los cargos o bien descartarlos- será analizada este 26 de septiembre desde las 8.30, donde el abogado de la mencionada, Hernán Bosselin Correa, alegará ante el ampliado de ministros.

“Hoy, regresando a mi casa, pasé por Plaza Baquedano, me bajé un par de minutos a saludar a un grupo de Carabineros y Militares que ayudaban a dirigir el tránsito, me saqué una foto y continué mi camino”, explicó el ex presidente Sebastián Piñera en abril de 2020. En plena pandemia y con el país en cuarentena total, el entonces mandatario decidió fotografiarse en el lugar emblema del estallido social, un espacio al que hubiese sido imposible que asistiera meses atrás, previo a las estrictas medidas sanitarias que el gobierno debió imponer. 

Las críticas llegaron instantáneamente, incluso escapando la frontera chilena. The New York Times publicó una nota titulada El Presidente de Chile desata indignación con visita a la plaza de protestas. Esa misma nota fue enviada vía WhatsApp por el empresario Antonio Jalaff a Luis Hermosilla. El abogado no estaba contento.

“Es un pelotudo!!” exclamó Hermosilla. Jalaff estuvo de acuerdo, respondiendo “un verdadero imbécil”. "Se pasó!!", volvió a indicar el abogado y en ese entonces asesor de La Moneda. 

La Corte de Apelaciones de Santiago dirimió la contienda de competencia trabada entre el Séptimo y Cuarto Juzgado de Garantía, respectivamente, en el marco de una querella por tráfico de influencias que incluye a un supremo, presentada por la diputada independiente Camila Musante.

De acuerdo a la resolución a la que accedió Interferencia, el principio de ejecución del delito se ubica en la comuna de Santiago (donde está el palacio de tribunales), por lo tanto la jurisdicción pertenece al séptimo tribunal aludido.

Hay que recordar que la acción legal apunta además al delito de negociación incompatible y si bien es cierto no es de carácter nominal, menciona al ministro de la Suprema Jean Pierre Matus y sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla -formalizado por delitos de soborno, lavado de activo e ilícitos tributarios) en el marco del caso audios.

Al mismo tiempo, apunta al contenido del teléfono del ex ministro de la Corte de Santiago Juan Poblete, formalizado y en prisión preventiva en el caso Operación W, donde se estableció que la inteligencia militar espiaba a periodistas,

En el aparato analizado por la Fiscalía Centro Norte, fueron descubiertos mensajes de whatsapp, donde el ex magistrado operaba políticamente para conseguir el nombramiento de María Teresa Letelier en el máximo tribunal, hecho que finalmente ocurrió.

Pues bien, ahora el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago deberá verificar si la querella de Musante cumple con los requisitos básicos de un libelo y resolver si la acoge o bien la rechaza.

Si finalmente se declara inadmisible, la resolución puede ser apelada al tribunal de alzada capitalino.

Este artículo contiene una rectificación en los términos en que se indican al final del mismo, respecto de su original, y una carta bajo derecho a réplica con los descargos de la ministra Bárbara Quintana Letelier.

La Moneda nombró, previa elección del Ministerio de Justicia, al ministro de la Corte de Concepción Juan Ángel Muñoz López, como nuevo integrante del tribunal de alzada de San Miguel.

De esta manera, la secretaría de Estado optó por designar a quien tenía menor cantidad de votos, pero mejor nota, en la terna conformada por la Corte Suprema a fines de mayo.

Fuentes judiciales explicaron a Interferencia que la determinación implica una señal de la cartera, ya que se prefirió la carrera funcionaria (antigüedad) y la meritocracia, por sobre los tradicionales amiguismos que operan en la judicatura.

Hay que recordar que el trío de jueces que integraban la lista era precisamente Muñoz con dos votos, ubicado en el puesto 9 de los participantes.

Le seguían la ministra de la Corte de Rancagua, Bárbara Quintana Letelier con 9 votos, ubicada en el lugar 34. Esta última es hija de la suprema María Teresa Letelier, quien aparece en los chats del ex ministro Juan Poblete, hoy en prisión preventiva en el caso Operación Topógrafo por espionaje a periodistas.

En la aplicación de mensajería, este último realiza gestiones con el ex ministro de Defensa Mario Desbordes, para que Letelier fuera nombrada en el cargo, lo que efectivamente ocurrió.

Por último, estaba el magistrado del Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago, Mauricio Olave, con cuatro votos y ubicado en el lugar 50.

Hace algunas semanas, Olave fue sobreseído en una investigación por presuntos delitos de corrupción judicial que sustanció el Ministerio Público por más de cinco años. En dicha indagatoria, Olave fue indagado por el ilícito de denuncia calumniosa.

Nota de la redacción:

Esta nota fue actualizada a las 16.34 del 14 de agosto del corriente, atendido el derecho a réplica de la magistrada Quintana Letelier, quien -entre otras consideraciones- precisó que su ubicación en el listado de oponentes era 34 y no 56, como equivocadamente apareció en la versión original del artículo.  

Esta es su comunicación completa:

Sr. Director:

El día de ayer su medio publica una noticia indicando que la cartera de Justicia habría querido dar una señal de meritocracia designando, en una terna de la cual yo formaba parte, a quien finalmente resultó electo.

El artículo busca instalar lo que constituye un error a mi juicio, primero porque los tres candidatos teníamos méritos suficientes, en mi caso particular, fui la mejor egresada del Programa de Formación para jueces que curse en su oportunidad, soy profesora de la cátedra de derecho penal hace más de veinte años, cuento con un magister en derecho penal y curso actualmente el segundo en materia de género, dos diplomados y un postítulo en el área en que me desempeño.

Tampoco es efectivo que ocupe el lugar 56 de un listado de 62 oponentes, como afirma su inserto, sino el 34, ubicación que por lo demás, no da cuenta del mérito de los participantes sino más bien de su antigüedad, cuestión que se produjo cuando a mediados del año 2023 el Consejo de la CAPJ eliminó las calificaciones obtenidas en los programas de formación y habilitantes que imparte la Academia Judicial dentro de los criterios que se aplicaban para asignar puntaje a los candidatos y que me dejaban en la quinta posición del listado, debido precisamente, a las calificaciones que he obtenido en cada uno de ellos.

