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Lunes, 13 de julio de 2020
Otro paso hacia el autoritarismo

Gobierno limita libertad de expresión de periodistas alternativos al subir exigencias para obtener salvoconductos

Diego Ortiz

El nuevo Permiso Único Colectivo – desde ayer, el único salvoconducto disponible para prensa – exigirá que los medios que lo soliciten tengan inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, cuestión que deja afuera a medios comunitarios como Piensa Prensa, Mapuexpress, Radio Villa Francia y otras voces de la sociedad civil. Esto se da en paralelo a un periodo de 90 días de estado de excepción, con toques de queda militares indiscriminados.

Antes, la credencial de periodista más el carné de identidad eran suficientes para salir a reportear durante la cuarentena. Desde ayer, eso cambió: el Permiso Único Colectivo – el nuevo salvoconducto para prensa– exige al medio solicitante haber iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII), un requisito que no cumple un gran número de medios y profesionales comunitarios, universitarios, independientes y corresponsales extranjeros.

Además, la limitante no está explicitada en el instructivo elaborado por el Ministerio del Interior, sino que sólo aparece una vez que el interesado ya se encuentra en el proceso de llenado de la ficha para obtener el permiso en la Comisaría Virtual.

Esta medida se adopta en paralelo a la extensión de un nuevo estado de excepción por 90 días, los que han permitido implantar un régimen no solo de cuarentenas, sino que también de toques de queda militarizados en gran parte del país, cosas que de por sí limitan el trabajo periodístico, al someterlo a la obtención recurrente de permisos y salvoconductos. 

La medida, en la opinión de Gustavo Alfonsi, abogado encargado de litigación estratégica en el Observatorio de Derecho de la Comunicación, atenta contra los principios básicos de la libertad de expresión, según la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado que habría una eventual discriminación hacia “todas aquellas personas que ejercen el periodismo sin haber formalizado su actividad ante el Servicio de Impuestos Internos”.

“Estoy pensando, por ejemplo, el caso de los fotógrafos, el caso de Prensa Opal o Piensa Prensa”, todos actores relevantes -e informales, desde la perspectiva tributaria- dentro de la cobertura de los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social y que para el abogado sin duda ejercen una función periodística.

Alfonsi, además, pone en duda la real utilidad del requerimiento, el cual apunta a limitar el número de personas en las calles. “El gobierno no ha expresado ninguna evidencia de que los salvoconductos para comunicadores y periodistas estén generando un daño al bien jurídico de la salud pública o sean un problema para la mantención de la cuarentena”, asegura. El académico agrega que que el universo de periodistas es tan acotado que “resulta difícil entender o aceptar que estas restricciones sean necesarias”.

Para Carlos Muñoz, comunicador de Radio Villa Francia, el requisito de inicios actividades viene directamente a censurar el trabajo de los medios independientes. “Cabe recordar que los medios tradicionales cuestionaban si era cierto o no que Carabineros disparara a los ojos de los manifestantes y fue por los medios autogestionados que se difundieron imágenes brutales sobre estos hechos”, siendo el requisito del Ministerio del Interior una medida “contra los medios pobres que intentan hacer reflexionar al pueblo y que intentan mostrar el fracaso de un sistema que tiene como objetivo que una minoría mantenga sus privilegios.

Según Muñoz, “para eso es que levantan todos estos requisitos: atacan a su piedra en el zapato”.

Para Juan Ortega, coordinador de contenidos de la radio comunitaria RadioJGM y profesor de Comunicación Comunitaria en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, el requerimiento adoptado por el gobierno no solo atenta contra la libertad de expresión, sino que responde a una mirada economicista de las comunicaciones. “Lo que está haciendo es definir que solamente pueden trabajar en temas informativos medios que pertenezcan a una empresa”, explica, dejando fuera a un gran número de medios comunitarios, universitarios, independientes y corresponsales extranjeros que no cuentan con inicio de actividades.

“Si limitamos el número de voces que participan de la disputa de contenidos y de sentidos en Chile –que ya es un país ultra concentrado a nivel de comunicación– lo que estamos haciendo es perder todos: como audiencias, como sociedad y como opinión pública”, indica Ortega.

El Sindicato Nacional de Medios de Comunicación Independientes (ARI) emitió un comunicado criticando la normativa, tildándola de "aberrante y avasalladora". El escrito destaca la participación de medios independendientes durante la catástrofe sanitaria calificándola como clave a la hora de difundir información local inmediata, cuestión que se pondrá en riesgo al restringir su permiso para desplazarse libremente por el territorio. 

