La empresa llegó a conciliación con su ex gerenta Marcela Ceruti, quien presentó una demanda laboral acusando a Copesa de crear una sociedad paralela con la que el diario estaría recibiendo dinero por publicidad y suscripciones, además de pagar a gerentes, mientras mantiene a sus periodistas en la antigua sociedad “en riesgo económico”.

El juez federal A. Mehta determinó que “Google es un monopolista y ha actuado como tal para mantener su monopolio”. El fallo va en la misma dirección de lo que alega la compañía dueña de La Tercera, la que demandó al gigante tecnológico ante el Tribunal de Libre Competencia por abusar “de su posición cuasi monopólica en los mercados de búsquedas”. 

El empresario y dueño de La Tercera interpuso ante el 14 Juzgado Civil de Santiago una demanda en contra del medio electrónico, acusando que un reportaje lo difamó y desprestigió. “Solo hemos cumplido con nuestro deber de informar, con pleno respeto a la verdad”, aseguró en una editorial El Mostrador.

Dentro de la industria de publicidad en línea, Google controla las plataformas que usan medios y anunciantes, además del sistema de compraventa. Según el Departamento de Justicia de EEUU, Google se lleva el 35% de cada dólar que se invierte en publicidad. La matriz de La Tercera solicita al TDLC una sanción a beneficio fiscal de casi US$50 millones.

Según El Semanal, el ex presidente, los Matte, los Solari, León Vial y Consorcio están en la lista de poderosos que perdieron millones de dólares en la quiebra del controlador de La Tercera, y que no se habrían querellado contra el empresario por el vaciamiento de su sociedad Corp Group Banking.

Si bien los ex acreedores del empresario tuvieron que retirar su acción por orden del tribunal estadounidense que visó la bancarrota de Saieh, el Ministerio Público rechazó pronunciarse sobre el pago de costas “hasta el final del procedimiento” y continuará con la investigación. No "hemos sido vencidos en Chile", advirtió el abogado de los ahora ex querellantes. 

La firma financiera MBI retiró su demanda contra el empresario tras la orden del Tribunal de Quiebras de Delaware. Según la jueza a cargo, la querella viola el acuerdo firmado por la corredora con CGB, que se declaró en quiebra tras no poder pagar un bono de US$ 500 millones, del que MBI tenía un 10%. Aún restan otros 60 querellantes en la causa.

A través de un hecho esencial, MBI afirmó que la querella por difamación interpuesta por Álvaro Saieh es “una mera pretensión” que puede demorar “entre 7 y 10 años”. La disputa tiene origen en la demanda en contra del empresario por, supuestamente, transferir US $264 millones entre empresas de su propiedad para poder declarar su quiebra en Estados Unidos.

Se trata de 24 contratos con los que el empresario transfirió US $264 millones hacia otra empresa de su propiedad. Los documentos los tiene el buró que asesoró a los bonistas de Álvaro Saieh durante su quiebra en Delaware y deben ser incautados por la PDI.

En la quiebra que se lleva en Estados Unidos, Álvaro Saieh propuso que el 42% de Copesa quedase de garantía por una deuda que el empresario pretende emitir por $20 mil millones de pesos (US $23 millones). Despidos masivos, nulas utilidades, déficit operacional y ausencia de activos ponen en duda que ese sea el precio del negocio medial de Saieh ¿Valorización 'hacia arriba' o bluff?