“Nuestro gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones”, con aquellas palabras el presidente Gabriel Boric comunicó su decisión de no presentar una nueva querella contra Héctor Llaitul, cerrando así un controvertido episodio en el que no había claridad respecto de la línea oficial del Gobierno , frente al vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

La trama comenzó el pasado domingo durante la noche, cuando la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, fue invitada al panel televisivo Tolerancia Cero de CNN Chile donde aseguró que el Gobierno presentaría una querella contra Llaitul. 

Tal decisión se fundamentaba en declaraciones que el vocero de la CAM expresó en sus redes sociales el miércoles 11 de mayo, donde calificó la decisión de implementar un nuevo estado de excepción en la Araucanía como “la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric”. 

Además, Llaitul realizó un llamado a “a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada, por la autonomía, por el territorio y autonomía para la nación mapuche”. 

La primera reacción frente a los dichos de Llaitul vino por parte del Fiscal Nacional, Jorge Abbot, quien declaró el pasado viernes 13 de mayo que “el Ministerio Público requiere una querella o una denuncia por parte del supremo Gobierno. El Ministerio Público no puede abrir de oficio una investigación sobre el particular”. 

Llaitul realizó un llamado a “a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada, por la autonomía, por el territorio y autonomía para la nación mapuche”. 

De allí la pregunta realizada a la ministra Vega; “¿se va a presentar querella contra Llaitul por sus declaraciones?”, quien respondió “por cierto” y profundizó que “se va a concretar y se van a concretar además una serie de medidas de la seguridad que van a ser anunciadas probablemente mañana o pasado por el Ministerio del Interior”. 

No obstante, la querella nunca se concretó, pero sí desnudó una seria descoordinación a nivel de vocerías ministeriales, lo cual es de responsabilidad de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), quien tiene la función de alinear a los secretarios de Estado y coordinarlos en torno a líneas oficiales.

Algo que también se expresó en una segunda polémica desatada por Vega, quien afirmó en televisión que en Chile existen presos políticos, afirmación de la que se tuvo que desdecir al día siguiente. Esto, pese a que ya había habido una polémica muy similar entre Izkia Siches, la ministra del Interior, y el subsecretario de la misma cartera, Manuel Monsalve, habiendo salido triunfador este último, quien negó la existencia de este tipo de reos en el país.

Gobierno desiste de la querella 

Pasaron tres días después de la entrevista de Vega en la que anunció la querella contra Llaitul sin que el Gobierno haya tomado una determinación favorable a la acción o en contrario, hasta que el miércoles 18 de mayo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó que el Ejecutivo fuera a presentar una nueva querella contra Llaitul.

Monsalve argumentó en Radio Universo que "hay varias querellas presentadas en torno a esto previamente y, en particular, hay una denuncia. No es necesario ir sumando querella sobre querella. Nosotros vamos a aportar antecedentes a la denuncia que se hizo el año 2021”. 

De esta forma, el subsecretario descartaba la querella, pero anunciaba de todos modos acciones legales contra Llaitul, dado que dijo que incluiría los nuevos antecedentes en una causa correspondiente al año 2021, presentada por el Gobierno de Sebastián Piñera. Estrategia que Monsalve tildó como una "herramienta más eficaz". 

A las palabras de Monsalve, también se sumaron las de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien durante este jueves 19 de mayo instó -sutilmente- a acelerar las investigaciones pendientes que hay en el Ministerio Público, con lo que devolvió el raquetazo de Abbott de la semana pasada, cuando señaló estar “atados de manos” frente a las palabras de Llaitul, si es que el Gobierno no se presentaba una querella. 

La querella nunca se concretó, pero sí desnudó una seria descoordinación a nivel de vocerías ministeriales, lo cual es de responsabilidad de la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), quien tiene la función de alinear a los secretarios de Estado y coordinarlos en torno a líneas oficiales. 

“Existen ya varias denuncias y querellas en las cuales la Fiscalía, con el pasar de los años, no ha tenido mayores resultados [...] Creo que es importante poder mostrar resultados y es importante que el trabajo de la Fiscalía se concentre en esas aristas”, dijo Siches. 

“La Fiscalía tiene antecedentes desde hace mucho tiempo. Denuncias y querellas desde el 2016 y el 2018. Frente a ello, me parece que sin duda no tienen las manos atadas”, complementó.

De hecho, según conoció Interferencia, son nueve las querellas que pesan sobre Héctor Llaitul, en las que el Ministerio del Interior es parte, las que fueron iniciadas por la administración de Sebastián Piñera.

En dichas querellas, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es parte querellante y denunciante de investigaciones por llamamientos armados y eventuales ilícitos asociados a Llaitul. En una de ellas, fechada en julio de 2018, Interior se querelló por el delito de asociación ilícita en contra de la CAM. 

Por su parte, durante el año 2019, se abrieron seis nuevas querellas. La primera, a propósito de cinco ataques que la CAM se adjudicó contra las forestales y a la que se sumó, en paralelo, una querella por Ley de Seguridad del Estado debido a la reivindicación del hecho. 

En junio del 2019, mediante un comunicado la CAM indicó que la declaración de un estado de excepción era para militarizar la región y realizó un llamado a seguir combatiendo las forestales. Documento que se agregó a la carpeta investigativa y produjo nuevas diligencias. 

