El pasado 28 de febrero de 2023, el Consejo para la Transparencia (CPLT) resolvió por la unanimidad de sus miembros acoger el amparo interpuesto por Interferencia en contra de la subsecretaría de Relaciones Exteriores, recurso que se interpuso dado lo insatisfactorio de la respuesta que dio la autoridad a la consulta de esta redacción, vía Ley de Transparencia.

¿La consulta? El contenido, los interlocutores y otros detalles de una supuesta comunicación intergubernamental oficial entre Estados Unidos y Chile en base a la cual el gobierno de Gabriel Boric desmintió una nota de prensa de Interferencia, en la cual se decia que la ex asesora presidencial Lucía Dammert había sido requerida a declarar por el FBI como testigo en el caso del ex Secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, quien fue juzgado y encontrado culpable en Nueva York por cargos de narcotráfico, en cuya repartición trabajó Dammert cuando era autoridad (leer artículo original).

“El Gobierno de Chile ha consultado al Gobierno de Estados Unidos, por medios oficiales, [el subrayado es nuestro] respecto de la veracidad de los hechos descritos en la publicación del medio de comunicación Interferencia, del pasado 15 de septiembre”, señaló un comunicado del 21 de septiembre de 2022, sin otra firma más que ‘Gobierno de Chile' (es decir, sin la firma de un funcionario o repartición en específico), y en el cual se aseguraque la información publicada en la nota es falsa.

"Se hace presente que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores ha realizado una búsqueda íntegra de los antecedentes que servirían de base para satisfacer la consulta formulada por el interesado [Interferencia], arrojando como resultado que no existen actos, resoluciones, contratos, acuerdos u otros antecedentes de naturaleza tangible que tengan algún grado de identidad con los elementos descritos por el mismo en su solicitud de acceso a la información (“contenido del intercambio de mensajes, el medio por el cuál se realizó, las fechas y horas de los mensajes, interlocutores y todo tipo de detalles”)".

Luego de ganado el amparo en el Consejo para la Transparencia, la respuesta de la subsecretaría de Relaciones Exteriores llegó finalmente a nuestro medio a través del Oficio Público N° 02220 de RR.EE. del pasado 23 de marzo de 2023.

En este documento se nos responde que "se hace presente que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores ha realizado una búsqueda íntegra de los antecedentes que servirían de base para satisfacer la consulta formulada por el interesado [Interferencia], arrojando como resultado que no existen actos, resoluciones, contratos, acuerdos u otros antecedentes de naturaleza tangible que tengan algún grado de identidad con los elementos descritos por el mismo en su solicitud de acceso a la información (“contenido del intercambio de mensajes, el medio por el cuál se realizó, las fechas y horas de los mensajes, interlocutores y todo tipo de detalles”)".

Pero no solo eso, sino que dicha subsecretaría revisó en todo tipo de registros documentales y digitales, tanto de reparticiones de la Cancillería como de la Embajada de Chile en Washington, Estados Unidos, la cual se encuentra encabezada por el embajador Juán Gabriel Valdés (PS). 

“Las unidades competentes de esta Subsecretaría de Relaciones Exteriores dan cuenta que, luego de una revisión exhaustiva, entre otros, de los recursos físicos y plataformas informáticas de comunicación del Gabinete del señor Ministro de Relaciones Exteriores, del Gabinete de la señora Subsecretaria de Relaciones Exteriores, de la Secretaría General de Política Exterior y sus unidades dependientes, de la Embajada de Chile en los Estados Unidos de América y del Departamento de Documentación de esta Subsecretaría, no existe o no fue habido soporte documental o digital alguno que permita atender a lo requerido”, señala el documento mencionado.

Los correos a través de los cuales Cancillería respondió a nuestra consulta, incluyen las actas en las que se levanta la información de las distintas reparticiones de Cancillería, en las que se incluyen imágenes correspondientes a pantallazos de buscadores informáticos internos de dicho ministerio. En estas búsquedas de información oficial, ingresaron como palabra clave “Dammert” y el rango de fechas en las que se produjo el comunicado del gobierno, no existiendo coincidencias. 

También se hizo llegar a esta redacción un acta del Departamento de Documentación de Cancillería, en la que se señala: 

“En consideración a la decisión del Consejo para la Transparencia en el amparo C11.599-22 y habiendo realizado la revisión en los recursos digitales y plataformas de comunicación interna de esta Secretaría de Estado correspondientes a SISCO4, DOCDIGITAL y Sistema de Valija Diplomática, en dónde se usó como parámetro de búsqueda el rango de fecha 14 de septiembre del 2022 al 14 de marzo de 2023 y lo detallado en la Minuta N°04-2023 que se adjunta. (...) Finalmente el Departamento de Documentación de la División de Infraestructura y Logística de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, certifica que no cuenta con antecedentes e información documental que tenga relación con lo solicitado por el requirente”. 

Cabe mencionar que durante el proceso de solicitud de esta información ocurrió un hecho que a lo menos es cuestionable: Gloria de la Fuente fue una de las consejeras del Consejo para la Transparencia que votó a favor de que Cancillería entregue los detalles de la comunicación intergubernamental, pero, el pasado 10 de marzo, pasó a ser la subsecretaria de Relaciones Exteriores, precisamente el organismo encargado de responder. 

Interferencia redactó una carta de inconformidad para el Consejo para la Transparencia, a propósito de la insatisfactoria respuesta de Cancillería, señalando expresamente que no es creíble que dicha repartición no conozca quiénes fueron los interlocutores de una comunicación oficial e intergubernamental que el propio Gobierno señaló como oficial, de manera que la Cancillería no se hace cargo de lo ordenado por el CPLT.

Gloria de la Fuente: del CPLT a Cancillería en un paso

Cabe mencionar que durante el proceso de solicitud de esta información ocurrió un hecho que a lo menos es cuestionable: Gloria de la Fuente fue una de las consejeras del Consejo para la Transparencia que votó a favor de que Cancillería entregue los detalles de la comunicación intergubernamental, pero, el pasado 10 de marzo, pasó a ser la subsecretaria de Relaciones Exteriores, precisamente el organismo encargado de responder. 

De hecho, tal como se informó anteriormente, De la Fuente tuvo que inhabilitarse de participar en la entrega de la información mediante la resolución exenta N°494 del 16 de marzo, de manera que la firma del documento que se entregó a esta redacción es de María Cecilia Cáceres, la directora general de Asuntos Jurídicos de dicha repartición. Aún así, según mencionaron a este medio algunos abogados, la responsabilidad legal de entregar la información recae igualmente en la subsecretaria De la Fuente.

Esta redacción consultó al presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, sobre este caso, quien respondió que “no puedo pronunciarme sobre el caso sin conocer la respuesta ni estudiar los antecedentes. Tampoco lo haré hasta que concluyan las etapas que tienen que ver con el cumplimiento, y que corresponden al CPlT. Solo puedo remitirme a las razones que justificaron la decisión unánime del CPlT y que se expusieron en su momento, y asegurar que el hecho de que la actual subsecretaría de Relaciones Exteriores haya sido hasta hace poco consejera del CPlT, no afecta el ejercicio de nuestras competencias ni nuestro compromiso como órgano garante de derechos garantizados constitucionalmente”.