Borrascoso se ve el clima para el gobierno, luego de que ayer las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola lograsen que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobase el artículado que reduce de 45 a 40 horas la jornada semanal de trabajo.

Lo hicieron con una votación de siete votos a favor, incluyendo los de Gabriel Silber (Democracia Cristiana) y Alejandra Sepúlveda (Partido Federación Regionalista Verde Social) y seis en contra (todos oficialistas), y luego de resistir una fuerte andanada comunicacional y política contra el proyecto, tanto en los días previos como en la jornada de votación en la Comisión.

El mismo día de la votación, El Mercurio llevó en su portada el informe de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en la que calculan un efecto de sobrecarga al fisco de 2.500 millones de dólares anuales por pagos a trabajadores de organismos y empresas públicas sujetos al Código del Trabajo. Bajo el cálculo gubernamental, subyace la idea de que el proyecto de las diputadas es inconstitucional, pues compromete el gasto fiscal, materia en la que solo puede legislarse bajo iniciativa gubernamental.

Y también es un argumento que ha servido para ordenar a Renovación Nacional (RN), partido oficialista con miembros que han mostrado simpatías por el proyecto de las parlamentarias comunistas. De tal modo, la diputada RN Ximena Ossandón, hermana del senador Manuel José Ossandón, ambos favorables en un inicio a las 40 horas, dijo a Cooperativa que se mostraba crítica frente a "la idea de apurar el proceso legislativo", pues "existe hálito de duda de la admisibilidad o inadmisibilidad en términos constitucionales. Para ambos lados sería beneficioso dilucidar esa incógnita, porque seria una pena trabajar mucho tiempo en este proyecto y que después quede en nada".

En esa misma línea, El Mostrador ya había informado de la estrategia oficialista previa de solicitar a las testeras de las cámaras legislativas invocar la inadmisibilidad por inconstitucionalidad, siguiendo la actuación anterior de otros presidentes de la Cámara que lo hicieron en debates similares.

El argumento de la inconstitucionalidad no prosperó durante esta jornada, por lo que el siguiente paso del oficialismo fue ofrecer tácticas dilatorias para evitar la votación. En paralelo, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, ofreció una batería de argumentos contra el proyecto de las 40 horas, que iban desde lo reglamentario; arguyó que la Comisión debía tramitar primero el proyecto de reforma laboral del gobierno y no este, hasta los efectos prácticos -a su juicio nocivos- de la propuesta de las diputadas. 

Respecto de esto último, Monckeberg dijo que "hasta los deportistas que tienen jornada especial tampoco se les dice cómo va a ser. Está tan mal redactado el artículo que no se hace cargo de ninguna jornada especial, sino que todas deben adecuarse... Hasta Chile, podría verse impedida de jugar una Copa América, porque va a exceder la horas que se están planteando. Porque no se especifica".

En una línea parecida, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Patricio Melero, dijo: "¿Qué vamos a hacer con los trabajadores de Conaf cuando estén apagando un incendio, les vamos a decir se acabó la jornada? Y el Estado no va a seguir apagando el incendio, va a tener que contratar más trabajadores".

 Las palabras de Monckeberg y Melero sirvieron a la oposición para hacer mofa de los argumentos oficialistas, en parte porque tenían ganada la batalla comunicacional por las 40 horas. Diversos estudios de opinión muestran que la propuesta de Vallejo y Cariola es ampliamente aprobada por la ciudadanía, la que padece largas jornadas de trabajo y desplazamiento, al menos en las grandes ciudades. También la contra-oferta del gobierno, de reducir la jornada a 41 horas promedio con otras medidas de flexibilidad, fue poco a poco desinflándose, pues seguramente fue vista como algo con letra chica y no fue clara la explicación gubernamental de por qué la propuesta de 41 horas generaba ganancias, mientras que la de 40 generaba pérdidas, habiendo solo una hora de diferencia a la semana.

Incuso al gobierno se le abrió el flanco empresarial con su propuesta de 41 horas. En entrevista en La Tercera, el empresario José Yuraszeck -probablemente a nombre de muchos de sus colegas- advirtió: "A Piñera le va a pasar lo mismo que a Macri si no logra hacer que la economía crezca", criticando cualquier reducción de jornada, sea la de Vallejo o la de Sebastián Piñera.

En concreto, las 40 horas pasaron y cuentan -de momento- con el apoyo de la DC y por lo tanto, cuentan con la oposición unida. Gabriel Silber, diputado de ese partido, se sintió tranquilo luego de haber aportado a la construcción del proyecto la idea de la gradualidad, es decir que la rebaja horaria se haga paulatinamente en un lapso de cinco años, tal como se hizo entre 2001 y 2005, cuando se redujo la jornada de 48 a 45 horas. Algo frente a lo cual las diputadas comunistas no presentaron reparos.

Si bien en el Senado las cosas pueden cambiar, el clima de opinión hoy es favorable a las 40 horas. Por eso, el gobierno -el que seguramente impedirá que las 40 horas sean ley- buscará que el Tribunal Constitucional (TC) declare inconstitucional la posible ley emanada del Congreso. El 8 de agosto pasado, Piñera en persona llamó al Congreso a rechazar el proyecto de Vallejo por inconsititucionalidad, y dijo que "si es necesario" acudiría al TC, pese a que acudir a esta instancia es una medida potencialmente impopular y lo expondría a una fuerte carga por parte del sector político perjudicado, que es mayoría en el Congreso.

Y si todo fallase, Piñera tiene la varita mágica del veto presidencial, una prerrogativa perfectamente legal, pero potencialmente más impopular que acudir al TC, pues personaliza en Piñera la idea de no querer bajar la carga laboral de los chilenos.