Corte Suprema

Algunas figuras disparan contra Gabriel Boric y sus ministras Ana Lya Uriarte (Segpres) y Marcela Ríos (Justicia), mientras que las voces oficialistas las emprenden contra los senadores, y no falta quien dice que la quina de la Corte Suprema fue el problema desde el principio. Pero nadie renuncia.

El máximo tribunal votó por Nayalet Mansilla y Juan Agustín Meléndez para rellenar la quina a Fiscal Nacional. Ahora Boric tiene cinco días para escoger un nuevo candidato, y el Senado otros cinco para ratificar o rechazarlo.

Tras la fallida nominación de José Morales a Fiscal Nacional, cobra relevancia la agenda de nombramientos de atribución presidencial de este gobierno, en especial de aquellos que deberán contar con acuerdos con el Senado.

Aunque es experta en anticorrupción, el Ministerio Público en el que ha trabajado por largos años en cargos administrativos tiene pocos logros que mostrar en la materia. Como jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, y a petición de Abbott, Herrera habría sido parte de los intentos por sacar al fiscal Emiliano Arias -quien investigaba delitos de platas políticas- de la institución. Ese intento naufragó en la Corte Suprema en 2022.

Tres son considerados detractores de la gestión de Abbott y los otros dos parte de la ‘familia permanente’ de ese poder del Estado. Sólo hay una mujer, sindicada como cercana a la actual directiva. Ahora será La Moneda quien nombrará a un candidato de esa lista que tendrá que ser ratificado por el Senado.

La solicitud corresponde a un recurso de casación que busca anular el proyecto luego de que el Comité de Ministros retrotrajera la evaluación de impacto ambiental a la etapa de consulta ciudadana, y se revocara la Resolución de Calificación Ambiental del esposo de Paola Luksic, Óscar Lería Chateau.

En conversaciones informales entre ambos poderes del Estado, los senadores comunicaron que verían con buenos ojos candidatos no ligados a Jorge Abbott, y que ojalá enfaticen una persecución penal más eficiente y sean ajenos a la institución, aunque conocedores del sistema penal. El criterio de género, si es mujer u hombre, no es relevante para el Senado.

La ex constituyente fue multada con 30 UTM por la Seremi Metropolitana de Salud al utilizar de forma indebida su mascarilla durante la convención. La Tesorería General de la República descontó la sanción de la devolución de impuestos de Marinovic, cuestión que motivó un recurso de protección de la política derechista; el cual no fue acogido.

Héctor Osses (85 años), a cargo de la Subcomisaría de La Granja en dictadura, es buscado desde noviembre de 2021 por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y el OS9 de Carabineros; hasta ahora sin éxito. Acumula un mínimo de 124 años de condena en 17 causas distintas, con tres sentencias ya ratificadas por la Corte Suprema.

La justicia estableció que Osvaldo Torres, ex jefe de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, fue despedido irregularmente por Sergio Micco después de que el funcionario indicara la existencia de violaciones 'sistemáticas' a los derechos humanos durante el 2019. Además de las disculpas –que deberán permanecer tres meses en la página del instituto, y que están al final de la web en letra chica– se condenó al pago de una indemnización de $30 millones.

Leonardo Medina Caamaño, el miembro de la Armada que arrolló y mató a Manuel Rebolledo en Talcahuano durante el estallido social, quedará sin pasar un sólo día en la cárcel. La familia de la víctima estudia recurrir a la justicia internacional.

Después de que la Corte Suprema ordenara a PricewaterhouseCoopers la indemnización a Provida y Capital por US $122 millones por la responsabilidad que le cabe en el escándalo de La Polar, la empresa auditora buscó negociar con todos sus acreedores del caso, lo que incluye a Hábitat, Cuprum, PlanVital y Moneda Asset Management. En vez de pagar US $397 millones, la filial chilena de una de las empresas de auditoría más grandes del mundo pagará solo $64 millones.

INTERFERENCIA accedió a horas de conversación telefónica proporcionadas por la Comisión Funa en las que José Fuentes -hoy en libertad condicional- afirma que contó todo para librarse de una investigación interna en dictadura que lo acusaba de 'comunista'. Gustavo González Jure guardó silencio.

La Corte Suprema definió una comisión de cuatro ministros para monitorear a la Convención Constitucional en materias de Justicia. De los cuatro ministros, tres son “externos” al Poder Judicial, lo que significa que no han hecho carrera de juez, además de tener vínculos e intereses con el mundo corporativo y privado debido a su actividad profesional previa.

Junto al ex diputado de la UDI, que no se inhabilitó, otro voto clave para las aseguradoras de Penta y del Grupo Bice fue el ministro Nelson Pozo, ex militante del PS.

Pese a que la defensa del joven de 17 años describió la alteración de imágenes de un video que fue utilizado como prueba en el juicio, el tribunal desestimó el argumento y confirmó la pena en contra del menor acusado de incendiar esa estación de metro durante el viernes 18 de octubre de 2019.

