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Martes, 22 de septiembre de 2020
Falta de protección

Abusos y abandono: Las zonas oscuras de los hospitales psiquiátricos en Chile

Francisca Eade
Bianca González*

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Ilustración por Gabriela Mansilla (@jovenconcuaderno)
Ilustración por Gabriela Mansilla (@jovenconcuaderno)

Cientos de reclamos de pacientes o familiares que no llegan a puerto, junto con sumarios en los que las pruebas en contra de los acusados son casi imposibles de reunir. Esa es la situación en una parte del sistema de psiquiátricos, donde hay personas que han estado internas durante décadas, a pesar de estar psiquiátricamente estables.

–¿Conoce a esta persona? –le preguntó una funcionaria a un paciente con diagnóstico de esquizofrenia internado en el Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel de Putaendo. Al mismo tiempo que habló, le enseñó una fotografía de un funcionario del lugar.

–Nos llevábamos mal porque me agarró el cogote y me arrastró hasta la cama, de la nada me arrastró. Era malo, me pegaba (...) No tengo miedo que me pegue de nuevo, porque si es así, lo acuso –respondió el interno. 

Era octubre de 2018 y el establecimiento investigaba a este técnico paramédico, de iniciales J.R, por una acusación que decía que había agarrado del cuello al interno, que había golpeado en el brazo a otro causándole un moretón, y que le había levantado la voz a los hospitalizados en reiteradas ocasiones. La indagación se inició porque una paciente le contó la situación a una funcionaria, quien a su vez le avisó a sus superiores.

El empleado cuidaba a los internos durante el día, se encargaba de controlar sus signos vitales, darles los medicamentos, entre otras cosas, según consta en los documentos del sumario.

En este caso, y ante la pregunta de la fiscal –también trabajadora del psiquiátrico, designada para hacer las indagaciones–, J.R le contó que durante el último tiempo había estado conflictuado; problemas familiares, deudas que pagar y un sueldo que no era suficiente habían sido determinantes en su desempeño laboral. “Yo empecé a guardarme todo lo malo y empecé a hablar más fuerte con los usuarios”, confesó.

Le dijo a la fiscal que creía necesitar ayuda terapéutica para solucionar esos problemas y liberar emociones acumuladas, y también señaló que desde que entró al hospital en 2016, veía como algo habitual que los funcionarios le levantaran la voz a los pacientes para que siguieran instrucciones e “inspirar respeto”.

La investigación terminó en julio de 2019, con una resolución donde la fiscal sugirió únicamente que el paramédico no siguiera tratando directamente con los pacientes ni hiciera turnos en la unidad donde estaba. Nunca se pudo determinar con exactitud cuándo habían ocurrido los hechos, y también el acusado se defendió diciendo que no habían grabaciones, videos o fotografías que pudieran acreditar la acusación en su contra.

Así, el sumario quedó en nada, y el funcionario fue removido a otro departamento, donde podría tener contacto con nuevos pacientes. Los datos recogidos para esta investigación indican que, lejos de ser un hecho aislado, esto suele repetirse en las indagaciones por este tipo de asuntos.

La dificultad de contar con pruebas concretas en estos procesos es más una regla que una excepción: la mayoría de las denuncias y reclamos quedan sin resolverse por falta de evidencia. Álvaro Benavides, abogado de Derechos Humanos y miembro de la Red de Expertos Iberoamericanos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice: “No siempre hay un control profundo en las instituciones psiquiátricas y cuando ocurren situaciones de maltrato el medio probatorio de dichos casos está, principalmente, en el testimonio de las personas que las sufren”.

Y cuando se indaga un posible abuso, como en el caso del paramédico J.R., el director del hospital pide que se averigüe la acusación por medio de otro trabajador, que actúa como fiscal, quien se encarga de guiar, limitando el proceso dentro de las instalaciones del recintos. Y usualmente ahí queda.

