Ministerio Público
En 2021 se extravió en Correos de Chile el expediente sin digitalizar de una causa por drogas llevada en una Fiscalía Militar, hecho revelado por Interferencia. A esto se suma el caso del capitán (R) Harvey: después de que la Suprema ratificara su inocencia en 2020 ante acusaciones del Ejército, sus documentos fueron extraviados en un asalto a la misma empresa de correos.
El Dr. Tapia autopsió en octubre de 2019 a A. Ponce, fallecido en el incendio de las bodegas Kayser. Dudas sobre su muerte llevaron a su exhumación, iniciándose un proceso que debe registrarse en video. En marzo, Tapia abrió la bolsa del cadáver sin que exista grabación: asegura que confundieron el cuerpo con otro y que no lo habrían tocado.
Las exhumaciones de Y. Osorio y A. Ponce –dos de los cinco fallecidos en el incendio de bodegas de Kayser en 2019– no contarán con el Equipo Chileno de Antropología Forense, grupo multidisciplinario especializado en casos de violaciones a derechos humanos. Pericias serán realizadas por unidades de DD. HH. del SML, PDI, un perito externo y un veedor nombrado por familias.
Orlando Herrera presentó una demanda por despido injustificado contra la Comudef, liderada por el alcalde Rodolfo Carter. Adjunta un correo en que le ordenan no abrir nuevos flancos de investigación, instruyéndole “no ponerse creativo” en auditorías. La Corporación asegura que “nunca se le impidió la comunicación con fiscalizadoras”.
Los ediles sospechan fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y estafa en la compra que el Municipio hizo de diez casas. Una de ellas habría sido adquirida al doble del precio comprometido al intermediario Vulcon Asset Management. Además, un acuerdo del Concejo Municipal habría sido adulterado para la operación.
Evelyn Valencia [alcance de apellidos] tuvo un sumario que propuso removerla del cargo. Ahora es responsable de supervisar casos como el suyo.
En esta columna exclusiva para Interferencia, el magistrado español Baltasar Garzón analiza cómo la ‘guerra judicial’ ha operado en América Latina para sacar del camino a políticos que incomodan a los más poderosos. Y lo ilustra con el caso del ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami. “En los últimos 8 años ha sido acusado hasta en 12 ocasiones de diferentes delitos que después quedan en nada”, afirma el juez que dio inicio al llamado caso Pinochet en 1998.
La conocida conductora de TV y su hermana habrían vendido dos veces los derechos sobre una propiedad de su padre fallecido en 2019, perjudicando a la pareja de éste. Además, Tonka ha estado involucrada en un caso de deuda y venta fallida de un automóvil de alta gama con la conocida concesionaria Kaufmann. Este es un adelanto del libro de nuestros periodistas Laura Landaeta y Diego Ortiz.
Wladimir Pizarro, condenado a fines de 2022 a 13 años de cárcel, fue tesorero del partido desde 2017 a 2018 por el distrito 4. Parlamentarios del partido y el presidente de RN, Francisco Chahuán, presentaron querellas en contra de Pizarro por delitos contra la probidad pública, las que no prosperaron en tanto la investigación por tráfico culminó antes.
En 2017, la PDI lograba avances en una investigación a una red de receptación de joyas, pero aún con orden de detención vigente lograron escapar del país. El imperio no cayó, y Dinamarca pasó a ser su cerebro, ampliando la red hacia la élite chilena. Este es un adelanto del libro que están escribiendo L. Landaeta y D. Ortiz.
Según pesquisas judiciales, desde 2019 la animadora de Canal 13 estaba al tanto de los negocios de Parived. La PDI interceptó unas 50 conversaciones telefónicas del empresario y marido de la presentadora de TV, además de pinchar a miembros de la banda dedicada al robo y receptación de especies de lujo. Este artículo es un adelanto de un libro que nuestros periodistas Laura Landaeta y Diego Ortiz están escribiendo sobre este caso.
Ignacio Castillo Val renunció al cargo de secretario ejecutivo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias para asumir la próxima semana como jefe de la Unidad Especializada de Drogas del Ministerio Público, por orden de Ángel Valencia.
La Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI solicitó exhumar los restos de Yoshua Osorio y Andrés Ponce para esclarecer sus muertes. No hizo lo mismo con el cuerpo de Luis Salas, de quien no existe claridad sobre cuándo le dispararon ni cómo sufrió múltiples fracturas calificadas como traumáticas por el SML.
Aunque el voto final fue contundente, las intervenciones de los senadores mostraron un quiebre en el sector de la centro izquierda.
