La mayoría de las respuestas fue similar: “este Servicio no ha incurrido en gastos referidos a la contratación de abogados para representar a ministros ni subsecretarios”. Mediante una treintena de solicitudes de información a través de Ley de Transparencia, INTERFERENCIA consultó a todos los ministerios por gastos incurridos en contratación de abogados durante el gobierno de Sebastián Piñera para defender ministros y subsecretarios en causas penales. 

En varios casos, se acompañaba también una explicación. Fue el caso de la  Subsecretaría del Trabajo: “la naturaleza de servicio centralizado que posee esta cartera, es decir, sin personalidad jurídica ni patrimonio propios, sino que fiscal, conduce necesariamente a que una representación como la que consulta sólo pueda efectuarse a través del Consejo de Defensa del Estado [CDE]”, indica su respuesta. (Revísela acá). 

Sin embargo, hubo seis carteras, con personalidad jurídica y/o patrimonio propio, que prescindieron de la defensa del CDE -un organismo estatal y, por tanto, cuya representación es gratuita en procesos judiciales- y optaron por acudir a defensores externos privados; gastando $250 millones en contrataciones vía trato directo. 

Hubo seis carteras que prescindieron de la defensa del CDE y optaron por acudir a defensores externos privados, gastando $250 millones en contrataciones vía trato directo. 

Se trata de los ministerios de Salud, Economía, Transporte y Telecomunicaciones, Justicia y Derechos Humanos, Educación e Interior y Seguridad Pública, entidades que acudieron a un total de 14 estudios externos para asesorar y/o defender a sus máximas autoridades en tribunales y, en algunos casos, ante el Congreso durante acusaciones constitucionales. 

Experiencia en litigios; la justificación 

La justificación detrás del gasto público, expresada en las resoluciones exentas que autorizaron las contrataciones, fue la experiencia litigando en causas penales de los estudios o abogados particulares recurridos. Los elegidos para las distintas causas fueron: Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía (en dos ocasiones), Riquelme y Compañía (dos ocasiones) De la Fuente, Godoy y Compañía, Illanes y Compañía, Carolina Zaror Ayub, Juan Domingo Acosta Abogados Asociados, Ignacio Ried Undurraga, Bawlitza de Feudis Abogados, , Balmaceda, Cox y Piña Abogados, Jorge Gálvez Santibáñez, , Ángel Valencia Vásquez, Daniel Martorell Felis y Francisco Cox Vial

Las causas por las que fueron contratados -al igual que los pagos comprometidos por cada una- fueron variadas. Los ministerios desembolsaron desde $3 a $32 millones para que representaran a sus autoridades en querellas deducidas por distintos temas, tales como acusaciones de violaciones a los derechos humanos, homicidio culposo y denegación de auxilio durante la pandemia, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y el funcionamiento del transporte público durante el plebiscito del 2021, entre otras. (Revise acá la tabla elaborada por esta redacción respecto a estas contrataciones públicas). 

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Dentro de los gastos también se contrataron asesorías para acusaciones constitucionales y, en el caso del Ministerio del Interior, para presentar querellas en contra de quienes incentivaron vía redes sociales y medios de comunicación masiva “a las personas a evadir el pago del pasaje del Metro de Santiago” previo al estallido social de 2019 (De la Fuente, Godoy y Cía, Illanes y Cía y Carolina Zaror), los cuales totalizan las mayores cifras desembolsadas ($32,3 millones y $30 millones y $30 millones, respectivamente). 

A continuación, INTERFERENCIA detalla parte de los contratos celebrados en las múltiples causas en que se recurrió a abogados externos para defender a autoridades del gobierno de Piñera. 

Los viejos conocidos del piñerismo

De todos los estudios y abogados particulares contratados por carteras de Sebastian Piñera en su segundo mandato para representar a ministros y subsecretarios, hay sólo dos que fueron recurridos en más de una oportunidad. Ambos trabajaron en Piñera II. Se trata de los juristas Luis Hermosilla Osorio y Eduardo Riquelme Portilla.

Hermosilla, a través de Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía Limitada, fue contratado en enero de 2022, por la cartera de Defensa para representar al ministro Mario Desbordes ante una querella interpuesta por el ex funcionario del Ejército, Rafael Harvey, por el delito de omisión de denuncia, recibiendo 325 UF ($10,1 millones en la fecha) por el servicio.