Me considero una mujer de derecho y por lo mismo creo de manera irrestricta en la libertad de prensa y en el derecho a informar, pero no puedo permitir que en el ejercicio de aquella se vulneren derechos como la honra, en este caso particular la mía, en especial porque tengo un compromiso con la verdad y la justicia que no estoy dispuesta a quebrantar ni en perjuicio de terceros ni mucho menos de mí.

Bárbara Quintana Letelier

Una “papa caliente”. Así la definen en los pasillos de tribunales

la querella interpuesta por la diputada independiente Camila Musante, por el delito de tráfico de influencias, que vincula a ministros de la Suprema. Todo, en el marco del caso audios donde aparece el abogado Luis Hermosilla y la llamada operación topógrafo, donde se acreditó el espionaje militar a periodistas que contó con la ayuda de un ex ministro de la Corte de Santiago, responsable de autorizar las medidas intrusivas  en el marco de la Ley de Inteligencia.

La acción legal incluye a los magistrados Jean Pierre Matus,  Ángela Vivanco y al ex ministro de Defensa Mario Desbordes.

Hay que recordar que el libelo -revelado por Interferencia- ingresó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago  la última semana de julio y la resolución demoró más de lo habitual. 

Aunque estaba dentro de las posibilidades, el tribunal en cuestión se declaró incompetente y argumentó que los hechos denunciados tenían como principio de ejecución del delito otra jurisdicción. En este caso, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resuelve acciones legales en las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea.

El tribunal aludido analizó los hechos y resolvió de la misma forma. En suma, la querella quedó en una suerte de limbo jurídico. 

Sin embargo, en materia procesal será la Corte de Apelaciones capitalina la que resolverá la llamada “contienda de competencia” y ordenará qué juzgado debe analizar el libelo. Hecho eso, un juez de garantía tendrá la misión ya sea de acogerla o bien declararla inadmisible.

Interferencia requirió una versión de la diputada Musante, quien apuntó a la necesidad de que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias.

“Es fundamental que la justicia resuelva y lo haga a la brevedad porque acá están pagando muchos justos por pecadores; ministros y jueces que son probos, que son cumplidores de la ley frente a aquellos que han estado utilizando sus cargos de mala manera”, indicó.

Musante añadió que algunos magistrados “han sido objeto de injerencias y presiones externas y que no han resguardado la independencia del Poder Judicial”.

“Acá queremos garantizar a Chile que la justicia es ciega, que falla a favor de los intereses de los ciudadanos y no de lo que diga el abogado Hermosilla o cualquiera de sus otros representantes”, concluyó.

El ex presidente de la ANFP, Sergio Jadue, quien reside desde 2015 en Estado Unidos no concurrió a prestar declaración como testigo, en un juicio de familia que se ventila en el Juzgado de Familia de Quillota, donde el ex dirigente es hijo ilustre.

El caso, dijeron fuentes del tribunal, refiere a una solicitud de salida del país de su actual pareja, quien busca conseguir la autorización -pese a que su ex marido se opone- para asentarse con sus hijos en Miami. La causa se encuentra abierta.

Hay que recordar que el ex titular de la ANFP abandonó repentinamente el país con destino al país del norte en 2015, a poco de que el FBI desactivara una red de corrupción en la Conmebol por millones de dólares en coimas, para que empresas privadas se quedaran con los derechos de la Copa América desde ese año hasta 2023.

De acuerdo a una publicación de CIPER Chile, Jadue recibió un soborno superior a los US$2 millones, por lo que negoció con el FBI para evitar la acción de la justicia estadounidense en su contra.

Existe preocupación en el Ministerio Público por el aumento del tráfico de migrantes chinos que ingresan por pasos no habilitados, principalmente en el paso fronterizo que une a Chile con Bolivia.

De hecho, esta semana, dos ciudadanos de ese país presentaron una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por el delito de tráfico de migrantes ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, patrocinados por el abogado Fernando Suau.

El relato de los asiáticos es el mismo que se repite en varias investigaciones que lleva la Fiscalía Centro Norte tanto por el mencionado delito, como también por la trata de personas con fines de explotación sexual.

De acuerdo con la acción legal a la que accedió Interferencia, las víctimas hicieron contacto con la red en China, donde los operadores -previo pago de US$8.000-, los condujeron vía aérea hasta Países Bajos y luego hasta Bolivia.

En esa nación debieron residir en una casa al menos por quince días para luego ingresar a pie por el desierto a través de un paso no habilitado.

Actualmente, el Ministerio Público mencionado instruye al menos tres investigaciones por el ilícito que se enmarca dentro de las acciones que lleva adelante el crimen organizado, donde se han incautado incluso armas, municiones, droga y vínculos con venezolanos y colombianos.

La situación, comentaron fuentes del organismo, se instala como una nueva asociatividad criminal, donde convergen distintas mafias extranjeras que operan en suelo nacional.

En todo caso, estas indagatorias no son las únicas. La Fiscalía Sur sustancia otras dos por narcotráfico, sumada a una tercera a cargo del organismo en la Región de O’Higgins, todas ligadas a la organización criminal Bang de Fujian.

El problema que enfrenta la autoridad es la barrera del idioma, junto a un comportamiento discreto que los miembros de la asociación delictiva transnacional.

El Séptimo Juzgado de Garantía decretó la reserva de la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por el delito de tráfico de influencias, a raíz de los whatsapp donde conversan el ex ministro de Defensa y el exministro Jun Antonio Poblete para lograr nombramiento de la suprema, María Teresa Letelier.

Lo anterior fue conocido a raíz de una reportaje de Ciper Chile, en el caso que sustancia la Fiscalía Centro Norte por las interceptaciones telefónicas irregulares realizadas por inteligencia del Ejército a distintos periodistas y militares. En esa indagatoria tanto Poblete como el ex jefe del espionaje militar están imputados de 12 delitos de interceptación ilícita de comunicaciones y siete por falsificación de instrumento público y se mantienen prisión preventiva.

La decisión del tribunal, comentaron fuentes judiciales, es que el libelo podría afectar a la jerarquía, la imagen del tercer poder del Estado y los antecedentes o resoluciones que emanen de la tramitación de la causa solo deben ser conocidos por las partes.

