El 18 de diciembre de 2024, las y los integrantes del Consejo Académico de la Universidad de Santiago (USACH) quedaron perplejos. El rector Rodrigo Vidal había cambiado la tabla del día y fue a buscar al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, porque debía plantearles algo “muy interesante”. Según el audio público de la última sesión del año, nadie esperaba que un alta autoridad de gobierno interrumpiera la sesión como un facilitador de ventas, donde lleno de argumentos positivos, asegurando que el Estado sería el aval de un préstamo millonario y dando un respaldo político que no existiría en este gobierno, proponía que la universidad pública comprara el Instituto Profesional Arcos, una institución en crisis económica que planificaba cerrar sus puertas debido al déficit financiero producido por la gratuidad y la limitación de acceso a mayores recursos por entregar títulos técnicos y no licenciaturas.

Interferencia accedió en exclusiva a un informe confidencial elaborado por académicas y académicos de la USACH. El documento, de más de 12 páginas, reconstruye la cronología de la operación, evalúa sus fundamentos y advierte graves riesgos jurídicos, administrativos y educativos. El informe no sólo revela la presión ejercida por el Ministerio de Educación (Mineduc) para que la USACH asumiera la compra, sino que plantea que el Estado tenía instrumentos menos onerosos para garantizar la continuidad académica de los estudiantes de Arcos.

El proceso se inicia con las cartas públicas del rector de Arcos, José Sanfuentes. El 9 de diciembre de 2024 explicó a la comunidad que, tras la drástica reducción de aranceles provocada por la política de gratuidad, mantener operativo el instituto era imposible. Un convenio con la Universidad de Las Américas (UDLA) había sido ofrecido, pero necesitaba la validación del Mineduc. En la misma carta anunciaba que “una importante universidad pública” estaba estudiando integrar las carreras de Arcos y que presentaría una propuesta en los próximos días. Esa universidad era la USACH. Hasta entonces, la comunidad universitaria no tenía idea alguna de qué se trataba.

Los académicos advierten que forzar la compra de Arcos al margen de estos procedimientos podría configurar la nulidad de actos administrativos. El Mineduc actuaría simultáneamente como parte interesada, regulador y garante, socavando su neutralidad y la independencia de la Superintendencia de Educación Superior.

El rol del subsecretario

El subsecretario Víctor Orellana no sólo asistió a la sesión del Consejo Académico, sino que en la práctica, se transformó en mediador financiero entre la USACH, el Mineduc y Arcos. El propio rector Vidal justificó la sorpresiva inclusión del tema explicando que la operación había surgido de conversaciones con el Ministerio y con Arcos, y que era fundamental que el subsecretario explicara por qué al Mineduc “le interesa esto”.

Durante la reunión, el prorrector Cristian Muñoz anunció que se compraría el Instituto Arcos por 10 mil millones de pesos, incluyendo los estudiantes, la marca, las sedes y sus equipamientos. Reconoció que no había nada firmado y que todos se preguntaban de dónde saldría la plata, pero sugirió que un crédito bancario con aval del Estado podría financiar la operación.

La intervención de Orellana fue decisiva.

El subsecretario afirmó que contaban con el respaldo del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y del Presidente Gabriel Boric, y que la operación debía realizarse durante este gobierno porque con otro “esto va a terminar de otra manera”, “ustedes tienen nuestro respaldo político para ir a buscar esa garantía… todo el apoyo y el total respaldo político en la tramitación de la garantía estatal”, enfatizó. En otra frase disponible en ese audio señala que: “me gustaría tener un cheque y pasarles 20 mil millones de pesos y lo hagan, pero no tengo… estamos en un ajuste fiscal, pero podemos reasignar recursos internos y apoyar el año uno”. Entre ellos eso sí, hubo una contradicción: el subsecretario aseguró que el Estado estaba acostumbrado a entregar este tipo de aval, el prorrector Muñoz, en cambio, dijo en reiteradas veces, que esta sería la primera vez.

Para el subsecretario, la compra era un acto estratégico: recuperar una “tradición del pensamiento crítico” y ampliar la educación pública. Sin embargo, la irrupción del funcionario en la instancia universitaria –presionando para votar y usando su cargo para intermediar un negocio– constituye, según el informe, una desviación de poder que vulnera la autonomía universitaria y el principio de legalidad.

El 10 de septiembre, fue el último consejo universitario, donde el rector nuevamente llamó a votar, a favor de solicitar un préstamo con garantía estatal por más de 32 mil millones, que además de la compra de Arcos -que en seis semanas subió su precio de 10 mil a 11.500 millones- contempla la construcción de nueve edificios

Efectos y riesgos jurídicos

El informe jurídico desarrollado por los académicos y académicas de la casa de estudios sostiene que el ordenamiento chileno no contempla la absorción de un instituto profesional privado por una universidad estatal. La Ley N.º 21.091 regula traspasos solo entre instituciones del mismo tipo y establece un procedimiento de cierre supervisado que debe asegurar la continuidad de estudios en otras instituciones acreditadas. El plan de cierre debe señalar cómo se resguardará la continuidad de estudios de los estudiantes hasta finalizar sus carreras.