En marzo de 2022, el mismo abogado fue contratado para defender a la ministra de Transporte, Gloria Hutt, ante una querella presentada por supuestas irregularidades en el funcionamiento del transporte público durante el plebiscito de 2021; recibiendo otras 325 UF ($10,3 millones) por aquel servicio.

Los ministerios desembolsaron desde $3 a $32 millones para que representaran a sus autoridades en querellas deducidas por distintos temas, tales como acusaciones de violaciones a los derechos humanos, homicidio culposo y denegación de auxilio durante la pandemia, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y el funcionamiento del transporte público durante el plebiscito del 2021, entre otras.

Antes de esto, en 2013 y durante el primer periodo de Andrés Chadwick (UDI) en el Ministerio del Interior, Luis Hermosilla fue abogado asesor tanto de él como de Rodrigo Ubilla (RN). En la época, Hermosilla fue contratado a honorarios por $26 millones para asesorar al ministerio en las materias que fueran requeridas.

Cabe recordar que Luis Hermosilla compartió estudio jurídico con Chadwick antes de que este llegara al gobierno, en el estudio jurídico Hermosilla, Chadwick y Morales.

Con el regreso de Chadwick a Interior en 2018, también regresó Hermosilla como asesor externo, llegando a defender al ex ministro en la acusación constitucional por su rol en el control del orden público el 18 de octubre de 2019, que finalmente perdió. Dicha defensa no fue incluída en la respuesta vía Transparencia del Ministerio del Interior. (Revísela acá).

El segundo, Eduardo Riquelme, fue contratado en julio de 2021 a través de Riquelme y Compañía Limitada para, al igual que Hermosilla, defender a un funcionario de Defensa ante la querella por omisión de denuncia de Rafael Harvey. Esta vez, el representado fue el subsecretario de Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas, servicio por el cuál se le pagaron 287,6 UF (unos $8,5 millones). 

Tres días después de que se firmara el contrato por la defensa del subsecretario Vargas, el 21 de julio de 2021, Riquelme y Compañía fue contratada por segunda vez, esta vez por 550 UF ($16,3 millones). A cambio, el abogado debía representar a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, “y otros funcionarios afectados” según se puede leer en la resolución exenta de la compra pública, ante seis querellas por homicidio culposo, denegación de auxilio y abandono de destino y diseminación imprudente de gérmenes patógenos durante la pandemia. 

Riquelme, militante de Renovación Nacional, se desempeñó durante el primer periodo de Piñera como jefe de la División de Relaciones Políticas de Segpres y luego como jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, cartera por las que pasaron Jaime Ravinet (ex DC), Andrés Allamand (RN) y Rodrigo Hinzpeter (RN). Durante el segundo mandato de Piñera, en 2018, tomó la subsecretaría de Pesca y Acuicultura, cargo al que renunció en 2019. Después pasó nuevamente a las asesorías jurídicas del Ministro del Interior, dirigido por Gonzalo Blumel (Evópoli).

De todas formas, Riquelme sobrevivió al fin del gobierno de Piñera, tomando un cargo público como miembro del Consejo de Alta Dirección Pública desde 2019, cargo que ejerce a la fecha. 

Cabe recordar que Luis Hermosilla compartió estudio jurídico con Chadwick antes de que este llegara al gobierno, en el estudio jurídico Hermosilla, Chadwick y Morales.

A nivel privado, Riquelme y su estudio jurídico son asesores penales de MBI Inversiones, empresa que denunció al ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, en su cargo como director de la inmobiliaria Royal SpA por el caso del Edificio Riga. Según MBI, Parisi mintió en el arregló de leaseback para obtener control material del inmueble sin pagar, que a la postre sería ocupado por migrantes indocumentados.

Un tercer viejo conocido de Sebastián Piñera cierra la lista. Juan Domingo Acosta, ex socio del estudio jurídico Espina, Zepeda y Acosta, fue contratado por 1.000 UF ($27,9 millones a la fecha) y otras 1.000 UF en caso de evitar un juicio oral para representar al ex subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, en una querella de la empresa Pronova Technologies S.A. a propósito de la licitación del Hospital Digital del Minsal. 

Acosta representó a Piñera en reiteradas ocasiones en casos de entes privados y públicos. La primera vez en 2007, en el caso de uso de información privilegiada en la compra de acciones de LAN y que concluyó con una multa de UF 19.470 (unos $358 millones).

