Los cerros que miran hacia el valle de Chicureo son protagonistas de un conflicto inmobiliario que amenaza con seguir creciendo, a medida que van apareciendo nuevos antecedentes sobre distintos condominios que comienzan a edificarse en esta área de preservación ecológica, en donde están involucrados nombres del mundo empresarial de la talla de Gabriela Luksic Fontbona, José Luis Délano –hijo de Carlos Alberto Délano, condenado por delitos relacionados el financiamiento ilegal de la política– y Domingo Undurraga Julio.

Este mismo martes la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) comunicó que indagará el proyecto La Cumbre, ligado a Undurraga Julio, pues “se encuentra dentro de una causal de ingreso al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya que se emplaza en una zona declarada saturada y latente por cuatro contaminantes atmosféricos”. Y la Seremi Metropolitana de Medio Ambiente indicó hace unos días, respondiendo a los artículos publicados por INTERFERENCIA, que solicitaría antecedentes de los proyectos inmobiliarios entre La Dehesa y Chicureo (ver “La trenza político-inmobiliaria que amenaza el bosque esclerófilo entre Chicureo y La Dehesa”).

En los últimos días, INTERFERENCIA conoció dos documentos de compraventas realizadas en 2018 para adquirir predios en el condominio Mirador Pie Andino, el que queda más cerca de la zona urbana de Chicureo. En estas escrituras no solo se señala que los terrenos comercializados se encuentran en área de preservación ecológica, sino que también se reconoce que el desarrollo es un “proyecto inmobiliario”.

Tres veces dieciséis

Mirador Pie Andino es propiedad de la sociedad MDPR SpA, controlada en su totalidad por el Fondo de Inversión Privado MDPR, cuyos aportantes son –a través de otras empresas– Gabriela Luksic Fontbona, la hermana menor del clan más rico de Chile; Gonzalo van Wersch Calderón, miembro del Comité de Ética y Disciplina de la Bolsa de Comercio de Santiago; y José Ignacio Amenábar Montes, uno de los dueños de Fortaleza Inmobiliaria, que posee proyectos en distintos puntos de Santiago, entre otros. La administración de este fondo, en tanto, está a cargo de la sociedad Patagon Land, ligada a José Luis Délano y también a Diego Errázuriz Zañartu, hijo de Manuel Antonio Errázuriz Ruiz-Tagle, miembro del directorio y uno de los vicepresidentes de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

MDPR SpA adquirió el paño de Chicureo donde desarrolla su condominio en marzo de 2013 a Inmobiliaria Manquehue S.A., el principal actor de la construcción en ese sector de la comuna de Colina, cuyo presidente del directorio es el empresario Canio Corbo Lioi.

Para ese momento, el terreno ya se encontraba con una subdivisión realizada en 1996, antes de la entrada en vigencia del PRMS. Sin embargo, certificó una nueva subdivisión en 2015 en la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, a cargo en ese momento del arquitecto Aldo Ramaciotti Fracchia. El 16 de junio de ese año, la autoridad certificó 16 subdivisiones distintas hacia MDPR SpA, contenidos en 16 oficios ordinarios con numeraciones diferentes.

Esta planificación fue fundamental para levantar el proyecto Mirador Pie Andino. Eso sí, los de MDPR no fueron los únicos ejecutivos del mercado que subdividieron en una área de protección. Más actores del rubro lo hicieron, hasta que se encendieron las alarmas en marzo de 2017.

En esa fecha, la Contraloría General de la República (CGR) lanzó un dictamen indicando que la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo no se ajustó a derecho al certificar las subdivisiones prediales ubicadas en el área de preservación ecológica regulada en el artículo 8.3.1.1 del PRMS. El órgano contralor señaló que “no cabe sino concluir que lo obrado por la SEREMI, en cuanto a certificar que en atención a que la referida prohibición de subdivisión incluida en el PRMS no se ajusta a la normativa vigente –y por ende, no puede aplicarse para los terrenos emplazados en esa área–, no se conformó a derecho”.

A partir del dictamen, la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo debió iniciar un proceso de invalidación de estos documentos. Según Ramaciotti, arquitecto a cargo de esa secretaría ministerial durante esos años, sí se invalidaron algunas certificaciones. Sin embargo, las 16 subdivisiones realizadas por MDPR en la zona de Chicureo de preservación ecológica continúan vigentes hasta el día de hoy.

Aunque aquello hubiese estado en regla, en ningún caso abría la puerta para desarrollar un proyecto inmobiliario en la zona.

Las compraventas en el “proyecto inmobiliario”

En los tuits que la Seremi Metropolitana de Medio Ambiente publicó hace unos días a partir de los artículos de INTERFERENCIA –cuando indicó que recabaría antecedentes sobre estos proyectos–, señaló que “si efectivamente se comprueba que están emplazados [los proyectos] en un Área de Preservación Ecológica estarían transgrediendo el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) que prohíbe proyectos inmobiliarios sobre la cota mil”.

Nuestro medio detectó dos escrituras de venta de predios por parte de MDPR hacia terceros que dicen textualmente aquello que la autoridad medioambiental considera como transgresión: que se encuentran en una zona protegida y que Mirador Pie Andino se trata de un desarrollo inmobiliario.

“SEGUNDO: Proyecto inmobiliario. En los inmuebles descritos (...) MDPR SpA se encuentra desarrollando el proyecto denominado ‘Mirador Pie Andino’”. Así comienza uno de los artículos de la compraventa que se realizó el 11 de julio de 2018 entre MDPR y Alberto Pentzke Montecinos, perteneciente a la familia que controlaba la empresa de alimentos Conservera Pentzke S.A., ubicada en la comuna de Los Andes, que se declaró en quiebra a fines de 2019.

En el documento se informó que el precio por el terreno era de 7.450 UF (202 millones de pesos), y que este predio había surgido precisamente de una subdivisión certificada por la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo el 16 de junio de 2015, cuyo extracto se adjuntó casi al final de la compraventa. Ahí se leía, en palabras de la autoridad: “Zona en la que se emplaza el terreno: Área de Preservación Ecológica” (ver documento).

Lo mismo ocurrió con una operación de similares características, el 13 de agosto de 2018, en la que la sociedad Inversiones Camila Limitada, representada por Catalina Vidaurre Fresno, adquirió por 8.185 UF (222 millones de pesos) a MDPR un lote en el condominio Mirador Pie Andino. Tal como la escritura anterior, se indicó que esto se trataba de un “proyecto inmobiliario”, y al final del documento se adjuntó nuevamente otro oficio ordinario de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, también fechado el 16 de junio de 2015, donde se explicó que el predio se encontraba en un área protegida (ver documento).

INTERFERENCIA se contactó con Patagon Land, administrador de MDPR SpA, para realizar las consultas respectivas de este artículo. Sin embargo, y una vez más, no fue posible obtener una versión desde la empresa.