El 21 de marzo de 2022, Giorgio Jackson (RD), en ese entonces ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), anunciaba el primer paquete legislativo de la administración Gabriel Boric (CS) a 10 días de iniciada su administración. 

Dentro de las medidas informadas por el gobierno, se notificó que se otorgaría suma urgencia al proyecto de amnistía para los denominados 'presos del estallido social', un proyecto ingresado en diciembre de 2020 por los senadores Isabel Allende (PS), Juan Ignacio Latorre (RD), Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Navarro y Yasna Provoste (DC).

Iniciativa que en enero de 2022 -tras una serie de modificaciones que acotaba el espectro de razones para indultar- la Comisión de Constitución del Senado despachó para su discusión en la Sala, pero sin haberse discutido debido al receso parlamentario de febrero. 

Lo que parecía un potente gesto político y una promesa de campaña cumplida a días de la administración Boric, acabó revelando los primeros problemas de negociación política del Gobierno y en particular la mala relación que Jackson cultivó en sus años de parlamentario.

Lo que parecía un potente gesto político y una promesa de campaña cumplida a días de instalada la administración Boric, acabó marcando los primeros problemas de negociación política del gobierno, y en particular la mala relación de los parlamentarios con Jackson, a quien se le hizo esquivo el Cogreso desde los primeros días.

Esto, pues frente a la suma urgencia presentada, desde distintos sectores políticos comenzaron los cálculos y la conclusión era clara: nunca estuvieron los votos, por lo que la movida del ministro se leyó como una forma de depositar el problema en el Congreso, en particular, en el Senado.

Recortes de prensa de la época muestran cómo la medida conflictuó a los parlamentarios.

“Va a ser un esfuerzo titánico lograr los votos porque tenemos un empate entre el mundo democrático y la derecha”, sostuvo en su momento el senador Daniel Núñez (PC). 

“Costaría creer que alguien de Chile Vamos respalde ese camino de impunidad, y no estoy seguro de que el proyecto además cuente con todos los votos de la centroizquierda”, acotó en su momento el senador Rodrigo Galilea (RN).

Un poco más crítico, fue Pedro Araya (independiente electo en cupo PPD), quien apuntó directamente al trabajo del Ejecutivo y señaló que: “espero que el gobierno haya hecho algún trabajo prelegislativo con los senadores, para que la colocación de urgencia efectivamente traiga aparejado que el proyecto tenga los votos y no sea un mero saludo a la bandera para decir que cumplieron con algo que prometieron en la campaña”.

La falta de trabajo prelegislativo fue una de las críticas que más creció en contra la Segpres que dirigía Jackson. Esto pese a que el gobierno electo desde enero venía avisando que este era un tema prioritario. En ese entonces, Jackson -ya designado como el próximo ministro Segpres-, señaló en entrevista con Tele 13 Radio que “tal como lo ha dicho el Presidente electo, él ha intentado persuadir, invitar a que ojalá el Senado actual pueda despacharlo positivamente, durante esta semana, al menos, para que pase el trámite en el Senado; vamos a intentar que eso pueda ocurrir, si no es esta semana, en la primera de marzo”. 

De hecho, la suma urgencia fue presentada diez días después del inicio del gobierno, pero estaba claro que se había omitido el trabajo de hablar uno por uno con los senadores.

Los votos simplemente no estaban para aprobar un proyecto de amnistía. En clave política, esto fue interpretado como una estrategia por parte de Jackson para que la iniciativa se rechazara, desacreditar al Senado, dar argumentos para su eliminación y, con ello, sumar apoyos para el Apruebo.

Jackson cumplió, pero no pudo contener el fuego amigo desde Socialismo Democrático y en particular del Partido Socialista, lo que auguró el quiebre entre el minstro y los sectores más concertacionistas de la nueva coalición de gobierno. 

La principal queja de los parlamentarios se fundamentó en que la discusión del proyecto se daba justo en el momento en que la Convención Constitucional discutía la permanencia del Senado en la propuesta de Constitución. 

El problema no era simplemente la simultaneidad de la discusión, sino que para gran parte del Senado los votos simplemente no estaban para aprobar un proyecto de amnistía.

En clave política, esto fue interpretado como una estrategia por parte de Jackson para que la iniciativa se rechazara, desacreditar al Senado, dar argumentos para su eliminación y, con ello, sumar apoyos para el Apruebo.

Consultado al respecto, Jackson afirmó en su momento que “no estoy de acuerdo con que sea [el Senado] el lugar donde se frenan las cosas”.

“Así no se hacen las cosas, no basta con ponerle urgencia a un proyecto, más aún si esa decisión no es conversada con las distintas bancadas [...] el gobierno debe impulsar proyectos con convicción, pero también habiendo hecho el trabajo prelegislativo que, ojalá, asegure su aprobación”, decía parte de un comunicado que los senadores socialistas compartieron después del anuncio. 

Más tarde, el senador Alfonso de Urresti (PS), señaló que “se comete un nuevo error por parte del ministro Giorgio Jackson al no coordinar, al no trabajar con las distintas bancadas”.

