El llamado caso audio comienza a transformarse en un pulpo de tentáculos que todo lo que toca se convierte en delitos económicos, cohecho, soborno y lavado de dinero.

Y es que desde la aparición en 2024 de la grabación revelada por Ciper, donde el abogado Luis Hermosilla dijo “aquí estamos haciendo una huevá que es delito”, empresarios, miembros del Poder Judicial, funcionarios del SII y la Tesorería, se transformaron en la antonomasia de la corrupción.

La última parte de la saga, revelada por The Clinic, involucra a la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj.

En la carpeta de investigación que lleva la Fiscalía Oriente, Sabaj se comunica vía whatsapp con Hermosilla para operar -entre muchos otros aspectos- en contra del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, y buscar que el Pleno del tribunal de alzada capitalino le aplique una sanción por su criterio resolutivo post estallido social, mientras arreciaba la pandemia en 2020.

Esa es solo una de las maneras que usó Sabaj para “agradecer” las influencias que Hermosilla ejerció durante el segundo gobierno del fallecido Presidente Sebastián Piñera, para que asumiera como miembro de la Corte de Santiago.

Otra vez

Los hechos mencionados derivaron en dos situaciones que -nuevamente- tendrán a Hermosilla en el banquillo de los acusados, pero sobre todo a una magistrada en las garras de una fiscal del Ministerio Público reconocida por su acuciosidad. Se trata de la persecutora del Ministerio Público Centro Norte Ximena Chong, jefa de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad.

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De esta forma, se abre una nueva arista del caso, pero con una jurisdicción distinta a la que lleva “la oriente”, ya que el principio de ejecución del delito ocurrió en el corazón de la capital; o dicho de otro modo, en centro neurálgico de la República.

El magistrado Urrutia ha enfrentado múltiples sumarios por sus decisiones jurisdiccionales, pero en esta pasada -y gracias a la existencia de los whastapp entre Hermosilla y Sabaj- decidió interponer una querella ante el mismo tribunal que integra, el Séptimo de Garantía.

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La acción legal por el delito de “prevaricación” (corrupción judicial) está dirigida en contra de Hermosilla y Sabaj, pero el libelo abrió un nuevo flanco: el magistrado Antonio Ulloa. Este último, también se benefició de la influencia del ex abogado del gobierno de Piñera.

El libelo, cuya admisibilidad está pendiente en el Séptimo de Garantía, empuja la indagatoria desformalizada que sustancia la fiscal Ximena Chong, que ya cuenta con Rol Único de Causa (RUC) en el Ministerio Público. El patrocinante de Urrutia es el abogado Carlos Quezada.

Lo de siempre

En casos de este tipo, las diligencias suelen ser de carácter intrusivo. Ello significa que requieren autorización judicial (por extensión de control constitucional) para incautar teléfonos, acceder a correos electrónicos, alzar el secreto bancario en busca de coimas y abren un espectro a otros posibles involucrados. Por ejemplo, quienes acogieron las influencias de Hermosilla para el nombramiento de Sabaj.

Al mismo tiempo, cómo esta última utilizó sus influencias de manera ilegal para que sus colegas del ampliado de ministros buscaran sancionar a Urrutia.

Se trata una revelación gráfica donde “una” miembro del tribunal de alzada capitalino revelara la forma de operar en favor de un lobbista del gobierno (Luis Hermosilla) de turno para agradecer su designación en el cargo.

Muerte anunciada

Luego de que el 21 de enero del corriente The Clinic revelara la existencia de la mensajería, el Pleno de la Corte Suprema resolvió abrir un cuaderno de remoción a raíz de la conducta de Sabaj.

En paralelo, el tribunal de alzada capitalino aperturó una investigación administrativa en contra de esta última.

En términos concretos -y tomando el sentido y alcance de los hechos-, la apertura de un cuaderno de remoción implica que Sabaj está virtualmente “echada” del Poder Judicial.

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Hay que recordar que la mensajería electrónica de Hermosilla, derivó en la destitución de la ex abogada “extraña” a la judicatura, Ángela Vivanco. Esta última, además, enfrentó una acusación Constitucional, donde el Senado hizo lo propio en 2024. En suma, no podrá acceder a un cargo público los próximos cinco años de su vida.

No es todo, porque al mismo tiempo enfrenta una investigación que tramita la Fiscalía de Los Lagos por eventuales delitos de corrupción. Ello por supuestas influencias en favor del suspendido fiscal de Coyhaique Carlos Palma. A este último, la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles, le habría ofrecido un doctorado y retirarse de la postulación al cargo de fiscal nacional -que ganó Ángel Valencia- a cambio de asumir la titularidad del Ministerio Público Centro Norte. 

Actualmente, lo dirige Xavier Armendáriz, el mismo que estará detrás de Ximena Chong buscando que Sabaj, Hermosilla y Antonio Ulloa enfrenten la justicia por eventuales delitos de corrupción. Y esto no para o bien recién comienza… una vez más.