Los académicos advierten que forzar la compra de Arcos al margen de estos procedimientos podría configurar la nulidad de actos administrativos. El Mineduc actuaría simultáneamente como parte interesada, regulador y garante, socavando su neutralidad y la independencia de la Superintendencia de Educación Superior.

Informe jurídico y administrativo sobre la incorporación del Instituto Profesional Arcos a la Universidad de Santiago de Chile.

Informe jurídico y administrativo sobre la incorporación del Instituto Profesional Arcos a la Universidad de Santiago de Chile.

La compraventa finalmente se justificó en un crédito con garantía estatal por 32,1 mil millones de pesos –tramitado después de firmar el contrato–, pese a que la modificación presupuestaria que lo habilitó y el Decreto Supremo firmado por el Presidente Gabriel Boric y el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, no estaba destinada a adquirir entidades privadas. Tal desviación podría ser objetada por la Contraloría General de la República y vulnera el principio de especialidad del gasto público.

Además, el informe subraya que no existe base legal para otorgar licenciaturas USACH a estudiantes formados bajo mallas técnicas. La Ley 21.091 exige rediseños curriculares aprobados por el Consejo Nacional de Educación y la acreditación de programas de grado. Sin dichos procesos, la entrega de títulos universitarios a estudiantes de Arcos podría constituir un otorgamiento irregular de grados académicos.

El informe recalca que la misión de una universidad estatal es mantener coherencia entre su proyecto educativo y su oferta académica. Incorporar programas técnicos rompe la unidad epistemológica y metodológica que sustenta la educación universitaria, lo que pone en riesgo la identidad institucional de la USACH.

El costo para los estudiantes y la comunidad USACH

El diagnóstico académico y la carta del docente de Ingeniería, Pedro Palominos, coinciden en que la operación amenaza con desestabilizar a la USACH. Según lo que allí constata, “el plan esbozado por el prorrector, se busca incrementar la matrícula en 3.000 estudiantes en cinco años. Sin embargo, la normativa actual limita el crecimiento al 2,5 % anual (unas 120 vacantes al año), muy lejos de las 600 necesarias para alcanzar esa meta. Sin un rediseño curricular ni estudios de mercado que aseguren demanda y empleabilidad, ampliar masivamente la matrícula puede deteriorar la retención estudiantil y la relación alumno/docente, ya sobrecargada –70 % de la docencia es impartida por profesores por hora–.”

Palominos plantea preguntas básicas que no fueron respondidas: ¿Conocen la deuda real de Arcos?, ¿existen estados financieros auditados?, ¿podrá la USACH subir los aranceles sin perder estudiantes? También cuestiona la naturaleza de la garantía estatal: protege al banco, no a la universidad; si la USACH no pudiera pagar, el Estado cubriría la deuda y luego la universidad debería devolver esos recursos con su patrimonio.

El informe recalca que la misión de una universidad estatal es mantener coherencia entre su proyecto educativo y su oferta académica. Incorporar programas técnicos rompe la unidad epistemológica y metodológica que sustenta la educación universitaria, lo que pone en riesgo la identidad institucional de la USACH.

Desde la perspectiva estudiantil, integrar un instituto técnico con admisión diversa podría generar una asimetría de perfiles de ingreso. Las carreras de Arcos no exigen PAES y los estudiantes tienen realidades socioeconómicas distintas. Para la comunidad USACH esto puede percibirse como un doble estándar que afecta su prestigio y la selectividad académica. Los indicadores de acreditación podrían resentirse: retención, infraestructura especializada para carreras creativas y relación alumno/docente son factores críticos evaluados por la Comisión Nacional de Acreditación.

El informe recalca que la misión de una universidad estatal es mantener coherencia entre su proyecto educativo y su oferta académica. Incorporar programas técnicos rompe la unidad epistemológica y metodológica que sustenta la educación universitaria, lo que pone en riesgo la identidad institucional de la USACH.

Alternativa olvidada y preguntas abiertas

Una de las secciones más llamativas del informe confidencial propone una alternativa menos costosa y más ajustada a la legalidad: un Programa de Continuidad Formativa para Artes y Comunicación. En lugar de comprar Arcos, el Mineduc podía activar los artículos 63–66 de la Ley 21.091 para dictar un plan de cierre voluntario. Los estudiantes podrían haber sido reubicados en universidades estatales (USACH, Universidad de Chile, Universidad de Valparaíso) mediante convenios, con cursos de nivelación financiados por el Estado y tutorías para asegurar su adaptación. Este modelo ya está regulado, centrado en el aprendizaje y habría costado una fracción del gasto actual, sin comprometer créditos ni avales estatales.

Aún queda por aclarar si la Contraloría respaldará la operación, si el Ministerio de Educación justificará el uso de recursos públicos para adquirir una entidad privada y cómo se resguardará la calidad de la formación universitaria.

