Cuando el 6 de marzo de 1998 Andrónico Luksic se reunió de manera secreta con Vladimiro Montesinos, jefe de la inteligencia peruana y brazo derecho del entonces presidente peruano Alberto Fujimori, la empresa Lucchetti ya había obtenido una victoria judicial en su batalla por revertir la paralización de las obras de su flamante fábrica de pastas en las cercanía de Lima.

Un mes antes, tribunales locales accedieron a un recurso de amparo de la empresa chilena. Sin embargo, el alcalde de Lima y acérrimo opositor de Fujimori, Alberto Andrade, apeló al fallo. Gracias a las movidas de Montesinos, realizadas después del encuentro con Luksic, su empresa consiguió otro fallo favorable dictado por los jueces Percy Escobar y Sixto Muñoz. 

Sin embargo, estas movidas judiciales del grupo Luksic salieron a la luz pública en 2001, tras las revelaciones de los llamados Vladivideos, las grabaciones que Montesinos registraba secretamente de sus encuentros con jueces, políticos y empresarios de Perú y de la región.

A fines del año 2000 Fujimori renunció desde Japón vía fax a la presidencia, y el congresista Valentín Paniagua asumió como presidente interino, hasta que tomó el cargo el nuevo presidente electo, Alejandro Toledo, el 28 de junio de 2001.

En este contexto se iniciaron diversas acciones judiciales en contra de Lucchetti, muchas las cuales no tuvieron mayores consecuencias para la empresa chilena. Sin embargo, hubo una que trascendió y marcó el hilo conductor de esta historia.

El 13 de junio de 2001, los fiscales anticorrupción César Sotomayor y Pablo Sánchez –este último fue fiscal de la Nación en 2018 y ahora se desempeña como fiscal supremo de Perú– abrieron la investigación en contra de Andrónico Luksic, y los directivos de Lucchetti Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco por el delito de tráfico de influencias, el cual fue visto en el Segundo Juzgado Anticorrupción de Lima.

Pero desde un inicio esta arista estuvo marcada por trabas judiciales. Por ejemplo, pese a que los Vladivideos parecían ser una pieza evidente para acusar a todos los involucrados, en mayo de 2001 el juez anticorrupción Jorge Barreto, decidió exculpar de inmediato a los tres chilenos, argumentando que la ley no consideraba delito el pedir un favor a un traficante de influencias, según consignó el diario La República. 

La decisión fue revertida por tribunales superiores y Barreto fue sancionado con un mes de suspensión por juzgar anticipadamente, lo que lo llevó a inhabilitarse del caso, según informó El Mercurio en esa época. En reemplazo de Barreto asumió la jueza Jimena Cayo, quien ascendió a la Corte Superior de Lima en abril de 2003.

La presunta coima

En medio de la investigación judicial uno de los testimonios más demoledores para Luksic y Lucchetti fue el de Matilde Pinchi Pinchi, ex secretaria de Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional, quien posteriormente fue una de las colaboradoras más importantes para muchas de las condenas obtenidas por la justicia peruana.

En 2001 “la Pinchi” declaró lo siguiente ante los fiscales: “Los primeros meses del año 2000, el señor Montesinos se comunicó telefónicamente con Luksic, diciéndole que necesitaba dinero para la campaña presidencial de Fujimori. Le aseguró que Fujimori se quedaría en el poder (...) Luksic llegó en su jet privado al SIN, en Las Palmas, y ambos almorzaron juntos. Montesinos ingresó a su oficina con el señor Luksic. Yo estaba presente. Luksic había hecho traer tres cajas de cartón que supuestamente tenían vinos (...) Una de las cajas de cartón sí tenía vinos, la siguiente US$ 500.000 y la tercera US$ 1.500.000”, afirmó en su declaración según una publicación de la revista Caretas en 2005.

La acusación de que Luksic donó 2 millones de dólares a la campaña de Fujimori en 2000 nunca fue investigada en profundidad y fue archivada por la jueza Cayo, por lo que no se rastreó alguna prueba física de la transacción. Además del testimonio de la ex secretaria de Montesinos, los fiscales sólo alcanzaron a recopilar otras declaraciones cercanas a esta versión, como la de los ex asesores de Montesinos, Mario Ruiz Agüero y Wilmer Ramos Viera, quienes confirmaron haber visto las cajas de vino y haber escuchado que estas venían cargadas de dólares, según consigna el mismo reportaje.

