El fiscal nacional, Jorge Abbott, dejó a Marcela Cartagena a cargo de la investigación de la muerte del niño, esto después de dos semanas en que el fiscal de Arauco, José Ortiz, dejara en mal pie el trabajo del Ministerio Público. La decisión llama la atención, puesto que la fiscal no se había pronunciado pese a ser la superior jerárquica de Ortiz.

El perito forense, profesor Chaminade University y ex uniformado, Carlos Gutiérrez, conversa sobre la urgencia de reestructurar las policías y analiza el actuar de carabineros de Panguipulli, en el altercado vivido el viernes y que le costó la vida a un malabarista  después de ser acribillado por un carabinero.

Según la policía civil, lo desembolsado fue “proporcional” a otros allanamientos en cuanto al gasto por funcionario, y que el saldo del operativo es positivo desde la perspectiva del costo-beneficio. En lo que va del año ya van 8 decomisos de marihuana más grandes que este.

Héctor Espinosa ha adoptado una actitud agresiva, que vista desde el punto de vista de la legislación que rige el quehacer policial, parece más bien una reacción defensiva. Esto, dado que su actuación personal en el fracasado mega operativo de Temucuicui puede ser objetada legal y éticamente.

Según expertos no se veía un despliegue de esta cantidad de policías civiles desde 1987, para el secuestro del coronel Carlos Carreño por parte del FPMR. El operativo dejó insatisfechos a policías, políticos y a la ciudadanía. Tan solo ayer en Zapallar, se incautaron 3 mil matas de marihuana, bajo la vigilancia de la Fiscalía de La Ligua.

En el capítulo “Los años ochenta” de La Historia fue Otra: Memorias, la diputada Hertz (PC) describe un Chile conmocionado, con organizaciones sociales abocadas a las calles y las fuerzas del orden a reprimirlas. A continuación, la entonces abogada de la Vicaría de la Solidaridad entrega un recuento de las acciones del “mundo popular” para derrocar a Pinochet en los 80.

El abogado Daniel Soto ayudó a fundar el Departamento de Derechos Humanos de Carabineros el 2011 e hizo clases en la institución hasta septiembre de este año. Junto a su colega Rodrigo Pérez de Arce, realizaron un estudio jurídico para responder el por qué falló el uso de la fuerza durante el estallido, centrándose en el derecho internacional.

La jurista ha litigado en causas emblemáticas defendiendo los derechos de personas del pueblo Mapuche, mientras en paralelo ha sido fotografiada, intervenida telefónicamente e incluso perseguida judicialmente. Por lo mismo, llama a que las instituciones deben cuadrarse con detener este tipo de hostigamientos.

Hernández es el suboficial en retiro que puso la denuncia que obligó a los altos oficiales activos que prestaban servicios remunerados en Mutucar a desvincularse de esta por percibir sobresueldos. Ahora arremete contra los ex generales directores para que devuelvan el dinero recibido durante estos años de doble militancia laboral.

Una reunión de mayo de 2019 marcó el quiebre definitivo entre socios y administrativos de la mutualidad. En la ocasión se cambiaron estatutos internos con artimañas cuestionables que motivaron a la PDI a recurrir a la justicia. La Fiscalía Económica Nacional comenzó una investigación sobre los movimientos financieros de la cuestionada mutualidad.

Un documento fechado en junio de 2018 muestra los elevados pagos que la mutualidad de Carabineros realizaba a sus altos mandos, mientras escondía balances a la Comisión para el Mercado Financiero para no evidenciar su precariedad financiera.

El general subdirector de Carabineros, Diego Olate, evadió reiteradas veces preguntas de diputados de la Comisión de Derechos Humanos sobre la justificación para no interrogar al ex teniente coronel Claudio Crespo, a pesar de ser el funcionario que más disparó en el lugar y a la hora en que cegaron a Gustavo Gatica. Consultado sobre los antecedentes de violencia del efectivo, Olate lo describió como “intachable”.

En 2013 Beatriz Hidalgo procesó al teniente coronel Rafael Villarroel Opazo (en la foto) -hijo del ex vicecomandante Rafael Villarroel Carmona– por la venta irregular de tanques como chatarra en Punta Arenas. La Corte Marcial revocó su resolución y poco después fue llamada a retiro. Pero desde mayo Villarroel se encuentra privado de libertad a la espera de una sentencia.

La Ley de Inteligencia vigente establece que la coordinación está a cargo del jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, quien posteriormente informa al mandatario. En medio de la crisis sanitaria y con el estallido social en aparente pausa, el gobierno busca que la Cámara de Diputados despache lo antes posible esta iniciativa que ya fue aprobada de forma unánime en el Senado.

En diez años Ingeniería Solem S.A. ha recibido órdenes de compra directas por más de $1.200 millones, pese a que existen más proveedores, y una de las funciones contratadas puede hacerse usando dispositivos Simccar disponibles por la policía desde 2015.

La subsecretaria Paula Daza se negó en dos ocasiones a entregar información sobre este nuevo fallecido, que fue confirmado como positivo de coronavirus por el Instituto de Salud Pública este miércoles, siendo que había muerto el viernes 20 de marzo y que el Servicio Médico Legal envió la muestra para examen un día después. Según vecinos de la persona fallecida, nadie del sector ha hecho cuarentena.

En 2016 la Fundación Monte Verde, que custodia el lugar cercano a Puerto Montt donde se hallaron los restos de asentamientos humanos más antiguos del continente, denunció que el hoy diputado Kuschel (RN) instaló dos estructuras sobre una parte del terreno que es de su propiedad. El parlamentario asegura que se trata de construcciones superficiales que no afectan las excavaciones. En diciembre la PDI realizó las primeras diligencias en el lugar.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos envió un oficio al fiscal regional de Los Ríos, Juan Meléndez, con el objetivo de esclarecer los hechos que produjeron la muerte del presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Chan Chan, Marcelo Vega, y de su acompañante en el vehículo siniestrado, Jorge Hualme, cuyo cuerpo fue encontrado el martes en una caleta cercana a la zona.

Esta asignación fiscal, que incluía chofer, bencina, pago de tag y mantención, estaba vigente en las Fuerzas Armadas y de Orden Público hasta comienzos de este año. Actualmente sólo permanecería en Carabineros. 

Este jueves 20 de diciembre el máximo tribunal se pronunciará respecto de los recursos de nulidad presentados por las defensas de los condenados por la muerte de Eduardo Lara Tapia, que falleció asfixiado en dependencias del Concejo Municipal de Valparaíso, inmueble incendiado durante las protestas realizadas mientras se desarrollaba el discurso presidencial.