En dicho portafolio se adjuntan entrevistas que Llaitul dio a medios de comunicaciones donde reivindica la lucha y autonomía, por lo que se abrió un nuevo procedimiento a partir de estos antecedentes para ser investigados de forma conjunta. 

Según conoció Interferencia, son nueve las querellas que pesan sobre Héctor Llaitul, en las que el Ministerio del Interior es parte, las que fueron iniciadas por la administración de Sebastián Piñera.

Posteriormente, en septiembre de 2019, la CAM se adjudicó una serie de ataques incendiarios que se sumaron a las diligencias para vincular expresamente los dichos de Llaitul con los ataques referidos. En junio de 2020, se agregó un nuevo antecedente a propósito de una entrevista dada por Llaitul en donde sus declaraciones serían constitutivas de delitos bajo Ley de Seguridad del Estado.

Con ese contexto, la situación era que no habría nueva querella, pero sí la amenaza de sumar el antecedente de las palabras de Llaitul de la semana pasada a una querella ya presentada por Piñera.

Sin embargo, en un nuevo giro, finalmente Boric tomó la decisión de abandonar la idea de emprender cualquier nueva acción contra Llaitul.

Cabe mencionar que esta situación recuerda la decisión del Gobierno de no querellarse por los disparos al aire con que fue recibida la ministra Siches en Temucuicui en marzo, acción que no motivó querellas por parte del Gobierno, pero sí por parte de la Fiscalía, quien actuó de oficio y sin esperar la acción gubernamental

Polémica con el Ministerio Público y la fiscal Cartagena

El Ministerio Público respondió al Gobierno por medio del vocero de la Fiscalía Regional de la Araucanía, Luis Torres, quien reiteró que como institución no tienen las facultades para actuar de oficio e iniciar una investigación, ni agregar antecedentes a causas que se encuentren en curso. 

“Se tratan estas últimas declaraciones de hechos nuevos que pueden configurar delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, por tanto la Fiscalía no puede investigarlos de oficio ni tampoco incorporarlos a investigaciones vigentes, salvo que el titular de la acción penal -que en este caso es el gobierno- lo haga, lo que hasta el momento no ha ocurrido”, argumentó Torres en un vídeo. 

"La Fiscalía no puede investigarlos de oficio ni tampoco incorporarlos a investigaciones vigentes, salvo que el titular de la acción penal -que en este caso es el gobierno- lo haga, lo que hasta el momento no ha ocurrido”, argumentó Torres en un vídeo. 

Por su parte, la ministra Camila Vallejo puntualizó que “nosotros lo hemos dicho, la Fiscalía lo sabe, el país lo sabe: hay múltiples querellas ya que están sobre la mesa para poder investigar y trabajar [...] siempre estamos con disposición de colaborar”. 

Vallejo recordó que “tuvimos una solicitud que fue bien recibida por la Fiscalía de tener un fiscal con trabajo preferente en la zona para poder ir a investigar y perseguir aquellos delitos que son de gran gravedad, como el robo de madera, crimen organizado, tráfico de drogas”.

Concretamente, la ministra vocera se refiere a la nominación de Marcela Cartagena como la fiscal preferente. Profesional que -a diferencia de otros fiscales regionales que llegaron al cargo después de una larga carrera funcionaria- pasó directamente desde la corporación de asistencia judicial a ser fiscal adjunto de Concepción en 2003. De tal modo, la nominación de Cartagena -una profesional que para muchos no tiene la preparación para enfrentar casos de esta complejidad- levanta suspicacias, en especial entre abogados de la región del Bio Bío, como ya había advertido de algún modo Interferencia. 

Cartagena carece un perfil de investigación al crimen organizado pues es conocida entre abogados penquistas por haberse enfocado durante su carrera a delitos de hurto flagrante, fáciles a la hora de conseguir una condena. 

Asimismo, la abogada ha estado envuelta en varios casos emblemáticos. Uno de ellos ligado a la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) por contaminación en Quintero, Puchuncaví y Talcahuano, donde se emanó una solicitud para inhabilitar a la fiscal regional de investigar el caso, ya que el marido de Cartagena, Álvaro Sepúlveda Sanhueza, era asesor externo de Enap Refinerías S.A., lo que podría constituir conflicto de intereses. Sepúlveda también representaba a la empresa en diversos juicios a lo largo de Chile. 

Cartagena carece un perfil de investigación al crimen organizado pues es conocida entre abogados penquistas por haberse enfocado durante su carrera a delitos de hurto flagrante, fáciles a la hora de conseguir una condena.

No obstante, Cartagena recibió el respaldo del Abbot, quien sostuvo que “no existen antecedentes que den cuenta [de conflicto de intereses ni de que el marido de la fiscal pudiese intervenir en el caso”. 

Otro polémico caso en el que está envuelta Cartagena es el de Asipes, ya que en septiembre de 2020 ella decidió no continuar con esta investigación por eventual corrupción y soborno. Según varias investigaciones, entre ellas un reportaje de Ciper, en variadas ocasiones Asipes, había dictado a políticos, casi textualmente, qué decir y cómo votar en la Ley de Pesca, conocida como Ley Longueira.