¿Por qué no se optó por esta alternativa? Según testimonios recogidos por Interferencia, la dirección de la USACH y el subsecretario consideraron estratégico incorporar el instituto para recuperar la tradición de “artes y oficios” y expandir la universidad en áreas creativas. Sin embargo, el informe señala que esta justificación simbólica no puede estar por encima de la legalidad ni de la sostenibilidad financiera y que: “El Mineduc parece haber privilegiado una operación simbólica y política, buscando un ‘rescate histórico’ de una institución asociada a la izquierda cultural, antes que una solución pedagógica estructurada”. El Instituto Arcos surgió junto con la Universidad ARCIS al amparo del Instituto Superior en Comunicación y Diseño en 1983. Su actual rector, José Sanfuentes, fue académico y vicerrector del ARCIS, militó en el MAPU, el Partido Comunista hasta mediados de la década de los 90 y para la elección de convención constituyente en 2020 fue precandidato por Nuevo Trato, partido coincidentemente formado por Pablo Vidal Rojas, hermano del rector de la USACH.

La operación para comprar el Instituto Arcos fue presentada como un rescate cultural y una oportunidad histórica para la educación pública. Sin embargo según este informe revela que se trata de un proceso jurídicamente atípico y administrativamente riesgoso, impulsado desde el poder político sin una evaluación técnica seria. La intervención del subsecretario, el uso de garantías estatales y la ausencia de un plan académico detallado levantan dudas sobre la legitimidad de la compra.

Aún queda por aclarar si la Contraloría respaldará la operación, si el Ministerio de Educación justificará el uso de recursos públicos para adquirir una entidad privada y cómo se resguardará la calidad de la formación universitaria. Mientras tanto, las y los estudiantes de la USACH protestan por la falta de transparencia y exigen que no se comprometa el futuro de su universidad en un negocio que pudo tener otra salida.

El 10 de septiembre de este año, fue el último consejo universitario, donde el rector nuevamente llamó a votar, ahora a favor de solicitar un préstamo con garantía estatal por más de 32 mil millones, que además de la compra de Arcos -que en seis semanas subió su precio de 10 mil a 11.500 millones- contempla la construcción de nueve edificios mostrados en una presentación en PowerPoint, desarrollados por inteligencia artificial y que según una de las asistentes “se parecen al estadio de la Católica, no habría cómo financiarlos”. Las construcciones aunque carecen de planos parecieran sí tener un precio claro que la USACH debería pagar en 15 años.

Al momento de votar a mano alzada -en una votación que no fue grabada-, el rector Vidal llamó a votar a mano alzada “por el bien de los estudiantes del Arcos, cuyo futuro depende de nosotros”. Antes de levantar los brazos, un asistente preguntó: “Los estudiantes del Arcos… ¿y qué pasa con los estudiantes de la USACH?”, a lo que el rector respondió: “no sea egoísta”.

La versión de la USACH

Interferencia contactó a la USACH para obtener su versión de los hechos. Desde la universidad remitieron las respuestas por escrito a nombre del prorrector Cristian Muñoz. (Lea la respuesta completa aquí o al final del este artículo).

Sobre el informe de los académicos USACH, el prorrector Muñoz afirma que: “No existe ninguno de los riesgos indicados en el informe que me comparte, el cual, además, contiene imprecisiones y errores importantes. Por lo tanto, los juicios que expresa y las conclusiones a las que llega, no representan un escenario probable. Tampoco es efectivo que se hayan realizado acciones irregulares o fuera del marco legal por parte de ningún actor involucrado”.

“Ignoro a qué problemas académicos se refiere el informe. La Universidad de Santiago de Chile, a través de la compra de los activos principales de Arcos, realiza una incorporación responsable de sus estudiantes de Arcos, garantizando la continuidad del dicho proyecto educativo en las mejores condiciones posibles”, apunta la misiva.

Respecto al aumento del costo del Instituto Arcos de 10 mil a 11.500 millones de pesos, Muñoz señala que: “La evolución en el valor de compra corresponde a la progresión natural de una negociación y que terminó incluyendo la compra del edificio principal de Arcos, su equipamiento educacional completo y su marca”.

Por su parte, Pedro Palominos, autor de la carta que coincide con el informe confidencial, señala que: “Nuestra prioridad sigue siendo clara: mejorar las condiciones de vida, trabajo y estudio de toda la comunidad universitaria. Antes de emprender nuevos proyectos, debemos consolidar infraestructura, espacios y equipamientos que fortalezcan el bienestar y la calidad de nuestra vida universitaria”. 

“Reconozco el esfuerzo y compromiso del Consejo Universitario al abordar esta decisión con altura de miras, siendo una decisión difícil por el poco tiempo que dispusieron ya que la USACH tiene una tradición de decisiones colectivas y fundadas. Por eso, llamo al diálogo informado y a una evaluación rigurosa que combine prudencia, transparencia y planificación”, concluye.