Ya queda poco más de un mes para que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) renueve la composición de su Consejo, y elijan nuevo director nacional, quien -por normativa- tiene que ser uno de los consejeros, con lo que se pondrá fin al periódo encabezado por el decé, Sergio Micco.

En la vísperas de la probable salida de Micco (al seguir como consejero puede postularse para un nuevo periodo), la dirección del INDH emitió un comunicado, el día de ayer, que indica que la entidad “decidió no presentar una querella criminal por la eventual comisión de delitos de lesa humanidad en el período de la crisis social iniciada en octubre de 2019, por cuanto el análisis de los antecedentes disponibles a la fecha no permite configurar la concurrencia de un ilícito de tales características”.

Con votos de los consejeros Eduardo Saffirio (Independiente ex DC), Branislav Marelic (Independiente cercano al PS), Carlos Frontaura (independiente de derecha), Sebastián Donoso (independiente de derecha), Cristián Pertuzé (independiente de derecha)  y el mismo Micco (DC), definieron esta decisión del INDH, mientras que otros cuatro consejeros cercanos a la izquierda - Margarita Romero, Debbie Guerra, Consuelo Contreras y Yerko Ljubetic-, votaron en contra de esta iniciativa.

“La información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa", señaló el actual Consejo del INDH.

“La información con la que se cuenta, recabada y analizada por el propio INDH, no supone concluir la existencia de indicios suficientes de que se hubiere promovido o alentado una política estatal activa para generar daños a gran escala en la población”, consignó el comunicado de la dirección del INDH, emitido durante la mañana de este miércoles 18 de mayo.

Con esta decisión, la definición como violaciones sistemáticas a los derechos humanos para los crímenes ocurridos durante el estallido social quedará en manos de otros órganos que hoy no existen, como lo es una eventual Comisión de Verdad planteada por la Convención Constituyente, ya que los tribunales penalizan a responsables individuales de delitos, es decir, personas, y no definen si una política vulnera o no de manera sistemática los derechos humanos.

En caso de haberse querellado, el INDH habría podido definir que lo ocurrido durante la revuelta de octubre del 2019 sí constituyó una política de vulneración a los derechos humanos, donde la responsabilidad recayó en las altas autoridades de gobierno y seguridad de Sebastián Piñera, él incluido.

A pesar de lo anterior, el Consejo aprobó a principios de mes presentar una querella criminal en contra del alto mando de Carabineros por vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social.

“El Consejo del INDH hace un llamado a los órganos que componen el sistema de persecución penal, especialmente al Ministerio Público y los tribunales de justicia, a que cumplan con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violar los derechos humanos, tarea indispensable en una sociedad democrática en la cual rige el estado de derecho”, finalizaba el reciente comunicado del INDH.

Funcionarios y consejeros disidentes indignados 

El comunicado no fue bien recibido por los funcionarios del INDH, quienes, fuera de micrófono, coinciden en no sentirse representados por la decisión del Consejo.

“¿Cómo no van a existir indicios suficientes? si las violaciones a los derechos humanos ocurrieron con patrones que se repitieron en todo el país, y la información del propio INDH habla de 3.084 querellas con un número de víctimas representadas de 3.562, y hay que considerar que el INDH sólo ha accionado judicialmente por un tercio de las personas que han sido víctimas de vulneraciones a sus derechos humanos”, explica un trabajador del INDH.

"La señal es equivocada y esa tesis la ha instalado el director, Sergio Micco, la idea de que no existieron en Chile violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, señaló a Interferencia la consejera del INDH electa, Constanza Valdés.

“Si se hiciera una Comisión de Verdad y Justicia, que es lo que propone la Convención, tendría en sus conclusiones una reforma o un cambio profundo en las policías, lo que incomoda al gobierno y a los políticos en este momento”, agrega otro funcionario de la institución, quien solicitó resguardo de su identidad.

“Me parece una pésima señal política.Si la calificación jurídica está errada, eso lo deciden tribunales, no lo puede decidir ya el organismo encargado de presentar esas querellas. La señal es equivocada y esa tesis la ha instalado el director, Sergio Micco, la idea de que no existieron en Chile violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, señaló a Interferencia la abogada y consejera del INDH electa, Constanza Valdés, quien asumirá en su cargo en julio próximo.

Tanto Valdés, quien es activista trans, como el abogado Francisco Ugas, fueron elegidos como los próximos consejeros que representan a las organizaciones de la sociedad civil, en reemplazo de Margarita Romero y Branislav Marelic, quienes finalizan legalmente su periodo.

“Por suerte, esta decisión del Consejo puede ser revertida en cualquier momento, sólo requiere que se ponga el punto en tabla y se acuerde por mayoría. Hoy no existe una mayoría que pueda permitir esa decisión, hay personas en el Consejo que tienen visiones muy conservadoras respecto a los derechos humanos y las vulneraciones en nuestro país”, agrega Valdés.

El comunicado también fue criticado en redes sociales por activistas y académicos.

“Qué lamentable ver cómo una institución tan relevante es condenada a la irrelevancia por sus propios directores”, publicó en su cuenta de Twitter el doctor en Derecho Claudio Nash.

Con esta decisión, el camino por verdad y justicia se hace aún más pedregoso para las víctimas de la revuelta social del 2019. En caso de querer recurrir a tribunales internacionales, deben primero recurrir a todas las instancias de la justicia nacional, y muchos de ellos aún no son parte de querellas, ya que el INDH no se querelló en todos los casos de los que fue informado. Por otra parte, llegar a instancias internacionales tiene altos costos económicos para las víctimas.

