En fallo inédito, el Tribunal Constitucional acogió los reclamos de Chile Vamos y el Partido Republicano y destituyó a la senadora socialista, acusada de violar la Constitución al ser parte del contrato de compraventa por la casa de su padre, el ex presidente Salvador Allende. Con la parlamentaria suman tres altas autoridades que caen debido al caso, junto a las ex ministras Fernández y Sandoval.

En un día marcado también por la renuncia de la ministra de Defensa, Maya Fernández, por la fallida compra de la casa de Allende, además salió de imprevisto uno de los arquitectos principales del Frente Amplio.

Luego de que se admitiera a trámite un recurso contra la Armada por una instalación que 'destacaba' el rol de la institución durante el Golpe, Interferencia consultó al organismo si este fue retirado y aseguraron que aquello se realizó en noviembre de 2024.

Tras el revuelo generado por una revelación periodística en la que se dio cuenta que se había iniciado un proceso de compra de la casa del expresidente Allende –la que se encontraba a nombre de la ministra de Defensa, Maya Fernández– se informó que el presidente Gabriel Boric pidió la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, mientras Fernández mantendría su cargo. 

"Para los soldados de tropa, profesional, hay una planta de 7.000 soldados, que es lo que autoriza la ley, pero solamente se está financiando a 1.600", dijo Iturriaga en una sesión de la Subcomisión Mixta de Presupuestos el pasado 28 de octubre. Este martes, tras el rechazo a la partida de Defensa, la ministra Fernández señaló que "descarto totalmente el desfinanciamiento de las Fuerzas Armadas". 

Para este viernes, el presidente Gabriel Boric citó al comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga y la ministra de Defensa, Maya Fernández. El lunes, recibirá a Romina Vargas, madre del conscripto Franco Vargas quien perdió la viva en la fatídica marcha. 

Vecinos de Santiago Centro agrupados en el comité de vivienda 'Por un Santiago Multicolor' piden desde 2018 levantar un proyecto de más de 300 departamentos en un terreno cedido a la Armada en 1977 a un costado de la Quinta Normal, de propiedad de Bienes Nacionales. Desde esa cartera y desde Defensa les han indicado que la Armada hace "un buen uso" del terreno, donde sólo hay un helipuerto, cabañas y un quincho.

La gravedad de la filtración está siendo sopesada por los fiscalizadores, mientras que el Ministerio de Defensa informó de una próxima reunión de oficiales de las tres ramas y el EMCO a realizarse “en las próximas horas”. Rhysida afirma haber vendido a terceros un 70% de los documentos robados y el Ejército no se adjudica la compra. 

Dos de las personas que estuvieron a cargo de instalar el sistema del Estado Mayor Conjunto, desarrollaron un negocio privado de similar índole, involucrando además a otros funcionarios en la empresa.

Benjamín Iturra y Manuel Varela, ambos marinos que levantaron el Centro de Coordinación CSIRT de la Defensa para el Estado Mayor Conjunto, son propietarios de C-Safe, compañía que presta servicios de protección informática a otras empresas y que también ha intentado vincularse con el Estado.

Interferencia publica por primera vez el resumen ejecutivo de la propuesta técnica hecha por la compañía en noviembre de 2018, la que aseguraba una protección de alta calidad ante ciberataques. Dicha licitación, cercana a los US$ 6 millones, estuvo marcada por irregularidades que la administración de Piñera desestimó.

La filtración de 400 mil correos -varios calificados como secretos- le costó el cargo al general Guillermo Paiva. Según la ministra del Interior, Carolina Tohá, el Estado Mayor Conjunto no informó del hackeo sino de 'vulnerabilidades' detectadas. Ahora un sumario e investigación del Consejo de Defensa del Estado determinarán responsables.

Es la primera vez que detienen al vocero de la CAM desde 2017 -durante el gobierno de Michelle Bachelet y con Mahmud Aleuy en la subsecretaría del Interior- cuando fue procesado en el marco de la denominada “Operación Huracán”, cuando Carabineros falsificó pruebas para inculpar a líderes mapuche.

Jorge Parga, comandante en jefe de la Segunda Zona Naval, además tiene un hermano que posee acciones –menores al 1%– en una empresa forestal de la familia Matte. Comentan la nominación a Interferencia los familiares de los fallecidos Yordan Llempi y Manuel Rebolledo.

Pablo Sepúlveda Allende va por el Distrito 10 y piensa que el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre le quita legitimidad a la convención constitucional, pero que es una instancia donde dar la pelea sin dejar las manifestaciones en la calle. Piensa que Allende no se suicidó sino que fue asesinado, y asegura que el rol del PS en esta crisis ha sido una vergüenza.

Parecía una debacle pero tras la conformación del nuevo Comité Central y el anuncio de una comisión que recalificará el padrón de la polémica comuna, el conflicto dejó de ser tema en el PS. Pese a confirmarse su reelección, el jefe del partido Álvaro Elizalde quedó debilitado: quedó claro que ni anticipó ni solucionó un problema que sigue siendo una bomba de tiempo para ese partido.

Los socialistas votaron por las personas que integrarán el Comité Central del Partido, organismo que define la mesa directiva de la colectividad. Pero al cerrarse las urnas, la preocupación de las listas era quién especulaba mejor frente a la prensa sobre el supuesto ganador (algo que se conocerá este lunes), siguiendo la línea de una elección sin debates de fuerte impacto.

Hoy se elegirá una nueva directiva del Partido Socialista. Estos comicios son, tal vez, los menos relevantes en toda la historia de ese conglomerado. Eso, al menos, se desprende de las conversaciones de INTERFERENCIA con militantes de base de ese partido.

La comuna –cuyo alcalde debió renunciar a la colectividad por sus nexos con narcotraficantes– es la que concentra la mayor proporción de militantes socialistas de la Región Metropolitana: un 19%. A la vez es la que tiene la mayor cantidad de ellos a nivel del país: casi 4.000. Esto representa una base electoral clave para la elección interna del próximo 26 de mayo. Y Elizalde parece tener ahí la más sólida red de contactos, la que incluye a Mónica Aguilera, la hermana del cuestionado alcalde Miguel Ángel Aguilera. Pero, Maya Fernández no se queda atrás.

Uno de los hombres más cercanos a Michelle Bachelet en el gobierno anterior integra la lista de Maya Fernández para presidir al Partido Socialista. Su presencia causa ruido en la colectividad por su actuar con los mapuche cuando estaba en La Moneda.

En 2018 el ministro retiró un proyecto de ley que entregaba $ 3 millones a las víctimas de prisión y tortura durante la dictadura cívico-militar. Aquella vez se comprometió a presentar una medida en reemplazo, pero un oficio enviado a la Cámara de Diputados por él mismo cierra tal posibilidad.