Si bien Andrónico Luksic reconoció en 2002 ante la justicia peruana el haber llegado en 2000 a las oficinas del SIN con tres cajas de vino, siempre indicó que estas venían sólo con botellas. Incluso, afirmó en una entrevista concedida a La Tercera en 2005 que era imposible meter tanto dinero en las cajas. En contraparte, otro reportaje de revista Caretas demostró geométricamente que sí era posible.

Otro de los antecedentes importantes aportados durante esta etapa tienen que ver con la forma en que se redactaron los fallos que beneficiaron a Lucchetti. Matilde Pinchi indicó en una declaración que los jueces que vieron la causa de la empresa, Percy Escobar Lino y Víctor Martínez Candela, recibían pagos de Montesinos en las oficinas del SIN.

En tanto, el ex asesor legal del SIN, Pedro Huertas Caballero, reconoció que él redactó la resolución que beneficiaba a Lucchetti y que posteriormente firmó Percy Escobar. Mientras que otro ex asesor del SIN, Rafael Merino Bartet, entregó documentación que confirmaba que la sentencia fue redactada en la oficina de Montesinos, según antecedentes publicados por el diario La República.

Tras las diligencias, la justicia peruana comenzó a tramitar el juicio oral contra todos los involucrados en 2004. Los fiscales solicitaron juzgar a Vladimiro Montesinos, al ex viceministro del Interior de Fujimori Edgar Solís Cano; al publicista argentino y ex asesor comunicacional de Fujimori, Daniel Borobio, como también a los representantes de Lucchetti: Andrónico Luksic, Gonzalo Menéndez (ex presidente del directorio de la empresa) y Fernando Pacheco (gerente general de la compañía en Perú), pidiendo cuatro años de cárcel para los tres chilenos y ocho para los demás imputados.

Fue en ese momento que la colaboración de los chilenos, quienes habían acudido a declarar a los tribunales peruanos en junio de 2002, se detuvo, y todo pasó a manos de su equipo abogados, entre ellos el chileno Edmundo Eluchans y el peruano Roger Yon.

Luksic y sus socios cambiaron de estrategia legal y comenzaron a insistir en la prescripción del juicio, es decir, que no puedan ser juzgados debido a que el tiempo permitido por ley para llegar a una sentencia ya había transcurrido. La duda jurídica en Perú respecto a esto era si para Luksic aplicaba la misma norma que para Montesinos. Para este último, al haber sido funcionario público la prescripción ocurría a los ocho años, mientras que para personas comunes eran seis años.

En 2004 la Sala Penal de la Corte Suprema peruana estimó que para el empresario chileno el delito prescribía al mismo tiempo que para Montesinos, por ser parte de un delito en conjunto. Con esto, Andrónico Luksic Craig y sus amigos estaban próximos a ser enjuiciados.

De esta forma, el 29 de septiembre de 2005 fue el día en que el vicepresidente del Banco de Chile debía presentarse ante la Primera Sala Anticorrupción, presidida por la actual jueza suprema de Perú, Inés Villa Bonilla, para asistir al juicio oral. Pero el empresario no llegó y acusó a través de insertos publicitarios en los diarios chilenos y peruanos que estaba siendo víctima de discriminación por su nacionalidad. Paralelamente, a través del abogado Claudio Grossman, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando al Estado peruano por este hecho, situación de la que desistieron más adelante.

En respuesta, el mismo 29 de septiembre la Primera Sala Anticorrupción emitió una orden de captura internacional en contra de Andrónico Luksic Craig. Este quizás ha sido el momento más tenso en la vida del empresario. 

Pero el 16 de noviembre de 2005 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Perú anuló la orden de captura internacional. De ahí en adelante todo fue ganancia para el magnate chileno.

Poco después, el 30 de noviembre de aquel año, la Sexta Sala Penal Superior de Lima resolvió vía un habeas corpus presentado por la defensa que los delitos contra Luksic habían prescrito el 28 de diciembre de 2004. Esto contradijo a la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que había dicho en 2004 que prescribían en 2006. Esta resolución fue apelada por la Procuraduría Anticorrupción de Perú, pero fue ratificada el 2 de marzo de 2006 por la Primera Sala Penal Transitoria de la Suprema peruana, la misma que en 2004 había rechazado la prescripción. Quien presidía esta instancia era el juez Robinson Gonzales.

El mismo día de noviembre en que la Corte Superior aceptaba el habeas corpus que beneficiaba a Luksic, Vladimiro Montesinos aceptaba todos los cargos y pruebas en su contra, por lo que fue sentenciado aquel día en un juicio abreviado a cuatro años de cárcel por la Primera Sala Anticorrupción. El 8 de junio de 2006 el mismo tribunal condenó a cinco años de cárcel al ex viceministro Edgar Solís Cano en un juicio normal, por favorecer ilegalmente con sus actos a la empresa Lucchetti.

