Las diputadas del Partido Republicano Chiara Barchiesi, Valentina Becerra y Javiera Rodríguez, junto al diputado Sebastián Zamora —ex cabo de Carabineros absuelto de todos los cargos en el caso Pío Nono— oficiaron al Ministerio de Seguridad, encabezado por Trinidad Steinert, para solicitar, por su intermedio, antecedentes a Carabineros de Chile sobre el proceso licitatorio de cámaras corporales adjudicado el 14 de julio de 2023.

El documento detalla tanto el pronunciamiento del Tribunal de Contratación Pública (TCP) respecto de la legalidad del proceso, como el informe final de investigación emitido por la Contraloría General de la República (CGR), que identificó debilidades en la definición, evaluación e implementación de los requisitos establecidos en las bases de licitación.

En concreto, Interferencia informó que el TCP también cuestionó duramente el actuar de la Comisión Evaluadora a cargo de la revisión de las propuestas. En su sentencia, el organismo fue categórico:

“En opinión de estos sentenciadores, es posible concluir que la empresa adjudicada Vigatec S.A. no ajustó su oferta a los requerimientos técnicos de las Bases de Licitación que han sido planteados en esta segunda impugnación de la demanda, por lo que la Comisión Evaluadora, al declarar admisible su oferta, ha vulnerado el principio de estricta sujeción a las bases, tornando su actuar ilegal y arbitrario, ya que (…), dicha oferta de la empresa Vigatec S.A. debió haber sido declarada inadmisible”.

Si bien el TCP no acogió la totalidad de los reclamos de la empresa competidora, sí determinó que el Informe de Evaluación Técnica de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DIRTIC), el Informe de la Comisión Evaluadora y la Resolución Afecta N° 39 (que adjudicó el millonario contrato) incurrieron “en un acto ilegal y arbitrario por no haberse ajustado a los principios y disposiciones que regulan los procedimientos de licitación pública”.

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Además, Interferencia consignó que la CGR advirtió deficiencias tanto en la elaboración de los criterios técnicos de las bases como en su posterior monitoreo. En particular, el organismo detectó que funcionalidades calificadas como “críticas” para la adjudicación del contrato, como la transmisión en streaming y la interfaz Web Service destinada a conectarse con los sistemas de Carabineros, nunca fueron implementadas o dejaron de utilizarse en la práctica.

El informe también detectó una rebaja injustificada en los estándares exigidos en las bases, que incluso contravinieron el propio “Manual de Uso y Registro de Videocámaras” de la institución policial. Por ejemplo, se aceptó una batería con autonomía de 10 horas, pese a que el manual exige un mínimo de 12; se redujo la resistencia a caídas de dos metros a solo 1,2 metros; y se disminuyó el tiempo de grabación previa al evento (buffer) de 120 a 60 segundos.

A ello se suman graves irregularidades formales en el trabajo de la Comisión Evaluadora. Frente a estos hallazgos, la Contraloría ordenó a Carabineros instruir un sumario administrativo y fijó un plazo máximo de 15 días hábiles para designar a un fiscal encargado de determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.

Asimismo, el ente fiscalizador exigió que, en un plazo de 60 días, la institución acreditara la implementación efectiva y el funcionamiento de las características técnicas que Vigatec no estaba utilizando. Además, dispuso remitir una copia íntegra de los antecedentes al Ministerio Público para evaluar una eventual investigación penal.

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En ese contexto, el oficio solicita información sobre el estado actual de implementación del sistema, las funcionalidades que aún no se encuentren plenamente operativas, la evaluación institucional de la plataforma, la existencia de auditorías internas o externas y el estado de los procedimientos instruidos a partir de las observaciones formuladas por la CGR o de los antecedentes remitidos al Ministerio Público.

Además, el documento incorpora nuevas solicitudes de información vinculadas a otro reportaje publicado por Interferencia, en el que se advierten eventuales conductas reñidas con la probidad al interior de la Dirección TIC de Carabineros.

En detalle, se requiere la individualización de los integrantes de la comisión evaluadora y de quienes participaron en la implementación del contrato, así como antecedentes sobre investigaciones administrativas y las medidas adoptadas para reforzar los mecanismos de control interno.