Han pasado cinco años de la querella por fraude al fisco y prevaricación administrativa que dio origen al llamado caso Motorola y Fiscalía aún no se decide a formalizar la investigación.

Se trata de una licitación por $400 millones impulsada por la Subsecretaría para la Prevención del Delito (SPD), durante el gobierno de Sebastián Piñera y con Katherine Martorell a la cabeza, que buscaba suministrar cámaras corporales a Carabineros, pero que salió mal. Las cámaras adjudicadas a Motorola nunca cumplieron con las bases de la licitación, que exigía un sistema de pre y post grabación. Es más, tras dos años cayeron en desuso.

En su tránsito judicial, Contraloría también se pronunció al respecto, oficiando al Ministerio Público ante las irregularidades en su adjudicación. Del mismo modo, el Tribunal de Contrataciones Públicas emitió un fallo que consideró que la SPD no respetó las bases de licitación, aunque descartando un perjuicio al interés fiscal.

Por su parte, la principal querellada, la ex subsecretaria Martorell, declaró ante el ente persecutor que las cámaras adquiridas podrían operar con las funciones requeridas, pero que Carabineros no tenía conocimientos de la tecnología. En respuesta, el mayor Manuel Arenas atestiguó haber informado al gobierno de Piñera de los numerosos errores en las cámaras adquiridas.

En un artículo de abril de este año, Radio Bío Bío afirma que la indagatoria se encontraría estancada y que el Ministerio Público, representado por el fiscal Francisco Ledezma, no habría reunido pruebas para acusar a Martorell. A ello se sumaría el desinterés del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en hacerse parte de la causa.

En medio de este escenario, la empresa querellante, The Pegasus Group, presentó un nuevo escrito el 2 de junio ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para “complementar y precisar los hechos”.

El documento de 41 páginas recopila gran parte de la investigación, en un intento por demostrar el involucramiento en los hechos por parte de Martorell y su equipo en la SPD. 

Desde las irregularidades en la gestión de las bases de la licitación, como la modificación del plazo de entrega de las mercancías y las falta de post recording detectadas por Contraloría en su informe de 2021, hasta chats extraídos del celular de Martorell que apuntan a cómo se gestionó la crisis al interior del gobierno -con especial interés de los entonces subsecretarios Juan Francisco Galli, Sebastián Valenzuela y Eduardo Riquelme, así como la jefa de gabinete de Piñera, Magdalena Díaz-, la empresa intenta reafirmar los eventuales delitos cometidos por la SPD.

Sin embargo, la presentación concluye sin hacer solicitud de nuevas diligencias, limitándose a señalar la falta de ciertos documentos que aún no han sido aportados a la carpeta investigativa. Entre ellos, una carta para justificar el atraso en la entrega de la mercancía y los excel con la evaluación de la propuesta de Motorola. 

Nos comunicamos con la ex subsecretaria Martorell para conocer su parecer respecto a este nuevo intento de Pegasus por mantener su querella activa. Sin embargo, no recibimos respuesta.