La respuesta no se hizo esperar. Horas después de que INTERFERENCIA revelara La casa de veraneo que el subsecretario Ubilla compró en territorio mapuche, la autoridad respondió emitiendo un comunicado público que se difundió por redes sociales, habiendo interrumpido sus vacaciones en Escocia.

En la nota, Ubilla reconoció los elementos centrales del reportaje: dijo ser dueño de las propiedades y haberlas adquirido por compraventa en noviembre de 2009 a Guadalupe Moris Gajardo, chilena no mapuche, pero quien las adquirió, a su vez, producto de la liquidación de su sociedad conyugal con Jorge Painequir Molina (con quien sigue casada, pero ahora en régimen de separación de bienes, quien sí es mapuche).

Sin embargo, el subsecretario afirmó que para que una tierra sea indígena -además de los títulos que la propia Ley indica- es requisito que personas o comunidades indígenas sean propietarios de ella, lo que no ocurría al momento de la compraventa. “Por lo tanto, he actuado con apego a la Ley y a la normativa vigente y cumpliendo los requisitos que ella establece”, escribió en el comunicado.

Pese a la defensa esgrimida por Ubilla, lo cierto es que ninguno de los elementos que mencionó hacen que los terrenos pierdan su calidad de tierra indígena, ni, por cierto, la protección que la Ley les otorga.

Tierras registradas en la Conadi

La comunidad Mariano Millahual obtuvo su título de merced en 1908, en virtud del cual los habitantes de ese terreno se hicieron dueños comunitarios. 75 años después, en 1983, todo el territorio comprendido fue dividido en porciones de tierra denominadas hijuelas y fue adjudicado a sus habitantes. Uno de ellos fue Rumaldo Painequir. quien en 1996 reinscribió su propiedad, la hijuela 127, en el Conservador de Bienes Raíces de Pucón.

Cuatro años después, en 2000, Painequir inscribió su propiedad en el Registro Público de Tierras Indígenas, organismo dependiente de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

El siguiente documento (emitido el 1 de marzo de 2019 y último vigente, como lo muestra la imagen) es una copia fiel del libro donde se registran todas las tierras indígenas consideradas como tales por la Conadi. En este documento se señala que Rumaldo Painequir es dueño de la hijuela 127, dentro de las cuales están los 10.000 metros cuadrados comprados por el subsecretario, tal como demostró INTERFERENCIA en el reportaje, sin que haya ajustes ni excepciones posteriores en documentos oficiales del organismo.

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Inscripción de la Hijuela 127 a nombre de Rumaldo Painaquir en el Registro Público de Tierras Indígenas / Interferencia

"Un análisis jurídico mínimo y básico, para cualquier compraventa que se quiera hacer es -especialmente si esa tierra está dentro de una comunidad- verificar si la tierra es indígena o no. Para eso bastaba que los abogados del subsecretario hubiesen solicitado a la Conadi saber si aparecía registrada como indígena”, explica Mario González, quien fue parte del equipo que redactó la Ley Indígena y asesor especial para pueblos indígenas del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador nacional de la Conadi, durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Se trata de un resquicio habitual mediante el cual históricamente se ha burlado la Ley Indígena para que quienes no son miembros de las etnias reconocidas por la Conadi, puedan comprar tierras que suelen tener valor turístico.

Dicho de otro modo, bastaba un simple estudio de títulos para ver que las tierras en cuestión pertenecieron históricamente a indígenas, en una comunidad que goza de continuidad territorial. Y que el breve lapso de un año (entre 2008 y 2009, cuando las compra Ubilla) en que dichas tierras no pertenecieron a mapuche sino a Moris, fue a causa de la liquidación conyugal entre ella y Painequir, lo que no acabó con el matrimonio, sino que implicó solamente el cambio a un régimen de separación de bienes.

