El refugio político que Francia le otorgó al ex frentista Ricardo Palma Salamanca -sindicado como autor del asesinato del senador de la UDI y uno de los grandes ideólogos de la dictadura, Jaime Guzmán, y del secuestro de Cristián Edwards, perteneciente a la familia dueña de El Mercurio- ha despertado antiguas pasiones ideológicas de una parte de la derecha. 

De hecho, cuando se conoció la noticia el pasado 2 de noviembre, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, se dejó llevar por sus emociones y publicó en su cuenta de Twitter:  "Francia otorga asilo político a Palma Salamanca, condenado por tribunales chilenos como autor material del asesinato de un senador en plena democracia. Más puede la política que el derecho, más puede la izquierda cuando la víctima es de derecha. Así se degradan las instituciones".

Las reacciones de muchos personeros de ese sector político recordaron a la avalancha político-emocional que les provocó la detención de Augusto Pinochet en Londres en 1998. 

Pero también la centroizquierda se ha visto arrastrada en este episodio. La breve reunión con Palma Salamanca en París de los diputados del Frente Amplio, Maite Orsini y Gabriel Boric, generó una avalancha de críticas en la prensa tradicional. Un reportaje de La Tercera también informó de un encuentro que tuvo en la capital francesa el ex frentista y Sergio Bitar. 

INTERFERENCIA conversó vía telefónica con el ex ministro e histórico dirigente del PPD acerca de esta polémica, pero también acerca de las heridas y deudas pendientes de la transición chilena.

–¿Usted fue a Francia a ver a Ricardo Palma Salamanca o eso es una fake news?

–Estando en Francia, invitado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fui invitado a compartir con algunos amigos, franceses y chilenos, en una suerte de cóctel en un restorán. Allí, un amigo me dice que se encontraba en el lugar Ricardo Palma Salamanca, y con posterioridad se inventó que yo habría tenido una reunión, lo que es una distorsión de la realidad para facilitar una crítica. Pero eso es lo menor.

Más importante es la crítica desatada contra el diputado Gabriel Boric, a quien se le podrá criticar, junto a la diputada Maite Orsini, que cometieron un error de criterio, pero no hay ningún delito en esto. Querer incluso recurrir al Tribunal Constitucional para echarlo de su cargo en el parlamento me recuerda más bien a Stalin. Si vamos al fondo del asunto, tanto el asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards fueron percibidos por nosotros como un intento de desestabilización de la democracia. De lo que he escuchado de Boric y Orsini es que mantienen la misma línea, en ese sentido no hay discusión.

"Francia es un país donde rige el Estado de Derecho, una de las democracias más sólidas del mundo, no se les puede descalificar. Las cortes que existían en el primer año de gobierno de la Concertación, eran las mismas que había en dictadura y sabemos cómo se comportaron esos ministros".

El punto base para mí es que nos preguntemos cuáles son los motivos que llevaron a la Oficina francesa de Protección a las Personas Refugiadas y Apátridas (OFPRA) a tomar esta decisión. Francia es un país donde rige el Estado de Derecho, una de las democracias más sólidas del mundo, no se les puede descalificar. Lo que corresponde a la gente inteligente es ver qué ocurre. Las cortes que existían en el primer año de gobierno de la Concertación, eran las mismas de la dictadura y sabemos cómo se comportaron esos ministros, con algunas excepciones como Carlos Cerda.

El primer golpe importante que la democracia le dio a un aparato judicial adormecido fue en 1993, cuando el Senado aprobó la destitución del ministro Hernán Cereceda. Pero eso fue en 1993, la condena a Palma Salamanca es de 1991, esos factores los franceses los interpretan. Lo segundo es que el gran cambio en la justicia chilena es en 1998 cuando se aprobó la reforma procesal penal y se instaló una nueva forma de elegir a los miembros de la Corte Suprema con intervención del Senado. Recién en los años 2000 la Corte Suprema declara su arrepentimiento de los hechos ocurridos en la dictadura. Esos argumentos deben tenerlos claros en Europa y nosotros también debemos tenerlos para que nuestras afirmaciones sean eficaces.

–Considerando el contexto judicial de inicios de los años 90 que usted describe, ¿se podría cuestionar la condena a Palma Salamanca?

