Con la apertura de la caja de Pandora que significó el caso Hermosilla, se ha comenzado a correr el velo sobre lo que parece constituir un entramado de tráfico de influencias que hoy afecta no solo el sistema de nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, como es el caso del ministro Jean Pierre Matus y la ministra Ángela Vivanco, sino que también con la tramitación y fallos diferenciados para ciertas causas patrocinadas por ex parlamentarios que hoy ejercen como abogados y que indirectamente pudieron verse beneficiados con ello.

Es el caso de la tramitación de una causa en la Corte Suprema ligada al conflicto entre la empresa bielorrusa “Consorcio Belaz Movitec SPA (“CBM”) con Codelco”, resuelta con inusitada rapidez, y donde, al parecer, la ministra Vivanco solicitó integrar con éxito la Tercera Sala que debía revisar, analizar y fallar la causa.

Lo relevante —como en cualquier conflicto judicial o político— es preguntarnos ¿quién gana con esto? ¿Quién gana con el fallo favorable dictado por la Tercera Sala integrada de la ministra Vivanco que favoreciera a la empresa bielorrusa CBM?

La respuesta parece obvia, la parte vencedora y los abogados, quienes cobran sus honorarios profesionales constituidos naturalmente por un porcentaje de lo que se obtenga en el juicio y quizás una suma de dinero fija, siempre, en consideración al monto de dinero o cuantía del caso.

En síntesis, tenemos que quienes se habrían beneficiado por la integración de la ministra Vivanco en la Tercera Sala de la Corte Suprema, son los abogados patrocinantes, los ex diputados Lagos y Silber y el abogado Vargas según lo que se conoce hasta ahora, quizás también sería importante una declaración de la senadora en ejercicio Loreto Carvajal de manera de despejar suspicacias y dudas sobre eventuales vinculaciones o conocimiento de los hechos.

Pero lo particular de este caso, son los nombres de esos abogados ganadores: Carlos Eduardo Lagos Herrera, diputado Radical hasta 2006 y abogado de UNIAAC, el mismo parlamentario implicado en el caso de la falsificación de un certificado de Enseñanza Media por el cual fuera desaforado; Gabriel Moisés Silber Romo, diputado de la Democracia Cristiana hasta marzo de 2022, abogado de la Universidad Diego Portales y actual pareja de la actual Senadora Loreto Carvajal Ambiado, según se desprende de las información disponible en la Red, y; Mario Andrés Vargas Cociña, abogado de la Universidad Católica de Temuco y quien fuera quien trató de impedir que la Fiscalía conociera de todos los chats de Luis Hermosilla mediante la interposición de un recurso de Protección y que, aparentemente, ha tenido una serie de causas conjuntas con Luis Hermosilla. 

En términos monetarios, la cuantía de esta causa tramitada con extrema e inusitada celeridad por la Tercera Sala integrada por la ministra Vivanco, era de 25 millones de dólares que, al tipo de cambio actual, equivalen a unos $23.575.000.000 de pesos de lo que se conoce.

En síntesis, tenemos que quienes se habrían beneficiado por la integración de la ministra Vivanco en la Tercera Sala de la Corte Suprema, son los abogados patrocinantes, los ex diputados Lagos y Silber y el abogado Vargas según lo que se conoce hasta ahora, quizás también sería importante una declaración de la senadora en ejercicio Loreto Carvajal de manera de despejar suspicacias y dudas sobre eventuales vinculaciones o conocimiento de los hechos.

Pero, con estos nuevos antecedentes, la Fiscalía también debiera investigar los teléfonos de los ex diputados Silber y Lagos y del abogado Vargas para despejar o verificar que en la gestión de los representantes de CBM en este entramado judicial, no se hayan cometido delitos y donde el denominador común, Ángela Vivanco, es también la misma que fuera cuestionada por su papel en el caso Isapres como vocera del máximo tribunal del País.

Así las cosas, el Ministerio Público designó a la fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer para dirigir la investigación por diversas irregularidades que se habrían cometido tanto en la tramitación como en el conocimiento del recurso de protección presentado ante la Corte Suprema cuando Vivanco ocupó provisoriamente la presidencia de la Tercera Sala por hechos que podrían tener el carácter de delitos como tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho, esto, en el contexto de la causa en que fue parte Codelco con la empresa CBM.

Pero, con estos nuevos antecedentes, la Fiscalía también debiera investigar los teléfonos de los ex diputados Silber y Lagos y del abogado Vargas para despejar o verificar que en la gestión de los representantes de CBM en este entramado judicial, no se hayan cometido delitos y donde el denominador común, Ángela Vivanco, es también la misma que fuera cuestionada por su papel en el caso Isapres como vocera del máximo tribunal del País.

Todo este caso cada vez más nauseabundo, parece revelar que hay más “señores de los pasillos” pululando, más “Hermosillas” operando con toda libertad, incluida la propia pareja de la ministra Vivanco, Gonzalo Migueles, lo que inclina la balanza de la justicia de forma ilegitima, afectando un principio básico para un Estado de Derecho, la Igualdad ante la Ley y el Debido Proceso.

Respecto de este caso, hay otras interrogantes relevantes, ¿existió en este caso un fraude procesal? O, ¿los ingresos percibidos por la empresa bielorrusa o el de sus abogados son o pueden ser producto de la comisión de eventuales delitos?, hoy se hace urgente una respuesta por parte del Ministerio Público y la Justicia.

No quiero terminar esta columna de opinión, sin antes señalar que el desafío, de todo el sistema Político y Judicial de lo que vamos conociendo del caso Hermosilla y sus chats, es titánico, dado que toca las esferas más altas del poder político y económico nacional.

En consecuencia, para el Ministerio Público también es una tarea titánica y que demandará el máximo rigor en la investigación, formalización y acusación de todo esto que resulta complejo para la estabilidad institucional de la República.

Sin embargo, la tarea del Poder Judicial y de la Corte Suprema no es menos importante, pues deberán hacer lo más difícil, mirarse al espejo, verse con todas sus imperfecciones y sancionar con la remoción de los involucrados, sea en este caso la ministra Ángela Vivanco, o en otros el ministro Jean Pierre Matus o Sergio Muñoz, quizás, la tarea más relevante desde la vuelta a la Democracia en 1990.

Finalmente, como abogado en ejercicio, es difícil escribir estas líneas cuando uno cree y le enseñaron sobre la igualdad ante la Ley, el Debido Proceso o el Estado de Derecho, cuando hoy observamos, con crudeza, que nada de eso tenía importancia, verificándose que otras personas, con la fuerza de malas prácticas, del tráfico de influencias y con intervinientes corruptos del sistema legal, inclinan la balanza de la justicia a su favor. Donde al parecer, la Ley y los principios han abandonado las Salas de la Corte Suprema y han pasado a ser un elemento meramente decorativo.

(*) Gustavo Lorca, abogado.