La Corte de Apelaciones de Santiago designó a María Loreto Gutiérrez como ministra de fuero para obligar a que el diputado republicano, Agustín Romero, restituya más de $11 millones que recibió en horas extras ilegales, cuando fungió como jefe jurídico de la Municipalidad de Santiago, bajo la administración de Felipe Alessandri.

Para fundamentar la petición, se invocó una auditoría administrativa que realizó la Contraloría General de la República (CGR), donde se acreditó el pago irregular, como también “enmendaduras” en los registros de asistencia.

La decisión del tribunal de alzada capitalino se basó en la presentación que realizó la sede comunal -dirigida por Irací Hassler (PC)- el pasado 21 de noviembre, donde solicitó el inicio de un juicio de “cobro de pesos” en contra del parlamentario.

Para fundamentar la petición, se invocó una auditoría administrativa que realizó la Contraloría General de la República (CGR), donde se acreditó el pago irregular, como también “enmendaduras” en los registros de asistencia.

Para recuperar el dinero, Romero fue citado por la casa edilicia en agosto, pero no regularizó la deuda, tal como informó este medio.

En la misma situación de Romero, se encuentran Juan Francisco García Mac-Vicar, ex administrador municipal y José Ignacio Labbé, exjefe de gabinete de Alessandri, con poco más de trece y $11 millones, respectivamente. Ambos enfrentan acciones civiles en su contra.

En primera instancia, explicaron fuentes judiciales, se conminará a Romero a pagar la deuda de forma voluntaria y así terminar el juicio lo antes posible. Si el parlamentario se negara, la ministra Gutiérrez podría decretar un embargo de bienes por una cifra similar a la adeudada.

La magistrada a cargo del “cobro de pesos” ya entró en funciones y en los próximos días iniciará la tramitación del caso. 

En primera instancia, explicaron fuentes judiciales, se conminará a Romero a pagar la deuda de forma voluntaria y así terminar el juicio lo antes posible. Si el parlamentario se negara, la ministra Gutiérrez podría decretar un embargo de bienes por una cifra similar a la adeudada.

En los pasillos del palacio de tribunales reconocen la capacidad de trabajo y perfil severo de la ministra Gutiérrez que le imprimió su carrera funcionaria (desde 1979) y otrora jueza del crimen, cuando en Chile funcionaba el antiguo sistema de persecución penal.

Desafuero

En paralelo al caso que se inició en la Corte de Santiago, Romero enfrenta una investigación en la Fiscalía Centro Norte, por delitos de fraude y falsificación de instrumento público, a raíz de una querella interpuesta por Hassler en 2021.

En la acción legal, se indica que los aludidos nunca concurrieron los fines de semana a trabajar, como tampoco los festivos. 

Otra evidencia adjunta para acreditar la inasistencia, apunta a que los ex funcionarios tampoco usaron los aparcaderos de la concesionaria SABA, que tiene “cupos reservados para personal municipal (de los cuales fueron beneficiarios los exfuncionarios García Mac-Vicar, Romero Leiva y Labbe Martínez)”. 

En paralelo al caso que se inició en la Corte de Santiago, Romero enfrenta una investigación en la Fiscalía Centro Norte, por delitos de fraude y falsificación de instrumento público, a raíz de una querella interpuesta por Hassler en 2021.

Si el Ministerio Público resuelve formalizar al diputado en ejercicio, deberá recurrir a la Corte de Santiago para solicitar el desafuero. Cualquiera sea el resultado en dicho tribunal, las partes pueden recurrir a la Suprema.

Interferencia intentó obtener una versión de parte de Romero, pero hasta el cierre de esta edición no emitió comentarios sobre su situación procesal.