Ministerio Público

La solicitud sería presentada la próxima semana por la fiscal de crimen organizado Constanza Encina ante el 9° Juzgado de Garantía de Santiago. Por la gravedad de los delitos, podría enfrentar prisión preventiva si el Ministerio Público lo pide.

Según informó este lunes el medio Resumen, los tres detenidos tenían armas y municiones y al ser controlados por la policía afirmaron trabajar para una empresa contratista de Mininco. También agregaron que la camioneta sin patente en la cual circulaban era de otro contratista de la empresa de la CMPC.

El 22 de octubre, el vehículo del funcionario de fiscalía fue robado, siendo hallado por personal policial el 2 de noviembre y entregado en la 56° Comisaría de Peñaflor a las 10 am. A plena luz del día y bajo custodia, volvió a ser robado. La institución denunció los hechos al Ministerio Público y abrió una investigación administrativa.

Con esta partida, el fiscal nacional Ángel Valencia ha perdido ya a varios altos colaboradores a sólo 10 meses de haber asumido.

Ayer se cumplieron cuatro años del fatídico incendio en la empresa Kayser, donde cinco personas fallecieron en circunstancias que aún no están del todo claras. “En un oficio de fiscalía se expresó que no había antecedentes de impactos balísticos, cuando sí hubo, lo pudimos constatar”, comenta el diputado Andrés Giordano (Independiente - RD) respecto a hallazgos en siete meses de trabajo de la comisión.

A principios de octubre, la editorial Penguin Random House lanzó el libro Chile Narco, obra del periodista Jorge Molina Sanhueza. A días de su publicación, Interferencia comparte el capítulo La Amenaza, donde el autor relata cómo el asesinato del fiscal paraguayo experto en crimen organizado, Marcelo Pecci, impactó en el Ministerio Público de Chile y encendió las alertas sobre la seguridad de los fiscales que investigan casos complejos y de alto riesgo.

El reporte técnico -enviado a Fiscalía en junio- estableció que un cable “que se encontraba desnudo” entró en contacto con un eucalipto, produciéndose un arco eléctrico que dio inicio al siniestro. A raíz de los 17 fallecimientos en el desastre se ordenó una serie de allanamientos a Coelcha y Grupo Saesa.

Hasta ahora, la agrupación armada RML -que se adjudica “más de 100 acciones en los más de 10 años de existencia”-, solo ha reivindicado sus actos a través de comunicados, tal como lo hizo en esta ocasión para desmarcarse de los once detenidos. Entre ellos se encuentran dos policías, uno de los cuales también respondía ante Forestal Arauco, según antecedentes de Fiscalía.

La detención del cabo de Carabineros, Darwin Carrillo y del ex jefe de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP), Luis Berna, contó con la declaración de un testigo protegido que dio detalles específicos sobre su rol en una organización ilícita dedicada al robo de madera vinculada a Resistencia Mapuche Lavkenche.

En la madrugada del sábado 23 de marzo de 2019 la oficina de Pavimentación y Obras Viales del Serviu Metropolitano, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se quemó. Hoy, la entidad bajo un nuevo mandato asegura que todo estaba respaldado. Fiscalía archivó la causa después de que no se pudiera establecer participación de terceros.

Diputados del FA, DC, PC, PS, RN, Republicanos, UDI, e independientes estudiaron el caso desde enero de este año. Detallan irregularidades por parte del Servicio Médico Legal y Fiscalía a la hora de investigar las circunstancias en que cinco personas fallecieron al interior de la fábrica de Kayser durante el estallido social, caso que a cuatro años de ocurrido continúa desformalizado.

El Cabo 1° Huenchuvil y el Sargento 2° Mora están identificados como quienes participaron de la muerte del weichafe de la CAM, pero la investigación continúa desformalizada. La abogada de la familia del fallecido denuncia la pérdida de evidencia. Además, revela que la capucha que utilizaba Marchant no fue analizada, y que al momento de la pericia se habría lavado el cuerpo.

En 2021 se extravió en Correos de Chile el expediente sin digitalizar de una causa por drogas llevada en una Fiscalía Militar, hecho revelado por Interferencia. A esto se suma el caso del capitán (R) Harvey: después de que la Suprema ratificara su inocencia en 2020 ante acusaciones del Ejército, sus documentos fueron extraviados en un asalto a la misma empresa de correos.

El Dr. Tapia autopsió en octubre de 2019 a A. Ponce, fallecido en el incendio de las bodegas Kayser. Dudas sobre su muerte llevaron a su exhumación, iniciándose un proceso que debe registrarse en video. En marzo, Tapia abrió la bolsa del cadáver sin que exista grabación: asegura que confundieron el cuerpo con otro y que no lo habrían tocado.

Las exhumaciones de Y. Osorio y A. Ponce –dos de los cinco fallecidos en el incendio de bodegas de Kayser en 2019– no contarán con el Equipo Chileno de Antropología Forense, grupo multidisciplinario especializado en casos de violaciones a derechos humanos. Pericias serán realizadas por unidades de DD. HH. del SML, PDI, un perito externo y un veedor nombrado por familias.