El problema de registrarse en la Comisaría Virtual

Otro gran problema es la entidad que solicita los datos. El permiso se solicita a través de la Comisaría Virtual, sitio web administrado por Carabineros de Chile. En opinión del abogado Alfonsi, “señalar un rubro o anexar información particular y sensible del periodista –como su domicilio particular– resulta problemático en Chile, ya que hay experiencias anteriores en que Carabineros ha realizado investigaciones, teniendo como objeto de interés a periodistas, algo que no tiene fundamento”.

La entrega de información sensible es el principal argumento para no solicitar salvoconductos, según Mikal, editor de Piensa Prensaquien solicitó mantener su identidad en reserva por asuntos de seguridad personal. Si bien el medio no cuenta con inicio de actividades en el SII y, por tanto, no tiene posibilidad de acceder al Permiso Único Colectivo, para el editor igualmente no es factible solicitarlo, aunque no se requiriera el certificado del SII.

 “Hay testimonios, testigos y videos de Carabineros de Chile sacando fotografías a nuestras credenciales, las cuales se difunden por redes sociales”, asegura Mikal. La publicación de información sensible de reporteros y editores de Piensa Prensa ha llevado incluso a funas, donde entre amenazas se da a conocer a todo público data de los periodistas. “Tememos por nuestra integridad: hay gente en redes sociales que dicen que quemen a los trabajadores de Piensa Prensa dentro de sus casas”, relata el editor, una situación que a su juicio no tienen que vivir periodistas de medios tradicionales.

“La gente de TVN o de canales oficiales tienen una dirección de trabajo, que no es su dirección particular, pero nosotros no, y se presta a persecución” indica Mikal. “Nosotros como medio no vamos a poder salir, porque no nos expondremos a dar nuestros datos”.

Libertad de expresión bajo fuego

Los nuevos requisitos para obtener el nuevo salvoconducto están complicando el ejercicio del periodismo a un gran número de profesionales, limitando con ello la libertad de expresión. Podría argumentarse que este límite viene por añadidura, o que quizás no hay una intencionalidad detrás del requisito, sino un mero desconocimiento de la situación de cientos de periodistas y comunicadores nacionales, pero la realidad es que no es un hecho aislado.

La cuarta editorial de INTERFERENCIA, titulada El peligro del ‘Autoritarismo Democrático’ recopila medidas anunciadas por el gobierno bajo el contexto del estallido social y la pandemia, las cuales vienen precisamente a limitar libertades garantizadas por gobiernos democráticos, pero que bajo un argumento u otro, han sufrido importantes limitaciones.

A la exigencia de inicio de actividades en el SII, se suman otras medidas de dudosos propósitos: el toque de queda de 22 horas a 5 de la mañana, una medida extraña para controlar el virus dado la poca movilidad que existe a esas horas; la detención de 57 manifestantes –periodistas, sindicalistas y trabajadores entre ellos, incluido un equipo de televisión que transmitía en vivo– durante la celebración del Día del Trabajador por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros; y la  prorrogación por 90 días del estado de Emergencia, lo que convertirá a Chile en el país con el toque de queda militar más prolongado del mundo, si esa medida sigue aparejada a dicho estado de excepción.

El académico y pensador portugués Boaventura de Sousa Santos, en Las democracias también mueren democráticamente, explica que las “fuerzas antidemocráticas se van infiltrando dentro del régimen democrático”, capturándolo “dentro de la legalidad y sin alteraciones constitucionales”. Las alteraciones a la democracia son graduales, “hasta que en un momento dado el régimen político vigente, sin haber dejado de ser formalmente una democracia, aparece como totalmente vaciado de contenido democrático, tanto en lo que se refiere a la vida de las personas como de las organizaciones políticas”, apunta de Souza.

Patricio Melillanca, periodista de Mapuexpress.org –medio comunitario e independiente especializado en cobertura de temas relacionados al pueblo mapuche –asegura que se está buscando limitar las comunicaciones dentro del pueblo originario. “En las comunidades, donde se han producido hechos de violencia y asesinatos, los werkenes han sido claves para denunciar los atropellos”.

Los werkenes son los comunicadores mapuche, quienes, de acuerdo con Melillanca, en tiempos de pandemia “han estado realizando el trabajo de intercambiar los mensajes entre las comunidades”. Melillanca explica que, a su juicio, “Piñera está atentando contra la werkenización de las comunidades y el derecho a buscar, investigar y difundir información en estos tiempos de pandemia”.

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