Falta de pruebas

Los hospitales psiquiátricos tienen tres unidades principales: corta estadía, donde las personas pueden estar hasta tres meses; mediana estadía, en que pueden estar entre tres meses y dos años; y larga estadía, en que el período de internación es mayor a eso. En Chile, los establecimientos públicos que cuentan con estas últimas unidades son tres: el Hospital Philippe Pinel, el Instituto Psiquiátrico Horwitz y el Hospital El Peral. Los dos primeros tienen denuncias por maltratos en sus establecimientos.

En el mismo Hospital Philippe Pinel, en el marco de un sumario, un auxiliar del Servicio de Urgencia dijo desconocer completamente los protocolos de actuación frente a casos de maltrato y acoso sexual en las instalaciones. Él llevaba más de cinco años como reemplazante. Había sido acusado de tocar indebidamente a dos practicantes y de golpear a un paciente en silla de ruedas en el comedor. En su toma de declaración negó estos hechos.

La investigación se cerró en abril de 2019 sin poder determinar alguna de las acusaciones. En la arista por acoso sexual, las practicantes no asistieron a declarar, mientras que en el de maltrato, se concluyó que los episodios no podían ser comprobados. Por último, para resolver la situación se consideró que el funcionario tenía una buena evaluación en los informes de desempeño, destacando en el buen trato al paciente, la colaboración y apoyo con otros miembros del equipo.

Casos así se repiten, pues en estos lugares es difícil contar con antecedentes que evidencien una situación de maltrato. Así lo reconocen incluso las voces oficiales. Matías Irarrázaval, jefe del departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsal), afirma que “muchas veces la baja supervisión o vigilancia puede hacer que no haya información o elementos suficientes como para poder acusar o incluso poder cuestionar el trabajo de algún funcionario involucrado”.

En los últimos dos años, el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak registra 305 reclamos ante su Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) por diferentes motivos, entre los que destacan problemas de infraestructura, probidad, los tiempos de espera y malos tratos, siendo este último el motivo que registra la mayor cantidad con 129 quejas (ver listado). Todas esas son por maltrato físico, verbal y malos modales contra pacientes. “Lamentablemente, se han dado casos en que funcionarios han procedido de manera incorrecta en cuanto al trato de nuestros usuarios (...) Hay registro de maltratos en distintos grados, siendo todos objeto de rechazo absoluto”, asegura el director del Instituto Psiquiátrico, Juan Maass, en una entrevista por escrito para este reportaje.

Según Maass, un caso de violación de parte de un funcionario a una paciente sedada ocurrido en 2019, que se relató además en La Tercera, motivó a la institución a tomar medidas para prevenir situaciones de abuso, entre ellas, “la revisión a los procesos de contratación, capacitaciones en materia de derechos humanos para el personal, implementación de mayores medidas de vigilancia y una modificación en la arquitectura de algunos espacios para permitir una mayor visibilidad de estos”.

Desde 2018 hasta la fecha, personas internas en el Hospital Philippe Pinel y sus familiares hicieron 63 reclamos (ver único Excel en archivos adjuntos) por los mismos motivos que en el Instituto Psiquiátrico, de los cuales 24 son por malos tratos. Dos de los reclamos de 2018 aluden a un abuso de poder hacia los pacientes por parte de los trabajadores: uno lo realizó un interno que dijo que a su ingreso fue contenido físicamente de manera muy brusca por más de dos horas, y otro se quejó de los maltratos de un funcionario a las personas internas. Por otro lado, en 2019 un familiar dijo que los paramédicos ejercen mal su labor y señaló haber visto “jaloneos y maltrato verbal”, señalando que estas actitudes agravan la salud de los internos.

Para este reportaje, se solicitó vía Ley de Transparencia al Instituto Psiquiátrico, Hospital Philippe Pinel y Hospital El Peral indicar las medidas tomadas respecto a los reclamos y ninguno contestó. El Hospital El Peral ni siquiera envió un listado con la cantidad de quejas.