El libelo del INDH se suma al presentado la semana pasada por el periodista Mauricio Weibel -una de las víctimas de la operaciones Topógrafo y  W-, también por tráfico de influencias y violación de secreto.

Este artículo tiene una rectificación posterior a la publicación original, en los términos que se señala al final del mismo.

El pleno de la Corte Suprema conformó -el 27 de mayo- la terna que busca llenar el cupo para ministro en la Corte de San Miguel.

En el listado incluyó por segunda vez al juez oral Mauricio Olave -y ex presidente de la Asociación Nacional de Magistrados-, quien enfrenta la imputación de su colega Vania Boutaud por “denuncia calumniosa” en el marco de un caso de corrupción judicial.

La decisión del máximo tribunal, además, saltó por encima de otros “oponentes” con mayor puntaje, según la nómina enviada por la Corporación de Asistencia Judicial al presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, a principios de marzo. En ese listado, Olave se encuentra en el lugar 50, de acuerdo con los documentos a los que accedió Interferencia.

La terna en cuestión quedó compuesta -además de Olave- por Juan Ángel Muñoz de la Corte de Concepción y su colega de Rancagua, Bárbara Quintana, ubicados en el 9 y 34 de la lista, respectivamente.

En la votación, Quintana obtuvo 9 votos, Olave 4 preferencias y Muñoz 2.

La situación derivó en que al menos dos postulantes interpusieran un reclamo ante el ampliado, dando cuenta de la anomalía y alegando discriminación pese a tener mejores calificaciones que Olave. La presentación, por cierto, fue declarada inadmisible por unanimidad.

Olave fue investigado por el Ministerio Público, en una indagatoria aún abierta por prevaricación y denuncia calumniosa, presentada por una de sus colegas, alegando que junto a un ex presidente de la gremial que agrupa a los magistrados, usaron el sistema judicial para perjudicarla.

La indagatoria ha pasado por tres fiscales regionales. La última es Claudia Perivancich, de Valparaíso, donde Olave nunca fue citado a declarar, pese a que tiene la calidad de imputado por el delito de denuncia calumniosa, de acuerdo con un documento enviado por ese Ministerio Público al 7º Juzgado de Garantía de Santiago.

En abril de 2023, Olave también fue elegido por el máximo tribunal para integrar el tribunal de alzada capitalino, junto a otros dos candidatos. El Ministerio de Justicia, que debe resolver la terna, demoró más de seis meses en tomar una decisión, y las redes de Olave realizaron un intenso lobby.

De forma coincidente, Perivancich resolvió el sobreseimiento de la causa, sin informar a la víctima ni realizar una serie de diligencias solicitadas por esta última.

El cierre del caso aún está pendiente, ya que la denunciante solicitó la reapertura de la investigación.

Nota de la Redacción: El magistrado Mauricio Olave solicitó la rectificación de la información contenida en este Secreto a Voces, indicando que nunca ha sido investigado por corrupción en el ejercicio de sus funciones como juez, sino que por el delito de denuncia calumniosa, en un caso en que hubo otros imputados por prevaricación.

Para sustentar lo anterior, Olave envió un documento de la Fiscalía Regional de Valparaíso, donde se indica que el juez no está acusado de prevaricación, sino de denuncia calumniosa, solicitando que se precise esta información.

De esta forma, el cuerpo del texto fue modificado con fecha de hoy, atendido que el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento de la investigación en su contra por ese ilícito.

El abogado Juan Pablo Hermosilla se ha destacado por defender a víctimas de abuso sexual, incluso siendo parte de la Fundación para la Confianza, que acompaña a víctimas de este tipo de delitos.

Por eso llamó la atención en círculos de abogados un caso en el que Hermosilla defendió a un agresor sexual y cuya sentencia se supo el 29 de agosto de 2023.

Un hombre de iniciales C.T. abusó en tres oportunidades de una familiar suya menor de edad. El caso se judicializó y fue Hermosilla quien asumió la defensa de C.T., que finalmente fue condenado “en su calidad de autor del delito de abuso sexual reiterado a mayor de 14 años”.

Según conocedores del caso, el abogado habría puesto ciertas condiciones para asumir la defensa de C.T. "Su estrategia fue siempre reconocer plenamente la culpabilidad de su cliente y jamás trató de empañar el proceso", dice una fuente al tanto de la causa.

Interferencia se contactó con Juan Pablo Hermosilla para consultarle si es que veía una contradicción entre su trabajo en la Fundación para la Confianza y este tipo de casos, sin que fuera posible obtener una respuesta de su parte.

La condena en contra de C.T. fue a cuatro años de presidio menor en su grado máximo, que cumple bajo el régimen de libertad vigilada intensiva. Además se le condenó “a la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad".

En este juicio, la contraparte fue el abogado Carlos Cortés, quien actualmente –junto a su estudio– tiene a cargo la defensa del actor Cristián Campos ante la querella por abuso sexual que presentó Raffaella Di Girolamo, siendo representada por el mismo Juan Pablo Hermosilla.

Según información solicitada por Interferencia al Instituto Nacional de Estadística, desde enero hasta abril un total de 37.293 trabajadores han ingresado como parte del proyecto Censo de Población y vivienda bajo la figura de contrata y honorarios. 

A su vez, para el mismo período, se ha registrado un egreso total de 5.958 trabajadores concentrados principalmente en los meses de marzo y abril con 3.508 y 2.331 egresos, lapso que coincide con el inicio del proceso del Censo 2024. 

Con todo, desde enero se registra un porcentaje de deserción laboral correspondiente al 16% de los trabajadores, pero que solo considerando el trabajo de campo para los meses de marzo y abril alcanza el 15%. 

Fue una revisión de rutina de Gendarmería en la zona donde reside Edwards Nava Navarro, el jefe narco de la banda transnacional venezolana Tren de Aragua.

Luego de revisar, los funcionarios del servicio de prisiones, descubrieron que el sujeto mantenía dos botellas de 3 litros cada una, las que contenían alcohol que elaboraba con residuos de fruta.

Por esta razón fue sancionado con la privación de recibir visitas durante ocho días.

