El grupo de aportantes -quienes ya demandaron a LarrainVial y al ex gerente de STF-, estudian una demanda contra el matrimonio de Óscar Lería y Paola Luksic, su hermana Gabriela Luksic, así como el grupo Algeciras, liderado por Eduardo Elberg y Andrés Solari.

Chats de Hermosilla revelaron cómo la magistrada del tribunal de alzada capitalino, Verónica Sabaj, operó para que el Pleno  sancionara al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. El caso quedó en manos de la Fiscalía Centro Norte,

Andrés y Manuel Bulnes Muzard, miembros de una de las familias aristocráticas chilenas, venían de un 2024 convulso tras el destape del caso Factop y su responsabilidad como directivos de LarrainVial que acabó esta semana con su formalización.

A los involucrados se les imputan seis delitos fundamentados en la participación y responsabilidad de los mismos: lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso además de la entrega de información falsa al mercado. El presidente de la firma, Fernando Larraín, le entregó su apoyo a los ejecutivos en una misiva dirigida a sus trabajadores. 

La decisión de suspender y abrir cuaderno de remoción en contra de la magistrada que adoptó el pleno del máximo tribunal, reordenó también el mapa político. El oficialismo busca acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierre Matus. La derecha propone su apoyo, pero incluyendo a Sergio Muñoz. Todo recién comienza en la peor crisis judicial gracias a los mensajes no borrados de una aplicación.

La decisión fue adoptada por el persecutor Centro Norte Francisco Ledezma. Incluye comunicaciones entre el 17 de junio de 2020 al 1 de marzo de 2023 que vinculan a dos ex directores de la PDI: Héctor Espinosa, formalizado por lavado de dinero y malversación y su colega Sergio Muñoz, por violación de secreto. Espinosa y Martorell fueron representados por Hermosilla. Esta es la historia.

De esta manera, Musante se convierte en una nueva recurrente en representación de la Cámara, en un caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial y al abogado Luis Hermosilla, pero en una arista de la Fiscalía Centro Norte

El fiscal Francisco Ledezma deberá tomar esa decisión. Esto luego de que la parte querellante en el caso solicitó que sea revisada la extracción que hizo la Fiscalía Oriente -en el marco del “caso audio”- al celular de Hermosilla, quien patrocinó a Martorell por casi dos años.

La decisión del tribunal afecta además a la abogada Leonarda Villalobos y a su marido Luis Angulo, a nueve meses de que se conociera el audio revelado por Ciper, en el cual Hermosilla hablaba de coimear a funcionarios públicos.

El abogado Juan Pablo Hermosilla buscó derribar los antecedentes entregados por el Ministerio Público, asegurando que detrás de la parafernalia mediática, hay poco sustento legal. Esto, en primera instancia, para evitar la prisión preventiva de su hermano.

En el libelo al que accedió Interferencia, el organismo agregó a Daniel Sauer como autor de delitos reiterados de soborno, al igual que el abogado Luis Hermosilla, su colega Leonarda Villalobos y el marido de esta última Luis Angulo. También incluyó a dos funcionarios públicos por ilícitos de cohecho, pertenecientes a la Tesorería y el SII.

Según la investigación de la fiscalía el dinero para ese pago provino de Factop. El actual ministro de la Corte Suprema indicó a Interferencia que se trató de honorarios por un informe en derecho elaborado en 2019, cuando ejercía de manera privada su profesión.

Se trata del ingeniero en ejecución en gestión pública, Renato Robles Iturrriaga, adscrito como ejecutivo a la gestión de cobro, en la Tesorería. Como sueldo percibe poco más de $2 millones 599. Patricio Mejías Esparza es un sujeto que desarrolla labores administrativas en la regional Oriente del SII. La audiencia de formalización quedó fijada pafra el 21 de agosto.

“Los montos eran entregados por Daniel o Ariel y la cantidad de facturas también”, declaró un técnico auditor de 20 años que realizó su práctica en Factop y que reveló la forma de operar de los hermanos Sauer a la PDI. “Dichas facturas no contaban con el procedimiento que yo acostumbraba a hacer al principio, que era cotejar la información con bodega”, apunta. Durante la pandemia le pidieron ponerse creativo, agregando como ventas ficticias todo tipo de productos de limpieza.

Se trata de cuatro pistolas y tres revólveres repartidos entre los involucrados: Alberto Sauer, Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg y Darío Cuadra que figuran en un informe reservado de la PDI. Dos de ellas están registradas para defensa personal mientras que el resto figura como uso deportivo. 

Se trata de ocho facturas por un total de $30 millones emitidas por Textil Ziko a Inversiones Guayasamín, ambas propiedad de Daniel Sauer, socio de Factop. Los documentos, hoy investigados, fueron emitidos el mismo día y están marcados como “cedibles” para ser factorizados.

En medio de la investigación interna contra Montes, Solange Bernstein confirmó en la comisión del Caso Audios que se le renovó por 6 años como fiscal de la Unidad de Investigación y respaldó su gestión.

Se trata de millonarias "facturas de favor" por útiles de aseo y ropa emitidas por Textil Ziko, de los Sauer, a Inversiones Barros Negros, de los Jalaff, pero que por alcance de nombres llegaron equivocadamente a la empresa de Ximena Corbo, hija del ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo, y directora de CMPC, quien ya se querelló.

Mientras las nuevas autoridades del Hospital San José buscaban información por un desfalco de $5.000 millones, aparecieron boletas correlativas, emitidas por la ex jefa jurídica del hospital, a la firma Steuern, propiedad de Villalobos. La sociedad es mencionada en el audio donde Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Villalobos buscan la forma de coimear a funcionarios del SII y la CMF.

Inversiones RAE SpA, una de las empresas mencionadas en el audio filtrado del abogado Luis Hermosilla, acusa que sociedades de los hermanos Sauer y Topelberg emitieron más de 500 facturas falsas a nombre de la compañía, las cuales después eran vendidas a otras empresas. Varios querellados son socios de la empresa de factoring Factop, investigada por delitos tributarios.

Durante la reunión entre Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos se reconocen facturas falsas, palos blancos en sociedades y proponen hacer una “cucha” con empresarios para que al SII “le llueva”. Incluso Sauer habla de pagar coimas “como lo hemos hecho siempre”.

Ciper reveló una conversación entre Luis Hermosilla, Daniel Sauer (controlador de Factop y la corredora STF) y la abogada Leonarda Villalobos, en el que se mencionan pagos a funcionarios públicos para obtener favores. El efecto cascada fue inmediato: Miguel Crispi, jefe del Segundo Piso de La Moneda, prescindió de Hermosilla quien lo estaba defendiendo en el Caso Convenios. El SII abrió un sumario interno y la Fiscalía inició una investigación de oficio.