Es decir, se trata de un resquicio habitual mediante el cual históricamente se ha burlado la Ley Indígena para que quienes no son miembros de las etnias reconocidas por la Conadi, puedan comprar tierras que suelen tener valor turístico. Una venta, en este caso, de apenas 10 millones de pesos.

Precisamente, otro de los argumentos expresados por Ubilla fue que la compraventa se había realizado en regla debido a que los terrenos comprados en 2009 eran propiedad de una chilena no mapuche, Guadalupe Moris, quien los adquirió producto de la disolución de su sociedad conyugal con Painequir.

"Aunque la cónyuge no sea indígena, para efectos de la aplicación de la Ley se puede entender como indígena. La ley lo que genera es la protección de la tierra indígena, no de las personas que la tienen”, dice el experto Mario González.

Sin embargo, lo cierto es que la disolución de la sociedad conyugal no hace perder la calidad indígena de la tierra. "Aunque la cónyuge no sea indígena, para efectos de la aplicación de la Ley se puede entender como indígena. La ley lo que genera es la protección de la tierra indígena, no de las personas que la tienen”, asegura González.

Por lo demás, la liquidación de la sociedad conyugal no fue producto del divorcio entre Jorge Painequir y Guadalupe Morris, quienes se encuentran casados actualmente y en 2008 pasaron de un régimen de sociedad conyugal a uno de separación de bienes, tal como acredita el siguiente certificado emitido por el Registro Civil.

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"Ubilla utilizó un resquicio que usa mucha gente para comprar terrenos en el sur, no mencionando que es indígena la tierra. Pero esto es una omisión en la tramitación, que también implica el trabajo del notario. Sin duda es una práctica irregular, porque la calidad de la tierra no se pierde porque la vendió una persona no indígena. La tierra es indígena porque es parte del título de merced. Lo que la ley prohíbe es la compraventa con personas no mapuches. La adquisición que hace la cónyuge es legal, pero no puede venderle a un no indígena”, afirma Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y experto en temas indígenas.

"Lo que pasa con el caso de Ubilla es que omiten que la tierra es indígena, le ocultan esto al notario quien acredita la compraventa, por lo tanto, parece un negocio válido, pero no lo es porque hay un vicio de fondo", explica Millaleo.  

Respecto a las figuras utilizadas para realizar la compraventa, Millaleo explicó que hubo una clara omisión de información fundamental, lo que daría a la transacción una falsa apariencia de legalidad. Algo que, al igual que en la notaría, fue omitido también por el conservador de bienes raíces de Pucón.

En la misma línea, González asegura que "a lo largo de la historia, las personas no indígenas han recurrido a fórmulas para eludir las normas de protección a la tierra. El problema de este caso es que hay negligencia de los actores, en este caso del mismo subsecretario que no se cercioró de la calidad de la tierra".  

Programa de gobierno: lo que habría salvado a Ubilla

El programa de gobierno de un Sebastián Piñera en campaña presidencial prometía un cambio en el artículo 13 de la Ley Indígena, norma que prohíbe que las tierras indígenas sean "enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia". En ese entonces se argumentó que la norma impedía a los indígenas hacer negocios y acumular capital. La idea de flexibilizar esta prohibición prometía aumentar la posibilidad de las personas indígenas de realizar negocios con ellas.

La noticia encendió las alarmas en la comunidad de derechos humanos porque, precisamente, la Ley había sido creada para evitar que las tierras se fragmentaran, entrara la especulación inmobiliaria, y ocurrieran casos como el de la compraventa de Ubilla, pues el bien jurídico a defender era la consideración de la tierra como el núcleo de la vida comunitaria de los pueblos indígenas.

"La tierra indígena, más que un negocio para la comunidad es una pérdida, porque tal como en este caso, se pagan precios irrisorios que después van a tener un plusvalor tremendo. Además, se pierde el uso cultural que tiene la tierra. Es una tragedia y realmente no se ve como -si se cambia la ley- se pudiera establecer una forma para evitar los abusos que se van a dar", dice Millaleo.