En todo caso no es la primera que Nava Navarro fabrica ese tipo de bebidas. En diciembre pasado, los vigilantes descubrieron lo propio, oportunidad donde también fue castigado.

El sujeto se encuentra formalizado por delitos de tráfico de drogas por la fiscalía de Iquique, en su calidad de jefe de plaza en la Región Metropolitana. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público era el brazo derecho de Larry Álvarez Núñez, alias Larry Changa, uno de los principales líderes de la organización. 

Larry Changa estuvo en Chile entre 2016 hasta 2022 en Chile y hasta ahora su paradero es desconocido.

La fiscalía de San Antonio formalizará al ex gerente de La Polar (hoy fusionada con el otrora ABC-Din) Manuel Severin Larraín, por el delito de contrabando ante el tribunal de garantía de esa ciudad.

La decisión adoptada por el organismo también se apoya en una querella interpuesta por el Servicio Nacional de Aduanas, que da cuenta del ingreso de ropa Tommy Hillfiger falsificada por un valor superior a los $100 millones.

De acuerdo a los antecedentes obtenidos por Interferencia, la fecha de la imputación de cargo quedó para el próximo 31 de mayo.

No es la primera vez que la ex compañía La Polar está en problemas aduaneros ni de mercancías falsificadas.

a fines de 2022 el mismo organismo fiscalizador presentó un libelo por la internación de 18.557 polerones Adidas falsificados. No fueron los únicos, se descubrieron otros 17 mil por la misma razón.

De hecho, también enfrenta acciones legales interpuestas por Under Armour y Forus, patrocinante en Chile de la primera compañía que se tramitan en el Ministerio Público de Valparaíso.

En su oportunidad, La Polar aseguró que las prendas eran originales y que las adquirió en empresas extranjeras acreditadas para la venta de estas marcas.

Luego del homicidio de tres carabineros en la Región del Bío Bío, quienes antes de morir fueron baleados y luego quemados, derivó en que a través de aplicaciones de mensajería circularan los sentimientos propios de una situación de sangre.

Sin embargo, desde ocurrido el fallecimiento, una carta recorre los whatsapp de los funcionarios verde oliva y ha tomado vuelo. Este es el texto al que accedió Interferencia.

"En la institución de Carabineros, donde el lema 'SIEMPRE VIVEN, LOS QUE POR LA PATRIA MUEREN' cobra un significado profundo, surge una pregunta crucial: ¿Qué considera la patria por sus Carabineros?

Como Oficial de Carabineros en servicio activo, enfrento diariamente el desafío de motivar a mis colegas para que salgan a brindar seguridad en nuestras calles y poblaciones. 

Sin embargo, este deber se torna cada vez más difícil cuando en tan solo un mes hemos perdido a 4 compañeros. En una institución donde el bono riesgo, destinado a aquellos que exponen sus vidas en el cumplimiento del deber, no solo se encuentra pendiente desde enero, sino que tampoco se extiende a todos los miembros. 

La ausencia de pago por horas extras y el incumplimiento del Bono Trimestral prometido el año pasado son realidades que impactan directamente en la moral y el bienestar de nuestros Carabineros.

¿Cómo podemos motivarnos en estas circunstancias? ¿Cómo podemos esperar brindar seguridad a la ciudadanía cuando nosotros mismos carecemos de recursos básicos?

La falta de alimentación adecuada para aquellos que trabajan extenuantes jornadas de más de 12 horas, la necesidad de adquirir nuestras propias prendas de vestir para realizar nuestras labores diarias, son solo algunas de las condiciones precarias que enfrentamos.

Si bien es cierto que el servicio en Carabineros es vocacional, también es imperativo contar con las condiciones necesarias para ejercer nuestras funciones de manera eficaz y segura. Es hora de que la atención se centre en lo más importante: el capital humano. 

Independientemente del rango o grado, los Carabineros estamos exhaustos de tener que suplicar por lo que nos corresponde.

Es por eso que comparto estos antecedentes con la esperanza de que lleguen a la mayor cantidad de personas posible. Es tiempo de asegurar que se nos provea con las herramientas necesarias, tanto económicas como de protección personal, para que podamos seguir cumpliendo con nuestro deber hacia la ciudadanía.

En esta situación, la preocupación por la salud emocional de los Carabineros es crucial. Muchos de nosotros enfrentamos la disgregación familiar debido a la naturaleza de nuestro trabajo, que nos mantiene lejos de nuestros seres queridos durante largos períodos. Esta separación constante puede afectar profundamente nuestra salud mental y emocional, generando estrés, ansiedad y sentimientos de soledad, es esencial encontrar un equilibrio que permita a los Carabineros cumplir con sus deberes de manera efectiva sin sacrificar su bienestar personal y familiar.

Atentamente, un Carabinero comprometido con el bienestar de su país y su institución."

La Asociación de Funcionarios del Ministerio Público (Anfumip) inició una disputa judicial en contra de la alcaldesa Evelyn Matthei -futura candidata presidencial de la derecha- por el cobro de una multa, pese a que dicho órgano cambió su dirección en 2020.

De acuerdo al recurso interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cobro no lo realiza la sede edilicia, sino un servicio externo de cobranza prejudicial a cargo de Maribel Mendoza, que representa a una empresa externa que busca cobrarle el pago de $580 mil..

En el documento la Anfumip asegura que están libres de cualquier pago, ya que se trata de una entidad sin fines de lucro.

Al mismo tiempo, argumentan que la dirección de la comuna pertenecía a otro jefe de la organización, por lo que el castigo monetario carecería de legalidad, ya que la oficina se encuentra en la comuna de Cerrillos.

En la presentación, que aún no tiene admisibilidad por el tribunal de alzada capitalino, solicita una orden de no innovar que busca paralizar el cobro de la deuda morosa, antes que se analice el fondo del recurso

El 20 de febrero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitió el Oficio Reservado N°78/2024, un informe secreto destinado al Ministerio Público en que abrió la billetera del abogado Luis Hermosilla Osorio en el marco del caso Factop.

Según la UAF, tras el destape del audio en que Hermosilla sugería coimear funcionarios públicos, el BCI remitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), informando los movimientos de su cuenta bancaria entre septiembre del 2021 y octubre del 2023, “debido a que no dispone de antecedentes que justifiquen el origen y magnitud de los fondos transados”.

