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Intendentes nombrados por S. Piñera entregaron en total $1.600 millones a la USS entre 2018 y 2021: Sergio Giacaman (ex UDI), ahora candidato a Gobernador del Biobío, traspasó $450 millones; el candidato a Core y presidente regional UDI, Patricio Kuhn, $1.042 millones; y Jorge Ulloa (UDI) otros $125 millones. En Bachelet II se entregaron $175 millones.

Debido al poco avance que ha logrado la nueva ley de pesca en el Congreso, el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley que se centra en la repartición de cuotas de pesca. La iniciativa busca destrabar el proceso legislativo aunque ya encuentra detractores: desde el sector pesquero industrial acusan “inequidad e injusticia” por no estar siendo incluidos debidamente en la discusión, aseguran.

La acción legal apunta al creador de Procultura, Alberto Larraín, y da cuenta de cinco convenios firmados por casi $405 millones entre 2021 y 2023. En un correo, Larraín aseguró que no podrán justificar el desarrollo de los proyectos y dejó en libertad de acción a la firma para que adopte las medidas que estime pertinentes.

En marzo, la Dirección de Obras de Huechuraba y la Seremi Minvu extendieron por segunda vez el permiso provisorio de Helipuerto Santiago, del empresario Juan Riesco y los ex ministros Alfredo Moreno y Félix De Vicente. Sin embargo, una circular emitida el mes pasado por la Seremi determinó que la segunda prórroga al permiso provisorio es ilegal. Se inició un proceso de invalidación.

La acción legal detalla al menos 20 productos que contienen elementos prohibidos por la autoridad sanitaria expresamente. Algunos provocan efectos anabólicos, depresión e incluso otros se venden como remedios en farmacias. El libelo ya está en manos del Ministerio Público.

Interferencia accedió a tres oficios donde Ángel Valencia, establece nuevas matrices para los juicios abreviados, protección a fiscales e informantes que podrían infiltrarse en asociaciones delictivas. Ello con miras a identificar líderes, financistas y creadores de las mismas. Valencia advierte que si no se cumplen sus instrucciones habrá sumarios.

Las tres compañías y cinco altos directivos se concertaron para afectar a su favor, sin competencia, la adjudicación de los permisos de operación en 2020 y 2021. Según la Fiscalía Nacional Económica, entre 2017 y 2023 estas firmas concentraron el 90% de los ingresos de la industria de casinos en Chile. El organismo solicitó poner término a los permisos obtenidos “para que los perjuicios de este cartel no perduren por todos los años que duren las licencias que fueron mal obtenidas por los operadores”.

La decisión del Pleno del tribunal de alzada capitalino, obedeció a que el informe evacuado por la magistrada, Carla Capello, no fue satisfactorio e incluso algunas explicaciones carecían de verosimilitud.

El PNC, encargado de promover las Líneas Directrices de la OCDE, aceptó la solicitud de “instancia específica” y ofreció diálogo en el conflicto de casi una década por el impacto de proyectos hidroeléctricos en el río Pilmaiquén. "Es una noticia positiva, es la primera acción presentada por las comunidades fuera de Chile", dice Guillermo Torres, de Justicia Transnacional de ProDESC.

La información consta en una querella criminal interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía por delitos de estafa, administración desleal, falsificación de instrumento público, privado y usurpación de nombre. El caso apunta a 27 personas, entre ellas dos empleados de la gremial, a quienes se les congelaron propiedades a su nombre. Los hechos han ocurrido desde 2021 en las narices de varios directorios, sin que nadie lo detectara.

En la indagatoria existen pagos de asociaciones de pesqueras a las sociedades de Leonarda Villalobos, su esposo Luis Angulo y el ex diputado DC Exequiel Silva. Además, pagos de sociedades provenientes de uno de los dueños de Factop al ex subsecretario de Pesca de la primera administración Bachelet, Pablo Berazaluce. También depósitos millonarios de Alexis Yáñez, un operador ligado al PPD y socio del tío de Natalia Compagnon, imputado en un caso de corrupción, que decía ser un lobbista PS.

La decisión de suspender y abrir cuaderno de remoción en contra de la magistrada que adoptó el pleno del máximo tribunal, reordenó también el mapa político. El oficialismo busca acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierre Matus. La derecha propone su apoyo, pero incluyendo a Sergio Muñoz. Todo recién comienza en la peor crisis judicial gracias a los mensajes no borrados de una aplicación.

La decisión fue adoptada por el persecutor Centro Norte Francisco Ledezma. Incluye comunicaciones entre el 17 de junio de 2020 al 1 de marzo de 2023 que vinculan a dos ex directores de la PDI: Héctor Espinosa, formalizado por lavado de dinero y malversación y su colega Sergio Muñoz, por violación de secreto. Espinosa y Martorell fueron representados por Hermosilla. Esta es la historia.

