Compra de tierras indígenas Ubilla
Se trata de Gastón Gómez, el abogado favorito de Sebastián Piñera en sus líos con los medios de comunicación.
Durante las próximas semanas se conocerá la decisión del tribunal de alzada, al cual recurrió el ex subsecretario del Interior y actual asesor de presidente Sebastián Piñera, con tal de revertir el fallo de primera instancia que determinó que su compra en Pucón no estuvo apegada a la ley.
Este líder de la isla Rapa Nui tiene una postura crítica frente a la gestión del organismo gubernamental a cargo de las políticas indígenas por su postura de validar lo que resultó una compra ilegal por parte del ex subsecretario Rodrigo Ubilla. Además, Tuki dice que el debate constitucional no ha planteado bien la participación de los pueblos indígenas: "¿los cupos serán para personas indígenas o para representantes? Lo que corresponde es que cada pueblo tenga su propia asamblea".
El Juzgado de Letras de Pucón declaró ilegal la compra de tierras realizada en 2009 por el ex subsecretario del Interior. Así comienza el principio del fin de una controversia que abrió INTERFERENCIA en marzo de 2019.
En su breve historial periodístico, INTERFERENCIA ha dedicado especiales esfuerzos en fiscalizar la labor del poderoso subsecretario del Interior. En esta serie re-publicamos los artículos más importantes de su participación en el caso Catrillanca, la adquisición de tierras mapuche sin serlo, y el juicio que le lleva la familia Painequir para su devolución, con serios episodios de intimidación. Historias que ayudan a comprender la caída de Rodrigo Ubilla.
El subsecretario del Interior fue demandado por comprar dos terrenos al interior de la comunidad Mariano Millahual de Pucón sin ser mapuche, situación prohibida por la Ley Indígena. Si no asiste o responde con evasivas, el tribunal dará por aceptada la demanda.
El subsecretario del Interior ha dicho que la adquisición de tierras indígenas que realizó en Pucón fue legal, puesto que se las compró a una mujer chilena que las había recibido anteriormente en una liquidación de sociedad conyugal con su marido mapuche. Pero un informe de Conadi, en un caso idéntico, sancionó que este tipo de operaciones son nulas, lo que además contradice el actual informe encomendado por Rodrigo Ubilla a la actual Conadi.
INTERFERENCIA tuvo acceso al borrador del informe de la Cámara de Diputados, el cual obliga al Ministerio Público a investigar los antecedentes referidos a la producción del informe de la Conadi que en plazo récord dijo que las tierras de Ubilla no eran indígenas.
Entre ellos se encuentra el abogado Edmundo Figueroa, quien fue clave en el traspaso de la propiedad al subsecretario del Interior y quien fue hace poco nombrado jefe jurídico de la Municipalidad de Pucón, para indignación de las comunidades indígenas.
Las contribuciones impagas de Piñera en Caburgua, las tierras mapuche de Ubilla, un abogado polémico contratado por el municipio y la sorpresiva renuncia de la directora de Obras Municipales, han sumergido al balneario sureño favorito de la clase media-alta santiaguina en una crisis política.
En el juicio privado en su contra, el subsecretario contó con el apoyo de este asesor que fue a amenazar a los demandantes a fines de agosto. Interpelado por una diputada, esa repartición no contestó directamente el papel de Germán Quinteros Raby, afirmando que en esos días se encontraba de vacaciones.
El subsecretario del Interior acudió a la comisión investigadora que ve las compras irregulares de tierras indígenas, motivada por su adquisición en Pucón de unas hectáreas en una comunidad mapuche. Frente a la información presentada por INTERFERENCIA respecto de las amenazas por parte de su subalterno Germán Quinteros a la familia que lo demandó, Ubilla guardó silencio en varias ocasiones, pese a los reiterados requerimientos de los diputados y los periodistas.
Este profesor de inglés adquirió notoriedad por ser quien fue a Pucón a amenazar a la familia que tiene demandado al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, su jefe -de quien fue socio- y para quien montó una especie de agencia de inteligencia chica para monitorear conflictos sociales en el territorio. No hay fotos de él en internet, pero se sabe que delató a Jécar Neghme en su paso como administrativo de la Universidad de Chile en los 80 y que ha sido cercano a los Matte en los 90.
La diputada Andrea Parra (PPD) emitió el documento que tiene un plazo de 10 días para ser respondido. “Estaríamos delante de una situación gravísima que podría terminar en la destitución del subsecretario del Interior y del funcionario”, asegura la congresista.
La causa estaba en suspenso después del fallecimiento repentino de una de las demandantes, pero la familia se reunió con sus abogados para reactivar la avanzada judicial que busca recuperar los predios que el subsecretario del Interior compró al interior de la comunidad mapuche Mariano Millahual.
Tras la muerte de Ana Painequir, la familia que ha demandado al subsecretario por la compra irregular de tierras mapuche actualmente está en duelo y no se ha pronunciado aún sobre la continuidad de las acciones legales.
El subsecretario del Interior finalmente no tuvo que declarar ayer en la comparecencia ante el tribunal de Pucón debido a la ausencia de dos denunciantes, miembros de la familia Painequir. Según relató uno ellos, una de las demandantes recibió el “recado” de que les cortarían el suministro rural de agua a cada miembro de la familia, el que dependería de Rodrigo Ubilla.
El subsecretario del Interior debe presentarse en el Juzgado de Letras de Pucón para entregar su versión sobre la irregular compra de hectáreas al interior de una comunidad mapuche, hecho que intentó evitar a través de un recurso judicial.
Diputados del PPD, la DC y del PR le hicieron un gran favor al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, al llegar atrasados a la constitución de la "Comisión Ubilla", aquella que debe indagar las compras que el subsecretario realizó en tierras mapuche cerca de Pucón, contraviniendo la Ley Indígena. Ahora, la presidencia de la comisión investigadora quedó en manos de un militante del mismo partido que Ubilla.
La acción se suma a la demanda interpuesta en su contra el fin de semana y a los cuestionamientos de consejeros de la Conadi ante la Contraloría. Pese a estar cercado en tres frentes, el gobierno y el afectado mantienen que todo está en orden.