En un oficio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitido el 25 de octubre de 2017 se abordó la situación del Hospital Psiquiátrico El Peral, donde los observadores vieron hongos en las duchas, que los baños eran fríos y sin calefacción, y que no habían espacios de recreación. Además, los pacientes les contaron que cuando tenían un “mal comportamiento”, los castigaban sin dejarlos salir. “Se pudo apreciar la normalización del maltrato como forma de control de los y las pacientes siendo común el relato de acciones que pueden constituir maltrato psicológico y en ocasiones, físico”, expresó en el documento el exdirector del INDH, Branislav Marelic. Se intentó entrevistar al director del Hospital El Peral para preguntarle sobre esta situación, pero no hubo respuesta.

La abogada del INDH, Francisca Figueroa, ha conversado con personas internas en sus visitas a los hospitales psiquiátricos y dice que es común que estas se sientan discriminadas e infantilizadas. “Hay una lógica de castigo-recompensa que tiene que ver con que se le entregan dulces, cigarrillos –como cosas así muy conductuales– y en algunas ocasiones se sienten que fueron castigados injustamente, entonces encontramos desde aquellas alegaciones hasta cosas ya mucho más graves”, explica Figueroa.

Igualmente, todos estos recintos cuentan con mecanismos para hacer reclamos ante situaciones de maltrato. “Cuando un paciente se siente vulnerado o un tercero quiere estampar denuncia, la OIRS dispone de canales presenciales y online, con personal dedicado a esto y a la orientación en los pasos a seguir”, señala el director del Instituto Psiquiátrico, Juan Maass.

Sin embargo, la falta de autonomía de algunos pacientes hace difícil que puedan presentar estos reclamos. “Como muchas de ellas son personas que no pueden darse a entender claramente porque tienen mucho daño y no hablan adecuadamente, o en muchos casos ya son personas muy mayores que ya están postradas, efectivamente tampoco pueden denunciar”, dice el abogado experto en derechos humanos, Sebastián del Pino. También explica que, por el diagnóstico de salud mental de los internos, cuando alguno intenta denunciar un maltrato hay una predisposición de las autoridades a no creerles.

La dependencia de los pacientes hacia los funcionarios también dificulta que ellos denuncien cuando son víctimas o testigos de una situación de vulneración. “Los pacientes en general tienen miedo de que los funcionarios se pongan más pesados con ellos si ponen un reclamo o también tienen este tema como muy social de desesperanza aprendida, de que sienten que no va a pasar nada”, señala un funcionario del Hospital El Peral.

Por otro lado, también está el problema de la falta de canales para que las personas internas en los recintos puedan denunciar torturas o maltratos a los que hayan estado expuestos. “Nos llegan muy pocas denuncias sobre vulneraciones al interior de hospitales psiquiátricos no porque no sucedan vulneraciones, sino que ahí hay una brecha pendiente de acceso a denuncias y justicia”, cuenta Francisca Figueroa.

Fiscalización a los hospitales

Quienes deben proteger y defender a las personas con discapacidad mental internas en centros psiquiátricos son los miembros de la Comisión Nacional de Protección de los Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales (Conapprem) y sus comisiones regionales, que deben visitar los hospitales al menos una vez al año para chequear que las instalaciones y procedimientos que se hacen a los pacientes cumplan con los estándares mínimos. 

Aunque esas visitas se acuerdan previamente con los directores de los hospitales, también acuden cuando se enteran de una denuncia grave como, por ejemplo, una violación o muertes repentinas. “Cuando las visitas obedecen a algún reclamo, vamos directamente y no hay aviso”, explica Leonor Cifuentes, coordinadora de la Secretaría Ejecutiva de la Conapprem. 

En los últimos dos años, Conapprem registra un caso de abuso sexual y un suicidio. Dice que las acusaciones que les llegan en general son denunciadas por el paciente afectado, un funcionario del hospital o un familiar. La coordinadora también asegura que frecuentemente el maltrato se produce en momentos de baja vigilancia, como cambios de turnos, horas de almuerzo y días feriados. 

