El domingo 12 se realizó la primera vuelta presidencial en Perú, una elección que reunió a 35 candidatos y que estuvo marcada por problemas logísticos y acusaciones de fraude. En medio de un estrecho y prolongado conteo —que duró más de cuatro días y con un triple empate técnico que se extendió por la mayoría de las jornadas de recuento—, los resultados, hasta el cierre de esta nota, posicionan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los candidatos que avanzarían a la segunda vuelta.

Más allá del resultado, quien llegue finalmente al poder enfrentará un desafío mayor: no solo gobernar, sino también completar su mandato. Desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018, el país arrastra una inestabilidad política persistente, con ocho presidentes que han pasado por el Palacio de Gobierno en menos de una década.

Su trayectoria, sin embargo, ha estado marcada por diversas controversias judiciales. Fue acusada de lavado de activos, incluyendo una causa vinculada a la empresa brasileña Odebrecht, por la que permaneció 13 meses en prisión preventiva entre octubre de 2018 y noviembre de 2019. Dos meses después volvió a ser encarcelada en el marco de una investigación que incluía cuatro delitos, entre ellos el financiamiento irregular de sus campañas de 2011 y 2016. Recuperó su libertad meses más tarde en el contexto de la pandemia. En marzo de 2021, la fiscalía solicitó una pena de 30 años y 10 meses de prisión en su contra. 

En este escenario, el resultado de Keiko Fujimori la acerca una vez más a su objetivo de alcanzar la presidencia de Perú. Esta es la cuarta vez que la líder de Fuerza Popular se presenta a las elecciones presidenciales. Ya lo había hecho en 2011, 2016 y 2021, ocasiones en que logró pasar al balotaje pero en donde fue derrotada por Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente. 

Keiko Fujimori se consolidó como la principal figura del fujimorismo, una corriente de derecha articulada en torno al legado político de su padre, Alberto Fujimori, y que se expresa a través de distintos movimientos y partidos. Desde 2010 lidera Fuerza Popular, colectividad desde la cual ha logrado mantener la vigencia e influencia de este sector en la política peruana.

Su trayectoria, sin embargo, ha estado marcada por diversas controversias judiciales. Fue acusada de lavado de activos, incluyendo una causa vinculada a la empresa brasileña Odebrecht, por la que permaneció 13 meses en prisión preventiva entre octubre de 2018 y noviembre de 2019. Dos meses después volvió a ser encarcelada en el marco de una investigación que incluía cuatro delitos, entre ellos el financiamiento irregular de sus campañas de 2011 y 2016. Recuperó su libertad meses más tarde en el contexto de la pandemia. En marzo de 2021, la fiscalía solicitó una pena de 30 años y 10 meses de prisión en su contra. 

A esto se suman otras aristas, como su presunta vinculación con una red de jueces y fiscales en el puerto del Callao y una investigación preliminar abierta en febrero de este año por posible enriquecimiento ilícito.

En la otra vereda, su contendor, Roberto Sánchez, logró meterse en la disputa por el sillón presidencial peruano en el tercer día del conteo de votos, el representante de la izquierda superando por un estrecho margen al ex alcalde de Lima, Rafael López-Aliaga.

Sánchez, presidente del partido Juntos por el Perú, se presenta como el “candidato presidencial castillista” y busca reivindicar —incluso con el uso del sombrero como símbolo— la figura del expresidente Pedro Castillo. Este último gobernó el país entre 2021 y 2022 y hoy se encuentra en prisión, condenado por conspiración para la rebelión, cargos que él ha rechazado.

Dentro de sus propuestas está liberar a Castillo, —a quien Sánchez considera “víctima de un complot golpista”—, elaborar una nueva Constitución y recuperar el gobierno “para el pueblo”.

En un escenario de alta fragmentación del voto y marcado por la incertidumbre, el candidato de Juntos por el Perú ha intentado consolidar el apoyo del electorado rural, un segmento que en elecciones anteriores resultó decisivo para revertir desventajas iniciales en el conteo de votos.

Y en un país marcado por la inestabilidad política persistente, el próximo gobierno que surja del balotaje enfrentará un desafío clave: lograr algo que en los últimos años se ha vuelto excepcional, terminar su mandato.