En resumen, la cuenta de Hermosilla recibió más de $4.370 millones en abonos, de los que transfirió $3.802 millones en poco más de dos años. El reporte detalla que “a partir de las glosas registradas en la cartola digital, fue posible identificar a las siguientes personas naturales y jurídicas como remitentes y beneficiarios”.

Entre los que más dinero recibieron del abogado figura su hijo Juan Cristóbal Hermosilla Zúñiga, con $16,8 millones. Interferencia contactó a Hermosilla para saber la razón de estas transferencias sin tener respuesta. (Haz clic aquí para ver la tabla completa).

Hijo del abogado y sociólogo de la PUC, Juan Cristóbal Hermosilla Zúñiga es miembro de Revolución Democrática y socio de la consultora El Mapa, la que trabajó con los diputados del Frente Amplio hasta 2022. En febrero de 2023, Interferencia reveló que además El Mapa trabaja con Copec en Las Salinas, proyecto inmobiliario de los Angelini cuestionado por los vecinos de Viña del Mar.

Además, Hermosilla Jr. es muy cercano a Miguel Crispi, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda. Antes de la revelación del audio filtrado, Luis Hermosilla defendió ad honorem a Crispi por la investigación del caso Convenios.

En la Universidad Católica, JC Hermosilla y Crispi fueron compañeros en la NAU, que luego sería RD. Durante Bachelet II, Hermosilla fue asesor de la Subsecretaría del Interior, mientras Crispi trabajó en el Ministerio de Educación entre 2014 y 2016, como asesor para el equipo de reforma educacional.

Ahora bien, según el informe la suma mayor fue transferida a la pareja de Anneliese Bentjerodt y Gerhard Jacob, fallecido en 2022, con $58,8 millones y con $24,2 millones respectivamente.

A su nombre, Luis Hermosilla figura con transferencias por $37,7 millones, además de otros $3,8 millones para su hija Daniela Paz Hermosilla.

Por otra parte, la mayor parte del dinero abonado viene de Factop SpA CON $1.354 millones, seguido de Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y de Sociedad de Profesionales Luis Hermosilla con $149 millones y $67 millones respectivamente. En tanto, organismos públicos abonaron casi $50 millones al abogado durante el periodo consultado.

*Nota de la redacción: en la nota original se agregó al titular que la consultora de la que Hermosilla hijo es socio es "de militantes RD" y no "de RD".

Una sanción disciplinaria recibió el narco mexicano del Cártel de Sinaloa, Ricardo Salazar Tarriba, luego que insultara a un funcionario de Gendarmería, en la cárcel de alta seguridad, donde se encuentra cumpliendo una pena de 18 años por tráfico de drogas y asociación ilícita.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de abril, cuando el vigilante lo revisaba corporalmente antes de la salida al patio en el módulo de máxima seguridad.

De acuerdo al documento interno al que accedió Interferencia, Salazar Tarriba perdió los estribos sin motivo alguno y advirtió: “un día de estos me van a pillar con la verga parada”.

De inmediato fue trasladado al subterráneo del penal, donde se inició el procedimiento administrativo que derivó en el castigo de restricción de visitas a cinco minutos.

En el lugar fue revisado por el personal médico del recinto, no presentando lesiones, por lo que fue devuelto al patio.

En su defensa, Salazar Tarriba indicó que el epíteto no iba dirigido al gendarme, sino “al compañero de al lado”.

En el mundo de la farándula nacional proferir expresiones de cualquier orden es siempre parte de la carnicería con la que conseguir rating, en particular cuando el reality de moda está al aire.

Pues bien, dos mujeres con experiencia (o más bien clásicas) en el mundillo se enfrentarán en tribunales, porque Pamela Díaz se querelló en contra de Adriana Barrientos, quien la motejó como “la Pablo Escobar” del reality Tierra Brava de Canal 13.

En el escrito, se da cuenta que Barrientos menciona que en los bares y eventos siempre Díaz porta mucho dinero en efectivo, que llevó grandes maletas al programa, dejando entrever que podrían estar llenas de droga.

La acción legal fue interpuesta en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, que ya convocó a una audiencia de conciliación entre las partes, ya que se trata de una acción penal privada. Haz clic aquí para leer el documento completo.

La ministra instructora de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, acogió la extradición requerida por Educador, de Wilson Ceballos Cruz, miembro de la peligrosa banda “los Lobos”.

La justicia ecuatoriana lo requiere por su participación en el crimen en contra del candidato presidencial, Fernando Villavicencio.

De acuerdo con la resolución, se le modificará la medida cautelar de arresto domiciliario en la comuna de La Cisterna y ordenó a la PDI su detención con miras a evitar su fuga del país.

Hay que recordar que Cevallos Cruz trabajaba en Chile como peluquero y ocupaba la identidad falsa de Enrique David Gamarra Cruz e incluso consiguió un rut nacional.

En su dictamen, la magistrada, escribió: “Que, en consecuencia, por lo reflexionado, los antecedentes aportados por el Estado requirente deben ser considerados bastante para justificar del requerido Cevallos Cruz, con la finalidad de que enfrente la justicia ecuatoriana”.

Este fallo es la primera instancia, ya que debe ser confirmado o reprobado por la Segunda Sala del máximo tribunal.

De hecho Cevallos Cruz apeló a la decisión de Muñoz a través del abogado Álvaro Hernández.

La noche del lunes 24 de abril de 2023, el guardia de la Municipalidad de Macul, Hugo Vega, acudió a un procedimiento por violencia intrafamiliar. Sin embargo, tras ingresar al departamento, fue atacado por un joven de 17 años que lo apuñaló con un arma blanca en el cuello y tórax. Horas más tarde, Vega falleció lamentablemente debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el deceso del guardia municipal, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana inició un procedimiento por Accidente Laboral Fatal, el que tuvo resolución el 19 de mayo de 2023 y que, hasta ahora se había mantenido en total desconocimiento.

La resolución de la Seremi de Salud consignó una serie de irregularidades por las que resolvió multar con 150 UTM, unos $9,4 millones, a la Municipalidad de Macul, representada por su alcalde Gonzalo Montoya, en vista que se trató de una “acción antijurídica -riesgo a la salud y/o a la integridad física de los trabajadores”.

