En la primera decisión de Estado que irá más allá de su propio mandato, el Presidente Gabriel Boric escogerá en las próximas horas un nombre para ser el próximo Fiscal Nacional de Chile. Ese nombramiento, sujeto a ratificación del Senado, tendrá una duración de ocho años, por lo que recién a fines del próximo período presidencial, en 2030, habrá una nueva jefatura en el Ministerio Público, si no hay cambios en las reglas de juego.

Fuentes al interior de La Moneda y del Senado aseguran que al Presidente le gustaría enviar ese nombre a la Cámara Alta antes del miércoles, por cuanto el martes inicia un viaje a Tailandia para asistir a la cumbre de la APEC.

El o la nueva fiscal nacional será recién la cuarta persona en asumir ese cargo desde que se puso en marcha la reforma procesal penal a fines a inicios de este siglo. Mucho ha cambiado en Chile desde entonces, y actualmente existe un amplio consenso entre expertos y los propios ciudadanos que el país vive una crisis de seguridad inédita en las últimas décadas. 

Es más, también hay un cierto consenso que el Ministerio Público ha sido un actor importante de la crisis institucional y social que ha experimentado el país en los últimos años.

Cuando Jorge Abbott asumió el mando de ese poder del Estado en diciembre de 2015, Chile se veía sacudido por los escándalos del financiamiento irregular de grandes empresas a la política, como fueron los casos Penta, SQM y Corpesca, entre otros. Su nombramiento por parte de Michelle Bachelet fue interpretado como un intento de la clase política para echarle tierra a esos procesos, que involucraban a personeros desde la UDI hasta el PS y el PPD.

Y, efectivamente, muchas de esas investigaciones se frenaron y sólo produjeron condenas a actores secundarios, mientras que otros se alargaron sin tener hasta el día de hoy una resolución clara. 

Durante el mandato de Abbott, que sólo fue de siete años por tener que acogerse a retiro al cumplir 75 años a inicios de octubre, las luchas internas dentro del Ministerio Público se multiplicaron, con fiscales investigando a otros fiscales, vendettas internas, y el intento por sacar de la institución a persecutores incómodos, Ese fue el caso de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Normabuena, que decidieron irse; o Emiliano Arias que, pese a varios sumarios internos, ha logrado mantenerse como fiscal en la institución. Cabe recordar que estos tres fiscales adquirieron notoriedad pública a mediados de la década del 10 por sus investigaciones de las platas irregulares en la política.

En el Senadi existe una predisposición a aceptar el candidato propuesto por La Moneda. Ello sería al menos el caso de los fiscales José Morales, Carlos Palma y el abogado y ex fiscal Ángel Valencia

Para este caso específico, cabe mencionar que la candidata Marta Herrera incluso ha participado, cómo jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, en procesos administrativos  contra fiscales. “Por desgracia, Marta Herrera se ha hecho parte de los sumarios administrativos en contra de los fiscales, una herramienta usada por Abbott para tratar de acallar a sus críticos”, afirma un conocedor de los pormenores del Ministerio Público.

En el actual proceso de selección, más de una decena de abogados -de la propia institución y externos- se presentaron como candidatos, y el lunes pasado la Corte Suprema escogió cinco nombres para proponerlos al poder Ejecutivo.

Los nombres de esa quina son todos actuales o ex integrantes del Ministerio Público, lo que para algunos otorga cierta garantía de conocer su funcionamiento, pero para otros es una señal de que, salga quien salga, es poco probable que la fiscalía haga un giro radical que mejore su desempeño en la persecución de delitos y ante una ciudadanía frustrada por lo que percibe como una falta de justicia.

En ese sentido, abundan las críticas -la mayoría reservadas- respecto a la condescendencia de la Corte Suprema, que no habría sabido interpretar el momento crucial que vive el Ministerio Público y su impacto sobre los ciudadanos comunes.

El ánimo en el Senado

En general, en la Cámara Alta existe una predisposición a aceptar el candidato propuesto por La Moneda. Ello sería al menos el caso de los fiscales José Morales, Carlos Palma y el abogado y ex fiscal Ángel Valencia.

La única mujer en la quina, Marta Herrera, no concitaría grandes apoyos en el Senado. Entre otras cosas, porque es vista por muchos como continuadora del estilo de gestión de Abbott. Además, pese a llevar dos décadas en esa institución, no tiene experiencia en investigar y lograr condenas en delitos, entre ellos los de anticorrupción, que es uno de sus ámbitos de expertise. 

En algún momento el nombre de Marta Herrera parecía llevar la delantera, en especial por la opinión de Ana Lya Uriarte, actual ministra Secretaría General de Gobierno y ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet. Pero esa opción se habría enfriado en los últimos días.

Los senadores oficialistas -Juan Carlos Latorre (RD), Claudia Pascual (PC) y Daniel Núñez (PC)- son votos seguros para cualquiera sea el nombre propuesto por La Moneda. Pero también Morales y Palma tendrían la aprobación del Senado. Palma, visto como alguien más cercano a la derecha, tendría a su favor ser un representante de regiones (es fiscal regional de Aysén), mientras que Morales representa más el establishment centralista de Santiago.

Como sea el ánimo en el Senado, que en teoría tiene 30 días para pronunciarse a favor o en contra del nominado por el poder ejecutivo, es avanzar rápido y confirmar la nominación en menos de 10 días.

El ánimo en La Moneda

En el gobierno no cunde la euforia por la quina elaborada por la Corte Suprema. Sin embargo, al ser un gobierno nuevo y con una ministra de Justicia, Marcela Ríos, sin mayores vínculos con el poder judicial, todo indica que La Moneda se ha resignado a escoger entre males menores.

En algún momento el nombre de Marta Herrera parecía llevar la delantera, en especial por la opinión de Ana Lya Uriarte, actual ministra Secretaría General de Gobierno y ex jefa de gabinete de Michelle Bachelet. Pero esa opción se habría enfriado en los últimos días. Según supo nuestro medio, quien estaría llevando la batuta en este tema -aparte de Presidencia quien tiene la palabra final- sería la ministra del Interior, Carolina Tohá. Ella estaría, según fuentes de La Moneda, entre apoyar a Carlos Palma, candidato de la derecha y apoyado por intereses reginoales, o Morales, candiato del establishment que le habría dado garantías al orden establecido de no revolver las cosas.