Blindando a Piñera y otras polémicas

El comunicado de este miércoles viene a coronar una serie de decisiones criticadas y polémicas en la gestión de Sergio Micco como director del INDH. Micco, quien fue electo director del INDH el 19 de julio del 2019, en la práctica ha blindado al gobierno de Sebastián Piñera por las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante meses en el estallido social y ha generado graves crisis internas en la institución.

En mayo del 2020, Interferencia dio a conocer cómo Micco recibía un ingreso de parte de La Moneda, por un convenio firmado en 2017 entre la Segegob y la Universidad de Chile, para capacitar a dirigentes sociales.

Ya durante noviembre del 2019, afirmó en medios de comunicación que las detenciones, abusos sexuales, maltratos, acusaciones de tortura y daño ocular ocurridos las primeras semanas de la revuelta iniciada el 18 de octubre no correspondían a violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Eso generó revuelo, incluso entre los funcionarios del INDH, desplegados en distintos territorios y reportando vulneraciones a los derechos humanos en diversas ciudades del país.

También Micco generó problemas con la realización del informe anual del INDH de 2019, que terminó con la decisión de despedir a funcionarios históricos del servicio, como Osvaldo Torres, quien era jefe de la Unidad de Estudios -y quien sostuvo opiniones en contrarias al director nacional respecto de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos-, y de Jorge Ortiz, quien era jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, en marzo del 2020.

En mayo de ese mismo año, Interferencia dio a conocer cómo Micco recibía un ingreso de parte de La Moneda, por un convenio firmado en 2017 entre la Segegob y la Universidad de Chile, para capacitar a dirigentes sociales. Uno de los tres docentes de los cursos era Sergio Micco, a cargo del curso de Habilidades y Técnicas Comunicacionales, a pesar de no ser experto en el tema. Todo, con un pago de más de dos millones de pesos, en medio de las investigaciones por vulneraciones a los derechos humanos durante el gobierno de Piñera.

En junio del 2021, ya avanzada la pandemia y con muchos procesos judiciales detenidos por debido a la enfermedad, esta redacción dio a conocer la decisión de Micco de cambiar el criterio de conteo de los heridos oculares durante el estallido social. Fue así como en marzo del 2020 se contaban 460 víctimas por daño ocular, mientras que en junio eran 173, ya que Micco decidió informar sólo sobre los casos en donde el INDH se querelló.

La decisión fue rechazada por organizaciones de víctimas de daño ocular y también por integrantes del mismo consejo del INDH, quienes desconocían las razones detrás de esta decisión. Todo esto se conoció en medio de un paro de trabajadores que llevaba semanas sin llegar a un acuerdo. Ante la polémica, Micco incluso acusó a los mismos sindicatos de levantar las acusaciones publicadas por Interferencia, en una intervención que realizó en la Cámara de Diputados.

“Lamento que se haya producido esta polémica, pero quiero señalar que lean la noticia. El artículo trata de un conflicto gremial dentro del instituto, y quiénes levantaron este debate fue en torno a ese contexto”, señaló.

A pesar de sus palabras, a finales de junio del 2021 logró llegar a acuerdo con los trabajadores, tras 14 días hábiles de huelga.

En septiembre del 2021, se hizo público el fallo del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que determinó que el INDH había ejercido un despido discriminatorio en contra de Osvaldo Torres, ex jefe de la Unidad de Estudios del instituto, despedido en marzo del 2020.

Menos de un mes después, Interferencia dio a conocer que Micco tuvo que declarar desierta una licitación para una asesoría comunicacional del INDH, por $100 millones de pesos.  En medio de paros de los funcionarios, críticas por la reducción de cifras de heridos oculares en los reportes y una encuesta que sitúa al organismo por debajo de Carabineros en confianza ciudadana, Sergio Micco buscaba una asesoría profesional. La noticia se dio a conocer pocos días después de ocurrida la toma del edificio donde se encuentra el INDH, realizada por estudiantes secundarios organizados en la ACES y víctimas de daño ocular de la revuelta. La toma terminó alargándose ocho meses, hasta marzo de este año. 

En julio del 2021, la asociación de trabajadores Affindh, denunció un eventual cierre del programa psicosocial para víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto del estallido social, tras recibir notificaciones a funcionarios de cerrar casos. El sindicato afirmaba que la dirección encabezada por Sergio Micco se había excusado en hacer gestiones para conseguir presupuestos por los paros de trabajadores ocurridos durante ese año.

Dos meses después, en septiembre del 2021, se hizo público el fallo del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que determinó que el INDH había ejercido un despido discriminatorio en contra de Osvaldo Torres, ex jefe de la Unidad de Estudios del instituto, despedido en marzo del 2020. El tribunal condenó al INDH a pagar poco más de $30 millones de pesos a Torres, además de extender disculpas públicas al afectado en la web oficial del instituto. Torres acusó que su despido se debió a la diferencia de opinión que tenía el profesional con Micco respecto a las violaciones a los derechos humanos durante el estallido, que según el ex funcionario, Micco buscaba minimizar en su gravedad.

En diciembre del año pasado, Micco decidió desvincular a 48 profesionales, pertenecientes al programa Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Dos meses después, uno de los integrantes del consejo consultivo renunció a su cargo, acusando que MIcco sólo se ha reunido con el consejo consultivo “menos de cinco horas en 16 meses”.

La última polémica que involucró al director del INDH ocurrió en abril de este año, cuando sostuvo una reunión con gendarmes acusados por el mismo INDH de torturas en contra de un recluso, incidente que incluyó el corte de dedos de la víctima.