El acta a la que accedió Interferencia detectó deficiencias “en materia de seguridad industrial” asociadas al accidente, tales como que el trabajador no contaba con chaleco anticorte, ni un protector de cuello; que el trabajador no se encuentra capacitado en el procedimiento de VIF y que “la Municipalidad no cuenta con matriz de peligro y evaluación de riesgos, que incluya la tarea de dar respuesta a los llamados VIF”.

Sobre la empresa, la Seremi señaló que no contaba con un documento de obligación de informar sus riesgos específica para el cargo de Seguridad Humana ni con un procedimiento de trabajo seguro, el cual incluya el antes, durante y después de la tarea realizada por los funcionarios de Seguridad Humana.

Según consta en el sumario, la municipalidad presentó sus descargos señalando que el funcionario “sí contaba con chaleco antibala, que este caso más ‘probable’ que pueda enfrentar en contexto de vigilancia y apoyo a Carabineros. En la actualidad no existe un chaleco que cumpla ambas funciones, por dicho motivo, no se puede saber en que contexto o forma podrán ser atacados los funcionarios(as) en terreno”.

Así también, el municipio respondió que había establecido “mesas de trabajo con los equipos de Seguridad Humana y Prevención de Riesgos para mejorar y reflejar cualquier situación extraordinaria que pudiera suceder en el equipo y así permita mejorar todos los procesos relacionados con dicha labor”. Además, adjuntó el "Procedimiento de Trabajo Seguro VIF", y las capacitaciones y charlas que contemplaban la Obligación de Informar del Departamento de Seguridad Humana, debidamente firmadas por el funcionario fallecido.

Sin embargo, la Seremi de Salud resolvió que la municipalidad no logró desvirtuar los cargos para eximirse de la responsabilidad, por lo que decretó la aplicación de una sanción pecuniaria.

Consultamos a la Municipalidad de Macul por cómo se resolvió esta desconocida multa. 

Desde el municipio afirmaron que “una vez llegada la notificación de la multa por parte de la Seremi de Salud, la Dirección Jurídica, presentó un recurso de reposición, el cual a la fecha no ha tenido respuesta”.

“Preocupados y ocupados de este caso, profesionales de nuestra Dirección Jurídica, han realizado diversas gestiones ante la autoridad sanitaria para obtener una pronta respuesta al recurso de reposición interpuesto”, aseguró el municipio.

“La Municipalidad de Macul, independiente del resultado del recurso de reposición, ha dado estricto cumplimiento a todas las medidas entregadas por la autoridad sanitaria, las cuales nunca han estado en cuestionamiento u observación y espera proceder de acuerdo a lo resuelto”, concluyó el comunicado remitido a esta redacción.

La Contraloría ordenó a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) que publique en un diario de circulación a nivel país el llamado a concurso para las llamadas “becas Chile” para estudiar en el extranjero.

A juicio de la ANID, no era un “requisito esencial” y que las postulaciones no variaron en cantidad, para acceder a la subvención educacional del Servicio Alemán de Intercambio Académico. E insistió que se utilizaron las redes sociales, la web institucional y de la organización germana.

“No obstante, la entidad (...) omitió la publicación de la convocatoria en estudio a través de un aviso publicado en un diario de circulación nacional, situación que infringe el citado reglamento y las bases y, por tanto, no permite adjudicar dicho concurso sin su cumplimiento”, detalla el dictamen del organismo fiscalizador.

Por esta razón, la ANID no solo deberá cumplir con la publicación para ampliar el llamado, sino además decretar un nuevo plazo para que otras personas puedan concursar, en especial “quienes no han tenido conocimiento del certamen y, por ende, la posibilidad de participar en aquel”.

El dictamen concluye: “Con todo, la ANID deberá adoptar las medidas pertinentes para que, en lo sucesivo, no ocurran situaciones como la descritas”.

Revisa el dictamen de Contraloría haciendo clic aquí.

Desde julio de 2023 se tramita en el 22° Juzgado Civil de Santiago las declaraciones de aceptación o repudio de la herencia de Lucía Hiriart, esposa del dictador Augusto Pinochet, fallecida en diciembre de 2021, tras solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Si bien en junio del año pasado 24 Horas informó que Marco Antonio Pinochet, hijo del matrimonio, repudió la herencia de su madre, nuevos antecedentes presentados dentro de la causa apuntan a lo contrario.

El pasado 20 de enero, Felipe Andrés Patrickson Blanco, abogado de Marco Antonio Pinochet Hiriart, contestó a la demanda del CDE aceptado “expresamente con beneficio de inventario, su correspondiente asignación en la herencia quedada al fallecimiento de su madre y causante en estos autos, doña María Lucía Hiriart Rodríguez (Q.E.P.D), no obstante que (mi representado) haya aceptado tácitamente la herencia en forma anterior a la fecha de inicio de esta causa”.

Igualmente aceptó la herencia de su madre, Augusto Osvaldo Pinochet Hiriart, quien a través del mismo abogado de su hermano, contestó al juzgado el pasado 29 de octubre de 2023.

Por su parte, algunos nietos del matrimonio Pinochet-Hiriart han optado por repudiar la herencia de su abuela materna. 

El 18 de octubre de 2023, Sofía y Jaime Amunátegui Pinochet, así como Iván y Lucas Noguera Pinochet, a través de su abogada Daniella Faúndez, respondieron a la notificación informando su decisión de “repudiar expresa e irrevocablemente la herencia que nos corresponda o nos pudiera corresponder en los bienes quedados al fallecimiento de doña María Lucía Hiriart Rodríguez”.

La respuesta de los nietos va en línea de lo hecho por María Verónica Pinochet y su hija Francisca Lucía Ponce Pinochet -hija de Julio Ponce Lerou-, quienes recordaron al juzgado que ya habían repudiado la herencia a través de un documento notariado el 22 de agosto de 2022.

La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), envió un oficio a la Corte Suprema, dando cuenta que María González Yutronic, conocida como la jueza ludópata, quien jugó en los casinos más de $1.400 millones, enfrenta una revisión por su “salud incompatible con el cargo”. Lo anterior, porque en el último tiempo ha presentado licencias que suman 203 tres días, en los que evidentemente no ha trabajado en las causas de familia.

