En un año y cuatro meses, el gobierno de Gabriel Boric ha pagado casi mil millones, a través de diez contratos, entre tratos directos y licitaciones, a la encuestadora Cadem, misma que semanalmente publica el sondeo Plaza Pública, en el que se evalúa la aprobación o rechazo de diferentes políticos e instituciones.

El 13 de julio se publicó el décimo contrato, por un costo de $109.480.000 pesos, IVA incluído. Se trata de una licitación para realizar una encuesta sobre uso y acceso a internet en el país, firmada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, encabezada por Claudio Araya (PC), y el gerente general de Cadem, Roberto Izikson, quien fuera director de estudios del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) de Piñera 1.

La adjudicación llegó tras un proceso de licitación pública abierto en mayo, en el que también compitió la encuestadora Feedback, encabezada por Juan Pardo y Martín Rodríguez Sickert. En el acta de evaluación, disponible en Mercado Público (haciendo clic aquí), se puede apreciar que la oferta de Feedback era más barata que la de Cadem, con $85,9 millones o $102 millones con IVA incluído. Esto, a sabiendas que la disponibilidad presupuestaria presentada por la Subtel era de $110 millones.

Contratos del gobierno de Boric con Cadem.

Contratos del gobierno de Boric con Cadem.

Sin embargo, la adjudicación corrió para Cadem, que, si bien presentó un valor mayor -casi el total del presupuesto-, acreditó un mayor grado de “experiencia comprobable del oferente en encuestas de Internet en los últimos diez años”, así como en “comprensión y diagnóstico en materias de conectividad” e inclusión digital.

Con esta adjudicación van $978 millones pagados por el gobierno de Boric a Cadem en contratos. Sólo en 2023, se han pagado $669 millones a la encuestadora.

Con ello, la Subtel pagará $109 millones en cuatro cuotas, entre septiembre y diciembre de 2023, para que Cadem desarrolle un sondeo sobre acceso, uso y usuarios de Internet en Chile. Según el contrato, el estudio realizará 4.700 encuestas presenciales a nivel nacional entre julio y octubre para crear perfiles de las “condiciones de acceso y patrones de uso de Internet” de los usuarios.

Además, la empresa deberá “realizar recomendaciones de iniciativas y medidas que permitan masificar el acceso a Internet y la disminución de la brecha digital”, así como señalar a “los actores que debieran participar de la implementación de dichas iniciativas”.

Acta de adjudicación Subtel.

Acta de adjudicación Subtel.

Con esta encuesta, la Subsecretaría de Telecomunicaciones retoma los sondeos anuales sobre acceso y uso de internet en Chile, los que venía realizando, espaciadamente, desde 2008, y que se interrumpieron en 2017. Por su parte, Cadem ya había participado de esta medición en 2014, para la sexta encuesta. También había concursado en otras licitaciones de la misma, pero perdiendo contra la encuestadora Ipsos y las universidades de Chile y Alberto Hurtado.

La información procesada será presentada en un seminario-taller para 40 participantes de la Subtel. Con ello, también se hará una capacitación para los empleados de la subsecretaría en el uso de la base de datos creada a partir de la información recopilada.

Hace tres años, la ministra Vallejo tuiteaba: “Casi 600 millones de pesos le ha pagado el Gobierno a Cadem este 2020. Se corta el presupuesto [...] pero para Cadem hay plata... y todos los medios destacando sus resultados, qué vergüenza (sic)".

Cabe señalar que con esta adjudicación ya suman $978 millones de pesos entregados por el Gobierno a Cadem en contratos. Sólo en 2023, se han pagado $669 millones a la encuestadora presidida por Karen Thal, cifra superior a los $596 millones que la entonces diputada y hoy vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), enrostró al gobierno de Sebastián Piñera en noviembre de 2020. 

“Casi 600 millones de pesos le ha pagado el Gobierno a Cadem este 2020. Se corta el presupuesto para Becas Chile, para encuestas del INE, pero para Cadem hay plata... y todos los medios destacando sus resultados, qué vergüenza” (sic), dice el mensaje colgado, hace ya tres años, en la red social junto a una tabla de los contratos de la encuestadora con el Gobierno.