Cuando se recibe una denuncia, la comisión revisa los antecedentes y hace un informe. Patricia Martinoli, integrante de la Secretaría Ejecutiva, dice que éste se envía al director del hospital. “La idea es prevenir que el hecho que generó el reclamo y la visita no se repitan”, explica, y agrega que la Conapprem no denuncia ni se hace parte de los procesos judiciales, solo presenta los antecedentes a los organismos competentes si es que se llega a interponer un recurso o reclamo judicial.

Las comisiones regionales son una descentralización de la nacional, pero la unidad Metropolitana comenzó a funcionar recién el año pasado. Antes, ésta era reemplazada por la Conapprem. Según cuenta Mónica Hernández, secretaria ejecutiva de la Comisión Metropolitana, hasta ahora no han realizado visitas a los hospitales psiquiátricos porque su período de implementación coincidió con el estallido social y la pandemia.

También señala que hay falta de protocolos a nivel nacional que determinen claramente los procedimientos que deben seguir. “Nos hemos dado cuenta que no hay una formalidad de cómo hacer un seguimiento de un caso o de un establecimiento, queda a la creatividad de cada uno”, señala. La Conapprem, indica, debería proporcionar normativas para asegurarse de que todas las comisiones actúen bajo los mismos criterios. “Nosotros esperamos eso, se lo hemos hecho saber, pero a la fecha no hemos tenido respuesta”, dice. 

El Instituto Horwitz no tiene una normativa sobre maltrato y acoso sexual a pacientes. El Hospital Philippe Pinel sí tiene una, pero solo para situaciones que afecten a los funcionarios y no a los internos. En el caso del Hospital El Peral, se envió una solicitud de información por Transparencia para conocer si tenían o no ese protocolo, pero no la respondieron.

Las aristas del maltrato

En 2008, cuando Chile suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, se comprometió a impedir que éstas fueran sometidas a torturas y tratos crueles en el país. Según el sitio de la ONU, este es un instrumento que busca garantizar los derechos e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Se formó en Nueva York y entró en vigor ese mismo año.

En 2016, la misma Convención dijo estar preocupada porque en Chile se estaban realizando aislamientos prolongados en celdas sin calefacción ni servicios básicos, contenciones físicas y otros maltratos con el único fin de ‘disciplinar’ a personas con discapacidad psicosocial. Según la OMS, éstas tienen un “diagnóstico de trastorno mental y han sufrido los efectos de factores sociales negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión”. Ese año también instó al Estado de Chile a revisar el mandato de la Conapprem para asegurar que prevenga y proteja efectivamente los derechos de estas personas.

Un año después, en 2017, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) hizo un informe que reveló casos de maltrato en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz. Además, la institución envió un oficio a la Conapprem relatando lo que observaron durante sus visitas para que investigara los hechos. En el documento se informa que un paciente les contó que durante los turnos de noche los técnicos paramédicos castigaban a los internos que se orinaban, poniéndoles pañales y amarrándolos a la cama hasta el día siguiente, justo antes del cambio de turno para que los siguientes funcionarios no se dieran cuenta.

Además, el oficio del INDH decía que dos pacientes internas fueron testigos de tocaciones y acoso sexual a una compañera de parte de un cuidador en la misma institución. “Las denunciantes advierten bastante temor y precaución al momento de relatar los hechos, ya que señalan recibir castigos y represalias de parte de algunos funcionarios de la unidad si hablan de lo sucedido”, constata el documento.

Según el informe que la Conapprem redactó sobre esta situación, el equipo del hospital le dijo a la comisión fiscalizadora que no sabía del caso de acoso sexual, pero que al recibir los antecedentes iniciaron una investigación que terminó con un sospechoso, a quien trasladaron a otra unidad. Nuevamente el cambio de un lugar a otro. Además, el documento indica que “se entrega como antecedente que sumarios anteriores a funcionarios han derivado en desvinculación o traslado”.