Orlando Herrera presentó una demanda por despido injustificado contra la Comudef, liderada por el alcalde Rodolfo Carter. Adjunta un correo en que le ordenan no abrir nuevos flancos de investigación, instruyéndole “no ponerse creativo” en auditorías. La Corporación asegura que “nunca se le impidió la comunicación con fiscalizadoras”.

Los ediles sospechan fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y estafa en la compra que el Municipio hizo de diez casas. Una de ellas habría sido adquirida al doble del precio comprometido al intermediario Vulcon Asset Management. Además, un acuerdo del Concejo Municipal habría sido adulterado para la operación.

Evelyn Valencia [alcance de apellidos] tuvo un sumario que propuso removerla del cargo. Ahora es responsable de supervisar casos como el suyo.

En esta columna exclusiva para Interferencia, el magistrado español Baltasar Garzón analiza cómo la ‘guerra judicial’ ha operado en América Latina para sacar del camino a políticos que incomodan a los más poderosos. Y lo ilustra con el caso del ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami. “En los últimos 8 años ha sido acusado hasta en 12 ocasiones de diferentes delitos que después quedan en nada”, afirma el juez que dio inicio al llamado caso Pinochet en 1998.

La conocida conductora de TV y su hermana habrían vendido dos veces los derechos sobre una propiedad de su padre fallecido en 2019, perjudicando a la pareja de éste. Además, Tonka ha estado involucrada en un caso de deuda y venta fallida de un automóvil de alta gama con la conocida concesionaria Kaufmann. Este es un adelanto del libro de nuestros periodistas Laura Landaeta y Diego Ortiz.

Wladimir Pizarro, condenado a fines de 2022 a 13 años de cárcel, fue tesorero del partido desde 2017 a 2018 por el distrito 4. Parlamentarios del partido y el presidente de RN, Francisco Chahuán, presentaron querellas en contra de Pizarro por delitos contra la probidad pública, las que no prosperaron en tanto la investigación por tráfico culminó antes.

En 2017, la PDI lograba avances en una investigación a una red de receptación de joyas, pero aún con orden de detención vigente lograron escapar del país. El imperio no cayó, y Dinamarca pasó a ser su cerebro, ampliando la red hacia la élite chilena. Este es un adelanto del libro que están escribiendo L. Landaeta y D. Ortiz.

Según pesquisas judiciales, desde 2019 la animadora de Canal 13 estaba al tanto de los negocios de Parived. La PDI interceptó unas 50 conversaciones telefónicas del empresario y marido de la presentadora de TV, además de pinchar a miembros de la banda dedicada al robo y receptación de especies de lujo. Este artículo es un adelanto de un libro que nuestros periodistas Laura Landaeta y Diego Ortiz están escribiendo sobre este caso.

Ignacio Castillo Val renunció al cargo de secretario ejecutivo del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias para asumir la próxima semana como jefe de la Unidad Especializada de Drogas del Ministerio Público, por orden de Ángel Valencia.

La Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI solicitó exhumar los restos de Yoshua Osorio y Andrés Ponce para esclarecer sus muertes. No hizo lo mismo con el cuerpo de Luis Salas, de quien no existe claridad sobre cuándo le dispararon ni cómo sufrió múltiples fracturas calificadas como traumáticas por el SML.

Aunque el voto final fue contundente, las intervenciones de los senadores mostraron un quiebre en el sector de la centro izquierda.

Tras más de nueve años en prisión por la participación en un asalto a un banco en Pudahuel, Jorge Mateluna Rojas fue indultado por el presidente Gabriel Boric a fines de diciembre del 2022. Él dice que fue juzgado por su pasado frentista y denunció todo este tiempo una serie de errores en el juicio que lo llevaron de vuelta a una celda. Esta es una investigación periodística que puso la lupa sobre el proceso judicial del caso.

¿Qué tienen en común Carolina Tohá, Mario Desbordes, el ‘Negro’ Piñera, el ex General Director de Carabineros Bruno Villalobos, Heraldo Muñoz, Rafael Garay, farmacias Cruz Verde, traficantes de armas del Ejército y SQM? Todos fueron defendidos en algún momento por este abogado, que también fue fiscal a inicio de los años 2000.

El actual fiscal nacional subrogante dirigió la investigación del caso Sename, caso que archivó tras dos años a la espera de nuevos antecedentes. En tanto, Erika Maira, gerenta de atención de víctimas del Ministerio Público, otra de las candidatas, fue acusada hace algunos años por organizaciones feministas de revictimizar y relativizar la violencia de género.

El mismo Senado que en 2015 capturó el Ministerio Público instalando al gendarme de su impunidad -Jorge Abbott-, libra ahora una impúdica batalla de disputas de poder y ajustes de cuentas para nombrar un nuevo fiscal nacional .




