Desde esta semana los funcionarios del Ministerio Público –a excepción de los fiscales, abogados asistentes y altos cargos del organismo–, tienen permitido militar legalmente en partidos políticos.

Esto gracias a que el fiscal nacional, Ángel Valencia, firmó hace algunos meses una resolución que así lo permite, según informó La Tercera, amparado en una reciente modificación al artículo 18 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos que a juicio del líder de la entidad exime a estos funcionarios de la prohibición.

Pero si bien la medida considera que quienes militen “no podrán realizar, durante su jornada de trabajo y en dependencias del Ministerio Público, actividades de carácter político”, la decisión de Valencia llega en el período más escandaloso para el organismo, precisamente por temas políticos.

A mediados de 2024 el Caso Hermosilla comenzó a impactar directamente al Ministerio Público, dado que se conocieron mensajes entre Luis Hermosilla y el ex fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, en los que intercambiaban información sobre el Caso Penta, en tiempos en que dicho persecutor estaba a cargo de la investigación.

Esto último no fue mientras Valencia era fiscal nacional, sino que cuando el organismo estaba a cargo de Jorge Abbott. Sin embargo, meses después de lo conocido sobre Guerra, sería el actual mandamás de la Fiscalía quien pasaría al pizarrón.

En agosto de 2024, la Fiscalía Nacional reconoció que existían conversaciones por mensajería entre Hermosilla y Valencia, pero el líder del Ministerio Público se escudó en que no fue mientras ostentaba dicho cargo, sino que cuando trabajaba en el ámbito privado.

Valencia reconoció que se había reunido con Luis Hermosilla y con Andrés Chadwick cuando ya había sido nombrado como fiscal nacional.

Pero en octubre del mismo año, Valencia reconoció que se había reunido con Luis Hermosilla y con Andrés Chadwick cuando ya había sido nombrado como fiscal nacional.

Aparte del Caso Hermosilla está Procultura, la arista más grande del Caso Convenios por involucrar a distintas regiones del país y $6.853 millones que salieron desde gobiernos regionales a la ONG.

En este contexto, el Ministerio Público también ha marcado los escándalos. Por ejemplo, a la fecha aún no hay nadie formalizado pese a que la investigación comenzó en 2023; se removió del mando del caso al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, por verse involucrado con Luis Hermosilla; también fue expulsado la investigación su sucesor, Patricio Cooper, fiscal regional de Coquimbo, por escuchar ilegalmente conversaciones telefónicas de Josefina Huneuss, ex psiquiatra del presidente Gabriel Boric y ex pareja del director del Procultura, Alberto Larraín; además, la fiscal del Caso Convenios en el Biobío, María José Aguayo, es amiga y participó de una fiesta con uno de los investigados cuando la arista ya existía.

A propósito de Patricio Cooper, uno de los mayores cuestionamientos que ha enfrentado la Fiscalía durante el presente año son las filtraciones de información secreta en medios de comunicación. En esto, se ha apuntado principalmente a las investigaciones lideradas por el fiscal regional de Coquimbo, quien estuvo a cargo de acusaciones contra la diputada del Partido Comunista, Karol Cariola –a quien allanó en el hospital después de dar a luz–, como también la ex alcaldesa de Santiago y militante de la misma colectividad, Irací Hassler, en el Caso Sierra Bella, el cual ya fue cerrado por el mismo Cooper.

La decisión de Ángel Valencia se da en un duro momento para la credibilidad de la institución. Además, efectivamente fue controversial en los pasillos de la misma. 

Considerando todo este contexto, la decisión de Ángel Valencia se da en un duro momento para la credibilidad de la institución. Además, efectivamente fue controversial en los pasillos de la misma. 

El pasado jueves, La Segunda informó que tres asociaciones de trabajadores del Ministerio Público enviaron un oficio al fiscal nacional solicitando que impugne la medida dado que puede afectar la autonomía del organismo, además argumentaron que “adolece de vicios de legalidad que lo tornan susceptible de nulidad”. 

“El fiscal nacional quedó en ridículo. Lo rechazaron las propias asociaciones con este tema, eso sí que es terrible. Le sacaron todo el piso y lo metieron a la hoguera”, dijo a Interferencia un ex fiscal regional –pidiendo reserva de identidad–, que conoce de la interna del Ministerio Público.

Consultado por nuestro medio, el abogado penalista, Mauricio Daza, indicó que “si bien en términos generales y abstractos podría considerarse como plausible que los funcionarios del Ministerio Público puedan tener una militancia política, y que en esa dinámica incluso se permita que en las elecciones de las asociaciones de funcionarios en su interior participen listas de partidos o coaliciones políticas, se trata de una pésima y peligrosa iniciativa si se considera la realidad en concreto donde opera la institución”.

El jurista conocido por haber sido querellante en emblemáticos casos de corrupción, agregó que ”la Fiscalía tiene a su cargo la investigación de causas penales vinculadas con graves hechos de corrupción, que en muchos casos involucran a importantes autoridades del Estado y dirigentes de partidos políticos. Además se ha observado en los últimos años como se ejecutaron medidas al interior del Ministerio Público y que terminaron siendo funcionales a la impunidad en casos graves de corrupción, impidiendo conocer la verdad completa sobre el funcionamiento y extensión de estas redes ilícitas, como ocurrió con los casos Penta y SQM”.

Por su parte, el ex fiscal y ex convencional constituyente, Andrés Cruz, dijo a Interferencia que la medida de Valencia  “es levantar el velo. En la institución la mayoría tiene su sensibilidad política. Que los funcionarios puedan militar es reconocerle una interpretación posible al ordenamiento jurídico, que yo no comparto, pero que no veo cómo podría restarle mérito si hay opciones diversas, sin perjuicio que la mayoría no militará en ningún partido como ocurre, por lo demás, en otras instituciones”.

La ‘doctrina Valencia’, quizás apunta sutilmente a un camino que ya es realidad en otros países.

Por ejemplo, la polémica reforma judicial llevada a cabo en 2024 por el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la cual decretó que los jueces federales serán elegidos mediante elección popular, medida criticada por algunos sectores en dicho país por considerar que “politizaría” la selección de magistrados.

Asimismo, resuena con la realidad de Estados Unidos, donde la mayoría de los estados elige a sus fiscales generales y a los jueces de algunos tribunales.