En tanto, la carrera judicial de los jueces que ayudaron a Lucchetti a instalar la fábrica colapsó con la aparición de los Vladivideos. Percy Escobar y Víctor Martínez, quienes participaron en primera instancia del fallo a favor de la empresa, fueron perseguidos por la justicia pero por burocracias internas de Perú no se llegó a una condena, mientras que Sixto Muñoz, el juez superior que confirmó el fallo en 1998, fue condenado en 2006 por ser parte de la mafia de jueces montesinistas.

Por otro lado, Robinson Gonzáles, el juez de la Corte Suprema que confirmó la prescripción del delito en el caso de Andrónico Luksic, se encuentra procesado actualmente por pertenecer a la red de estafa y lavado de activos de Rodolfo Orellana.

 “Con razón no logramos nada”

“Tuvimos a Andrónico Luksic Craig en una situación muy difícil. Lo tuvimos a punto de ser extraditado. Cada vez que avanzábamos en el proceso, me llamaba el ministro de Justicia, Alejandro Tudela Chopitea. Eso ocurría cuando el Presidente Lagos se encontraba con Toledo en alguna reunión. Era un martes, me llamó a las 11.30 de la mañana, y me dijo ‘¡qué le están haciendo a Luksic Craig!’, riéndose, no presionando”.

Las palabras corresponden a Antonio Maldonado, ex procurador Anticorrupción de Perú, quien estuvo a cargo de todos los casos que tenían relación con Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori desde el año 2004 hasta 2006. La institución que le tocó dirigir vela por los intereses del Estado, similar a lo que hace el Consejo de Defensa del Estado en Chile.

En el caso Lucchetti, la Procuraduría Anticorrupción pidió una multa de 150 millones de dólares para la empresa chilena. Pero más allá de esto, lo que importaba a Maldonado era que existiera una condena ejemplificadora, lo que habría evitado, según él, casos de corrupción más graves como los de Odebrecht en la actualidad.

El ex procurador, quien fue uno de los más críticos con la prescripción del delito de Luksic en 2006, conversó con INTERFERENCIA para este reportaje, contando cómo se fue percatando de la influencia del empresario chileno.

“Los abogados que representaron a Luksic hoy día pontifican de la lucha contra la corrupción en el Perú, pero en esa época eran abogados penalistas de la más alta envergadura, que estaban en una ofensiva contra nosotros y contra todo el sistema anti-corrupción. A finales de 2005 Luksic Craig pagó en casi todos los diarios peruanos, a página entera, avisos despotricando contra el sistema anti corrupción del Perú. No solo eso, sino que en algún momento, Luksic Craig presentó, a través de sus amigos de Chile, en Washington DC, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una petición contra el Perú, por presunta violación del debido proceso y del derecho de defensa. La comisión, que se demora meses en abrir los casos, la abrió con una rapidez enorme. Quién influenció en esta petición fue Claudio Grossman", dice.

- ¿Entre 2002 y 2003 se vio un lento avance de esta causa?

-Es la misma percepción que tenemos nosotros. Ese caso en particular estaba entrampado, y en ese pusimos el pie en el acelerador. La prueba de que lo que yo le digo es cierto, es la reacción de Luksic Craig, porque ante la ofensiva nuestra, viene las comunicaciones de Lagos con Toledo, Toledo con el ministro de Justicia, y el ministro de Justicia conmigo, que me dice a mí 'oye Antonio, ¿qué le están haciendo a Luksic Craig?'. Yo me reí y le dije que nada que no debamos hacer, le contaba los detalles de cómo llevaba el caso.

- ¿Este entrampamiento se debió solo a la gestión de los abogados de Luksic, o también responde a ciertas personas que estaban en el poder judicial en ese momento?

- Lo que se sabe hoy día, no con especial referencia al caso de Luksic Craig, sino que como tema general, es que, en el contexto actual de renacimiento del fujimorismo, es que varios sectores del Poder Judicial han sido descubiertos como infiltrados con la delincuencia de poder. En esa época, no está probado, pero es probable que así ocurriese; es decir, en el Estado peruano todavía está muy presente el fujimorismo, la presencia de topos dentro del Estado peruano a favor del fujimorismo, está todavía presente. Entonces, en esa época no me cabe la menor duda que esa presencia era todavía mayor. Amenazaba una conducta independiente de parte de los jueces peruanos, creo yo.

