A fines de 2019, en pleno estallido social, multitud de medios de comunicación informaban que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había aprobado un préstamo por 48 millones de dólares para implementar el denominado “Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Seguridad Pública en Chile”.

La noticia generó expectación, debido a la importante inversión de recursos en un área doblemente sensible. Por un lado, el tema de la seguridad, que cada vez es percibido con mayor gravedad por la población, sin contar que el propio Sebastián Piñera había hecho de este tema un discurso habitual. Por otro lado, en medio del estallido social, existía bastante consenso en el mundo político de que las policías, y en especial Carabineros, requerían de al menos una profunda reforma luego de varios informes internacionales que denunciaban excesos, abusos y violaciones a los derechos humanos de parte de sus funcionarios.

El contrato en cuestión se firmó finalmente en marzo de 2020 y fue aprobado por el ministerio de Hacienda el 12 de junio de 2020, fecha desde la cual entró en vigencia. El documento señala el crédito por 48 millones de dólares por parte del BID, el cual en todo caso tiene como cláusula que se verifiquen aportes locales por el mismo monto al Programa, es decir, otros US$48 millones puestos por el Estado de Chile. Según el convenio, la amortización de la deuda comenzaría en 2031 y para terminar de pagarse en 2034.

Tal como se señala de manera expresa, el Programa y por ende el financiemiento proveniente desde el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene un plazo de ejecución de cinco años. Hoy que ya se han cumplido dos años de la entrada en vigencia de este acuerdo, desde junio del 2020: ¿han habido avances significativos respecto de este programa?

Mínimos avances en la ejecución durante 2021

Tal como dice el contrato celebrado con el BID, el órgano ejecutor del programa es la subsecretaría del Interior, la cual era encabezada en 2020 y 2021 -durante el mandato de Sebastián Piñera- por Juan Francisco Galli (RN), bajo la autoridad del ministro del Interior de la época, Rodrigo Delgado Mocarquer (UDI). Hoy ese órgano está a cargo de Manuel Monsalve (PS), y la ministra del Interior es Izkia Siches.

Hasta el 31 de diciembre de 2021, el Programa -a cargo de la subsecretaría del Interior- había recibido por parte del BID US$2.679.549, de los cuales, tan solo se ejecutaron US$330.538. Tal como señala Contraloría, a un año y medio de iniciado el convenio, se había ejecutado tan solo un 0,34% del programa, considerando  una inversión total por 96 millones de dólares, entre el préstamo del BID y los aportes locales equivalentes.

Durante este año, la Contraloría General de la República realizó una auditoría que examina la ejecución de estos dineros por parte de la subsecretaría del Interior hasta el 31 de diciembre de 2021. Como parte de esta investigación, se le exigió a la subsecretaría del Interior la entrega de los estados financieros correspondientes a este programa, los que fueron entregados mediante el oficio N°8.418 del 20 de abril a la Contraloría por parte del Ministerio del Interior.

Si bien la Contraloría no efectuó observaciones a dichos estados financieros, toda vez que el plazo de cinco años sigue vigente para el cumplimiento del programa, puede observarse en estos documentos que las inversiones realizadas con cargo a este programa al 31 de diciembre de 2021 son mínimas 

Tal como señalan los documentos, hasta esa fecha, el Programa -a cargo de la subsecretaría del Interior- había recibido desembolsos por parte del BID de US$2.679.549 (equivalentes a cerca de 2 mil millones de pesos en ese momento), de los cuales, tan solo se ejecutaron US$330.538 (ver imagen).

Los aportes fiscales locales a este programa que busca fortalecer la seguridad pública en el país fueron inexistentes: “El Gobierno de Chile se comprometió a aportar la suma de US$48.000.000 en concepto de contrapartida local. Al 31 de diciembre de 2021, el Gobierno ha aportado la suma de US$0 equivalente al 0% del total comprometido”, señala un documento de Interior.