La antropóloga Marcela Benavides, fundadora de la Asociación Nacional de Usuarios de Servicios de Salud Mental (ANUSSAM), una organización que defiende los derechos de estas personas, y que también fue miembro de la Conapprem entre 2000 y 2011, participó de las visitas de la Comisión Nacional a hospitales psiquiátricos y afirma que “estaban casi todas arregladas” y que cuando llegaban las salas de pacientes estaban limpias y perfumadas. Según relata, los baños no tienen puertas y en ocasiones no cuentan con agua caliente. 

Benavides asegura que, según las experiencias de los pacientes a quienes ella entrevistó, cuando una persona molesta a los paramédicos en una institución psiquiátrica la amarran y la dejan en contención física por horas o por todo un día. “La persona se defeca, se orina, incluso vomita y nadie la cambia, no la van a ver hasta que pasó el día”, dice. La contención física es un procedimiento normado por el Minsal que consiste en limitar el movimiento de la persona afectada con correas. Según la norma, ésta debe ser supervisada por un psiquiatra o médico cirujano durante el mínimo de tiempo necesario y respetando los derechos de las personas, la vida del paciente y la integridad física de los funcionarios que participan.

Hay casos donde se ha contenido a los pacientes durante más tiempo del debido, como ocurrió en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional de Concepción en 2018. El Diario Concepción comunicó que la Defensoría Penal Pública interpuso un amparo por maltratos al interior de esa institución, luego de que cinco pacientes fueran engrillados de manos y pies a sus camas durante un fin de semana de encierro como medida disciplinaria del personal del hospital. En esa ocasión, el amparo solicitó que se dictaran o adecuaran los protocolos de acción en estos casos.

Uno de los abogados que conforman la unidad de defensa especializada de la Defensoría Penal Pública, Alejandro Gómez, señala que el organismo ha intervenido en casos de esas características, donde se han amarrado a pacientes a las camas psiquiátricas por más tiempo del debido. “Muchas veces las decisiones las toman enfermeros o las personas que lo están cuidando y no necesariamente el médico. Esas son las cuestiones de las cuales hay que preocuparse”, explica Gómez.

Mauricio Gómez, psiquiatra que trabajó 22 años en el Hospital Psiquiátrico El Peral, señala que los psiquiátricos son instituciones que gobiernan completamente la vida de las personas, donde los funcionarios exigen obediencia. Así, en un establecimiento de este tipo “la posibilidad para que el cumplimiento de ese mandato termine siendo impuesto por maneras que no son elegantes y que se transformen en formas violentas es fácil, ocurre”, asegura.

Una perspectiva similar tiene Juan Carlos Almonte, psiquiatra que trabajó en el Instituto Psiquiátrico Horwitz por casi dos años y miembro de la Asociación Psicoanalítica Chilena. El doctor explica que durante la hospitalización psiquiátrica ocurren situaciones complejas como brotes de esquizofrenia o descontrol de los pacientes varias veces al día. “La forma en que el personal lidia con eso puede constituir vulneraciones a los derechos de las personas, porque en ocasiones no se agotan todas las otras medidas, como contener al paciente llevándolo a un lugar tranquilo o hablando con él para que se calme”, dice.

Las largas estadías

En el Instituto Psiquiátrico Horwitz todos los espacios son compartidos, y las paredes blancas o amarillo pastel de las habitaciones tienen un aspecto descuidado al igual que los baños. “Las piezas no tenían puertas y hacia el pasillo había ventanas grandes que permitían ver todo, a las que estaban acostadas, levantándose, vistiéndose, etc.”, dice una exfuncionaria del establecimiento. Condiciones como estas perjudican la privacidad de los internos, quedando expuestos a que cualquier persona, ya sea un trabajador o una visita, los vea en todo momento.

En algunas ocasiones la internación se alarga por un tiempo mucho mayor a dos años. De acuerdo a información obtenida vía la Ley de Transparencia, en el Hospital Philippe Pinel hay 56 personas internas en la larga estadía, y 13 de ellas entraron hace más de 50 años. Desde 2015 a la fecha han muerto 31 personas, 13 de ellas por paro cardiorrespiratorio. Otra falleció por desnutrición: llevaba más de 30 años interna en el hospital.

