A fines de marzo de 2018, el entonces diputado Gabriel Boric criticó duramente el fallo del Tribunal Constitucional que echó pie atrás a la prohibición de lucro contemplada en la Ley de Educación Superior.

“El TC se toma atribuciones que no tiene y le dispara a la democracia que dice defender”, escribió en su cuenta de Twitter. “Al eliminar la prohibición efectiva de lucro en educación borra de un plumazo el debate social y legislativo de años. Irresponsabilidad política de una institución cuoteada binominalmente”.

Exactos cuatro años después, el ahora Presidente Gabriel Boric nombrará en los próximos días a dos ministros de una institución que, tal como ha existido hasta hoy, probablemente deje de existir de aprobarse la nueva carta fundamental que se elabora en la Convención Constituyente.

“El nuevo gobierno sabe que la institución ya está muerta, pero mientras no se certifique oficialmente su defunción necesita ejercer su influencia, ya que sigue siendo esa tercera cámara que puede enterrar toda tu legislación”, afirma un abogado constitucionalista que conoce de cerca el funcionamiento de ese tribunal.

En efecto, al nuevo mandatario le toca nombrar directamente a las o los sucesores de María Luisa Brahm e Iván Aróstica, los ministros investidos por Sebastián Piñera en marzo de 2013 y que, al cumplir nueve años en funciones, deben dejar ahora sus cargos.

A eso se suman dos vacantes más. Los ministros Juan José Romero y Gonzalo García también terminan ahora sus períodos, pero esos cupos son nombrados por la Cámara de Diputadas y requieren la ratificación de dos tercios del Senado.

Desde La Moneda confirman  que los dos nombramientos presidenciales se darán a conocer prontamente. Con algo más de cautela, una de estas fuentes asegura que “si el Congreso llega a acuerdo, bien por nosotros”.

El actual escenario de nombramientos abre, por primera vez en más de 30 años, la posibilidad de contar con una mayoría más progresista en el TC, lo que podría modificar de manera sustancial los fallos del tribunal. Así el “pequeño monstruo llamado Tribunal Constitucional”, como lo describió en abril de 2018 el cientista político Claudio Fuentes en una columna de Ciper, podría convertirse en las próximas semana en un gigante gentil al estilo de Shrek.

Sin embargo, ello es poco probable. Por un lado, los dos nombramientos que corresponden al Congreso ya se encuentran empantanados. Pese a que las correlaciones de fuerzas legislativas han experimentado un fuerte cambio, el tradicional “cuoteo binominal” del que hablaba el entonces diputado Boric, persiste. Así, la Democracia Cristiana y Renovación Nacional han insistido en que les corresponde nombrar a un ministro cada uno, mientras que la nueva bancada de seis diputados del Partido de la Gente de Franco Parisi ya ha dicho que no votarán por nadie que no sea nominado por concurso público. Al mismo tiempo los congresistas independientes y los de la actual coalición oficialista también han empujado por esos cargos, aunque a estos últimos les han dicho que no les corresponde nada dado que el Presidente ya puede nombrar a dos integrantes.

Desde La Moneda confirman a nuestro medio que los dos nombramientos presidenciales se darán a conocer prontamente. Con algo más de cautela, una de estas fuentes asegura que “si el Congreso llega a acuerdo, bien por nosotros”.

Sin embargo, no existe una fecha límite para esos nombramientos, y bien podría ocurrir que el nuevo Congreso no llegue a ningún consenso durante meses e incluso años.

Aunque en distintos medios de prensa se ha especulado sobre el perfil y nombres de los nominados por parte del Presidente Boric, lo cierto es que serán mujeres u hombres dispuestos a ir a un sacrificio temporal. Esto porque uno de los requisitos para ser ministro del TC es contar con al menos 15 años de experiencia laboral como abogado. Pero, el mayor obstáculo, es el poco tiempo que estarán en funciones, ya que existe un consenso general que el Tribunal Constitucional tiene sus días contados en la nueva Constitución.

Letelier ya estaría actuando como jefe "dando órdenes a todo el mundo”. Para algunos, una presidencia de facto de ese magistrado vendría a acelerar el fin del TC. “Con eso la Convención mata de un plumazo al Tribunal Constitucional”, asegura una fuente.

La comisión de Sistemas de Justicia del órgano constituyente viene debatiendo distintas figuras para reemplazar a ese pequeño monstruo que, como dice Claudio Fuentes, “se alimentó y fue creciendo con el tiempo y, de pronto, esa institución comienza a devorarse las decisiones tomadas por una mayoría”. Actualmente se debate desde una corte constitucional conformada bajo criterios plurinacionales y de género, hasta la creación de una “quinta sala” en la Corte Suprema, dedicada plenamente a materias constitucionales con cinco miembros y que reemplace las atribuciones de la actual tercera sala de ese tribunal que ve este tipo de materias.

“Quien acceda a asumir en el TC llega con la misión de enterrar la institución, a ponerle la lápida, a cerrar por fuera”, afirma un experto constitucionalista que ha figurado en otras nóminas del nuevo gobierno. “Y eso no es demasiado atractivo”.

El ocaso de los dioses

Todo indica que mientras La Moneda y el Congreso no nombren a los nuevos cuatro integrantes del tribunal, el nuevo presidente de facto y el hombre que dispondrá del voto dirimente en esa corte será, por orden de antigüedad, Cristián Letelier. Ex militante y diputado de la UDI, Letelier fue abogado de numerosos agentes de la CNI y DINA acusados de crímenes de lesa humanidad. Además figuró en el Caso Penta, cuando El Mostrador reveló que en 2013 había enviado un mail al ‘Choclo’ Délano solicitando dineros para la entonces campaña presidencial de Pablo Longueira.

Según funcionarios del TC, Letelier ya “actúa como jefe, dando órdenes a todo el mundo”.

Gente conocedora del TC y cercana al actual gobierno asegura que “sería fantástica” una presidencia de facto del magistrado Letelier. “Con eso la Convención mata de un plumazo al Tribunal Constitucional”, asegura una de estas personas.

Aunque en el gobierno favorecen el fin de esa corte, muchos mantienen una postura más pragmática. “Se tiene que acabar y va a acabar”, dice una alta fuente del palacio presidencial. “Pero mientras tanto, exprimamos las gotitas que quedan”.