La documentación se encuentra en la oficina de Pleno del máximo tribunal que debiera analizarla -sin fecha definida- como materia administrativa.

Hay que recordar que la magistrada también enfrenta un proceso disciplinario en el tribunal de alzada capitalino, donde una fiscal judicial emitió un duro informe, dando cuenta que su comportamiento infringía la conducta que debe observar una magistrada, afectando de esta manera el prestigio de la judicatura, tal como reveló Interferencia.

El documento fue analizado por el pleno de la Corte de Santiago, donde la fiscal recomendó suspenderla por tres meses, con medio goce de sueldo.

De acuerdo a los antecedentes obtenidos por este medio, el ampliado habría confirmado en todas sus partes el informe de la fiscal judicial, cuyo resultado debe ser confirmado o bien revocado por el máximo tribunal, una vez que se conozca la determinación.

Otro caso

De esta manera, Yutronic enfrenta dos aristas que podrían terminar en su destitución del Poder Judicial.

Al mismo tiempo, la aludida enfrenta una investigación a cargo de la Fiscalía Oriente, donde se levantó el secreto bancario y se indaga su relación con eventuales prestamistas un gerente de uno de los casinos Enjoy, donde solía apostar millonarias sumas.

A la anterior, se suma una querella por delitos de corrupción y económicos, interpuesta por su hermano, quien la acusa de maltratar a la madre de ambos y apropiarse de una serie de propiedades para solventar su ludopatía.

Los casos mencionados, se contextualizan con otra indagatoria, donde su expareja aparece formalizada por abuso sexual, en contra de sus hijos. El sujeto enfrenta una orden de detención pendiente, porque no se ha presentado a cumplir la medida cautelar.

Tras fracasar la excepción dilatoria, rechazada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el senador Fidel Espinoza (PS) contestó la demanda por “difamación” interpuesta por el ex ministro, Giorgio Jackson (RD), quien se querelló contra el parlamentario acusando que le imputó ser “líder de la banda” que robó computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) en julio del 2023.

En su respuesta, a cargo del ex ministro del TC Francisco Zúñiga (PS), Espinoza apunta a que sólo manifestó su opinión crítica a la ciudadanía, y que “la crítica política, incluso si es áspera o severa, está protegida por la libertad de expresión”. 

En detalle, sobre la frase “líder de la banda”, la respuesta del senador apunta a que por banda Espinoza “se refería a militantes del partido Revolución Democrática, que en diversas regiones del país se encuentran investigados por la comisión de delitos -recordemos que dicho partido político se fundó el año 2012 teniendo como figura central al señor Jackson Drago-, los cuales, como militantes del partido político fundado a su alero y bajo su permanente liderazgo, fueron por aquel formados”.

A ello, la respuesta del senador detalla que tras una “primera etapa de éxitos electorales y aumento de influencia en la opinión pública”, el partido fundado por Jackson “ha sufrido diversas crisis a partir de las irregularidades en las que se han visto envueltos algunos militantes y dirigentes de esa colectividad. Entre las crisis más recordadas podemos mencionar aquella generada por la donación de la dieta parlamentaria, que implicó una investigación del SERVEL por eventuales infracciones a las reglas sobre financiamiento de los partidos políticos, y más recientemente, el denominado Caso Convenios o Democracia Viva”.

Por ello, el escrito señala que Espinoza “no hizo otra cosa que emitir una crítica política, enfocada en el señor Jackson, dado su rol de líder político del referido conglomerado”.

Como es habitual, el último día de febrero, salvo el bisiesto, se conmemora a nivel mundial el día de las enfermedades poco frecuentes (EPOF), huérfanas o con diagnóstico complejo, cuyo objetivo es crear conciencia, educar y visibilizar una realidad que afecta en Chile a más de 1 millón 500 mil personas y a 300 millones en el mundo entero.

Sin embargo y pese al impacto que generan este tipo de patologías, el proyecto de ley sobre estas enfermedades sigue durmiendo en el Senado, pese a que el año pasado hubo un compromiso político de avanzar en el tema, para tener una ley a más tardar el próximo 01 de marzo.

Y profundizar el tema es relevante, por eso hoy 29, desde las 9.30 a 17.00, se realizará una actividad en el Edificio Moneda Bicentenario, ubicado en Teatinos 92.

En la línea de un cuerpo normativo necesario, los gremios que agrupan a las familias de pacientes que sufren estos problemas, reconocen que hace muy poco se enteraron de que recién se redactaron las indicaciones del documento legislativo.  

Según cuenta Alejandro Andrade, presidente de Federación Chilena de Enfermedades Raras (Fecher), “si bien en materia técnica, se ha avanzado muchísimo al interior del Ministerio de Salud, esto no ha sido igual en el ámbito político, donde hay un nulo avance hasta la fecha del proyecto de ley”.

Es por ello que la Oficina de Condiciones Crónicas y Complejas, que nace de una mesa conjunta entre la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes Chile (Fenpof), la Federación Chilena de Enfermedades Raras (Fecher), la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes (Achap) y el Ministerio de Salud, llevarán a cabo una Jornada nacional de educación y concientización sobre enfermedades raras el 29 de febrero, para visibilizar los pocos avances logrados en la construcción de una política pública pensada y planificada para consolidar un Plan Nacional que dé una respuesta real a estos problemas.

Para Víctor Rodríguez, presidente de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes (Fenpof), “las enfermedades poco frecuentes no es un tema masivo que atraiga la atención de la opinión pública; por eso no se le ha dado prioridad”.

“De ahí la importancia de este evento para mostrar la realidad de miles de familias que luchamos día a día por mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren estas dolencias”, sostiene.

Hay que recordar que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de cinco personas por cada 10 mil habitantes y existen entre 5.000 y 7.000 patologías poco frecuentes que afectan entre un 6% y 8% de la población mundial. Alrededor del 70% de esas patologías son genéticas y comienzan en la infancia.