Tal como señala Contraloría, en ese momento, a un año y medio de iniciado el convenio, se había ejecutado tan solo un 0,34% del programa, considerando que éste cuenta una inversión total por 96 millones de dólares, entre el préstamo del BID y los aportes locales equivalentes.

Tal como señala el contrato celebrado con el BID, y también el documento de Contraloría, las inversiones realizadas en el marco de este programa deben distribuírse en cuatro ítems bien identificados.

Estos se denominan: 1) Modernización de las Policías para Prevenir e Investigar los robos con violencia en la RMS; 2) Fortalecimiento de la Prevención Local de la Seguridad; 3) Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del MISP [Ministerio del Interior y Seguridad Pública] para Gestionar Incidentes Cibernéticos; y 4) Administración y otros gastos contingentes (Revise la tabla a continuación para mejores detalles sobre montos).

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Distribución de recursos del Préstamo y el Aporte Local. Fuente: Contrato del préstamo.

Según el documento denominado “Conciliación de los registros BID con ejecutor por categoría de inversión”, los US$330.538,47, gastados se desglosan en US$212.750,86 para el ítem “Fortalecimiento de la Prevención Local de la Seguridad”, y US$117,787,61 para el ítem “Administración y otros gastos contingentes” (ver imagen).

Otro aspecto relevante al respecto, dice relación con los aportes locales. Tal como informa el ente contralor en el documento, los aportes fiscales a este programa que busca fortalecer la seguridad pública en el país fueron inexistentes: “El Gobierno de Chile se comprometió a aportar la suma de US$48.000.000 en concepto de contrapartida local. Al 31 de diciembre de 2021, el Gobierno ha aportado la suma de US$0 equivalente al 0% del total comprometido”, señala un documento de Interior.

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Conciliación de los registros BID con ejecutor por categoría de Inversión. Fuente: informe de Contraloría.

Cabe mencionar que si bien el ejecutor del programa es la Subsecretaría del Interior, existen establecidos una serie de subejecutores. Estos son “la Subsecretaría de Prevención del Delito (SSPD); la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Dichas instituciones serán responsables de la planificación, implementación y rendición de cuentas de las actividades a desarrollarse en el marco de los componentes del Programa”, según señala el contrato. 

Como antes se mencionó, si bien los avances son mínimos a fines de 2021, Contraloría no realiza alguna observación relacionada con alguna irregularidad en términos de la inversión de los recursos.

Sin embargo, sobre lo que sí tiene observaciones, es respecto del compromiso convenido en el contrato con el BID de que se celebren a lo menos dos reuniones anuales del denominado “Comité Estratégico del Programa”. Se trata de un comité conformado por el Ministro del Interior y Seguridad pública, el cual preside el comité, el Subsecretario del Interior, el Subsecretario de Prevención del Delito, el General Director de Carabineros y también el Director General de la PDI. Además de ellos, debe ser parte de dicho comité el Coordinador de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP), quien actuará como secretario.

Sin embargo, tal como señala Contraloría, no existe evidencia de que se haya realizado ninguna de esas reuniones entre 2020 y el 31 de diciembre de 2021: “no consta que se hayan llevado a cabo tales encuentros, por lo que se vulneraría la cláusula en comento. Sobre la materia, la Subsecretaría del Interior en su respuesta, manifiesta que a efectos de dar cumplimiento a la cláusula en comento, ha proporcionado un calendario de reuniones, la cual contempla la realización de éstas en los meses de mayo y noviembre de 2022”, señala el informe de auditoría. 

Explicaciones desde la administración anterior y actual

Interferencia tomó contacto con autoridades del gobierno anterior para realizar las consultas del caso. Obtuvimos respuesta desde el círculo cercano de la administración de Juan Francisco Galli, ex subsecretario del Interior, desde donde se nos mencionó que en la época “como medida de cuidado y uso eficiente de los recursos públicos se instruyó, por parte de la Dipres, cambiar la estructura de pago del crédito, siendo este crédito pionero en este cambio. Esto es, pasar de un sistema de transferencia de recursos a los subejecutores (SPD, Carabineros y PDI) a un pago centralizado donde es Tesorería quien realiza los pagos directamente a proveedores de bienes y servicios coordinados por los subejecutores”.