–Yo no quiero opinar, porque en mi caso siempre he sostenido que la justicia chilena debe actuar, más tomando en cuenta la opinión mía y de mi partido cuando se trató de pedir el retorno de Pinochet a Chile. Él había entrado hace poco en el Senado, lo tenía sentado a pocos metros mío y lo miraba recordando los asesinatos que ocurrieron durante su dictadura, donde murieron muchos amigos míos. Aun sabiendo de los riesgos y debilidades en Chile, fui partidario de que regresara, o sea, someter a prueba la justicia chilena incluso para procesar a un dictador como se hizo anteriormente con Manuel Contreras. Sin embargo, no puedo ser necio respecto de cómo esto es visto desde Europa, donde persiste la imagen de una dictadura brutal y la falta de derechos a las personas.

"Se tienen que insistir con Galvarino Apablaza. Pero también se tienen que insistir con la extradición del asesino de Víctor Jara que aún está en Estados Unidos. Lo que tenemos que impedir que conviertan a un diputado y a una diputada en chivos expiatorios, descargando una ansiedad sobre un tema que no es responsabilidad de ellos"

–¿Cree que esa visión francesa es errada o acertada?

–Es la visión francesa, yo no soy francés y no me corresponde sostener esa posición. Mi tarea como persona razonable es entender la posición del otro. La imagen de la dictadura se proyectó incluso durante los primeros meses de la democracia. Tenemos que insistir, como se tienen que insistir con Galvarino Apablaza. Pero también se tienen que insistir con la extradición del que asesinó a Víctor Jara que aún está en Estados Unidos. Lo que tenemos que impedir que conviertan a un diputado y a una diputada en chivos expiatorios, descargando una ansiedad sobre un tema que no es responsabilidad de ellos.

–¿Piensa que la polémica en torno a Palma Salamanca es una herida abierta de la transición?

– Tal como lo muestra España, donde hoy están sacando a Francisco Franco del Valle de los Caídos, los traumas y las heridas tan profundas duran generaciones y se van transmitiendo. Lo que corresponde es que eso no sea un factor de división sino un factor de memoria para enseñar que no se repita. Pero para que no se repita es necesario que haya consensos nacionales de que las necesidades de justicia en violaciones a los Derechos Humanos sean permanentes, y no condicionadas a contextos u otras circunstancias. Uno puede discutir los contextos políticos, pero de ahí a que se justifique matar, torturar, desaparecer o exiliar, esa es una gran brecha. Yo creo que Chile ha instalado la cultura de los Derechos Humanos pero quedan estos residuos, los que vimos con Krassnoff, o cuando se nombra a un ministro de Cultura que describe el Museo de la Memoria como un montaje, son heridas que se reabren por el desconocimiento de la verdad.

–En los primeros años de la Concertación se trabajó en "cuidar la naciente democracia", se crearon organismos como la Oficina para frenar la acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) autónomo que seguía en la vía armada ¿Cree que faltó más negociación con estos sectores por sobre una actitud represiva?

–No hay que olvidar que los que vivimos más tiempo, también tuvimos la experiencia del asesinato del general René Schneider y después del ministro Edmundo Pérez Zujovic. Después se comprobó que éstos eran intentos de desestabilizar al gobierno. Acá (con el FPMR) lo interpretamos como intentos de desestabilizar la democracia. La democracia debía desarrollar su propia capacidad de inteligencia y su propia capacidad de contención, prevención y condena, de manera que los grupos que se formaron en el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, estando Belisario Velasco en el Ministerio del Interior, el propio diputado Marcelo Schilling, se arriesgaron mucho para instalar la democracia. Quienes hemos vivido esos períodos queremos acercar, pero rechazamos los intentos de restringir las libertades y los intentos extremos de atacar a personas en circunstancias en que la clave está en buscar la justicia por los mecanismos que establece el Estado de Derecho.

"Creo que, comparativamente, la transición chilena es la más avanzada (en temas de derechos humanos), si lo comparamos con lo que pasó en Brasil, Polonia, España, Sudáfrica, Filipinas e Indonesia".

Crisis institucional en las Fuerzas Armadas

- Usted escribió en una reciente columna en Radio Cooperativa que faltaba mayor conexión entre civiles y uniformados. ¿Cree que todavía pesa mucho lo ocurrido en dictadura para generar una relación más fluida?