A nivel país, se estima que hay entre 2.000 y 3.000 tipos de enfermedades poco frecuentes. En la mayoría de los casos, estas patologías las sufren niños, incluso, infantes, lo que dificulta aún más la calidad de vida no solo de ellos, sino que también de sus familias, a lo cual se suma que el diagnóstico puede tardar más de un año.

Jornada de concientización

La jornada nacional de educación y concientización sobre las enfermedades poco frecuentes o huérfanas, busca visibilizar la necesidad del fortalecimiento de las competencias profesionales sobre la sospecha y manejo de estas patologías, conocer la perspectiva histórica y avances en relación a las políticas públicas dirigidas a las Enfermedades Raras en Chile y revelar la importancia de la humanización en la atención de salud de personas diagnosticadas con enfermedades raras y sus familias. 

La convocatoria es a profesionales del sistema público y privado, familias y personas con enfermedades poco frecuentes, agrupaciones de pacientes, representantes de la academia y autoridades.

El embajador de Israel en Chile, Gil Arztyeli, aseguró que ni las empresas de armas ni el Estado de Israel, concurrieron al recurso de protección presentado por el abogado Esteban Parot, luego que dicho país fuera excluido de la Fidae 2024.

En la acción legal Parot incluyó fotografías de las páginas web de las compañías de tecnología castrense, sin consultar a la delegación diplomática.

En la presentación, Parot argumentó que la decisión de Boric era ilegal y arbitraria y solicitó a la Corte de Santiago que paralice la determinación presidencial antes de que se analice el fondo del asunto.

En su cuenta de X, Arztyeli indicó que analizan qué medidas adoptarán, las que serán informadas “oportunamente” por el embajador de Israel.

Diez empresas de armas israelíes presentaron un recurso de protección en la Corte de Santiago en contra del Presidente Gabriel Boric, por la decisión gubernamental de excluirlas de la Fidae.

El libelo busca que el tribunal de alzada capitalino revoque la medida, que las compañías consideran arbitraria, ilegal e inconstitucional e incluye también a la titular de Defensa, Maya Fernández.

De acuerdo con la acción legal a la que accedió Interferencia, La Moneda no entregó "motivo ni justificación razonables" para dejarlas fuera de la una de las ferias de armamentos más importantes de la región. 

Al mismo tiempo, argumentan que en Chile "no existen grupos privilegiados”, apuntando al porqué otras firmas del rubro ocuparán stands para mostrar sus productos bélicos.

En este sentido, también pidieron a la Corte que decrete una orden de no innovar, es decir, que paralice los efectos de la decisión adoptada por Boric, ya que el Estado de Israel mantiene un ataque a Palestina.

Es altamente probable que los ministros rechacen la presentación, ya que se trata de una decisión adoptada por una autoridad competente, toda vez que el Presidente tiene a su cargo las relaciones internacionales de Chile.

La Fiscalía Oriente formalizó al ex nutricionista de la Clínica Santa María, Sebastián de la Rosa Landauro, por amenazas proferidas -a través de redes sociales en 2023- en contra del diputado independiente de derecha, Gonzalo de la Carrera.

De acuerdo con la información obtenida por Interferencia, de la Rosa fue imputado por el delito de amenazas por escribir en X (ex Twitter): “De la Carrera está hospitalizado acá le doy un like y me lo piteo”.

El hecho derivó en que el profesional fuera desvinculado del centro asistencial. Días más tarde, en todo caso se disculpó a través de una carta dirigida al parlamentario.

"Bajo ninguna circunstancia busqué comprometer su estado de salud, independiente de la posición, ideología política que tenga cada persona, no corresponde realizar el tipo de declaraciones que emití, y reconozco con pesar que cometí un grave error", escribió.

Por este ilícito arriesga una suspensión condicional.

A mediados de febrero se dio a conocer el regreso de la ex ministra del Deporte, Alexandra Benado, como directora metropolitana del Instituto Nacional de Deportes (IND) tras ganar un concurso de Alta Dirección Pública. Durante su paso por el ministerio, Benado recibió críticas por los retrasos en Santiago 2023, denuncias de maltrato laboral en trabajos anteriores y un sumario por horas extras ilegales de 2014, cuando era funcionaria en la Municipalidad de Providencia.

Interferencia tuvo acceso al sumario llevado en contra de Benado en el municipio tras orden de Contraloría, en el que se comprueba la solicitud, cobro y pago de 70 horas extra mientras la ex ministra estaba de vacaciones en Brasil en febrero de 2014. Algo que llama la atención del sumario es la aparición del eventual candidato a gobernador metropolitano por Demócratas, Gabriel Alemparte.

Según declaró Benado a la fiscal del sumario, tomó vacaciones amparada en la “autorización verbal que habría otorgado el Director de Desarrollo Comunitario de la época, don Gabriel Alemparte”, a pesar de que por ley debía esperar un año como nueva funcionaria para tomar feriado.

Por ello, el sumario señala que “no existe para dicho período documento formal en que se haga solicitud para hacer uso de feriado legal”.

Así también, el sumario adjunta la tabla firmada el 11 de marzo de 2014 por el director de Dideco, Gabriel Alemparte, quien solicita el pago de las horas extras para una lista de funcionarios, entre ellos Alexandra Benado y sus 70 horas irregulares.

Sin embargo, durante el proceso de investigación jamás se entrevistó a Alemparte para conocer su versión de los hechos, los que concluyeron con Benado absuelta y devolviendo el dinero, pero recibiendo una anotación de demérito en su hoja de vida.

Consultado por Interferencia, Alemparte aclara que dejó la Dideco de Providencia el 11 de marzo de 2014 para asumir como jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas, entonces encabezado por Alberto Undurraga (DC). 

Por ello, el vicepresidente de Demócratas señala que “jamás supe del sumario, ni de la investigación de la Contraloría por horas extras, jamás autoricé las vacaciones de Alexandra Benado en febrero de 2014, jamás tampoco se me informó de su irregularidad ni de nada anormal”.

“Jamás habría autorizado horas extras de haber conocido una irregularidad”, sentencia.

Lee el artículo "Nuevos datos del sumario: Benado cobró horas extra todos los días de sus vacaciones, incluidos 3 sábados estando en Brasil". Revisa el sumario completo haciendo clic aquí tomo 1, tomo 2 y tomo 3.