La última prórroga del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia (EECE) aprobada tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado data del 28 de enero pasado con una extensión de 30 días hasta su nueva votación.
En esta última solicitud del Presidente de la República, la Cámara votó a favor de la extensión con 90 votos, 20 en contra y 10 abstenciones, mientras que en la Cámara Alta la medida se aprobó por 31 votos, 1 en contra y 1 abstención.
Así, la medida que comenzó el 18 de mayo del 2022 cuando la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, decretó el denominado Estado de Emergencia "acotado" alcanzará los 1.000 días este martes 11 de febrero tras su aprobación sucesiva en el Congreso.
A lo anterior se suma que la decisión se tomó a 66 días de iniciado el mandato del jefe de Estado, lo que significa que de 1.066 días de gobierno, en 1.000 ha utilizado a las FF.AA en estos lugares.
Si bien el gobierno de Gabriel Boric se había negado rotundamente a la medida, las condiciones de seguridad hicieron que reculara en su decisión y acabó desplegando a las Fuerzas Armadas en labores de orden público para la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío.
Esta sucesión de prórrogas ha convertido la medida en una suerte de condición permanente, pese a que su propio nombre indica la excepcionalidad de esta. Uno de los síntomas de esto radica en que poco a poco las votaciones comenzaron a desaparecer de los medios de comunicación y tan solo algunos recogen los resultados que cada 30 días se realizan en el Congreso.
Sin embargo, el despliegue de militares en el sur no es el único lugar donde las Fuerzas Armadas operan en labores de orden pública, pues en paralelo a la votación del Estado de Excepción también se prorrogó la vigencia del sistema de infraestructura crítica que también permite la presencia militar que hoy se encuentra en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
Esta forma de despliegue fue impulsada por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien continúo una estrategia iniciada por la ex ministra Siches. En efecto, Tohá llevó adelante la denominada Ley de Infraestructura Crítica que faculta a las Fuerzas Armadas a proteger 'infraestructura crítica' (fronteras) y permite la colaboración con las policías para labores como control de identidad, revisión de equipaje y detención de personas en caso de delito.
Esta nueva medida ofrecía una ventaja al Ejecutivo, pues –a diferencia del despliegue militar en el sur del país–, al hacerlo bajo el alero de la infraestructura crítica, la prórroga ante el Congreso debe hacerse cada 90 días y no cada 30 días como ocurre actualmente con el estado de emergencia en La Araucanía y Bío Bío.
Con todo, el día 28 de febrero comenzó el despliegue militar en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta y a la fecha ya suma 714 días con presencia militar en el norte.
Boric 2021: "Nosotros no podemos seguir con las mismas recetas"
En el pasado, los actuales inquilinos de La Moneda tuvieron declaraciones contrarias a los decretos de estados de excepción impulsados por el ex presidente Sebastián Piñera, quien el 12 octubre del 2021 impulsó su primer Estado de excepción de Emergencia (sin considerar los estados de catástrofe producto de la pandemia ni los decretados por el estallido social, pues abarcaron más regiones y corresponden a hitos particulares). Específicamente, se trató de una medida aplicada en las provincias de Arauco y Bío Bío, en la Región del Bío Bío, y en Malleco y Cautín, en la Región de la Araucanía.
En ese entonces, la oposición leyó la decisión del mandatario como una forma de sacar réditos políticos, pues se estaban definiendo las presidenciales que semanas después enfrentarían a Gabriel Boric con José Antonio Kast (Republicanos) en segunda vuelta.
En ese contexto, Boric en calidad de diputado y candidato presidencial, señaló el 24 de noviembre que “nosotros no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur [...] La solución no es más violencia, la solución es la reorganización de las policías, perseguir a quienes delinquen, que son una minoría, estén donde corresponde, que es tras las rejas”.
La tesis de el Estado de excepción como herramienta para generar un determinado clima político fue algo que vino desde la propia oposición. El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló en noviembre de 2021 que "es evidente que el presidente Sebastián Piñera no quiere resolver los problemas de seguridad en Arauco o en La Araucanía. Lo que busca, al forzar la extensión de la medida, es influir en el proceso electoral”.
Misma tesis que sostuvo el senador Juan Ignacio Latorre (RD) quien afirmó en el mismo período que "el presidente Piñera decide decretar un estado de excepción para la Macrozona Sur, que básicamente es militarizar La Araucanía. Yo creo que ese camino ya está más que demostrado y hay múltiples recomendaciones de organismos nacionales, internacionales, de derechos humanos, de que no es el camino para enfrentar los conflictos históricos que tiene el Estado de Chile con el pueblo nación mapuche. Lo único que va a generar esto es escalar los conflictos, va a generar más violencia, más inestabilidad y eso no le conviene a nadie".
La actual ministra de Gobierno, Camila Vallejo (PC), opinó sobre la medida en sus redes sociales. "El Gobierno, al declarar Estado de excepción en la Araucanía, repite una estrategia fracasada que solo aumenta el espiral de violencia. Con esto demuestran que no quieren dialogar, ni buscar acuerdos, ni menos respetar los derechos humanos, solo aumentar la polarización", escribió la entonces diputada.
La visión del Ejército
El uso de las Fuerzas Armadas para labores de orden y seguridad es algo que tampoco acomoda al propio Ejército y a su comandante en Jefe, Javier Iturriaga, quien manifestó en enero de 2023 durante una intervención en una comisión de la Cámara que: "todas estas tareas que se derivan hacia el orden público van desvirtuando la tarea de nuestro rol principal".
“Es un deber dejarlo en público conocimiento. Sé que es parte de la discusión, pero son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad, porque son las mismas tropas que están equipadas y entrenadas para otras tareas, que tienen que derivar esta función principal hacia otros problemas que está teniendo hoy el país", agregó.
Informe sobre evaluación del Estado de Excepción Constitucional
Según el último informe presentado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública aparejado a la solicitud de prórroga con fecha 27 de enero de 2025, desde el 18 de mayo de 2022 (inicio del Estado de Excepción) hasta el 13 de enero de 2025, Carabineros reporta 580.346 controles: el 65% de ellos son vehiculares y el 35% de identidad.
Comparativamente, hubo al 31 de diciembre de 2024 una disminución del 47% de los eventos de violencia rural en la macrozona sur con respecto al 2023 y un descenso del 69% en comparación del 2021, lo que en virtud de las cifras es la menor de los últimos siete años.
Además, los eventos –tales como: ataques incendiarios, cortes de ruta, presencia de armas de fuego y usurpaciones– disminuyeron en todas las regiones de la macrozona sur respecto del 2023: 47% en La Araucanía, 44% en el Biobío, 53% en Los Ríos y 57% en Los Lagos.
Asimismo, en 2024 las usurpaciones en la macrozona sur muestran una disminución del 57% en comparación al 2023 y son un 86% menores a las del 2021, siendo así las más bajas del periodo 2017-2024. Durante el 2024 se registró sólo una usurpación violenta.
Con todo, se redujo en un 71% los cortes de ruta en la macrozona sur, además de un descenso del 53% de eventos con presencia de armas de fuego en comparación al 2023.
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