En enero de 2022, la firma de abogados propuso a Tomicic interponer una querella por injurias luego de que Chilevisión emitiera una entrevista a un imputado del caso, quien aseguró que la animadora le debía dinero. La querella no se materializó. El pasado 17 de junio, dos años después, Tonka declaró como imputada ante fiscalía.

Dos ex jefes del área de sistemas manipularon un software que transfiere de manera masiva plata a las cuentas. De no ser porque uno de ellos se autodenunció, el banco no se habría enterado. En esta historia confluyen una investigación confidencial, el dueño de una empresa que prestaba servicios al banco, una ciudadana colombiana, 15 sociedades por donde se blanqueó el dinero y reuniones secretas en Huechuraba.

El concurso tuvo algunas particularidades: se tramitó en forma secreta y no se respondieron preguntas de las empresas participantes, lo que provocó molestia e incertidumbre en el mercado. De todos modos, el sistema seguirá funcionando con la actual administradora, la gigante estadounidense Track Group.

El fiscal Francisco Ledezma deberá tomar esa decisión. Esto luego de que la parte querellante en el caso solicitó que sea revisada la extracción que hizo la Fiscalía Oriente -en el marco del “caso audio”- al celular de Hermosilla, quien patrocinó a Martorell por casi dos años.

El 2 de agosto de 2021, cuatro días después de ser designado por el Senado como nuevo ministro de la Corte Suprema, le agradece a Hermosilla por su apoyo en lograr la nominación. De inmediato, Hermosilla responde: “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito”.

Los pagos se efectuaron entre 2018 y 2021, por montos que suman al menos $280 millones. Estos fueron abonados a Asesorías y Negocios Commercia SpA, sociedad en la que, hasta hace poco, figuraban como socios Luis Angulo, cónyuge de Leonarda Villalobos, y el ex diputado DC Exequiel Silva. Los dineros provienen de Asipes y PacificBlu, que fueron investigadas por casos de financiamiento ilegal a la política en el marco de la Ley de Pesca impulsada por Pablo Longueira.

El acuerdo entre dicho organismo y la Cámara Chilena de la Construcción buscaba reunir en sedes del gremio constructor a funcionarios de Direcciones de Obras Municipales de la región responsables de revisar proyectos. La CGR lo invalidó luego de una denuncia reservada.

La decisión del tribunal afecta además a la abogada Leonarda Villalobos y a su marido Luis Angulo, a nueve meses de que se conociera el audio revelado por Ciper, en el cual Hermosilla hablaba de coimear a funcionarios públicos.

El abogado Juan Pablo Hermosilla buscó derribar los antecedentes entregados por el Ministerio Público, asegurando que detrás de la parafernalia mediática, hay poco sustento legal. Esto, en primera instancia, para evitar la prisión preventiva de su hermano.

Desde la firma señalaron a Interferencia que las transferencias, realizadas desde la misma cuenta en que Hermosilla pagó a Chadwick, corresponden a charlas sobre entornos sociopolíticos para clientes de su bufete por $2.368.556 en 2022 y $2.937.177 en 2023. Aseguran que pagos están debidamente documentados y facturados.

El sindicato separó de sus funciones al dirigente y Codelco División El Teniente inició una auditoría interna para establecer responsabilidades ante la denuncia interpuesta en la Inspección del Trabajo.

Desde el sindicato señalaron que la empresa envió la actualización al reglamento el día 21 de agosto y solo después de una fiscalización de la Inspección del Trabajo a raíz de una denuncia presentada por el sindicato.

La fiscal Constanza Encina criticó en audiencia una millonaria navidad realizada por la ex alcaldesa. Información obtenida vía Transparencia por Interferencia revela que el gasto más abultado en navidades fue, por lejos, la compra de regalos que repartió Barriga: en cinco años desembolsó $1.130 millones. En paralelo, Maipú no pagaba sus cuentas de luz.

Este medio publicó en 2019 que la administración de Barriga no realizó obras para cumplir con el Plan de Desarrollo de la sanitaria municipal, a pesar de que se habían recaudado $37.500 millones para este fin a través de cuentas de agua. El lunes, fiscalía informó que esto forma parte de los nuevos hallazgos por los que la ex alcaldesa será reformalizada.

El recurso de nulidad que busca dejar sin efecto la absolución del ex comandante en jefe del Ejército por Lavado de Activos relata —entre otros— la compra de vehículos Audi y Porsche con efectivo proveniente de fondos reservados militares para luego revenderlos a la misma compraventa de vehículos donde fueron adquiridos.

En el libelo al que accedió Interferencia, el organismo agregó a Daniel Sauer como autor de delitos reiterados de soborno, al igual que el abogado Luis Hermosilla, su colega Leonarda Villalobos y el marido de esta última Luis Angulo. También incluyó a dos funcionarios públicos por ilícitos de cohecho, pertenecientes a la Tesorería y el SII.

La indagatoria de la Fiscalía Centro Norte lleva cuatro años y la ex secretaria de Estado no ha sido formalizada. Es altamente probable que la solicitud sea rechazada por el tribunal de garantía.




