Tras casi un siglo de controversias limítrofes por la zona del canal Beagle, en 1971 los gobiernos de Chile y Argentina decidieron pedir un arbitraje a la corona británica. Seis años después, el 2 de mayo de 1977, Gran Bretaña emitió su sentencia determinando que las islas Nueva Picton y Lenox pertenecían a Chile. El 25 de enero de 1978, el gobierno militar que ocupaba la Casa Rosada desde 1976 declaró el laudo arbitral “insanablemente nulo”, enumerando una serie de argumentos para hacerlo.
Desde ese momento se precipitaron declaraciones y acontecimientos que escalaron hacia la evidente posibilidad de que el conflicto desembocara en un conflicto bélico. En Chile, entonces, el gobierno militar instalado desde septiembre de 1973, decidió prepararse para una eventual invasión argentina teniendo presente, eso sí, que había tiempo para hacerlo pues el invierno impediría cualquier agresión trasandina.
El 10 de septiembre de 1978, llegó a Roma el presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina, cardenal Raúl Primatesta. El recién instalado Juan Pablo II había recibido días antes un informe urgente del nuncio apostólico en Buenos Aires, Pío Laghi, donde daba cuenta de que las instancias negociadoras estaban agotadas y daba cuenta y estaba diseñado un plan de guerra total que impulsarían a corto plazo los generales argentinos. Laghi describía que ese plan de ataque consistía en un bombardeo aéreo a importantes ciudades chilenas, acompañado del ingreso sorpresivo de columnas de tanques a través de varios pasos cordilleranos. Era el “Operativo Soberanía”.
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Juan Pablo II recibió en secreto al cardenal Primatesta durante varios días. En esas citas el prelado trasandino insistió en que el presidente de Argentina, el general Jorge Rafael Videla, estaba dispuesto a detener la guerra sólo si el Papa en persona intervenía.
Las gestiones de los cardenales argentinos y chileno empezaron en agosto durante los funerales del Papa Paulo VI. En esa oportunidad Raúl Silva Henríquez, Primatesta y Juan Carlos Aramburu conversaron la posibilidad de pedir la mediación del Papa.
Al asumir Juan Pablo I, Raúl Silva Henríquez permaneció largo rato hincado besándole el anillo, sorprendiendo a otros cardenales. De rodilla, Raúl Silva solicitó a Juan Pablo I que mediara por mantener la paz entre Argentina y Chile. Ni el cardenal chileno ni nadie sospechaba que el pontificado de Alberto Luciani duraría sólo algunas semanas.
El almirante Emilio Massera, miembro de la junta militar argentina, se transformó en el principal agitador de las aguas del Beagle. En febrero de 1978, a bordo del portaviones “25 de Mayo”, nave insignia de la flota de guerra, afirmó: “las unidades navales están preparadas”. Y mientras Massera inspeccionaba las bases navales argentinas del Atlántico sur, el general Augusto Pinochet anunció que viajaría a Punta Arenas para inaugurar la zona franca.
El 19 de enero se habían reunido Pinochet y Videla en el aeropuerto de Plumerillo de Mendoza. Conversaron ocho horas en la Cuarta Brigada Aérea y decidieron designar dos comisiones castrenses para analizar el conflicto. Pararon para un almuerzo consistente en palmitos, una variedad de mariscos, bife con champiñones y ensaladas, helado con macedonia de frutas y crema.
Reiniciaron el diálogo cerca de las 17 horas luego de que ambos generales se reunieran brevemente con sus asesores. A las 21 horas se emitió un comunicado. Poco después se despidieron, entre himnos y salvas. Nada importante emanó de aquella reunión
El 2 de febrero se efectuó la primera reunión de la diplomacia castrense de Chile y Argentina. Permanecieron 14 horas en la Universidad de Chile analizando el problema austral. Por Argentina asistieron el general Reynaldo Bignone, el vicealmirante Eduardo Fracassi y el brigadier Basilio Lami Dozo, secretarios generales de los comandos en jefe. Por Chile estaban presentes el Agustín Toro Dávila, el vicealmirante Carlos Le May, jefe del Estado Mayor de la Armada; el comandante de la Cuarta Brigada Aérea de Punta Arenas, general Rodolfo Martínez; y, el jefe de Planificación de la Cancillería, comandante Ernesto Videla.
La reunión concluyó a las 22 horas, tras lo cual la delegación trasandina regresó a Buenos Aires. Al día siguiente, en un breve comunicado, se explicó que los enviados presidenciales habían trazado las bases para un nuevo encuentro presidencial, todavía sin fecha. Trascendió que dejando de lado el laudo, las delegaciones habían puesto por escrito sus coincidencias y divergencias recalcando que “todo es conversable y negociable”.
