La ausencia a la Parada Militar del presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, no pasó desapercibida para círculos políticos y judiciales, considerando que en subrogancia asistió el ministro Arturo Prado Puga, habiendo otros seis ministros que por antigüedad podrían haber ocupado ese puesto. Fuentes judiciales aseguran que fue una señal de descontento al Gobierno, aunque otras afirman que fue una excepcionalidad y no existiría molestia.

Francisca Noll, abogada de Gendarmería, denunció a Alveal en 2018. El sumario administrativo sobreseyó al exdirector, pero su demanda por acoso laboral fue acogida y ratificada en tribunales. Hoy, la Asociación de Gendarmes de Chile solicitará al Ministerio de Justicia reabrir el sumario. Posibles sanciones incluyen la prohibición de ostentar cargos públicos.

El actual fiscal nacional subrogante dirigió la investigación del caso Sename, caso que archivó tras dos años a la espera de nuevos antecedentes. En tanto, Erika Maira, gerenta de atención de víctimas del Ministerio Público, otra de las candidatas, fue acusada hace algunos años por organizaciones feministas de revictimizar y relativizar la violencia de género.

La ministra Ana Lya Uriarte, el jefe de la UDI, Javier Macaya, el senador Matías Walker… todos se la jugaron por el derrotado fiscal Morales. Pero los verdaderos perdedores son el Presidente Boric, y los poderes en la sombra detrás de esa candidatura: el piñerismo y el girardismo.

Marcela Ríos se reunió con los padres del joven de 23 años que fue asesinado por la Armada durante los primeros días del estallido social. Estos buscan que los tribunales repitan el juicio en contra del marino Leonardo Medina Caamaño, quien fue dejado en libertad tras ser condenado por cuasidelito de homicidio.

Hernán Larraín nombró a Bernardo Mellibosky como notario de Molina, sin embargo la toma de razón se encuentra detenida en la Contraloría a pedido del mismo ministerio, puesto que se encuentran recabando mayores antecedentes sobre la causa –que terminó en suspensión condicional– para así evaluar si mantienen la designación o la retiran.

Héctor Mery Romero, actual jefe de la División Judicial del ministerio de Justicia, habría buscado su salida de la cartera con el objetivo de estar disponible para la Suprema en marzo, pero el ministro le habría impedido salir mientras él esté a cargo de la cartera. 

La medida, motivada por la crisis sanitaria, afecta a todos los privados de libertad al quitárseles un derecho; pero es particularmente perjudicial para los presos de la revuelta, quienes en su mayoría arriesgan condenas menores al tiempo que ya han cumplido en prisión preventiva.

El abogado vinculado a la UDI y Fundación Jaime Guzmán se desempeña como Jefe de División Judicial del Ministerio de Justicia, cargo de gran relevancia para los nombramientos de jueces. Mery tendría el anhelo de ser ministro de la Corte Suprema, para lo cual estaría proponiendo a jueces que lo pondrían en una eventual quina a futuro. Ya nombró a Adelita Ravanales, e insistiría con Raúl Mera para una vacante posterior.

La casona que en el primer piso también alberga a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, ha sufrido hurtos incluso durante la pandemia. El hecho, investigado por fiscalía, ocurre cuando el Ministerio de Justicia ha recortado fondos y presupuestos a lugares de memoria en todo el país.

El organismo dependiente del Ministerio de Justicia ordenó una investigación interna a partir de los hechos publicados por INTERFERENCIA, que dan cuenta de una serie de comunicaciones entre el encarcelado ex fiscal militar con sus colaboradores en el exterior.

El martes pasado el gobierno ingresó una iniciativa que podría transformar de raíz el Tratado de Roma y el compromiso de Chile con la Corte Penal Internacional. Una de sus principales modificaciones es que quedaría en manos de autoridades políticas decidir el accionar en Chile de ese tribunal internacional. Ello ocurre cuando en La Haya avanza lentamente una acusación en contra de Piñera y otros altos funcionarios por supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.

A propósito de la renuncia de Susana Tonda a la dirección del Sename, INTERFERENCIA conversó con este congresista que lideró las primeras investigaciones en torno a las históricas vulneraciones de los derechos de los menores. El diputado acusa que la prioridad del gobierno es engrosar el negocio de las subvenciones a privados, lo que ha probado no servir.

Para Ledjerman el encuentro televisivo que sostuvo con el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien lo entregó a un convento luego de la desaparición de sus padres en dictadura, es solo un recuerdo. Actualmente está enfocado en compartir su historia y la de sus padres, a quienes vio morir cuando apenas tenía dos años. Tras las bajas condenas para los responsables, espera justicia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 2018 el ministro retiró un proyecto de ley que entregaba $ 3 millones a las víctimas de prisión y tortura durante la dictadura cívico-militar. Aquella vez se comprometió a presentar una medida en reemplazo, pero un oficio enviado a la Cámara de Diputados por él mismo cierra tal posibilidad.