En 2017, Acosta se hizo cargo de la defensa de Piñera contra la querella del diputado comunista Hugo Guitérrez que acusó al ex presidente de realizar inversiones en la pesquera peruana Exalmar, mientras que en 2019 defendió a Piñera durante la acusación constitucional por violaciones a los derechos humanos.

Cercanos al oficialismo del gobierno anterior

El abogado Francisco Cox Vial -socio de Balmaceda, Cox & Piña- fue contratado por el gobierno de Piñera para realizar informes a la entonces subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, precisamente en una causa donde se acusan vulneraciones a los derechos humanos. 

Durante el segundo mandato de Piñera, en 2018, tomó la subsecretaría de Pesca y Acuicultura, cargo al que renunció en 2019. Después pasó nuevamente a las asesorías jurídicas del Ministro del Interior, dirigido por Gonzalo Blumel (Evópoli).

En concreto, Cox reportó gestiones a raíz de una querella por interpuesta por presos de Punta Peuco, la cual terminó siendo declarada inadmisible. La cartera desembolsó $3 millones por el servicio. 

Cox cuenta, según su perfil en el sitio web de BCP, con una reconocida carrera en materia de derechos humanos. Según reza la página, el abogado fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como investigador en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, asesoró el nombramiento de un fiscal de la Corte Penal Internacional, es el único chileno que ha litigado en aquella corte, y participó del programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. 

Es también ex socio de Hermosilla y Cía, firma con la que defendió a los ex senadores UDI Jovino Novoa y Ena Von Baer en el caso Penta, y a Salcobrand por la colusión de las farmacias; según informó El Mercurio. 

A nivel público, la firma BCP, donde participa Cox Vial, defendió a Marcela Cubillos (UDI) en la acusación constitucional en su contra por el caso del Sistema de Admisión Escolar, que finalmente fue desestimada por la Cámara de Diputados. $15 millones fueron destinados a aquel servicio. 

Siguiendo con las acusaciones constitucionales, aparece Jorge Gálvez Santibáñez, contratado en 2021 para asesorar al entonces ministro de Educación, Raúl Figueroa. Gálvez, quien fue también remunerado con $15 millones, siendo rechazada la acusación por 71 votos a favor contra 76.

Gálvez también asesoró a Piñera en la acusación constitucional contra el mandatario por el caso Pandora Papers, donde se reflotó la cláusula tercera del contrato de venta de la minera Dominga a una sociedad inmobiliaria de Carlos Alberto Délano, en la que se pedía no innovar en restricciones ambientales durante el gobierno del empresario.

Gálvez también asesoró a Piñera en la acusación constitucional contra el mandatario por el caso Pandora Papers, donde se reflotó la cláusula tercera del contrato de venta de la minera Dominga a una sociedad inmobiliaria de Carlos Alberto Délano, en la que se pedía no innovar en restricciones ambientales durante el gobierno del empresario. Aquel recurso constitucional tampoco prosperó, alcanzando 24 de los 29 votos necesarios en el Senado para que fuese aprobada.

Vale destacar que, en 2004, Gálvez fue parte del caso Spiniak siendo parte del estudio Albagli Zaliasnik, donde asumieron la representación de la UDI en el proceso que investigaba al actual ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz.

Los estudios Illanes y Compañía; De la Fuente, Godoy y Compañía y la abogada Carolina Zaror; en tanto, fueron contratados por el Ministerio del Interior para representar a la cartera en querellas presentadas en contra de quienes hayan incentivado la evasión del Metro de Santiago durante las protestas del estallido social del 2019. Ambos estudios percibieron $30 y $32 millones, respectivamente, por la representación en 20 causas cada uno; mientras que Zaror hizo lo propio en 30 causas a cambio de $30 millones, según lo informado por Interior vía Transparencia.

Nota del editor: Este artículo fue modificado con posterioridad a su publicación a raíz de un error en cuanto a los servicios prestados por el abogado Francisco Cox Vial. Se indicó que prestó servicios al ministro Hernán Larraín a raíz de una querella por crímenes de lesa humanidad durante el estallido social, cuando en realidad Cox asesoró a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, ante una querella interpuesta por presos de Punta Peuco que terminó siendo declarada inadmisible.