Pocos días después Pinochet llegó a Punta Arenas acompañado del contralor Sergio Fernández, los ministros de Minería, Trabajo y Vivienda y otros personeros, entre ellos el general de brigada Manuel Contreras Sepúlveda. Mientras permanecía en la austral ciudad, llegó desde Buenos Aires el brigadier Basilio Lami Dozo, emisario de la junta, con la respuesta a la primera reunión celebrada por las delegaciones militares en la Universidad de Chile.
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Al día siguiente una misión militar chilena, encabezada por Agustín Toro Dávila e integrada por el vicealmirante Charles Le May y el general Nicanor Díaz Estrada, voló a Buenos Aires. Allí se reunieron con los mismos que habían venido a Santiago diez días antes, en el Salón Gris del Senado, que llevaba cerrado dos años. Reunidos desde las 10 a las 20 horas dejaron listo el documento que se firmaría en Puerto Montt.
El documento decía que ambos gobiernos “han impartido órdenes a las autoridades respectivas de la zona austral en referencias, a fin de evitar acciones o actitudes contrarias al espíritu de pacífica convivencia que debe mantenerse entre ambos países”.
El 20 de febrero Pinochet y Videla se reunieron en el aeropuerto de El Tepual y firmaron el acta de Puerto Montt, que reanudaba las negociaciones directas entre ambos países y delineaba el itinerario de ellas. El acta planteó que una comisión mixta propondría a los gobiernos dentro de 45 días las medidas conducentes a crear “las necesarias condiciones de armonía y equidad, mientras se logre la solución integral y definitiva”.
En la segunda fase y en el plazo máximo de seis meses a partir de la primera, otra comisión mixta examinaría la delimitación definitiva de las jurisdicciones que corresponden a Chile y Argentina en la zona austral. También las medidas para promover integración, los comunes intereses antárticos y cuestiones con el estrecho de Magallanes.
Las gestiones de las diplomacias y de las iglesias de ambos países se multiplicaron durante el otoño, pero no hubo avances. Pasó el invierno y en septiembre los preparativos bélicos se aceleraron. En Argentina, los movimientos de tropas hacia la zona austral y las regiones fronterizas del norte, del centro y del sur se hicieron con gran despliegue de propaganda, mientras los medios de prensa, la radio y la televisión azuzaban los sentimientos nacionalistas de la población.
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En Chile, en cambio, todo se hizo en silencio. El transporte de tropas hacia Punta Arenas y otras regiones se efectuó por las noches, mientras la población civil dormía. Los medios de comunicación guardaron reserva de casi todo lo que estaba ocurriendo en los cuarteles y daban cuenta sólo de los trámites diplomáticos.
En la Central de Informaciones de El Mercurio, los teletipos recibían las 24 horas del día informes confidenciales de sus corresponsales en todo el país. Esa información se revisaba, clasificaba y permanecía celosamente guardada en los escritorios de algunos pocos editores. Lo mismo pasaba en los otros periódicos, en las radios y en las salas de prensa de las estaciones de televisión.
El 20 de abril de 1978, Hernán Cubillos Sallato, ex oficial de la Armada, ex presidente de la empresa El Mercurio, fundador de la revista Qué Pasa y experto en relaciones diplomáticos, asumió como canciller en reemplazo del vicealmirante Patricio Carvajal, uno de los principales gestores del golpe militar de septiembre de 1973. Cubillos desplegó todos sus esfuerzos y contactos para convencer a Pinochet de que no era efectiva una diplomacia militar paralela y que era necesario dejarlo en manos de los profesionales de la diplomacia, incluida la del Vaticano. Pinochet aceptó y se concentró en los aprestos militares bélicos.
Finalmente, a las 17:00 horas del día 22 de diciembre, cuando faltaban cinco horas para que chocaran frontalmente las flotas navales de Chile y Argentina en los mares australes, los buques de guerra argentinos cambiaron el rumbo y enfilaron de regreso hacia el norte. Horas después el Papa Juan Pablo II inició su mediación.
Nunca se ha sabido con certeza cuál fue la razón del cambio de rumbo de la flota argentina. Los ahora viejos ex marinos chilenos sostienen que era de tal magnitud el temporal que en esos momentos azotaba a los mares del sur que la enorme mayoría de las tripulaciones de los buques estaban mareados y en muy malas condiciones físicas para asumir el combate y que, además, el portaviones “25 de Mayo” era completamente inútil bajo ese clima. Los oficiales, por lo tanto, no garantizaban el triunfo en la batalla naval.
Algún día lo sabremos.
'Este artículo es parte de una serie preparada por Manuel Salazar Salvo y Aníbal Barrera Ortega, siendo publicados anteriormente 'Las Trincheras en la Piedra del Indio', 'Las Trincheras en la Piedra del Indio (Parte II) y '1978: el año en que vivimos en peligro'.
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Muy interesante
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