Tras más de nueve años en prisión por la participación en un asalto a un banco en Pudahuel, Jorge Mateluna Rojas fue indultado por el presidente Gabriel Boric a fines de diciembre del 2022. Él dice que fue juzgado por su pasado frentista y denunció todo este tiempo una serie de errores en el juicio que lo llevaron de vuelta a una celda. Esta es una investigación periodística que puso la lupa sobre el proceso judicial del caso.
¿Qué tienen en común Carolina Tohá, Mario Desbordes, el ‘Negro’ Piñera, el ex General Director de Carabineros Bruno Villalobos, Heraldo Muñoz, Rafael Garay, farmacias Cruz Verde, traficantes de armas del Ejército y SQM? Todos fueron defendidos en algún momento por este abogado, que también fue fiscal a inicio de los años 2000.
El actual fiscal nacional subrogante dirigió la investigación del caso Sename, caso que archivó tras dos años a la espera de nuevos antecedentes. En tanto, Erika Maira, gerenta de atención de víctimas del Ministerio Público, otra de las candidatas, fue acusada hace algunos años por organizaciones feministas de revictimizar y relativizar la violencia de género.
El mismo Senado que en 2015 capturó el Ministerio Público instalando al gendarme de su impunidad -Jorge Abbott-, libra ahora una impúdica batalla de disputas de poder y ajustes de cuentas para nombrar un nuevo fiscal nacional .
Algunas figuras disparan contra Gabriel Boric y sus ministras Ana Lya Uriarte (Segpres) y Marcela Ríos (Justicia), mientras que las voces oficialistas las emprenden contra los senadores, y no falta quien dice que la quina de la Corte Suprema fue el problema desde el principio. Pero nadie renuncia.
Nuevamente el gobierno no fue capaz de alinear los votos para aprobar la nominación de Marta Herrera. Pero este inédito doble rechazo –hace dos semanas se objetó al fiscal José Morales- no sólo evidencia la falta de dirección política en La Moneda, sino también una descoordinación entre los tres poderes del Estado.
Este lunes la nueva candidata a dirigir el Ministerio Público tendrá que presentarse frente a la Comisión de Constitución del Senado en un escenario complejo, dado que la mayor parte de la oposición a resistido su nominación. También preocupa posibles 'descolgados' en filas oficialistas, con lo que no podría reunir los 33 votos necesarios para quedarse con el cargo.
“Lo único que te digo es que pienses en el bien de la institución y de don Jorge (Abbott)”, le dijo Mansilla al fiscal Sergio Moya, pocas horas antes de acusar a su jefe Emiliano Arias por corrupción, acusaciones descartadas por la justicia. Además, la fiscal de Ñuble dio luz verde a una infructuosa y costosa investigación por el robo de seis cápsulas de café dentro de dependencias del Ministerio Público.
El máximo tribunal votó por Nayalet Mansilla y Juan Agustín Meléndez para rellenar la quina a Fiscal Nacional. Ahora Boric tiene cinco días para escoger un nuevo candidato, y el Senado otros cinco para ratificar o rechazarlo.
La ministra Ana Lya Uriarte, el jefe de la UDI, Javier Macaya, el senador Matías Walker… todos se la jugaron por el derrotado fiscal Morales. Pero los verdaderos perdedores son el Presidente Boric, y los poderes en la sombra detrás de esa candidatura: el piñerismo y el girardismo.
En sesión de la comisión de Constitución del Senado, la ministra de Justicia no supo explicar por qué La Moneda escogió a José Morales como candidato a Fiscal Nacional. Y este se vio en aprietos para explicar por qué muchas de sus causas más connotadas en los que participó al inicio, como el PacoGate y SQM, no llevaron a nada.
Existe consenso que el actual proceso de elección para el nuevo jefe del Ministerio Público es una muestra de la decadencia del sistema institucional. Sobre papel, Morales debería tener una ratificación fácil.
INTERFERENCIA tuvo acceso a partes del reporte que está confeccionando la policía civil, el que recomienda diligencias adicionales en el caso que lleva el fiscal José Morales, insinuando un trabajo deficiente del Ministerio Público.
La quina elaborada por la Corte Suprema no convence a La Moneda, que se ve en la disyuntiva de escoger un ‘mal menor’.
Según el querellante –un funcionario de Carabineros formalizado por el megafraude– Morales y el entonces jefe de la Dipolcar, Bruno Villalobos, se concertaron para “encubrir” los desfalcos. El fiscal asegura que la querella no tiene sustento, por lo que debería ser sobreseído. La causa, declarada admisible en 2019, no registra avances según la página de seguimiento del Poder Judicial.
Tres son considerados detractores de la gestión de Abbott y los otros dos parte de la ‘familia permanente’ de ese poder del Estado. Sólo hay una mujer, sindicada como cercana a la actual directiva. Ahora será La Moneda quien nombrará a un candidato de esa lista que tendrá que ser ratificado por el Senado.