- Yo creo que sí, pero también quiero mirar que nosotros los civiles no hemos hecho lo que nos corresponde. Chile ha logrado en la transición y en la vida actual la subordinación de los militares a la autoridad civil, y a la democracia, pero no basta con eso, hay que cuidarlo día a día y tener una relación más fluida con los militares. ¿Cómo? Primero, todo lo que es educación en las Fuerzas Armadas. Tenemos que abrir y estimular para que muchos estudiantes de las academias militares tomen cursos en las universidades regulares, y ahí hay intercambio y una mirada más amplia con el resto de sus coetáneos, para después mantener la relación. Luego tenemos temas nuevos, en que Chile necesita el capital humano de las Fuerzas Armadas, y no puede distanciarse ni aislarlos. Por ejemplo, en todo lo que viene en desarrollo productivo y tecnológico en materia de robótica, inteligencia artificial, mecánica. Los vamos a necesitar en el sector productivo, no solo como encargado de seguridad como hacen algunos. Luego, en lo que son los desastres naturales por el cambio climático. Las Fuerzas Armadas tienen una gran capacidad de acción operacional, y podemos enfrentar situaciones bastantes complicadas a futuro. Y tercero, los civiles tienen que especializarse más en los temas de seguridad, en los temas militares, e interactuar con los militares de una manera mucho más fluida.

–¿Afectan a esta fluidez temas como el secreto de 50 años de la Comisión Valech o la sensación de impunidad que existe en grupos de derechos humanos por temas como Punta Peuco?

–Siempre están ahí vigentes, pero yo escribí un libro con Abe Lowenthal ("Transiciones democráticas. Enseñanzas de líderes políticos", 2016) sobre varias transiciones políticas en el mundo. La chilena es la que más ha avanzado en justicia. Ahora estamos viendo los temas que se siguen resolviendo con la justicia, después de décadas.

Creo que comparativamente es la más avanzada. Si lo comparamos con lo que pasó en Brasil, con lo que pasó en Polonia, lo que pasó en España, lo que pasó en Sudáfrica, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en otros países de América Latina y otros países del mundo, Filipinas e Indonesia; Chile es la más avanzada en ese terreno. Siempre quedan cosas y tenemos que manejarlas con inteligencia, pero eso no puede quedar clavado para siempre. Además, los oficiales de ahora no son los mismos de antes, y tenemos que estar preocupados de que la educación de esos oficiales, y su vinculación a la actividad nacional, también evolucione en una dirección positiva.

"Siempre me ha parecido que en la Marina, en su gente antigua, existe un gran conservadurismo y arrogancia. Recuerda que los dos golpes militares del siglo 19 y 20 en Chile se iniciaron por la Armada".

–Miguel Ángel Vergara, ex almirante de la Armada, se quejó este miércoles en La Segunda que a los militares es gratis pegarle, a propósito del Milicogate. Dice que ni la izquierda ni la derecha los defienden, porque con eso pueden ocultar el financiamiento irregular en la política y situaciones así.

–Yo conozco a sus predecesores, muchos fueron senadores designados, y siempre me ha parecido que, entre la gente antigua de la Marina, existe un gran conservadurismo y arrogancia. Recuerda que los dos golpes militares del siglo 19 y 20 en Chile se iniciaron por la Armada. Estas materias tenemos que verlas, pero yo no diría que los jóvenes oficiales de hoy piensan igual, y la responsabilidad del Estado también es dar una educación y explicar los fenómenos sociales. Los militares tienen que entender qué es lo que pasa en la sociedad civil. Chile necesita Fuerzas Armadas que cuenten con la legitimidad y el respaldo ciudadano completo, porque son instituciones fundamentales para la República. Hay que ser más cuidadosos.

–En su columna deja entrever el peligro que se llegase a conectar un sector de las Fuerzas Armadas con el narcotráfico. ¿Hay algo que pudiera decir que si seguimos en esta situación nos puede llevar a una situación similar a lo que ocurrió el 73?

–Yo no creo que la historia del mundo de hoy dé para golpes militares, ni para rupturas. El caso más cercano reciente es la posición de Jair Bolsonaro y los equipos que lo acompañan. Yo creo que en toda América Latina, las instituciones se han ido fortaleciendo. No quiero ser ingenuo, pero lo que deben hacer las fuerzas políticas es crear instituciones sólidas, para que estas cosas, a través de la transparencia, de la supervisión del Estado, del control de la violencia y combate a la corrupción, haya solidez institucional y resiliencia democrática. Ese debe ser el foco que nos debe inspirar.

Mi preocupación es que no se nos vaya a meter el narcotráfico dentro del Estado, y el Estado también contempla las Fuerzas Armadas y las policías. Confieso que me alarmé un poco cuando vi la información que unos cinco carabineros estaban vendiendo armas. Uno se pregunta: ¿a quién les venden las armas? Lo más probable es que sea a narcotraficantes. Nosotros tenemos que anticiparnos a los riesgos del narcotráfico.