En la misma línea, el senador Fidel Espinoza (PS), sostuvo que “el error fundamental es que un ministro que trae al Parlamento un proyecto de estas características lo primero que tiene que saber es que tiene que contar con los votos, y para eso se hace un trabajo prelegislativo de mucho diálogo que no se ha hecho”. 

Y agregó que “lo que veo aquí es un acto mañoso del ministro Jackson de tratar de instalar este debate en el Senado sabiendo que no tiene los votos, para dejar mal a la institución ante el proceso constituyente”.

Según los propios registros del boletín publicado en el Senado, el proyecto de amnistía se encuentra desde mayo de 2022 sin urgencia y en primer trámite constitucional. .

Frente al descalabro, Jackson se reunió con los parlamentarios socialistas. Tras la reunión el ministro declaró que “se plantearon ciertas consultas e, incluso, ciertas diferencias que pudo haber sobre algunos criterios, que, por cierto, guardan alguna justificación”, algo que fue refrendado por el senador José Miguel Insulza (PS), quien señaló que “gran parte de las dudas y problemas que existían se han aclarado”.

Pese a la dureza de las críticas, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), señaló tras la polémica que los votos de la bancada socialista estarían disponibles para apoyar la iniciativa, pero que “no es fácil que se apruebe, porque hay sectores más moderados que obviamente tienen dudas al respecto”.

El escenario era complejo para su aprobación y los sondeos que Jackson realizó los días siguientes a la suma urgencia respaldaban dicho contexto. Pese a que el ex ministro Segpres aseguró que “no hay nadie que me haya dicho que va a votar en contra”, reconocía que no contaba con todos los apoyos y estaba disponible a aplazar la discusión una semana más para conciliar los apoyos necesarios, 26 de 50 senadores, con 19 parlamentarios oficialistas. 

A la espera de lograr mayorías, llegó el mes de abril para Jackson y la oposición -que se vio en ventaja- pidió poner el proyecto en tabla. El senador Iván Moreira (UDI) afirmó que “a raíz de nuestra petición de votar el proyecto de ley de indulto o amnistía, el oficialismo se retiró de la sala porque no quieren ponerlo en tabla”.

La estrategia del gobierno acabó siendo la renovación constante de la suma urgencia para así ir extendiendo el plazo de 15 días para continuar las negociaciones, algo que fue valorado entre las filas oficialistas producto del apoyo insuficiente al proyecto. 

De esta forma, según los propios registros del boletín publicado en el Senado, el proyecto de amnistía se encuentra desde mayo de 2022 sin urgencia y en primer trámite constitucional. 

Los nombres tras la suma urgencia al proyecto de amnistía

Sí bien la decisión de presentar la suma urgencia al proyecto de amnistía fue una de las determinaciones que el Ejecutivo ya tenía decididas una vez electo, el mismo lunes 21 de marzo, la jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya Marchi, quien mantiene su cargo, redactó el documento que Jackson leyó aquella tarde, según consigna DF MAS.

Conocedores de la interna de La Moneda, señalan que Moya tiene ‘un rol clave’ dentro de Palacio y línea directa a Gabriel Boric, a quien conoce desde las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

Sí bien la decisión de presentar la suma urgencia al proyecto de amnistía fue una de las determinaciones que el Ejecutivo ya tenía decididas una vez electo, el mismo lunes 21 de marzo, la jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya Marchi, quiente tiene un rol clave dentro de Palacio y con línea directa a Gabriel Boric.

Moya estuvo a cargo de hacer la parte administrativa y darle urgencia a la iniciativa. “No significa que es su ‘lucha’, ni que esté de acuerdo. Intenta ser independiente políticamente”, asegura una de las fuentes al citado medio. 

Asimismo, Moya dirige un área tildada históricamente como el ‘estudio jurídico que asesora al Presidente’, una repartición que fue entregada a la abogada en enero de 2022 tras haberse sumado al comando de Boric en 2021.  

De igual forma, Moya acompañó a Jackson en sus reuniones con senadores oficialistas, tomando notas de sus recomendaciones. Dentro del equipo de Jackson también se encontraba Diego Vela, jefe de gabinete, Aisén Etcheverry, coordinadora interministerial y Nicolás Facuse, de la División de Relaciones Políticas. Etcheverry y Facuse, también continuaron en sus cargos en Segpres, tras la salida de Jackson, ocurrida después de la derrota del plebiscito del 4 de septiembre.

Acusación Constitucional contra Jackson

Con todo, el actual ministro de Desarrollo Social, está pasando días complejos, pues se presentó este miércoles una acusación constitucional en su contra fundamentada en una baja ejecución presupuestaria de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), las acusaciones que realizó en su contra la ex seremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, por vulneración del principio de probidad y por no implementar atención a niños gravemente vulnerados en Mejor Niñez. 

El escenario podría complicarse aún más para Jackson, pues entre voces parlamentarias podría haber una pretensión de hacer cobrar a Jackson sus errores también en Segpres, donde más allá de mejorar su relación con los parlamentarios, terminó por agudizar los quiebres en la coalición, lo que mantiene al titular de Desarrollo Social en vilo y sumando uno a uno los votos para que la acusación no prospere.