El Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite un recurso interpuesto por el destituido ministro Sergio Muñoz en contra de la Suprema, que busca declarar inconstitucional la reserva que opera sobre los antecedentes obtenidos por la Comisión de Ética.

A raíz de lo anterior, el TC paralizó la tramitación del libelo de protección que -en paralelo- el mismo Muñoz presentó en la Corte de Apelaciones de Santiago con el que también pretende acceder al expediente de la instancia administrativa que lo investigó antes de que fuera destituido por el Senado a mediados de octubre.

Nadie tiene que decirlo, pero en los recovecos del palacio de justicia, tanto abogados como ministros tienen perfectamente claro que Muñoz, si continuaba solo el camino judicial, perdería estrepitosamente.

Lea la decisión del TC

De allí que la decisión del TC implica que los procedimientos que utiliza la Comisión de Ética del máximo tribunal para investigar a sus pares serán revisados para establecer si cumplen el estándar de respeto a los derechos constitucionales. Y entre los ministros de la Suprema, la idea no es de su agrado.

Costas

En la Corte Suprema existe incomodidad con la estrategia judicial que adoptó Muñoz luego de ser destituido por notable abandono de deberes en la Cámara Alta.

De hecho, cuando se conoció que había ingresado un recurso de protección para acceder a los antecedentes que recabó la Comisión de Ética, nadie parecía comprender muy bien el alcance de la apuesta procesal. 

Sin embargo, el hecho de que su abogado fuera  Ciro Colombara arrojó las primeras luces, por su experiencia en litigación internacional. O en otras palabras, Muñoz buscaba demandar al Estado de Chile en el Sistema Interamericano, por anomalías procesales que -a su juicio- lo afectaron. 

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Esa posibilidad llevó a que la redacción del informe evacuado a la tramitación del recurso de protección, tuviera duros cuestionamientos a la forma y el fondo de la presentación de Muñoz. Y como guinda de la torta, en el escrito firmado por la presidenta (s) Gloria Ana Chevesich, solicitó que su ex colega sea condenado a pagar las costas del juicio. En simple, una muestra de poder.

Choque de trenes

Si bien hoy la mar está en calma, las relaciones entre el TC y el tercer poder del Estado no siempre fueron así.

En 2019, durante la presidencia de Iván Aróstica en el TC, se produjo una dura fricción, cuando la cabeza de la Suprema era Haroldo Brito.

De fondo, estaba la idea de reformar al órgano constitucional durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, pero en la inauguración del año judicial en marzo de ese mismo año, se desató la crisis.

Brito, dio cuenta La Tercera, criticó abiertamente al TC por paralizar causas de violaciones de Derechos Humanos de la dictadura cívico militar para resolver los recursos interpuestos por militares procesados y apuntó a la "necesidad de observar rigurosamente los límites insalvables de las distintas competencias".

La tensión fue bajando paulatinamente, entre otras cosas, por un rol, dirimente del ex Mandatario.

Si bien lo anterior ocurrió hace más de cinco años, hoy el TC tiene entre manos un caso que podría generar una nueva fricción si es que Muñoz gana. Todo está por verse.