En el Instituto Psiquiátrico Horwitz actualmente hay 53 pacientes en la larga estadía, y la persona que lleva más tiempo ahí ingresó hace casi 60 años. En este recinto, en los últimos cinco años han muerto 13 personas; cinco de ellas por paro cardiorrespiratorio.

En los hospitales psiquiátricos, muchos de los pacientes son dependientes y necesitan ser supervisados por cuidadores. Hay otros que son autónomos, pero que no cuentan con redes de apoyo suficientes para vivir en otro lugar. El Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025 del Minsal sostiene que muchas personas, pese a encontrarse psiquiátricamente estables, siguen internadas en unidades de larga estadía por no tener dónde vivir. Por eso, en ocasiones las camas de mediana estadía terminan siendo ocupadas como larga estadía. El Minsal lo sabe bien. En su estrategia reconoce que el sistema sanitario “ha tenido que cubrir esta brecha de desigualdad social”.

Las personas que viven durante muchos años en estos establecimientos lo hacen principalmente porque no tienen redes de apoyo. “Todavía en nuestro país tenemos personas que están internadas porque no tienen familia, no tienen recursos y están abandonadas. Llevan años de años, gran parte de su vida viviendo al interior de él, no porque están especialmente enfermas hoy día, sino porque quedaron ahí”, explica la abogada del INDH, Francisca Figueroa.

El Hospital El Peral está ubicado en un cerro en la comuna de Puente Alto. Es una construcción antigua, tiene un techo alto de madera y calderas. Ninguno de los pabellones tiene más de dos pisos, pero no tienen ascensor y eso ocasiona problemas de movilidad. Según un funcionario de este hospital, los internos de larga estadía “son pacientes que no tienen red de apoyo o que las familias nunca tuvieron las condiciones para tenerlos ahí. Hay historias de pacientes que están desde los 18 años y ahora tienen 60. Se da harto el abandono. Hay gente que los deja ahí y ahí quedan. Es bastante común”.

La deuda pendiente

Hasta ahora no existe una Ley de Salud Mental en el país que regule qué hacer frente a casos de maltratos en hospitales psiquiátricos. En su lugar, está el Plan de Salud Mental que incluye metas a cumplir entre 2017 y 2025. Uno de sus fines es que los pacientes que han estado durante años en estas instituciones pasen a vivir en residencias comunitarias destinadas a personas con enfermedades mentales o con sus familias, para que puedan llevar una vida integral y acceder a oportunidades laborales, educación, entre otras cosas.

En 2016 ingresó al Congreso un proyecto de ley sobre el tema pero se encuentra detenido desde hace más de un año. La abogada del INDH, Francisca Figueroa, redactó observaciones a la iniciativa en 2018. Una de ellas es tomar medidas que prohíban la contención física y farmacológica, salvo que haya sido previamente autorizado por el paciente quedando un registro en su ficha clínica. Además, propuso que las conductas agresivas se trataran con respeto a los derechos humanos.

En octubre del año pasado se creó una ley que designa al INDH como el mecanismo nacional de prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles y durante este año se está empezando a formar. Su función será prevenir el maltrato a personas custodiadas por instituciones del Estado, tales como hospitales psiquiátricos, cárceles y centros del Servicio Nacional de Menores. Para hacerlo, realizarán visitas a estos lugares para examinar las condiciones de vida de los internos, harán recomendaciones a las autoridades y capacitarán a los funcionarios de los establecimientos. 

Según Figueroa, la entidad va estar compuesta por un grupo de expertos en temas de privación de libertad, cuya tarea principal será monitorear periódicamente los recintos de encierro. El mecanismo está actualmente en proceso de implementación.

*Esta investigación fue realizada por Francisca Eade y Bianca González en el curso Taller de Periodismo Avanzado, de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, bajo la guía de la profesora Paulette Desormeaux.

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