La defensa del menor acusado por incendio en la estación de Metro denunció alteración de imágenes de un video que constituía la principal prueba en su contra, por lo que exige la nulidad del juicio que lo condenó a cinco años en el Sename. Esto sintoniza con el ‘Caso Hotel Principado’, cuyos acusados pasaron dos años presos con pruebas ilegítimas.

El lunes, los tribunales italianos dejaron en libertad a Reinhard Döring, procesado en Chile por el asesinato de tres jóvenes Mapu durante la dictadura y uno de los más cercanos de Paul Schäfer. El juez indicó que no había recibido la solicitud de extradición que hizo Chile, que se decidió el 12 de noviembre. En medio de este confuso proceso, Döring fue liberado y volvió a Alemania, país que no extradita a sus ciudadanos.

La Red Metropolitana No Alto Maipo y la ex concejala de San José de Maipo, Maite Birke, presentaron dos recursos de casación contra el fallo que absolvió a la hidroeléctrica de tres reclamaciones interpuestas el 2018. Recientemente, el proyecto se declaró en quiebra producto de reducciones en el precio de la energía y la disminución significativa de la hidrología en los últimos 10 años.

Para celebrar Halloween la ministra de la Suprema Angela Vivanco había organizado una fiesta de disfraces con familia y pares del Poder Judicial que tenía como temática vestirse de villanos de la ficción o la vida real. Sin embargo, el evento fue cancelado porque excedía el aforo permitido en fase 3.

Una vez más, los 37 convencionales de derecha se vieron obligados a enfrentar su calidad de minoría en el espacio constituyente luego de que su intento por judicializar plebiscito dirimente fracasara al no lograr reunir los patrocinios necesarios.

La acusación se basa en que el contrato entre Matus y el Ejército no menciona asumir patrocinios, defensas o asesorías en materia penal a militares. Jean Pierre Matus por su parte dijo ante el Senado que era su "deber profesional" defender al general acusado de espiar al periodista Mauricio Weibel, entre otros.

Matus ha sido criticado por varias organizaciones de DDHH por bajar las penas a condenados por crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Además, por su relación como abogado de la Comandancia en Jefe del Ejército en el contexto del Milicogate y la Operación Topógrafo. Su llegada a la Suprema sería útil a Piñera por eventuales causas en su contra por violaciones a los DDHH en el futuro.

Fernando Acuña juró ayer como titular del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Puerto Cisnes. El año 2017, su nombre cobró relevancia pública al asumir como defensor regional de Aysén la representación de Mauricio Ortega, condenado por sacarle los ojos a su pareja. Bajo su defensa, la Suprema rebajó la condena de Ortega de 26 a 18 años de cárcel.

Tal como adelantó INTERFERENCIA, en el pleno de ayer lunes de la Corte de Apelaciones de Santiago se planteó realizar un sumario administrativo en contra del juez Daniel Urrutia, pero esta iniciativa impulsada por los sectores conservadores del Poder Judicial fue rechazada por 11 votos a favor y 12 en contra y provocó que seis bloques de la Convención Constituyente salieran en defensa del magistrado.

La semana pasada el magistrado aseguró que el poder judicial está al servicio de las elites y que durante el estallido social se volvió cómplice pasivo de las violaciones a los derechos humanos. Dio como ejemplo que el tribunal de alzada había rechazado entre octubre y diciembre de 2019 casi todos los recursos de amparo y de protección.

La Corte Suprema falló a favor de Jemilatu y Alfred y sus dos hijas, a quienes La Moneda buscaba quitar su calidad de refugiados al considerar que no existía riesgo de daño en su tierra natal. La familia escapó de Sierra Leona luego de que desconocidos intentaran mutilar los genitales de las niñas de 5 y 7 años, siendo su abuelo líder de una comunidad que realiza esta práctica.

El máximo tribunal sentenció que el plantel encabezado por Carlos Peña vulneró derechos fundamentales de 14 estudiantes que fueron expulsadas o suspendidas por participar de una toma feminista. Ganadoras del recurso señalan que se trata de un fallo histórico, que se les negó el derecho a educarse, y exigen garantías para terminar con abuso, acoso y encubrimiento en el plantel.

En esta semana que termina, falleció Luisa Toledo, la madre de los hermanos Vergara Toledo. Ella se transformó en un símbolo de las organizaciones de derechos humanos, que durante décadas han luchado por verdad y justicia para sus familiares.

Vecinos y pequeños agricultores de Baracaldo, en María Pinto, temen que el sector se transforme en una réplica de Petorca. Tres empresas tienen el control de una pequeña cadena de cerros donde han talado bosque nativo xerófilo, intervenido quebradas de importancia ecológica y plantado cientos de hectáreas con paltos. Los vecinos sospechan mayor escasez de agua en sus pozos debido al monocultivo.