- Si uno ve el gran cuadro de este caso, Inés Villa, jueza que apuntó a juzgar a Luksic es ahora jueza suprema, pero Robinson Gonzáles, que fue el juez supremo que confirmó la prescripción del delito de Luksic, terminó encarcelado...

- Eso demuestra esa hipótesis. En efecto, Robinson Gonzáles está procesado por su vinculación con una organización criminal, la de Orellana. Justamente esos insertos en la prensa que le refiero, que los puede ver en varios periódicos de Lima, estaban dirigidos contra la sala anticorrupción que presidía la jueza Inés Villa, pero además contra todo el sistema anticorrupción peruano. Eran páginas enteras, en una ofensiva a todo dar.

- Usted habló de los comentarios de Tudela, que mostraban la preocupación respecto del caso de Luksic. ¿Pero hubo presiones desde algún lado?

- En mi gestión como cabeza de la Procuraduría, por tanto garante de la integridad del comportamiento de mi equipo, le puedo decir que eso nunca pasó, y si hubiera pasado no lo habría permitido. Tudela me llamaba como anécdota, para cumplir con el protocolo, porque Toledo había conversado con Lagos. La defensa de Lagos a Luksic no sólo se demuestra en ese tipo de cosas. En el momento más álgido para Luksic, este produce la "coincidencia" de aparecer al lado de Lagos en un almuerzo, lo cual salió publicado en la revista Caretas. Lo que quiero decir es que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para buscar la extradición de ese sujeto.

- Revisando los archivos de la época, usted fue uno de los que más criticó la decisión de prescribir el delito de Luksic ¿Cómo interpreta hoy lo sucedido en esa decisión?

- Me parece que hubo una interpretación de parte del órgano judicial muy limitada sobre los tiempos de la prescripción. Si mal no recuerdo, lo que se criticó más fue el hecho de que los jueces tuviesen una interpretación muy a favor de la solicitud de poner fin al proceso. Le quiero decir algo, después de mi renuncia me fui a vivir a Santiago de Chile, porque mi esposa era funcionaria activa de Naciones Unidas y había sido destacada con una jefatura regional con base en Chile. Por tanto, toda la parte administrativa de los sueldos se veía en la Cepal, en una oficina del Banco de Chile que estaba en el sótano de la Cepal. Un día por accidente fui a hacer un trámite, ya no siendo procurador, y mientras esperaba sentado frente a mí había una placa dorada donde estaba ¡Andrónico Luksic Craig con los que estaban procesados! Yo me dije, con razón no logramos nada, esa gente es muy poderosa en Chile.

- Resulta extraño que por el caso Lucchetti estén condenados casi todos menos los involucrados chilenos. Es como si Vladimiro Montesinos hubiera cometido el delito de tráfico de influencias, pero sin una contraparte que instigara este delito.

- Exactamente. Mire, yo creo que en el ámbito de la Corte Superior no hubo posibilidad de que estas personas ejercieran una influencia indebida. Pero sí me parece que en el ámbito de la Corte Suprema lo hicieron con toda facilidad, esto a través de Robinson Gonzales probablemente. La Corte Suprema era en esa época, y mucho más ahora, un queso morbier, no había ninguna capacidad de que la mayor instancia de justicia en el Perú garantizara una administración de justicia independiente e imparcial.

- ¿Cuál fue el aporte de este caso para el combate a la corrupción en Perú?

- Si lo ponemos frente a los casos de Montesinos y Fujimori, la particularidad de este caso es que no fue explotado lo suficiente por la interferencia indebida en el ámbito de la Corte Suprema, porque se trataba de lo mismo que hoy vemos con fuerza en el caso Odebrecht: la corrupción protagonizada por actores empresariales realizando hechos de cohecho internacional con altos funcionarios del Estado. Este caso era emblemático en ese sentido, al igual que otros casos como el del Banco de Crédito, el de Radio RPP, los cuales también quedaron en la impunidad.

Los casos de corrupción empresarial como el de Luksic Craig quedaron en impunidad y creo que habría sido una lección importante que el país entendiera que ese tipo de criminalidad también había que castigarlo con fuerza. Conforme, se probó años más tarde cuando se revela el tema de Odebrecht. La frustración de no haber visto a Luksic Craig extraditado y llevado a un tribunal peruano para enfrentar la justicia y eventualmente ser condenado, le ha impedido al Perú aprender la lección sobre casos de corrupción empresarial.