“Es el momento en que nuestros carabineros reciban el real respaldo y apoyo que merecen de todos los actores para poder trabajar tranquilos y seguros”. Con ese llamado el general director de Carabineros expresó su malestar y congoja tras conocerse el fallecimiento del sargento segundo Carlos Retamal, atacado en un procedimiento por carreras clandestinas en San Antonio.

Aunque el general Yáñez dirigió su demanda de apoyo a “todos los actores” la derecha ha desplegado una campaña de responsabilización a La Moneda, vinculando la crisis de criminalidad con la crítica hacia las violaciones a los derechos humanos y el rechazo a proyectos de ley con claro sello de populismo penal.

Sobre la insistencia en recurrir al fracasado populismo penal, esta semana la derecha experimentó un nuevo impulso creativo. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, anunció un proyecto de ley que elimina el principio de proporcionalidad de la fuerza, figura que ni siquiera existe en la legislación penal chilena.

El intento de poner al oficialismo como enemigo de Carabineros ha recurrido a tres expedientes de dudosa densidad ética y técnica. Primero, reclamar contra el rechazo a la agenda legislativa heredada del Gobierno de Sebastián Piñera, que está plagada de inútiles aumentos de penas. Segundo, instalar la idea de que Carabineros está atado de manos a causa del celo de la izquierda por los derechos humanos. Tercero, buscar y difundir posteos en redes sociales escritos hace años por actuales autoridades de gobierno, en repudio a la represión policial contra las protestas del estallido social de 2019.

La expresión más vil e irresponsable de esta campaña fue el video trucado de la vocera de Gobierno Camila Vallejo, que replicaron varios políticos inescrupulosos para distorsionar su llamado a la cooperación de testigos de un crimen.

Sobre la insistencia en recurrir al fracasado populismo penal, esta semana la derecha experimentó un nuevo impulso creativo. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, anunció un proyecto de ley que elimina el principio de proporcionalidad de la fuerza, figura que ni siquiera existe en la legislación penal chilena, pues las normas sobre uso de armas letales por la policía emanan del principio de la legítima defensa y apelan al uso racional de la fuerza, contemplado en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar. Ninguno de los dos se refiere a la proporcionalidad, cuya mención solo figura en una circular del director general de Carabineros, suscrita en marzo de 2019, con instrucciones sobre el empleo de armas letales. El texto dice que esos implementos podrán usarse “sólo en circunstancias excepcionales que supongan un peligro inminente de muerte o lesiones graves para el Carabinero o para cualquier otra persona”.

Por su parte el senador de Renovación Nacional Kenneth Pugh presentó otra iniciativa legal para que los funcionarios policiales queden exentos de responsabilidad penal si abren fuego contra una persona armada o desarmada, que desobedezca instrucciones de levantar los brazos y mantener una distancia de a lo menos siete metros.

El estudio “Monitor del uso de Fuerza letal”, del instituto de Asuntos públicos de la Universidad de Chile, evidencia que la policía no se inhibe de percutar armas de fuego causando la muerte de civiles cuando peligra su vida o la de terceros. Solo en 2018, antes del estallido social, fueron abatidas 18 personas en procedimientos policiales, principalmente por delito flagrante. En el año 2019 la cifra aumentó a 21.

Carabineros no está atado de manos ni desprovisto de apoyo político, sino que es víctima de la utilización ideológica del fenómeno de la delincuencia y la debilidad institucional para adaptarse a un nuevo tipo de delitos.

Uno de los casos más bullados fue el procedimiento contra un malabarista en Panguipulli, muerto por los disparos temerarios de un carabinero, que finalmente resultó absuelto de cargos.

Lo que han demostrado los recientes crímenes y ataques a policías uniformados no es la abstención del uso de sus armas en defensa propia, sino las deficiencias en el entrenamiento, equipamiento y procedimientos, que exponen a los policías a enfrentar grupos numerosos de delincuentes en situación de inferioridad numérica o ser presa de la embestida homicida de una nueva cultura delincuencial importada, para la cual no ha existido una capacitación adecuada. Todo esto en un contexto de aumento exponencial de armas de fuego.

Carabineros no está atado de manos ni desprovisto de apoyo político, sino que es víctima de la utilización ideológica del fenómeno de la delincuencia y la debilidad institucional para adaptarse a un nuevo tipo de delitos. No necesita licencia para matar, sino una buena reforma institucional, menos populismo penal y mejores políticas públicas contra el crimen organizado.

La campaña opositora reprocha al oficialismo su pasada renuencia a votar iniciativas legales que aumentan las penas a distintos delitos. Entre los casos más manidos figura el voto de rechazo del Presidente Gabriel Boric al proyecto de aumentdo de penas aplicables a los delitos contra funcionarios de Carabineros, presentado por el Gobierno de Piñera con ocasión del crimen del cabo Eugenio Naím en la Araucanía, el año 2020.

El departamento de Estudio de la Biblioteca del Congreso Nacional ha indicado varias veces a los legisladores que “la doctrina nacional y extranjera reciente coincide en que no hay evidencia suficiente de que los delitos disminuyan porque aumente la pena aplicada a los mismos. Asimismo, que, cuando la hay, la disminución es marginal, a un costo económico muy alto para el Estado”.

Sobre la tercera parte de esta estrategia, la supuesta odiosidad del oficialismo hacia a policía, todo se solucionaría si el gobierno se disculpa con Carabineros por haber criticado en las redes sociales las masivas violaciones a los derechos humanos mientras se desempeñaban como parlamentarios, académicos o dirigentes sociales.

Habría que juzgar a todo Chile porque el impacto de la brutalidad policial durante el estallido causó un desplome en la confianza ciudadana en Carabineros, que pasó desde un 40,6% en 2016 a un 20,6 en 2019.

Las declaraciones y los twits de las actuales autoridades en contra de la brutalidad policial, se produjeron después de que cuatro misiones internacionales - de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch- concluyeron que miembros de Carabineros cometieron graves violaciones a los DD.HH. Hubo "ataques generalizados en contra de la población, usando la fuerza de forma innecesaria y excesiva, con la intención de dañar y castigar aquellas personas que valientemente continúan en las calles ejerciendo sus derechos de libertad de expresión y de asamblea pacífica", según reportó el informe de Amnistía Internacional.

¿Alguien podría entender que las nuevas autoridades de gobierno, que a la sazón se desempeñaban como dirigentes sociales, académicos y parlamentarios, no se opusieran tenazmente a esa conducta policial?

Habría que juzgar a todo Chile porque el impacto de la brutalidad policial durante el estallido causó un desplome en la confianza ciudadana en Carabineros, que pasó desde un 40,6% en 2016 a un 20,6 en 2019, según la “Radiografía del Cambio Social en Chile 2016-2021”, un estudio longitudinal del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) que ha seguido las percepciones de chilenos y chilenas a lo largo de una década.

A la inversa, la crisis de delincuencia que se desató después de la pandemia ha permitido que se recupere la valoración de la policía uniformada. Según el CEP, la confianza aumentó desde los 26 puntos en agosto de 2021, a 38 en mayo del presente año, encumbrando a la institución al cuarto lugar de favoritas después de las universidades (54%), la PDI (45%) y las radios (44%).

El renovado aprecio ciudadano por las policías ofrece la oportunidad histórica de reconciliar a las fuerzas de orden con su pueblo e incluso incentivar la colaboración comunitaria con la persecución del delito. Pero si en lugar de enfrentar responsablemente el desafiante descontrol de la delincuencia la clase política utiliza la crisis para objetivos subalternos, el fracaso será más profundo y la desconfianza ciudadana seguirá aumentando.