De esta manera, los pagos se habrían realizado de un modo que tarda más tiempo debido al control de Contraloría: “el convenio con Carabineros, que fue el primero que ingresó a fin de que los otros replicaran el mecanismo, ingresó a Contraloría en abril de 2021 y recién fue tomado de razón a el 27 de septiembre de 2021”, de esta forma, según esta versión “la auditoria de Contraloría que muestra la ejecución que usted señala sólo contempla los gastos de octubre, noviembre y diciembre”.

Desde el entorno de Galli se nos aseguró que la ejecución hasta el 1 de marzo de 2022 fue cercana a un 54,3% del primer desembolso desde el BID (2,6 millones de dólares). 

Sobre la ausencia de las reuniones del Comité Estratégico del Programa, señalaron que “la razón principal de existir del Comité estratégico es controlar inversiones, Plan de Adquisiciones y Plan Estratégico, de una forma estratégica, valga la redundancia, porque existen numerosos órganos de control diario de las inversiones (...) Las actividades del CEP recién comenzaron a verificarse a finales 2021 una vez firmados los convenios que contienen las actividades a financiar con la No objeción por parte del Banco y de Contraloría, malamente podrían controlarse estratégicamente inversiones que aún no tenían un impacto”.

En lo relacionado a los aportes locales, señalaron que “se privilegió el aporte internacional con el fin de poder ejecutar y alcanzar el 65% señalado, existe una planificación que contempla $US 48.000.000 de aporte local en el tiempo”, asegurándonos que el plazo para realizarlo es de cinco años. 

Interferencia también se comunicó con el ministerio del Interior correspondiente a la administración actual, comandada por la ministra Izkia Siches y el subsecretario Manuel Monsalve. 

Desde esa repartición se nos comunicó que “el préstamo es una herramienta que le permite al Estado de Chile seguir fortaleciendo el trabajo en materia de seguridad pública, con recursos que por otra vía de financiamiento sería difícil de obtener dado el complejo escenario económico que vivimos como consecuencia de la pandemia. (...) Efectivamente el programa tuvo retrasos en su ejecución. Al respecto, estamos trabajando conjuntamente con el banco en medidas que nos permitan desarrollar todo el programa dentro de los plazos vigentes”, afirmando que el contrato “seguirá vigente hasta el año 2024, que es cuando se termina su plazo de ejecución”

Desde la subsecretaría que encabeza Monsalve señalaron que “desde marzo se han tomado las medidas pertinentes para poder dar cumplimento a los términos de contrato, reflejo de ello es que su ejecución y los procesos asociados al préstamo ha mejorado significativamente”, asegurando que desde que se encuentran en la administración “nos hemos reunido constantemente con el BID, lo que nos ha permitido tomar una serie de medidas administrativas que nos permitan concretar la ejecución del Plan”, algunas de las cuales consisten en revisar y evaluar el Programa junto al BID, fortalecer la coordinación con los subejecutores del programa, estableciendo reuniones periódicas, y también “dotar del personal necesario a la Unidad Coordinadora, de acuerdo lo establece el Manual de Operaciones del programa con 4 personas”, entre otras medidas.

Respecto de la forma en que la administración anterior ejecutó el programa, desde Interior nos señalaron que efectivamente “hay un retraso significativo en la ejecución del programa. Sin embargo, lo importante para nosotros es que hemos tomado todas las medidas necesarias para ejecutar y concretar el programa en base a los lineamientos del nuevo Gobierno, en conjunto con el BID. Estamos en constante coordinación con el equipo del Banco para adecuar y reorientar los recursos, evaluar el trabajo realizado, resolver nudos críticos, fortalecer las coordinaciones y, lo más importante, ejecutar los recursos prontamente y cumplir con los objetivos para los cuales se diseñó este programa”.